Opinión
Nacho Cano y la aplicación selectiva de la Ley de Extranjería

La Ley de Extranjería (LEX) no sirve, ni pretende servir, para evitar el trabajo en situación irregular en el sector de empleo de hogar. Es más bien la condición de posibilidad del cuidado a domicilio en régimen interno de millares de personas. A Nacho Cano se lo llevaron detenido bajo la acusación de contratar para su espectáculo mano de obra sin autorización de trabajo; el sobrino, la hija, o el marido de la mujer que padece demencia senil pueden dormir tranquilos, que no les van a molestar por tener contratado su cuidado de manera irregular. Las autoridades saben que más del 25% de las trabajadoras que atienden personas en situación de dependencia no tiene papeles, y no hay campañas de la policía o de la Inspección de Trabajo para encontrarlas haciendo una ronda por plazas, parques o calles de cualquier ciudad. El sistema actual de cuidado asalariado en casa se fundamenta en la existencia de esa fuerza de trabajo migrada y, preferiblemente, sin permiso de trabajo.

La LEX funciona como instrumento para disciplinar trabajadoras, que pueden pasar años en una casa haciendo méritos para conseguir la oferta de contrato para su regularización. Méritos entre los que estará la aceptación de condiciones por debajo de los derechos reconocidos en las leyes. El despido de la trabajadora en el momento en que tocaría cumplir la promesa de “te haré los papeles” es un clásico.

La falta de papeles, con frecuencia llevará asociada una jornada de lunes a domingo, desconocimiento de las leyes laborales del país, falta de red social, salario por debajo del mínimo y coste cero de seguridad social. La trabajadora tendrá un plus de temor a la pérdida del empleo, incluso si tiene papeles porque en la fecha de la renovación de la tarjeta necesitará estar trabajando, o, en su caso, haber dejado el empleo por causas justificadas. ¿Quién decide si las causas han sido justificadas? Un juzgado de lo Social que citaría a juicio pasado un año, con lo que la justificación no tendría ya objeto. Ocurre lo mismo con el arraigo laboral, sistema que permitía a las trabajadoras pedir los papeles demostrando haber trabajado durante seis meses. La reforma de hace dos años hizo el proceso más lento y complicado, de tal forma que no compensa intentarlo y es mejor esperar a pasar tres años pagando el peaje de cuidar en condiciones a veces infames y pedir luego el arraigo social.

Cada cuidadora sin papeles en régimen interno aporta una enorme cantidad de dinero a las finanzas públicas en términos de ahorro de recursos públicos de cuidado

Durante décadas y hasta hace muy poco, desde las temidas Oficinas de Extranjería se imponía que los contratos que se presentaban para el primer permiso de trabajo fuesen temporales por un año, saltándose las normas laborales según las cuales todas las solicitantes tenían ya ganado su carácter de indefinidas a la fecha de presentación de la oferta de trabajo. Unas veces por su antigüedad en la casa, otras por la naturaleza de sus tareas y casi siempre por las dos cosas a la vez. Había que pasar por el aro de ese contrato ilegal, con el famoso “si no, te van a poner problemas”, y nadie queremos meternos en problemas cuando tener la razón no servirá de nada.

La LEX prevé infracciones y sanciones que se aplican o no, a conveniencia. La contratación de alguien sin permiso de trabajo es una falta muy grave que supone, cuantía mínima, una multa de 10.001 euros, y el pago de lo que hubiese supuesto el costo de seguridad social, con un recargo del 20%, durante todo el tiempo de prestación de servicios en situación irregular. Esto no ocurre prácticamente nunca en hogar, pero la amenaza tiene efectos. Uno de ellos, es la negativa de los empleadores a permitir empadronarse a la interna en la vivienda en la que trabaja y duerme, para que no queden huellas de una relación laboral irregular. Esto explica que las trabajadoras necesiten comprar el padrón en otro lugar en el que no viven, para así demostrar los tres años de residencia previa que les exigen para el arraigo social o, simplemente, para conseguir la tarjeta sanitaria. Los precios conocidos van de los 70 a los 250 euros al mes o con una cantidad superior por una sola vez. Este negocio es una realidad tolerada, salvo en los casos en que alguien se pasa y empadrona a 20 personas en una vivienda de 60 metros cuadrados. La LEX todo lo prevé: también comete una falta grave quien permite a un extranjero empadronarse en su vivienda, cuando no sea su domicilio real. Es algo que se hace con frecuencia por motivos de amistad o mera solidaridad, pero ahí está la amenaza, que silencia posibles denuncias y obliga a actuar clandestinamente.

Como era de esperar, las fuerzas políticas que consideran intolerable la presencia de migrantes sin autorización de residencia y trabajo, no dicen ni pío sobre las mujeres dedicadas al cuidado en casa

La que trabaja sin papeles puede ser sancionada por falta grave con una multa mínima de 501 euros. O puede, en teoría, ser deportada. Es una amenaza suficiente para alimentar el miedo y, por tanto, la sumisión. Durante la pandemia, durante diez días hubo que llevar un salvoconducto que justificase circular por la calle para ir al trabajo; las cuidadoras en situación irregular lo pasaron especialmente mal para seguir cumpliendo con una tarea que había sido definida como esencial por el Gobierno.

Ni entonces se las persiguió, ni se las persigue ahora; cada cuidadora sin papeles en régimen interno aporta una enorme cantidad de dinero a las finanzas públicas en términos de ahorro de recursos públicos de cuidado. En 2024, el ayuntamiento de Bilbao paga 33,77 euros cada hora de atención del Servicio de Ayuda a Domicilio, la Diputación de Bizkaia paga a las residencias concertadas algo más de 92 euros por estancia diaria (he dejado de perder el tiempo buscando la cifra exacta, el oscurantismo de esa Diputación es legendario). Las familias también ahorran al no tener que gastar en copago de prestaciones, y poder pagar el cuidado en casa por debajo de la legalidad. A salario mínimo actual, la atención 10 horas al día 7 días a la semana con seguridad social costaría 3.533 eurpos. Tampoco quienes tienen papeles los cobran, pero hay una relación directa entre la situación irregular, jornadas altas y salarios bajos.

Como era de esperar, las fuerzas políticas que consideran intolerable la presencia de migrantes sin autorización de residencia y trabajo, no dicen ni pío sobre las mujeres dedicadas al cuidado en casa. Pero la política de la flexibilidad a la hora de aplicar las sanciones y de mano dura a la hora de hacer cumplir las exigencias para legalizar las situaciones irregulares, la ejercen quienes tienen el gobierno y se permiten declaraciones melifluas sobre los derechos humanos.