Ocupación israelí
Una empresa pública participó en la construcción del tren que conecta Jerusalén con los territorios ocupados

Ineco es una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana especializada en ingeniería, infraestructuras y transporte. Tiene 5.545 empleados, proyectos en todos los continentes y una oficina fija en Israel, un país donde la compañía “ha afianzado su posicionamiento tras más de diez años de trayectoria”, según su propia web. La empresa ha participado en el metro de Tel Aviv, en el tren que conecta Haifa y Nazaret, presta servicio a la red de ferrocarril israelí y ha ganado proyectos de electrificación de vagones entre otros contratos. Ninguna de esas obras ha sido tan polémica como el contrato que ganó en 2017 para construir por 21 millones de euros la sección subterránea de la Línea Azul de la red de tren ligero de Jerusalén, un trazado que discurre por el centro de la ciudad vieja y lleva hacia los asentamientos ocupados por Israel en territorio palestino. 

Cuatro empresas españolas construyen el tranvía del apartheid en territorio ocupado por Israel

Martín Cúneo

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Ocupación israelí

Ocupación israelí Cuatro empresas españolas construyen el tranvía del apartheid en territorio ocupado por Israel

Martín Cúneo

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CAF, Comsa, GMV y TyPSA lideran dos proyectos para conectar la ciudad vieja con los territorios ocupados de Jerusalén Este. El movimiento BDS llama al boicot a estas compañías que violan todos los acuerdos internacionales.

La Línea Azul, unos 31 km de vía, conecta el centro de Jerusalén con asentamientos ocupados por el ejército israelí en la guerra de 1967, especialmente con Gilo, una de las colonia ilegales más grandes en el sur de Jerusalén, con 30.000 habitantes, y con Ramot, en el noroeste de la ciudad. Tal como denuncian desde la campaña de boicot, desinversiones y sanciones (BDS) a Israel y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA), las infraestructuras permanentes de conexión entre la ciudad vieja y los asentamientos construidos en territorio palestino se han convertido en una herramienta indispensable para hacer viable la ocupación de estos territorios y que la anexión no tenga vuelta atrás. La red de tranvía está conectando las colonias entre ellas y acercándolas a una ciudad vieja donde no hay suficiente vivienda —y mucho menos a precios asequibles— para una población creciente. Israel es el segundo país del mundo donde resulta más caro comprar una casa, según Deloitte.

La empresa vasca CAF está participando en la construcción de la Línea Verde y en la ampliación de la Línea Roja, ambas con conexiones con colonias en territorios ocupados. La catalana Comsa ganó en septiembre de 2023 una licitación para terminar de construir la misma Línea Azul en la que trabajó Ineco, un trazado que incluye territorios conquistados por la fuerza militar en 1967 y que Israel continúa controlando contra todas las resoluciones de la ONU.

La empresa pública Ineco participó en la construcción de la Línea Azul de la red de tranvía de Jerusalén, un trazado que conecta el centro de la ciudad vieja con las colonias en los territorios ocupados

Desde la ocupación de los territorios de Jerusalén Este tras la Guerra de los Seis Días, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha confirmado en numerosas ocasiones la ilegalidad de los asentamientos y colonias en esos territorios anexionados. En la resolución 242 de 1967, en la resolución 446 de 1979, en la resolución 478 de 1980 y en la resolución 2334 de 2016, el Consejo de Seguridad condenaba el traslado de israelíes a los territorios ocupados y la confiscación de tierras en Jerusalén Este, todas ellas acciones achacables a la red de tranvía de Jerusalén.

Polémica en el Congreso

El contrato de Ineco para construir un tramo de la Línea Azul generó protestas y preguntas en el Congreso de los Diputados. El 7 de febrero de 2018, el entonces diputado de Izquierda Unida Miguel Ángel Bustamante Martín denunció que “la implicación de Ineco es radicalmente contradictoria con la posición oficial de España, que rechaza y condena la ocupación y no reconoce la soberanía israelí en Jerusalén Este”. Según este exparlamentario, “dado que Gilo y Ramot son colonias en territorios palestinos ocupados, es incoherente que una empresa pública como Ineco licite en un concurso para participar en un proyecto que a la postre contribuye a consolidar la colonización”.

