Opinión
Corrompiendo las renovables: el capitalismo verde bloquea la transición justa y destruye el Gobierno portugués

A muchos pilló por sorpresa el bombardeo de redadas, detenciones y dimisiones que asaltó Portugal el pasado 7 de noviembre. En pocas horas, uno de los liderazgos más longevos de Europa cayó bajo el peso de sus contradicciones políticas, sus estrechas conexiones con las grandes empresas petroleras, gasísticas y energéticas y los políticos serviles.

Hace sólo unas semanas, la clase dirigente y los medios de comunicación portugueses criticaron a los activistas de Fridays for Future de Lisboa por atacar con pintura verde al ministro de Acción por el Clima en un acto sobre la “transición energética” patrocinado por los gigantes del petróleo, el gas y el carbón Galp y EDP. Los activistas acusaron a la ministra de estar en connivencia con grandes empresas que están ampliando su negocio fósil mientras se apropian de la inversión en renovables. Menos de un mes después, el ministro se convertiría en uno de los sospechosos (junto con el anterior ministro de Medio Ambiente, el actual ministro de Infraestructuras, el jefe de gabinete y principal asesor del Primer Ministro, el director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, el alcalde del municipio de Sines, un antiguo director de Galp, responsables de empresas privadas, entre otros) de un caso de corrupción relacionado con minas de litio, proyectos de hidrógeno y centros de datos. Las consecuencias no son sólo jurídicas. António Costa, primer ministro portugués desde 2015, dimitió esta semana tras ser anunciado como sospechoso en la misma investigación.

EDP y Galp se han posicionado a la cabeza de las subastas de renovables, ya sea en proyectos eólicos, solares, de hidrógeno o de litio en todo el país

El Gobierno portugués lleva años vendiéndose como adalid de la “acción por el clima”. Sin embargo, como todos los demás países europeos, no tiene ningún plan para cumplir realmente su compromiso de los recortes de emisiones necesarios en virtud del Acuerdo de París, es decir, planea un aumento de la temperatura muy por encima de 1,5ºC. Eso no significa que el establishment capitalista portugués no haya estado cosechando los beneficios del enfoque europeo e internacional sobre el nuevo extractivismo, las formas de energía y las tecnologías, el grueso del capitalismo verde. La promesa de fondos europeos, en particular para las conexiones energéticas, para la extracción de materiales críticos, y el hidrógeno como forma de contrarrestar el desarrollo chino de las baterías, ha sido masivamente rentable para las empresas que más han contribuido a la crisis climática en el país. En 2022, Galp, EDP y REN han obtenido los mayores beneficios de su historia, y 2023 promete ir por el mismo camino. REN fue también uno de los lugares visitados por la policía durante los registros de investigación.

Los activistas climáticos llevan tiempo denunciando la política portuguesa de transición energética como injusta y como una transición inexistente. EDP cerró sus centrales de carbón sin ningún plan para sus trabajadores, que simplemente se quedaron sin empleo. Galp cerró su refinería de Matosinhos y simplemente transfirió su producción a otra refinería en Sines, sin ningún impacto en las emisiones y con la destrucción de más de 100 puestos de trabajo en la ciudad norteña. Algunas de estas acciones fueron en realidad financiadas por el “Fondo para la Transición Justa”, que nunca llegó a los trabajadores que se suponía eran el objeto de dicha transición. Los únicos que se beneficiaron de estos fondos fueron los accionistas de las grandes empresas. EDP y Galp han seguido invirtiendo en energía fósil en Portugal y en el extranjero. Además, se han posicionado a la cabeza de las subastas de renovables, ya sea en proyectos eólicos, solares, de hidrógeno o de litio en todo el país.

La estrategia del hidrógeno sólo surgió tras decenas de reuniones entre el gobierno y las empresas que se beneficiarían de ellas

La elección del gobierno de reproducir el modelo fósil con energías renovables, con enormes zonas de producción y enormes circuitos de distribución y pérdidas, ha sido un regalo derivado del contacto directo de las empresas con los responsables políticos. La estrategia del hidrógeno sólo surgió tras decenas de reuniones entre el gobierno y las empresas que se beneficiarían de ellas. Spinoffs de las principales empresas energéticas, como EDP Renováveis, Galp New Energy o TrustWind son los licitadores frecuentes de las nuevas subastas de energía. La naturaleza centralizada, monopolizada y gigantesca de estos proyectos está provocando una creciente objeción por parte de las poblaciones locales debido a sus impactos medioambientales negativos, concretamente la necesidad de eliminar decenas de miles de árboles protegidos. Las grandes empresas se oponen directamente a la idea de producción descentralizada de electricidad a pequeña escala, ya que las haría casi inútiles.

Una enorme cantidad de dinero público ofrecida abiertamente a grandes empresas difícilmente podría haber sido un mejor escenario para la corrupción a gran escala. Tras los años de austeridad, en los que se ofrecieron grandes extensiones del país para la exploración de petróleo y gas, otras zonas se ofrecieron para concesiones mineras, y los proyectos de litio en zonas protegidas han sido escandalosos desde el principio (Galp, la empresa de petróleo y gas, también estaba implicada en los proyectos de litio). Por otra parte, el frenesí del “hidrógeno verde”, impulsado en gran medida por intereses alemanes para sustituir el gas ruso reducido desde la invasión de Ucrania, ha demostrado ser poco más que una tapadera para la expansión del gas, a través de financiación europea y de otros organismos públicos.

Con la salida del Partido Socialista, ahora es bastante concebible que la derecha y la extrema derecha hagan campaña para desmantelar las energías renovables

La dirección del Partido Socialista de Portugal (un partido liberal al uso, a pesar del nombre) lleva tiempo subiéndose al carro de la corrupción de las renovables. Desde hace años, han hecho una alianza de intereses incontrovertible con las grandes compañías de petróleo, gas y carbón, aunque también inviertan en otras áreas. Esta alianza comenzó mucho antes de que se hablara de renovables y se extendió también a otros partidos políticos del país, con puertas giratorias permanentes entre la industria y los gobiernos desde los años ochenta. Aunque el caso de corrupción oficial tendrá que probarse ahora en los tribunales, la corrupción de un nuevo modelo energético que en realidad está fuera de las manos de quienes crearon la crisis climática parece no tocarse.

Con la salida del Partido Socialista, ahora es bastante concebible que la derecha y la extrema derecha hagan campaña para desmantelar las energías renovables. Desde luego, no promoverán un modelo energético democrático y descentralizado, sino que insistirán en este modelo corrupto o presionarán para volver a la energía totalmente fósil, ya que la crisis climática se convierte en una cuestión cultural que cosechará votos de descontento. El modelo energético verde capitalista no es más que un fraude a la transición justa, y sólo un sistema energético público y democrático puede proporcionar tanto la reducción de emisiones como las transiciones justas que todos necesitamos.