Opinión
Crónica de un ecocidio anunciado

En plena ola de calor, los vecinos de Coín (Málaga) junto con la Asociación Valle Natural Río Grande están inventariando el desastre. Árboles singulares talados, movimientos de tierra que destrozan la capa más fértil de suelos protegidos por ley y afecciones al dominio público que incluyen daños a caminos vecinales y al puente de Carranque sobre el río Grande. Las obras que están transformando el valle del río Grande no sólo son una afrenta al presente de quienes habitan la Jara y el valle del Guadalhorce. Amenazan con borrar vestigios del pasado poniendo en riesgo un yacimiento arqueológico de origen romano.

El desbroce, la eliminación de cobertura vegetal y los movimientos de tierra a gran escala realizados en época de reproducción de la fauna, comprometen también el futuro. Aves esteparias como el aguilucho cenizo (Circus pygargus) calificadas como vulnerables en España están en época de cria hasta finales de julio.

Poco importa que el valle del río Grande se encuentre a los pies del Parque Nacional Sierra de las Nieves, un área rica en biodiversidad que es patrimonio común más allá de las fronteras de Andalucía. No importa que sus suelos sean especialmente sensibles a la erosión debido a las fuertes pendientes. Menos importa aún la adecuación de las actuaciones a lo establecido en los proyectos y en la declaración de impacto ambiental.

Desde 2020 hasta la actualidad, mientras el far west “renovable” invade la España rural, el consumo de productos petrolíferos sube año a año

La constructora apura las tareas y coloca carteles de prohibido el paso en los caminos que sufragaron los vecinos. Mientras tanto las denuncias se multiplican, pero las respuestas de la administración aún no llegan. Ninguna inspección, ningún control, ninguna garantía de derechos para la ciudadanía.

Paradójicamente, el daño ambiental actual en Coín (irreversible a escala humana) se debe a que se están construyendo tres “plantas solares”: Orla Solar I (68 MW), Orla Solar II (49 MW) y Natera Solar (50 MW). Los tres proyectos se tramitaron y evaluaron por separado, nadie sospechó fragmentación aunque dos lleven el mismo nombre. Tanto los proyectos de infraestructuras de generación eléctrica como de evacuación y las líneas de alta tensión aéreo-subterráneas fueron declarados de utilidad pública. En Andalucía la interpretación de ley 24/2013 funciona de manera genérica: toda infraestructura eléctrica tiene utilidad pública. Los colectivos denuncian que las sinergias negativas entre los proyectos no se estudian y que la alternativa de no construir o hacerlo en otro sitio (el ABC de la evaluación ambiental), brilla por su ausencia. Nunca está demás recordar que una investigación del Observatorio de Sotenibilidad demostró que hay disponibles más de 300.000 hectáreas en suelos degradados, tejados, escombreras, etc. El ecocidio es tan anunciado como innecesario.

Después de las declaraciones de utilidad pública se notificó la expropiación de centenares de parcelas de pequeños agricultores en Coín, Alozaina, Guaro, Casarabonela, Álora y Cártama. Detrás de los proyectos hay dos sociedades beneficiarias con domicilio en el Paseo Castellana de Madrid, que tienen tres mil euros de capital y un administrador común vinculado con la austríaca Verbund. Cuando los vecinos fueron citados en los ayuntamientos para firmar las actas de expropiación se encontraron con los técnicos de las “sociedades instrumentales” y apenas tuvieron asistencia de la administración local. Es traumático, es violento, es triste. Lo he vivido en mi pueblo y aunque pasaron dos años, todavía no me quito el mal cuerpo.

Hay quién sostiene que la utilidad pública no se debe a los proyectos en sí sino a que contribuyen a descarbonizar la economía. Pero desde 2020 hasta la actualidad, mientras el far west “renovable” invade la España rural, el consumo de productos petrolíferos sube año a año. Y tampoco se trata de que el aumento del consumo de petróleo acompañe el crecimiento de la población. Según el más reciente informe del MITECO, en 2025 el consumo de petróleo subió un 3% mientras que en el mismo período, la población aumentó un 1%. 

