Opinión
Una democracia de propietarios

La democracia de propietarios tiene su base social y electoral entre las clases propietarias. La nueva economía-política del ladrillo no se podrá medir únicamente por el nivel de precios o el coste rebajado de las nuevas viviendas, sino en base a los nuevos modelos de formación del beneficio inmobiliario.

Desahucio Mariana Valdeacederas - 2
“Se compran solares”, cartel en una calle de Madrid en la que se está ejecutando un desahucio. David F. Sabadell
Pablo Carmona

Es miembro de la Fundación de los Comunes.

19 nov 2020 11:21

Cuando se caracteriza el sistema inmobiliario español como sostén material de las clases medias nacidas del desarrollismo franquista, se suele citar la famosa fórmula del Ministro franquista José Luis Arrese que decía buscar “un país de propietarios y no de proletarios”.

Sin embargo, aquella sentencia que pretendía ser la primera gran explicación para la especialización inmobiliaria de nuestro país, no estaba aún a la altura de lo que vendría más adelante. En esencia, se trataba de anticipar una sociedad donde el valor patrimonial de los activos inmobiliarios fuese una de las principales fronteras que definiesen nuestro sistema de clases, tal y como sucedería años después.

Como no podía ser de otra manera, quien estiró al máximo las posibilidades de esta afirmación en el marco neoliberal, fue —unas décadas después— Margaret Thatcher. La Dama de Hierro en sus memorias fue categórica, su objetivo para el Reino Unido era construir una “democracia de propietarios”. Así, a través de sus fórmulas de “flexi-propiedad” y venta denominados “Rents to Mortgages” que convertirían el parque público de vivienda en alquiler en un parque en propiedad, Thatcher llevó el sueño de Arrese hasta sus últimas consecuencias.

El resultado de sus políticas de privatización de viviendas públicas en alquiler para pasarlas a manos de sus nuevos propietarios (sus antiguos inquilinos) y el control de los tipos de interés para que fuese sencillo adquirir una hipoteca, llevaron a una consecuencia lógica, durante el mandato de Margaret Thatcher la vivienda en propiedad en el Reino Unido creció del 57% al 68%.

En los próximos tiempos, la acción conjunta público-privada, de las administraciones públicas junto al sector de la construcción y el inmobiliario ocuparán los intentos de reactivación económica

Pero quizás más ilustrativa fue la segunda consecuencia directa. Los habitantes de esas casas recién privatizadas, antiguos inquilinos que ahora pasaban paulatinamente a ser propietarios, comenzaron a votar masivamente a doña Margaret. En una de sus famosas sentencias la Dama de Hierro afirmó que “jamás deben dejarse de lado las necesidades de los compradores de vivienda”.

Pero, ¿qué valores más profundos tenía esta democracia de propietarios? En pocas palabras, significaba que con un porcentaje alto de propietarios en el país, se garantizaba a futuro que las políticas que ponían la defensa de la propiedad privada y las leyes del mercado en el centro de su programa, tendrían mayores posibilidades de éxito electoral. Básicamente con ello se trasladaron elementos centrales de la reproducción social de las clases altas a otros muchos sectores de clases medias, y a partir de ahí se garantizaba un cuerpo político y electoral temeroso ante el cambio. La herencia, el cobro de rentas de alquiler o la gestión de activos patrimoniales socializaron la empresarialidad inmobiliaria y sus patrones especulativos entre mayores capas de la población. Pero, ¿qué lecciones se pueden extraer de estas políticas de cara al modelo inmobiliario del Estado español?

Aprender de la realidad

Lo cierto es que todas estas características de la democracia de propietarios se cumplen en cualquier sociedad donde la propiedad de la vivienda sea el núcleo articulador de las economías familiares. El caso español es especialmente paradigmático, baste recordar que la vivienda en propiedad supone más del 75% del parque de vivienda y los propietarios particulares de vivienda en alquiler son más del 90% de los mismos.

Sin atender a esta realidad, no se podría comprender cómo los gobiernos de todo signo se pliegan recurrentemente a aceptar las reglas generales del juego. Tampoco se entendería cómo las medidas en materia inmobiliaria jamás tocan el hueso del problema. Por este motivo, al igual que la democracia de propietarios tiene su base material en esa economía inmobiliaria, también tiene su base social y electoral entre esas clases propietarias.

