Opinión
Luces en la noche del Valle del Jerte: cuando el miedo entra en el campo

Para coger cerezas es preciso

una luna de enero que injerte la esperanza,

los dedos de febrero que cierren las heridas

y el aliento de marzo que haga brotar la flor.

Una mujer, un hombre,

su herida, su esperanza, su determinación

(Irene Sánchez Carrón)

Estos días, al caer la noche en el Valle del Jerte (Cáceres), hay una imagen que llama poderosamente la atención. En las sierras, pequeñas luces se mueven entre los cerezos, como si la montaña respirara en silencio. No es una escena festiva ni costumbrista. Es una señal de alerta.

Son agricultores recogiendo cerezas de noche. Lo hacen para salvar lo poco que ha quedado de una campaña duramente golpeada por las lluvias de mayo de 2026. Para algunos, es una forma de no pasar calor, otros dicen que es para que la cereza se conserve mejor. Pero no solo por eso, lo hacen también por miedo.

El Jerte que resiste…

Las organizaciones agrarias estiman pérdidas de más de 30 millones de euros y los productores reclaman ayudas urgentes tras resultar afectados más de 15 millones de kilos de cerezas a consecuencia de las lluvias en el inicio de la campaña de 2026. Quien conoce esta tierra sabe que el Valle del Jerte no es solo un paisaje. Es un modelo de vida basado en pequeñas explotaciones familiares, en el trabajo compartido, en ese esfuerzo colectivo que durante generaciones ha levantado bancales imposibles y ha sacado adelante cosechas en condiciones difíciles. Aquí siempre se ha trabajado en familia. Padres, madres, abuelos y nietos... en el Jerte no se nace “con un pan debajo del brazo”, se nace “con una cesta al hombro” para coger cerezas. Este modelo no es casual. Ha sido construido con décadas de esfuerzo colectivo, como demuestra la historia de cooperativas como la de Navaconcejo (Cáceres), fundada en 1937, considerándose una de las cooperativas más antiguas de Extremadura. El modelo cooperativista está extendido y consolidado en el Jerte. Un ejemplo de cómo organizarse para sobrevivir en un terreno difícil, arrancando producción a la montaña, surco a surco, generación tras generación y comercializando el producto con los menos intermediarios posibles. Pero hoy algo ha cambiado.

El miedo como nueva realidad ha sembrado el silencio en el campo.

Estos días, en los pueblos de la comarca se respira un ambiente que no se recordaba. Un clima de inquietud, de tensión permanente. Agricultores que miran con recelo cualquier vehículo, cualquier presencia extraña en los caminos.

Las “inspecciones” del personal de la administración se han convertido en una presencia constante, implacable. Su objetivo es claro: detectar posibles situaciones irregulares en el trabajo agrario, en los tipos de contrataciones, si hay familiares colaborando de forma desinteresada en la recolección de la cosecha, otros dicen que es para vigilar a quien pueda estar cobrando el paro y trabajando... pero el efecto que están generando va mucho más allá del control.

Hoy, en muchas parcelas se trabaja con miedo a ser descubiertos. Miedo a que en cualquier momento aparezca una de esas inspecciones. Miedo a que, al volver del campo, un control aleatorio señale cualquier irregularidad. Miedo a sanciones que pueden arruinar explotaciones ya de por sí frágiles. Y ese miedo está cambiando la forma de trabajar.

La consecuencia es visible: muchos agricultores están optando por recoger de noche la cosecha, con focos similares a los de los mineros, en bancales estrechos y terrenos difíciles y escarpados, aumentando los riesgos de accidentes. Otros cierran las cancelas y trabajan en silencio. Ya no se escuchan los cantes y las muestras de alegría que antes acompañaban la recolección. Ya no hay el ambiente festivo de otras campañas.

El campo, que siempre fue espacio de vida, hoy en algunos momentos parece un lugar donde hay que esconderse para poder trabajar. Y todo esto tiene un origen que es necesario reconocer con honestidad: no hay mano de obra suficiente.

