Opinión
Contra las expulsiones silenciosas y la violencia inmobiliaria en El Ruedo

Este miércoles 15 de julio se realizará el intento de desahucio en el parque de vivienda pública de Moratalaz, concretamente en complejo habitacional conocido como El Ruedo, lo cual no ha sido algo infrecuente en los últimos años. Desde que los primeros pisos de la calle Félix Rodríguez de la Fuente fueron puestos a la venta, estos episodios no han dejado de incrementarse.

Este auge de los desahucios, que se estima en más de 100 al año es aparentemente paradójico ya que, al ser vivienda pública, ello no debiera suceder. Sin embargo, estos desalojos y expulsiones en la vivienda pública, las más de las veces forzadas y silenciosas, coincide con la salida generalizada de los primeros pisos de El Ruedo al mercado inmobiliario. Los pisos, que rondaban los 85.000 en 2021, alcanzan hoy precios desde 175.000 hasta los 250.000 euros. Esto, aparte de convertir el complejo habitacional en una de las zonas de Madrid de mayor revalorización, la hace a su vez una de las más hostiles en el nivel inmobiliario.

La noticia de la temida carta, la cual contiene la autorización del juez para la entrada al domicilio, augura la expulsión de cientos de personas de sus casas. Ello se debe a que las empresas públicas de vivienda, como la Agencia de Vivienda Social (AVS) o la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMSV), funcionan con una lógica especulativa similar a la de fondos de inversión y bancos. Conforme el régimen de protección social de las vivienda va expirando, en un plazo de 15 a 30 años en Madrid, esas viviendas resultan estar a un precio notablemente más bajo que el resto de en la misma la zona, lo cual moviliza un enorme interés por la compraventa de dichas casas.

De las 346 viviendas que constan en El Ruedo, actualmente poco más de la mitad conservan la titularidad pública, y cada vez son más las que están sujetas a intentos de desalojos y violencias institucionales. Para que dicha especulación pueda darse resulta necesaria la expulsión de la gente que vive ahí, los cuales, por ser abuelos y familias realojadas del Poblado del Huevo y usuarios de vivienda pública, no pueden acceder a una vivienda ni alquiler alternativo.

Además de desproteger a las familias vulnerables, la venta masiva de suelo público aumenta el precio de dichas promociones públicas para acabar perdiendo todo su propósito social

Es evidente que al Gobierno regional no le interesa alquilar a inquilinos con situaciones de vulnerabilidad extrema, los cuales pagan escasamente al mes el mismo precio que perfectamente puede costar una única habitación nada más cruzar el puente de la M-30, 200 metros más allá. La venta masiva de suelo público, además de desproteger a las familias vulnerables que necesitan acogerse a la solicitud de estas viviendas, aumenta el precio de dichas promociones públicas para acabar perdiendo todo su propósito social.

Resulta insólito que las instituciones públicas vendan su parque público de vivienda a la vez que celebran propagandísticamente las promesas de seguir construyendo cada día más y más vivienda pública. El lucro, tanto electoral como financiero que esta especulación con presupuesto público disfrazada de colaboración público-privada percibe, proviene directamente de la expulsión de todas las familias de las antiguas promociones de vivienda pública que quedan. Ello está sucediendo no sólo en Moratalaz, en zonas como El Ruedo o La Herradura, sino que estas prácticas se han generalizado ampliamente por por todo el Estado y ya son numerosos los sindicatos y organizaciones de vivienda que se percatan y señalan este uso fraudulento de la vivienda pública.

Dicha dinámica especulativa es efectuada a través de una progresiva asfixia económica a decenas de familias por medio del aumento de precio o el cobro estratégico de deudas que aumentan sin aviso y les obligan a exiliarse. Estas se ven forzadas a desplazarse a la periferia y lo que en algún momento fue una medida de integración social muestra su hipocresía al expulsar a sus moradores y sustituirles por perfiles más lucrativos como estudiantes, inversores y turistas.

Lo que acontece este miércoles, el desahucio de Herminio y Dulce, sigue la misma lógica de expulsión de otras vecinas residentes del barrio, con el fin de seguir apuntalando el negocio de la vivienda. Y es que el órgano ejecutor, en este caso la AVS (el mayor tenedor de la Comunidad de Madrid), vuelve a poner en marcha otro desahucio, esta vez el de una familia con cinco hijos en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. En los últimos años, la AVS ha acelerado las expulsiones a la vez que ha contratado a un equipo de abogados para externalizar la gestión de los procesos para abaratar sus costes y actuar contra 10.000 familias, de supuestos morosos y “okupas”.

La familia de Dulce pertenece al pueblo gitano y lleva años viviendo en El Ruedo con sus hijos, tres de ellos menores y uno con necesidades especiales. En el último intento de desahucio, en la mañana del viernes 3 de julio, el antiguo IVIMA se encontró con una oleada de solidaridad obrera entre las vecinas del barrio que impidió que Dulce y su familia se quedaran en la calle sin alternativa habitacional digna para su familia, ya que la solución propuesta por la AVS, era la de una habitación para Dulce y sus cuatro hijos y, por supuesto, con carácter temporal.

Resulta absolutamente frustrante ver como la obligación de las instituciones públicas de ofrecer alternativa habitacional acabe siendo una farsa de dos semanas de aplazamiento y una alternativa irrisoria para las necesidades de las familias

Sin embargo, gracias al apoyo de las asociaciones vecinales y del Sindicato de Vivienda de Moratalaz, y, sobre todo, de la presencia de decenas de personas mostrando la repulsa contra el intento de desalojo (otro más), la AVS cedió a negociar con nosotras y conseguir aplazarlo durante 15 días, algo claramente insuficiente y que deja de manifiesto las intenciones de deshacerse de una familia más y no buscar una solución real. Resulta absolutamente frustrante ver como la obligación de las instituciones públicas de ofrecer alternativa habitacional acabe siendo una farsa de dos semanas de aplazamiento y una alternativa irrisoria para las necesidades de las familias. La lista de solicitantes de vivienda pública no para de crecer mientras el Estado, lejos de adjudicar más, se dedica a despatrimonializar suelo y a vaciar casas para proceder a su venta masiva.

Este miércoles, sin embargo, tenemos una cita importante donde volveremos a demostrar que Dulce y su familia no están solas, y que seguiremos defendiendo las casas de la clase trabajadora cueste lo que cueste, sea quien sea la propiedad. No podemos obviar las decenas de desahucios que hemos vivido este curso por parte de las instituciones públicas que dicen defendernos y garantizarnos un Estado de Bienestar social que debería ser suficiente para no organizarnos. Sin embargo, una vez más, otro organismo público impone su fuerza contra nuestra clase, dejando claro que no sólo no son una solución eficiente si no que son directamente el enemigo.

El caso de Herminio y Dulce es un ejemplo más de cómo las instituciones que nos prometieron protección y seguridad, no dudan en mandar un cuerpo policial pagado con nuestro dinero para dejarnos en la calle, da igual en la situación en la que nos encontremos o las necesidades que tengamos.

Con todo esto, algo tenemos claro: a cada recurso denegado por un juez, a cada policía armado hasta los dientes para dejar a cinco menores en la calle, a cada funcionario de la AVS o de la EMVS que no te mira a la cara porque para ellos no somos ciudadanos de derecho… A cada paso en la ofensiva que da el Estado capitalista contra nosotras, nos lo dejan más claro; por mucho que lo intenten maquillar, es o la organización o la barbarie, es la solidaridad obrera contra los desahucios, somos nosotras contra ellos.