En esta clave debemos interpretar lo moderado de las medidas que se proponen en materia de regulación de rentas, las declaraciones de Nacho Álvarez (Secretario de Estado de Derechos Sociales de Unidas Podemos) sobre la necesidad de defender a los pequeños propietarios o el mantenimiento de exorbitantes rebajas fiscales al conjunto del sistema rentista. Pero también la inexistencia de políticas públicas de vivienda o la repercusión social que tienen las campañas contra la okupación que apuntan a los miedos más profundos de muchos propietarios.

Por este motivo, en la nueva fase de crisis abierta por la pandemia, necesitamos un diagnóstico que nos acerque a entender el marco en el que nos movemos. ¿Qué está pasando en estos meses?¿podemos dibujar alguna hipótesis de trabajo?¿Desde dónde partimos al afrontar la crisis permanente en la que se vive con respecto a la garantía y el derecho a una vivienda digna?

Como bien sabemos, el Producto Interior Bruto español se apoya en tres grandes ejes. El primero, son los servicios de comercio y hostelería, que en 2019 aportaron cerca de 270.000 millones de euros al PIB, el segundo son las administraciones públicas con un aporte superior a los 203.000 millones de euros y el tercero sería un agregado entre el sector de la construcción y el inmobiliario que superaría los 202.000 millones de euros.

Según datos oficiales en el área urbana de Barcelona hay suelo disponible para construir más de 147.000 viviendas, mientras que esa cifra en el caso de Madrid supera las 400.000 viviendas

Con estos datos en la mano, no es de extrañar que buena parte de las políticas públicas en nuestro país se centren en reforzar la triangulación entre estos tres sectores. Un sistema de relaciones que además con la pandemia, cuando una buena parte del comercio y la hostelería se ven inmersos en una profunda recesión, deja como actores económicos principales al presupuesto público y al sector constructor-inmobiliario, sin olvidar su derivada financiera. En pocas palabras: en los próximos tiempos, la acción conjunta público-privada, de las administraciones públicas junto al sector de la construcción y el inmobiliario ocuparán el centro de los intentos de la reactivación económica.

Para verlo con más detalle podemos partir de algunos ejemplos. Si nos fijamos en los avales que ha concedido el Instituto de Crédito Oficial veremos la magnitud del problema. Hasta el 31 de octubre de 2020 el ICO ha emitido avales por valor de 106.000 millones de euros. De éstos avales, cerca de 16.000 millones pertenecen al sector del Turismo, el ocio y la cultura, mientras que más de 13.700 millones se han dirigido al sector de la construcción y el inmobiliario.

Por otro lado, el nuevo programa de vivienda pública, conocido como Plan 20.000 —presentado por el Ministro José Luis Ábalos hace pocos meses—, pretende relanzar un nuevo ciclo de construcción en colaboración público-privada que también será financiado con respaldo público y con suelo público, mientras que los beneficios —nunca menores a los 6.000 millones de euros— irán a parar de nuevo al sector privado.

Todo apunta a que de nuevo la construcción y el sector inmobiliario son vistos como los puntales necesarios para la recuperación económica. Puntales débiles que solo aguantarán bajo la fórmula impulsada por gobiernos de todo signo que aceptan sus fórmulas de colaboración público-privada bajo un modelo donde el presupuesto público apuntala el beneficio privado.

La vieja receta del neodesarrollismo inmobiliario

A pesar de que las líneas políticas están claras, para que se puedan desarrollar estos planes de recuperación por vías inmobiliarias, se debe incluir en la ecuación el factor territorial. La pregunta es ¿dónde se pueden construir tales cantidades de viviendas? ¿Cuáles son los nichos de negocio?

La respuesta es sencilla, lo más rápido para promover este tipo de desarrollos es señalar las grandes bolsas de suelo disponible que hay en el país, escapando del menudeo descentralizado de viviendas típico de la fase anterior y apostando por desarrollos más concentrados y masivos, a priori más fáciles de gestionar. Para ello es necesario dos cosas, la primera, identificar las zonas con mayor disponibilidad de suelo y la segunda resucitar y acelerar todas las grandes operaciones existentes a lo largo y ancho del Estado.

La trampa será sencilla, los precios se moderarán, los costes públicos cada vez serán más altos y los beneficios privados se mantendrán al alza

Sin embargo ¿es posible esta expansión? La respuesta es afirmativa. Solo si nos fijamos en las dos grandes áreas urbanas de nuestro entorno, como son Madrid y, en menor medida Barcelona, podremos ver las dimensiones de lo que hablamos. Según el Sistema Información Urbana (SIU) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) en el área urbana de Barcelona hay suelo disponible para construir más de 147.000 viviendas, mientras que esa cifra en el caso de Madrid supera las 400.000 viviendas.

