Isabel Otxoa

Las autoridades saben que más del 25% de las trabajadoras que atienden personas en situación de dependencia no tiene papeles, y no hay campañas de la policía o de la Inspección de Trabajo para encontrarlas.

Recientemente Yolanda Díaz ha anunciado que su Ministerio trabaja en un Real Decreto para garantizar la seguridad y salud laborales en el empleo de hogar, unas condiciones que brillan por su ausencia en el espacio desregulado de los domicilios.

En la lista de Ocupaciones de Difícil Cobertura del Sepe no hay ni rastro de las ocupaciones que se realizan mediante empleo de hogar: tareas domésticas, y muy especialmente cuidado de personas mayores y menores.

Asistencia sanitaria, bajas por enfermedad o jubilación son aspectos donde se ha discriminado a las trabajadoras de hogar. El último episodio de esta historia es de mayo de 2023.

El Gobierno actual, como los anteriores, elude abordar de una vez su obligación de hacer justicia a las trabajadoras del hogar.

El Convenio 189 es fruto de un gran esfuerzo de sindicatos y organizaciones de trabajadoras de hogar en todo el mundo. Su aprobación sirvió en su día para avanzar en derechos en el Estado español y su defensa me parece una deuda con todo el movimiento mundial por el reconocimiento de que el empleo de hogar es un verdadero trabajo.

¿Sobre qué base se está decidiendo el Gobierno dar largas a cuestiones sobre la equiparación en la Seguridad Social, el control de la jornada laboral o la regularización de quienes llevan años supliendo las carencias del estado del bienestar?

Aunque se ha aprobado el pago de subsidios a trabajadoras de hogar, estos todavía no han llegado. Tras la salida del estado de alarma ha emergido otro problema aun más grave: estamos viendo desplomarse los salarios que se ofertan.

El Gobierno de España no considera necesaria ninguna medida dirigida a paliar los efectos del coronavirus en la salud y la economía de las trabajadoras de hogar.

La Tesorería de la Seguridad Social tiene decidido no molestar a la parte empleadora con una reclamación de atrasos que proviene de su mala gestión, un principio que supone vulnerar sistemáticamente los derechos laborales de las trabajadoras de hogar.

Mantener el empleo de hogar en un estatus discriminado es una estrategia para cubrir necesidades que de otra manera se demandarían al Gobierno vasco como prestaciones del sistema público o concertado: la plena atención a la infancia, los servicios de ayuda a Domicilio, asistencia personal, centros de día, centros de noche y residencias.

El balance de un año de Gobierno de progresista no es bueno en el régimen de hogar, en el que no ha habido ningún movimiento, ningún gesto de las autoridades laborales, que indicase a los empleadores que la legalidad está para algo.

Hay un plan deliberado para dejar el empleo del hogar fuera de control, porque hace falta para cubrir las grietas de un sistema organizado de tal manera que no contaba, y aún no cuenta, con las necesidades de cuidado de las personas.

El PSOE no ha hecho pública su decisión respecto a la equiparación de derechos de trabajadoras del hogar, aunque se refiere a materias que tienen reflejo en los Presupuestos.

El sistema de cálculo de las pensiones de jubilación en función de los años y las bases por las que se cotizó reproduce en el momento del retiro toda la injusticia del pasado.

En el debate sobre el estado de la nación, Mariano Rajoy anunció nuevas medidas orientadas, según el Gobierno, para la contratación. En este análisis, la autora explica el significado de estas medidas, que suponen una rebaja de la parte que cotizan las empresas a la Seguridad Social y no afectan a lo que pagan las personas trabajadoras.