El Gobierno centró su respuesta en la legalidad de la actuación de Ineco en un “tramo que no atraviesa ninguna zona ocupada por asentamientos israelíes”. Sin embargo, la respuesta del ejecutivo de Rajoy obviaba que la obra que estaba realizado esta empresa pública española era indispensable para llevar a colonos y soldados israelíes desde el centro de la ciudad a los asentamientos ilegales del sur, este y norte de la ciudad.

“Es incoherente que una empresa pública como Ineco licite en un concurso para participar en un proyecto que a la postre contribuye a consolidar la colonización”, decía el exdiputado de IU Miguel Ángel Bustamante Martín

Frente a otra pregunta parlamentaria de 2018, el Gobierno español respondía que todos estos asentamientos “se consideran ilegales” en virtud de la resolución 2334 que España voto en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente el 23 de diciembre de 2016. Según la nota del Gobierno, el comercio y negocio vinculado con los territorios ocupados no se puede amparar en el Acuerdo de Asociación entre Israel y la UE.

Una nueva pregunta parlamentaria, en esta ocasión formulada por Antonio Gómez-Reino Varela, de Unidas Podemos, el 24 de noviembre de 2022, volvía a interesarse sobre la situación de Ineco y qué tipo de sanciones se iban a tomar contra las empresas españolas que participan de negocios vinculados con los territorios ocupados o que dificulten la solución de los dos estados que propone España, situación en la que incluía a esta empresa pública, a CAF, Edreams, GMV, OSSA, SEMI y TyPSA. La respuesta del Gobierno de coalición no aclaró las dudas del exparlamentario: se limitó a decir que la competencia de política comercial compete a la Unión Europea y a recordar que el Ejecutivo “insta en toda ocasión que tiene a las empresas que operan en los territorios ocupados a ejercer sus actividades con responsabilidad y diligencia debida para prevenir consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos de la población palestina”.

El Ejecutivo “insta en toda ocasión que tiene a las empresas que operan en los territorios ocupados a ejercer sus actividades con responsabilidad”, fue la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria en 2022

En esta respuesta, el Gobierno obviaba que Ineco no es una empresa privada sino una compañía controlada por las sociedades también públicas Enaire (45,85%), Renfe (12,78%), Adif (20,69%) y Adif Alta Velocidad (20,68%) y hacer que sus acciones entren en consonancia con los derechos humanos y la legalidad internacional es solo una cuestión de voluntad política.

Los intereses de Ineco en Israel no han dejado de crecer desde 2013, cuando ganó un contrato de tres millones de euros para la electrificación y señalización de la línea de tren a Jerusalén, según datos de Icex. Además del contrato de 21 millones para la Línea Azul de Jerusalén, Ineco ganó un concurso ese mismo año de ingeniería ferroviaria en Tel Aviv por 400.000 euros. En 2021, Ineco realizó estudios para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional y otros servicios de navegación aérea a la autoridad aeroportuaria. Actualmente trabaja en la construcción del tren ligero entre Haifa y Nazaret, en el norte del país y en la implementación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario en el país.

El movimiento BDS y de solidaridad con Palestina lleva años exigiendo al Gobierno que establezca, como hicieron las ciudades de Barcelona, Copenhague y Oslo, criterios de respeto de los derechos humanos tanto en la contratación pública, de forma que las empresas que violen los derechos humanos o se salten la legalidad internacional no puedan optar a concursos públicos. Unos criterios que, según defiende la campaña de boicot, deberían comenzar a aplicarse en las empresas que dependen del Estado, como Ineco, y no firmar acuerdos con países que violan los derechos humanos. Hasta ahora, el Gobierno no ha convertido las palabras de condena a la ocupación israelí y a las actuaciones que hacen inviable la solución de los dos Estados en medidas concretas.