Se puede asegurar que espacio físico para lanzar este tipo de políticas hay, pero eso pasa por despertar las grandes operaciones urbanísticas atascadas en los últimos años y por agilizar los mecanismos de planeamiento. Así, gobiernos de todo signo han resucitado grandes proyectos de construcción en los que se repite una pauta inquietante y que responde a un acuerdo invisible entre las administraciones públicas y el sector privado. En todas estas operaciones se habla de la necesidad de construir vivienda pública y de la participación de las administraciones; en todas se construyen grandes cantidades de vivienda privada; en todas se asumen ciertos postulados discursivos sobre la sostenibilidad ambiental y, por último, en muchas se permite la mayor disposición de vivienda pública a cambio de elevar desmesuradamente la construcción de oficinas y de terciario hotelero o de servicios.

Así, la ristra de nuevos desarrollos que se han lanzado en España en los últimos meses es infinita. Podemos empezar por las cuatro más grandes, a su vez de las más grandes de Europa, donde tenemos: los Desarrollos del Sureste en Madrid con capacidad para más de 120.000 viviendas, la Operación Chamartín de Madrid con capacidad para más de 11.000 viviendas y 100.000 oficinas, el proyecto 22@ en Barcelona que suma más de 9.000 viviendas y un 55% más de nuevas oficinas que en los proyectos originales y la Operación Campamento, con otras 10.500 nuevas viviendas.

Sin embargo, estos grandes proyectos son solo el buque insignia de un intento por reflotar el ciclo inmobiliario en toda España. Esto sucede con los proyectos de El Cabanyal en Valencia, de Abando y Zorrotzaurre en Bilbao, de la estación de Santa Justa en Sevilla o de parque Repsol y Maro en Málaga.

En un momento en el que el mercado del alquiler, principal piedra de toque del beneficio rentista, empieza a bajar, con caídas en el último año en los precios de portales como Idealista de un 4,2% en Madrid capital y de un 5,7% en Barcelona capital, las medidas reguladoras de precios u otras políticas de baja intensidad no morderán la médula del nuevo ciclo inmobiliario que se está despertando.

Opinión
Ampliar el debate sobre el control de los alquileres

La ley catalana de vivienda será el núcleo de la que salga la tramitación en el Congreso de los Diputados de una norma estatal. Es una oportunidad para buscar un reglamento que más que modere las subidas de precios del alquiler, promueva activamente que bajen.


Como consecuencia, quienes quieran analizar con toda su complejidad la nueva economía-política del ladrillo no podrán agarrarse sólo al nivel de precios o al coste rebajado de las nuevas viviendas, sino a los nuevos modelos de formación del beneficio inmobiliario. Al fin y al cabo, la inversión pública ayudará a que la inversión privada capte con mayor eficacia las rentas de capas de población con menores ingresos o en peores situaciones financieras, además de seguir con los modelos anteriores. Todo ello, a través de un intento de acelerar las dinámicas de ampliación urbanas que ya tienen en las leyes del suelo tramitadas en Andalucía y Madrid dos de sus puntas de lanza.

Con todo ello, podemos finalizar con una sentencia. La trampa será sencilla, los precios se moderarán, los costes públicos cada vez serán más altos y los beneficios privados se mantendrán al alza en un entorno donde de nuevo la clave será el paro, la precariedad y la falta de ingresos para afrontar el pago de las viviendas. De nuevo en el centro, falsas soluciones teñidas de políticas de progreso que tendrán en los desahucios y en la destrucción territorial su persistente choque con la realidad.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Represión
València Activistas valencianos por el derecho a la vivienda enfrentan penas de cárcel y miles de euros en sanciones
El movimiento de lucha vecinal contra la turistificación y la especulación inmobiliaria de Caixers, así como en el proyecto de vivienda conocido como La Peseta, denuncian el hostigamiento represivo.
Opinión
Opinión El rentismo es racismo
La posición de las personas migrantes y racializadas en el conflicto del alquiler nos coloca como sujetos esenciales e imprescindibles en la lucha por la vivienda.
Opinión socias
Opinión socias Viviendas de pasión
Nuestra economía se reanima a golpe de burbuja y especulación inmobiliaria, pero pronto se recalienta y se desinfla.
#74865
22/11/2020 11:29

Un artículo bastante bueno y un último párrafo excelente.