Es cierto que la generación fotovoltaica aumentó, pero la electricidad no supera la cuarta parte del consumo energético total. Y se mantiene relativamente estable. Y aunque la electrificación de la economía no parece apreciable, lo que sí es obvio es que se desperdicia tres veces más electricidad que hace un año y que por lo menos los 10 GW de energía fotovoltaica instalados recientemente (el 20% del total) no se han integrado en la generación. Entonces, ¿por qué se sigue instalando? ¿Se degradando suelo rústico para construir infraestructuras que no se utilizan de manera eficiente? El sobredimensionamiento de la infraestructura de generación “verde” en España está resultando en un número creciente de horas en las que la electricidad mayorista se comercializa a precio cero o negativo.

Los vecinos de Coín dicen que lo que está ocurriendo en su territorio, a instancias de una supuesta transición energética, no es otra cosa que una salvajada anti ecológica y especulativa.

De alrededor de 100 horas con precio cero o negativo en 2023, se subió a casi 800 horas en 2025. Record que estaría por superarse en lo que va de 2026.  Quizás no se refleje en la factura residencial pero para Amazon el precio de la electricidad durante 800 horas es gratis.

Los vecinos de Coín dicen que lo que está ocurriendo en su territorio, a instancias de una supuesta transición energética, no es otra cosa que una salvajada anti ecológica y especulativa. Pero creen, quieren creer, que tarde o temprano las obras se paralizarán. En El Fargue (Granada) sucedió algo similar. Hubo movilizaciones, recogidas de firmas, numerosas denuncias de plataformas ciudadanas, hasta que finalmente las obras se detuvieron. Llevó meses pararlos y en ese momento los daños eran graves e irreversibles. Y nadie se hizo responsable ni los reparó. De hecho, las lluvias torrenciales de este invierno dejaron procesos erosivos con socavones de varios metros de profundidad que ponen en riesgo a numerosas familias. 

Proyectos similares

Hay muchas similitudes en los proyectos de El Fargue y de Coín. Una de ellas es que el destrozo estaba anunciado. Los documentos de los proyectos indicaban que “los movimientos de tierra se reducirán a los volúmenes y superficies estrictamente necesarios”. De verdad, ¿alguien cree que se puede hacer algún tipo de evaluación ambiental de esa manera? ¿Cómo se puede otorgar la autorización de una obra cuya envergadura no está cuantificada? ¿Cómo podría tener la ciudadanía garantías de que se esté protegiendo un recurso escaso y no renovable como son los suelos rústicos con semejante imprecisión? Si el proyecto arranca de esta manera ¿Qué sucederá dentro de veinte años cuando haya que desmontar y reciclar los materiales?

Como en la película pero al revés. Por favor, mira hacia abajo. Los suelos son la mayor reserva de carbono orgánico de la biosfera y contienen el 80% del carbono de los ecosistemas terrestres. El contenido de carbono orgánico del suelo se considera un indicador fundamental dentro del esquema de objetivos de desarrollo sostenible. Cuando se usa maquinaria pesada y se eliminan los primeros centímetros de suelo, como en el valle del Guadalhorce, se produce compactación, pérdida de materia orgánica, erosión, destrucción de biodiversidad. ¿Tan difícil es imaginar a dónde irá el carbono que se “pierde” con la degradación de los suelos?

A veces pareciera que lo evidente, como en el cuento del rey desnudo, no puede expresarse o que verlo está prohibido. La lista de atropellos cometidos en nombre de la aceleración de “la transición energética” parece inagotable. Y las generaciones que nos sucederán recordarán a quienes hoy tienen poder de decisión no sólo por no haber hecho nada frente a la crisis de insostenibilidad brutal, sino por haberlo hecho mal a sabiendas. No son prácticas aisladas, el ecocidio en Coín es el emblema de un tránsito insostenible que impide realizar la verdadera transición ecológica que necesitamos con urgencia.