La migración: parte de la solución, no del problema

La realidad es incómoda pero evidente. No hay suficientes trabajadores ni trabajadoras para atender la campaña de recolección. La población autóctona no cubre las necesidades del campo. Los trabajos son duros, muy físicos, concentrados en pocas semanas. Y muchas posibles personas que podrían trabajar, simplemente, no están dispuestos a asumirlos. Algunas voces sindicales cuestionan que el problema sea solo de falta de mano de obra y lo vinculan a los salarios y a las condiciones laborales. Las organizaciones agrarias responden que las condiciones están fijadas por convenio y que la escasez es real y urgente.

En este contexto, es necesario decirlo con claridad: sin la aportación de trabajadores y trabajadoras migrantes, el campo no podría sostenerse. La proyección de población prevista por el Instituto Nacional de Estadística para 2030, indica que la población mayor en Extremadura continuará incrementándose, alcanzando en 2030 las 273.758 personas, lo que supondrá el 26,2% de la población total. Esto sitúa a Extremadura como una de las comunidades con mayor envejecimiento poblacional.

“En este contexto, es necesario decirlo con claridad: sin la aportación de trabajadores y trabajadoras migrantes, el campo no podría sostenerse”

Alrededor del 30% de los trabajadores agrícolas en España son extranjeros (datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Hay cerca de 200.000 afiliados extranjeros en el Sistema Especial Agrario, lo que equivale aproximadamente al 32,3% del total. Este dato hace referencia a personas dadas de alta en la Seguridad Social en el sector agrario, no incluye a trabajadores y trabajadoras no registrados, por lo que la realidad de la cifra es aún mayor y muestra la dificultad para encontrar personas para emplear.

Según los datos del INE, se estima que el campo extremeño necesita alrededor de 3.000 trabajadores y trabajadoras que no logra cubrir, lo que evidencia un déficit estructural de empleo que dificulta el mantenimiento de las explotaciones y provoca pérdidas económicas. Por su parte, las organizaciones agrarias cifran entre 3.000/5.000 personas necesarias. Campañas como la recolección de cereza, tomate, tabaco, fruta, aceituna o la uva necesita mucha mano de obra en poco tiempo. En este contexto, la población migrante desempeña un papel cada vez más relevante. En 2026, Extremadura cuenta con aproximadamente 52.597 personas residentes de procedencia extranjera, lo que supone cerca del 5% de la población total. Aunque este porcentaje es relativamente bajo en comparación con otras comunidades, su crecimiento reciente ha sido clave para compensar la pérdida de población española y frenar el descenso demográfico. De hecho, el aumento de población extranjera ha contribuido directamente a estabilizar la población regional, evitando un mayor declive.

Ante esta situación, las personas que viven del campo se enfrentan a un dilema imposible: dejar perder lo que ha quedado de la cosecha —y con ella el sustento de todo un año— o intentar sacar adelante el trabajo con quien esté dispuesto a trabajar, aunque el sistema no facilite su contratación. Esto no es una cuestión menor. Es la diferencia entre mantener o perder una explotación.

Un problema que va más allá del Jerte: entre la norma y la realidad

Aquí es donde conviene hablar claro y sin prejuicios: sin la aportación de trabajadores y trabajadores migrantes, el campo no se sostendría. Son personas que vienen a trabajar, a esforzarse, a formar parte, durante unos meses, de la vida del Valle del Jerte. Algunos, incluso, han echado raíces y forman parte de la población en igualdad de derechos. Son personas que permiten que muchas explotaciones familiares puedan seguir adelante. No estamos hablando de grandes fincas gestionadas por multinacionales o por terratenientes. En el Valle del Jerte se trata de pequeñas explotaciones de ámbito familiar que, de forma puntual, necesitan una o dos personas más para poder recoger el trabajo de todo un año. Y también es cierto que esas personas que vienen de fuera merecen algo básico: poder trabajar, respeto, reconocimiento y condiciones dignas.