0
0
Galicia
Galicia A Xunta aprobou a celulosa de Altri argumentando que a súa cheminea de 75 metros sería “icónica”
O Informe de Patrimonio Cultural, favorable á multinacional, emitiuse con base en dúas encargas externas, contratadas e pagadas pola empresa ao ex presidente e ao actual tesoureiro de Icomos-España.
Industria armamentística
Genocidio Las relaciones armamentísticas de España e Israel han sido “más lucrativas que nunca” desde octubre de 2023
Un informe del Centre Delàs señala diferencias significativas en las armas que España dice que ha vendido a Israel y las que Israel registra. Las empresas israelíes han firmado 46 contratos con las administraciones por más de mil millones.
Comunidad de Madrid
Luis A. Ruiz Casero “Durante la transición la cárcel de Carabanchel albergó a más presos que en algunos años del franquismo”
De los presos franquistas que construyeron el penal, pasando por los que fueron fusilados, hasta los revolucionarios que pusieron patas arriba el centro penitenciario con iniciativas como la COPEL, Luis A. Ruiz Casero ofrece en 'Carabanchel. La estrella de la muerte del franquismo', un documentado homenaje a las luchas de las personas internas.

Últimas

Tribuna
Tribuna Para acabar de una vez con las nucleares: sobre el último intento de prolongar la vida de las centrales
Los voceros de la nuclear han encontrado la oportunidad ideal para difundir sus bulos con el apagón del 28 de abril. Quieren generar polémica para mantener operativa una infraestructura innecesaria, peligrosa y que genera residuos incontrolables.
Análisis
Análisis ¿Existe una identidad europea?
El 9 de mayo se celebra el “día de Europa”, que conmemora la paz y la unidad en el continente y que coincide con la declaración presentada en 1950 por Robert Schuman que sentó las bases de la cooperación europea. Pero, ¿qué es Europa realmente?
Estados Unidos
Libertad de expresión Canadá recomienda al profesorado LGTBQ+ o crítico con Trump no viajar a Estados Unidos
Una circular de la Asociación Canadiense de Profesores Universitarios (CAUT) recomienda “encarecidamente” que el personal académico viaje a los EEUU “solo si es esencial y necesario”.
Más noticias
El Salto Radio
El Salto Radio Malismo
Hacerse el “malote” aporta beneficios: entrevista con Mauro Entrialgo, autor de Malismo, un ensayo sobre los mecanismos de ostentación del mal
Madrid
Madrid El grito de ‘Altri Non!’ llega al Congreso de los Diputados
La Plataforma Ulloa Viva y organizaciones ecologistas exigen directamente al Gobierno español que rechace subvencionar el proyecto de la macrofábrica de celulosa y que respete la voluntad del pueblo gallego.
Sanidad
GENOCIDIO EN GAZA 200 trabajadoras del Hospital de Cruces piden vetar los fármacos de Teva Pharm
Las profesionales sanitarias registraron el pasado 2 de mayo una petición ante la Dirección de Osakidetza para exigir la retirada inmediata de todos los productos de la farmacéutica israelí.
Libertad de expresión
Libertad de expresión La Justicia da la razón al humorista Héctor de Miguel, Quequé, frente a la denuncia de Abogados Cristianos
La Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de apelación presentado por Héctor de Miguel, imputado por unas declaraciones tras una denuncia de Abogados Cristianos.

Recomendadas

Laboral
Laboral Coidar sen dereitos: a loita das traballadoras nas residencias privadas de Galiza
Sen tempo nin medios para ofrecer uns coidados axeitados, alertan dunha situación insostible nos centros e denuncian a privatización dun servizo a costa do benestar das persoas maiores e dependentes.
Pensamiento
Lola Olufemi “No me atraen las utopías lejanas, estoy más interesada en el ahora”
La escritora e investigadora británica Lola Olufemi trabaja desde la certeza de que el presente no es una jaula, desde la confianza en que viviremos cosas diferentes aunque no se sepa exactamente de qué tipo van a ser.
Catalunya
Acción directa Las Sublevaciones de la Tierra francesas llegan a Catalunya: “Necesitamos una forma nueva de luchar”
Una acampada de tres días y una acción simbólica han sido el pistoletazo de salida de Revoltes de la Terra. La organización ha sido capaz de unir a ecologistas de campo, de ciudad y campesinado en una dinámica de lucha “nueva”.