Operaciones urbanísticas
Más ladrillo en Euskal Herria

Una voz familiar, como si del fantasma de las navidades pasadas se tratase, recorre las ondas de la radio pública vasca. “Como mucho se trata de una miniburbuja, será inmobiliaria, no afectará al conjunto de la economía”. Tras otra pregunta de la presentadora, una segunda voz continúa: “El 2021 fue un año de auténtico récord”. Ambas discuten en el principal magazín vespertino de Radio Euskadi la situación del mercado inmobiliario. Valoran los riesgos y oportunidades de un negocio que, pese a haber costado un millón de desahucios la década pasada, sigue siendo el favorito de grandes y pequeños inversores: el ladrillo.

La voz más familiar resulta ser la del ominoso economista Gonzalo Bernardos, portavoz de los intereses del sector inmobiliario en España, habitual de tertulias de todo pelaje, y tristemente célebre por negar la burbuja inmobiliaria pocos años antes del mayor cataclismo económico hasta la llegada de la pandemia. La otra voz es la de Nora García, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Agencias Inmobiliarias, que parece no dar crédito a lo bien que les va a los suyos mientras la economía global se tambalea. Bernardos sentencia: “La clase media alta ha comprado vivienda como quien compra helado”.

Gonzalo Bernardos “la clase media alta ha comprado vivienda como quien compra un helado”. En 2021, 675.000 viviendas fueron adquiridas en España, superando con creces el nivel previo a la pandemia.

Aunque sorprenda, las cifras avalan la enunciación de Bernardos. Pese al constante goteo de desahucios y la creciente sensación de asfixia que sufre cada vez más gente a la hora de pagar el alquiler, lo cierto es que los paisajes del ladrillazo han vuelto. O quizás, precisamente por ello, las grandes grúas y hormigoneras dan cuenta de terrenos baldíos y descampados mientras las lonas plásticas con nombres de promotoras decoran ahora el paisaje de nuestras ciudades y pueblos como en una novela de Chirbes. Las lonas pronto desaparecerán, revelando tras de sí monótonas construcciones blanquinegras, con garaje, dos o tres habitaciones y terraza. Y se venden, vaya que sí se venden. En 2021, unas 675.000 viviendas en España, un 38,1% más que en 2020. Y se superó, con creces, el nivel previo a la pandemia. La tendencia en Euskal Herria es similar: el pasado año se registraron 21.563 operaciones de compraventa en la Comunidad Autónoma de Euskadi, cifra cercana a los niveles máximos desde 2008, mientras que en Navarra fueron 6.479 operaciones, un 31% más que el año anterior.

El debate en la radio da vueltas al precio creciente de la vivienda, el exceso de demanda y la escasez de oferta, los cambios en las preferencias de “la clase media alta” tras el confinamiento o la subida paulatina de los tipos de interés anunciados por el Banco Central Europeo. Los desahucios, la crisis habitacional o el enorme coste ambiental de las nuevas promociones de vivienda no son consideradas por estos expertos porque representan los intereses del sector. Los desahucios aún merecen alguna tímida mención, la cuestión medioambiental es tabú.

Lucrativo y nocivo

De acuerdo a los datos de Eurostat, la construcción y la demolición son los principales generadores de residuos, contribuyendo al 36% del total. Diversos estudios demuestran que el incremento en el consumo energético y de materiales experimentado entre 1980 y 2008 —que compensa sobradamente el descenso de la producción industrial— se explica por el papel central que la construcción residencial tuvo en el ciclo económico. El modelo de “conurbación difusa” y la extensión de la mancha urbana, unido al constante desarrollo de infraestructuras viales, ha fomentado el uso del vehículo privado incrementado las emisiones un 130% desde 1990.

Por su parte, los precios, principal termómetro de la actividad en el sector, y a pesar de la contracción económica de casi 10 puntos del producto interior bruto del año 2020, no han parado de crecer. Según datos recientes del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el precio medio de venta en la CAE está por encima de los 2.800 euros el metro cuadrado, nivel que no alcanzaba desde febrero de 2012. Aunque el precio medio de una vivienda nueva en Donostia, por ejemplo, alcanza los 420.000 euros. Una auténtica mina de oro para la especulación.

¿Cómo casa este panorama con la situación insostenible para miles de personas que sufren un cóctel explosivo de precios astronómicos, abusos por parte de los propietarios y tendencia a la estafa por las inmobiliarias? El sector inmobiliario tiene un plan para adaptarse a las “nuevas preferencias de la clase media alta” y proveer al mismo tiempo una solución para ese creciente 25% de la población que no podrá acceder a una vivienda en propiedad. Una hoja de ruta que se resume en sus proclamas a favor de “la profesionalización y digitalización del sector”, la ampliación de la oferta y una segmentación del mercado que incluya vivienda construida para destinarla directamente al alquiler “asequible” (y que gestionarán las propias promotoras).

De acuerdo a los datos regionales del Instituto Nacional de Estadística, en un año anómalo como fue 2020, la suma de la construcción y los servicios inmobiliarios alcanzó la friolera del 17,9% del valor añadido bruto en Euskadi.

Eraikune, el cluster de la construcción que reúne a los más diversos agentes del sector, presentó el año pasado, junto a la sancionada consultora PwC, un informe de impacto económico con el que sacaban pecho y exigían “el lugar que les corresponde” en la agenda económica del país. La presentación reunió al Diputado Foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación de Bizkaia, Imanol Pradales, al director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Departamento del Gobierno Vasco, Pablo García Astrain, o al ahora socio responsable de PwC, Asier Atutxa, quien fuera presidente del Puerto de Bilbao. Según dicho informe, el sector alcanza los 4.234 millones de euros y emplea a 59.972 personas al año, lo que equivale al 5,9 % del PIB total de Euskadi y el 6,2% del empleo. Cifras que se sitúan por encima del 10% cuando se contempla su peso indirecto. A pesar de que el Eustat no desagrega los servicios inmobiliarios de la cuenta general de servicios, si atendemos a los datos regionales del Instituto Nacional de Estadística, en un año anómalo como fue 2020, la suma de la construcción y los servicios inmobiliarios alcanzó la friolera del 17,9% del valor añadido bruto.