Ocupación de tierras
El desalojo del Cerro Libertad trunca su recuperación tras un año ocupado

El 19 de abril, más de 300 guardias civiles y una excavadora se desplazaron hasta el Cerro Libertad, la finca ocupada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), para ejecutar su desalojo. Desde su ocupación, el 1 de abril de 2017, se habían estado llevando a cabo labores de recuperación de las tierras y el inmueble, para paliar los efectos de cinco años de abandono.

Autoorganizado como ZAD (Zona A Defender), ya el pasado 1 de abril se organizó un dispositivo de resistencia en el Cerro Libertad porque vencía el plazo dado por el Juzgado número 2 de Jaén para su desalojo. El dispositivo funcionó en ese momento y desde el SAT señalaron que lo único destacable de ese día fue la aparición una patrulla de la Guardia Civil que no puedo acceder por el camino que los ocupantes habían cortado previamente. Sin embargo, no se llegó a notificar la suspensión de un desalojo que finalmente sí se ha producido.

En un comunicado enviado por el sindicato tras el desalojo, avisan de más ocupaciones de tierras que sean propiedad del BBVA, ya que esta entidad bancaria es la titular de la finca 'El Aguardentero' -llamada así antes de ser rebautizada como Cerro Libertad- al igual que posee otras fincas en la provincia de Jaén. Esta decisión fue tomada entre ocupantes del cerro, integrantes del SAT y simpatizantes en una asamblea celebrada la misma tarde después del desalojo.

Un año de recuperación de tierras

La ocupación se llevó a cabo como protesta por la pena de cárcel que cumplía el sindicalista Andrés Bódalo, coincidiendo con el primer aniversario de su entrada en prisión. “Entendemos que injustamente, que es una persecución lo que tienen hacia el sindicato y hacia los dirigentes y las dirigentes del sindicato. Y esa protesta quisimos hacerla ocupando una finca, algo que él había hecho siempre y que el sindicato venía haciendo desde su fundación para denunciar el abandono de las tierras”, dice María Montávez, Secretaria de la Unión Local del SAT en Jódar.

“Viendo la situación que tenía la finca nos pusimos manos a la obra a intentar recuperar los 7.500 olivos, que estaban todos casi perdidos, quitándole las varetas, desbrozando, cuidándolos un poco. Hemos creado una huerta y metimos animales. Hemos dado vida a esa tierra abandonada”, continúa Montávez.

Después de un año de ocupación y trabajos de recuperación, asegura que “La finca está irreconocible. Su mejoría ha sido increíble después de mucho trabajo voluntario y está preparada para producir este año, que es un buen año meteorológicamente hablando, para que produzca la cantidad que produce una tierra cultivada”.

En este año de ocupación, “han sido cientos de personas las que han pasado con su trabajo voluntario” por la finca, respondiendo al llamamiento que se hizo desde el SAT y desde la ocupación. Montávez agradece que “la solidaridad de la gente ha sido tremenda. Si no hubiese sido por eso habría sido muy difícil porque en la finca se han invertido más de 30.000€ en maquinaria, en arreglar todo, en materiales y todo eso ha sido gracias a la solidaridad de la gente”.

Durante este año de ocupación, el SAT también ha exigido a la Junta de Andalucía que se cumpla el Decreto de Reforma Agraria, “por el que si hay una finca por más de dos años abandonada, la Junta tiene el derecho a poder expropiarla y darle un fin social, que no lo ha hecho”, aclara Montávez. “No hemos tenido ninguna respuesta de su parte”, lamenta.

Y un largo proceso judicial

El primer varapalo judicial al que se enfrentaron los ocupantes del Cerro Libertad fue un juicio por “usurpación y daños” que se celebró solo tres meses después de la ocupación y con 20 personas acusas de las que solo una, María Montávez, fue condenada a pagar una multa de 180 euros. El resto quedó absuelto. “El banco no sabía quienes éramos la gente que estábamos allí y denunció a la gente a la que la Guardia Civil había identificado”, explica Montávez, que denuncia que “la represión ha sido tremenda, porque hemos tenido su presencia en la finca todos los días durante todo este año”.

Desde ese juicio, han sido varias las fechas en las que se programó el desalojo. “Recibimos una comunicación para el día 19 de marzo, después el juzgado nos volvió a mandar otra notificación diciendo que se aplazaba al día 2 de abril, nosotros hicimos un llamamiento para defender esa finca con una resistencia pasiva y siempre desde nuestro pacifismo y no se produjo ningún desalojo. A mi me dijo mi procuradora que tenían que volver a avisarnos ya que nadie nos había dicho por qué no se había producido el desalojo y el día 19 de abril, sin previo aviso, se presentaron unos 300 guardias civiles y procedieron al desalojo”, narra Montávez.

Óscar Reina, Secretario General del SAT, califica de “increíble y desproporcionado” el despliegue policial, formado por “cientos de guardias civiles y una excavadora”. “Más aún cuando no se nos ha avisado del desalojo y creemos que eso incumple la normativa legal”, añade. Además, critica que “no hay dinero para lo que no les conviene, pero para lo que les conviene, como defender a los bancos, sí”.

“Para nosotros fue muy duro porque el banco dos o tres días antes nos había dicho que quería reunirse”, reconoce Montávez. “Evidentemente, ya estaba en marcha todo el mecanismo para desalojarnos. Fue un momento muy duro después de un año donde tu has visto que le has dado vida a una tierra, que es posible que la gente pueda trabajar”, continúa.

Tras el desalojo se celebró una asamblea en la que se acordó la ocupación de nuevas fincas que sean propiedad del BBVA antes del 1º de mayo. “No nos vamos a quedar parados y si no es el Cerro Libertad será otra. Ahí al lado hay 3000 olivos de otro banco. Si nos ponemos a mirar son miles de olivos y miles de hectáreas las que no nos dejan trabajar, mientras que esta ciudad tiene un 30% de paro”, dice el Secretario del SAT en Jaén, Francisco Moreno.

“Los bancos siguen teniendo fincas en su poder, fincas que están abandonadas como estaba el Cerro libertad y vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho en esta situación. En algún momento, el Gobierno de la Junta de Andalucía se tiene que dar cuenta de que esto no es viable, que no se pueden tener los campos abandonados mientras tenemos esta tasa de paro tan impresionante aquí en la provincia de Jaén”, sentencia Montávez.

El Cerro Libertad, conocido como “El Aguardentero” antes de la ocupación del SAT, es propiedad del BBVA a cuyas manos llegó después de que la entidad financiera embargara al empresario de la construcción que compró la finca, de unas 75 hectáreas, con fines especulativos. Antes de eso, el terreno situado a unos pocos kilómetros de la capital jienense se dedicaba al cultivo de olivar. Ahora, después del desalojo los 7.500 olivos listos para volver a producir aceituna durante la próxima campaña vuelven a la situación de abandono en la que estaban antes de la ocupación.