Lo que ocurre en el Valle del Jerte no es un caso aislado. Es el reflejo de un problema más amplio: el envejecimiento de la población, la falta de relevo generacional y la dificultad para cubrir empleos en sectores esenciales. Hoy, no solo el campo tiene este problema. Afecta a otros sectores como el de los cuidados a personas mayores, la construcción, la hostelería o los servicios básicos. Es una cuestión estructural que afecta al conjunto de la sociedad. Extremadura envejece, pierde población joven y necesita personas que mantengan la actividad económica. En este contexto, la migración no es una amenaza: es una oportunidad bien gestionada. No podemos olvidar que nuestros padres o abuelos no hace muchos años recorrieron ese camino para buscar mejores oportunidades de vida en Alemania, en Francia, en Barcelona, Madrid o Bilbao, en no pocas ocasiones, en situaciones muy parecidas, empleados en trabajos que los autóctonos no querían realizar y en condiciones muy precarias. Este paralelismo de “memoria histórica” nos recuerda a quienes ayer fueron emigrantes y buscaron dignidad fuera de su tierra y nos traslada hoy la necesidad de acoger, reconocer y valorar a quienes llegan como personas con derechos, más allá de su condición laboral, como ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones.

Nadie cuestiona la necesidad de que existan controles ni de que se cumplan las normativas. Pero sí es legítimo preguntarse si la forma en la que se está actuando responde a la realidad del territorio: cuando el control genera miedo, cuando obliga a trabajar de noche, cuando convierte una actividad esencial en algo que parece clandestino… Entonces quizás es momento de revisar no solo la norma, sino también su aplicación. Porque lo que está en juego no es solo el cumplimiento de una normativa, es la supervivencia de un modelo de vida y de un territorio.

“...cuando el control genera miedo, cuando obliga a trabajar de noche, cuando convierte una actividad esencial en algo que parece clandestino… Entonces quizás es momento de revisar no solo la norma, sino también su aplicación. Porque lo que está en juego no es solo el cumplimiento de una normativa, es la supervivencia de un modelo de vida y de un territorio...”

Una llamada a la responsabilidad

Es fácil opinar desde la distancia y los despachos con aire acondicionado, lanzar soflamas de “prioridad nacional” o “primero los españoles” ... Es fácil simplificar la realidad en debates que poco tienen que ver con lo que ocurre en nuestros pueblos. Pero basta con pasar unos días en el Valle del Jerte o en cualquier comarca agraria y escuchar a su gente para entender que aquí no se trata de ideología, sino de supervivencia.

Hay muchos problemas que solventar en el campo: lograr unos precios justos para quienes viven del campo (que no son los que pagamos los consumidores en los supermercados cuando vamos a comprar), mantener un equilibrio entre las necesidades de la modernización de las explotaciones agrarias y la conservación del medio natural, dotar de recursos sociosanitarios e infraestructuras acordes a los tiempos, unos seguros agrarios adecuados que atiendan a la realidad de las explotaciones… muchas prioridades por abordar y que suelen quedar atrás.

Los agricultores del Jerte no piden privilegios. Piden poder trabajar, recoger su cosecha, mantener sus explotaciones y seguir viviendo en su tierra con dignidad. Y quienes tienen responsabilidad deben estar a la altura: facilitando soluciones, ajustando normativas a la realidad, garantizando derechos y deberes, pero sin dar la espalda a quienes sostienen el territorio.

Porque lo que está en juego va más allá de una campaña de cerezas. Es el futuro de nuestros pueblos. Es la continuidad de un modelo de vida. Es la posibilidad de que el Jerte siga teniendo gente, actividad y esperanza. Las luces que vemos estos días en la noche no deberían ser la imagen de una resistencia silenciosa, sino el recordatorio de que aún hay tiempo para actuar.

Desde aquí, como vecino, como testigo y como alguien comprometido con esta tierra, solo cabe una defensa clara: la de nuestra gente que vive del campo, la de quienes vienen a trabajar honradamente, y la de un mundo rural que no puede ni debe quedarse atrás.

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Ángel Olmedo Alonso es Premio Arturo Barea de Investigación Cultural en su edición del año 2009. También fue galardonado en el año 2023 con el Premio “Cereza de Oro”, que entrega anualmente la Mancomunidad del Jerte con motivo de la fiesta del Cerezo en Flor.