Análisis
Cuando el “desarrollo” sirve para colonizar: de Rutenberg a la Junta de Paz de Gaza

A lo largo de más de un siglo, el colonialismo en Palestina no se ha impuesto únicamente mediante ejércitos, expulsiones, asentamientos y leyes de confiscación. También ha utilizado un lenguaje aparentemente mucho más amable: modernización, prosperidad, inversión, reconstrucción, ayuda humanitaria y desarrollo. Bajo esos términos, presentados una y otra vez como proyectos destinados a mejorar la vida de la población, se han impulsado estructuras económicas e infraestructuras que han servido para apropiarse de la tierra, reorganizar la sociedad palestina y aumentar su dependencia de quienes la colonizan.

La actual Junta de Paz de Gaza no nace fuera de esta historia. Presentada bajo el lenguaje de la reconstrucción, la administración y la estabilidad después de una guerra de exterminio que ha destruido buena parte de las bases materiales de la vida en la Franja, reproduce una lógica conocida: primero se destruyen o se arrebatan las condiciones que permiten a una sociedad sostenerse por sí misma y después se ofrece devolver una parte de ellas bajo supervisión externa y a cambio de aceptar determinadas condiciones políticas.

No es una lógica nueva. Desde el Mandato Británico hasta Oslo, pasando por los proyectos de judaización posteriores a la Nakba, Palestina ofrece numerosos ejemplos de cómo el denominado “desarrollo” puede convertirse en una herramienta de conquista colonial. También ofrece otra historia, menos contada: la de una población palestina que identificó muchas veces esas políticas, las rechazó y desarrolló diferentes formas de resistencia frente a ellas.

La electricidad que iluminaba la colonización

Uno de los primeros ejemplos apareció durante el Mandato Británico. En 1921, las autoridades británicas concedieron a Pinhas Rutenberg, ingeniero ruso y militante sionista, los derechos para desarrollar gran parte de la infraestructura eléctrica de Palestina. Sobre el papel, parecía una iniciativa de modernización: electrificar el país, mejorar sus infraestructuras y abrir una nueva etapa económica. Sin embargo, el problema nunca fue la electricidad. El problema era quién controlaba la infraestructura, a quién beneficiaba y qué proyecto político estaba ayudando a construir.

La concesión permitió concentrar en manos sionistas el control de un servicio público estratégico mientras las redes eléctricas se expandían prioritariamente hacia los asentamientos judíos. Ciudades y comunidades palestinas quedaron relegadas o directamente excluidas, mientras la electricidad contribuía al crecimiento económico e industrial de la sociedad colonial que se estaba implantando en Palestina.

La población palestina entendió muy pronto que aquellos postes eléctricos no eran neutrales. El Quinto Congreso Nacional Palestino, celebrado en Nablús en 1922, llamó al boicot del proyecto de Rutenberg. Más tarde se sucedieron manifestaciones y acciones de sabotaje contra la red. Una consigna de aquella época lo resumía con una claridad extraordinaria: “Los postes de Rutenberg son nuestras horcas”.

No era un rechazo a la modernización ni a la electricidad. Era la comprensión de que una infraestructura aparentemente destinada al desarrollo estaba siendo utilizada para fortalecer un proyecto colonial que expulsaba progresivamente a la población originaria del control sobre su propia tierra y sus recursos.

Quien controla la infraestructura no controla únicamente un servicio; controla también las posibilidades económicas, la planificación territorial y, en buena medida, el futuro

Décadas después, esa intuición quedó confirmada: en los años cuarenta, la inmensa mayoría de la electricidad producida por aquella red era consumida por los asentamientos judíos. El colonialismo había aprendido una lección que volvería a aplicar muchas veces: quien controla la infraestructura no controla únicamente un servicio; controla también las posibilidades económicas, la planificación territorial y, en buena medida, el futuro.

De la Nakba al “desarrollo de Galilea”

Después de la Nakba de 1948, la misma lógica adoptó nuevas formas. La expulsión masiva de la población palestina fue seguida por una arquitectura jurídica y económica destinada a convertir el despojo en una realidad permanente. Leyes e instituciones creadas por el nuevo Estado israelí facilitaron la transferencia de enormes extensiones de tierras palestinas confiscadas a instituciones sionistas y nuevos asentamientos. La tierra robada dejó de presentarse simplemente como botín de guerra y pasó a incorporarse a proyectos definidos como “desarrollo”.

Bajo el lenguaje del desarrollo regional, decenas de miles de dunams de tierras palestinas fueron confiscados y las localidades palestinas quedaron progresivamente rodeadas y fragmentadas

Uno de los ejemplos más claros fue el llamado “Desarrollo de Galilea”. Durante las décadas siguientes se impulsaron nuevos asentamientos, infraestructuras y dispositivos de vigilancia destinados a modificar la realidad demográfica y territorial del norte de Palestina. Bajo el lenguaje del desarrollo regional, decenas de miles de dunams de tierras palestinas fueron confiscados y las localidades palestinas quedaron progresivamente rodeadas y fragmentadas.

La respuesta alcanzó un punto decisivo en 1976, cuando nuevas confiscaciones de tierras alrededor de Deir Hanna, Arraba, Sakhneen y otras localidades desencadenaron una movilización que pasaría a formar parte de la memoria nacional palestina: el Día de la Tierra.

La importancia del Día de la Tierra no reside únicamente en la huelga general y las protestas que se extendieron por Palestina.: representó la consolidación de una conciencia política según la cual la defensa de la tierra no podía separarse de la lucha contra las estructuras económicas y administrativas utilizadas para apropiarse de ella. Comités locales, asambleas populares, movilizaciones y distintas formas de organización convirtieron la defensa territorial en una causa nacional que atravesó las fronteras impuestas al pueblo palestino.

Aquella experiencia dejó otra lección esencial: el desarrollo colonial no se combate rechazando el desarrollo, sino defendiendo el derecho de la población palestina a decidir qué se construye, para quién se construye y sobre qué tierra.

Oslo y el espejismo de la prosperidad bajo ocupación

Con los Acuerdos de Oslo (1993) apareció una versión más sofisticada de la misma promesa. Esta vez no se hablaba únicamente de infraestructuras o asentamientos, se hablaba de construcción del Estado, crecimiento económico, inversiones internacionales y una futura economía palestina integrada en la región. La prosperidad debía convertirse, supuestamente, en uno de los pilares de la paz. Sin embargo, intentar construir una economía soberana mientras la potencia ocupante controla fronteras, movimientos, recursos, comercio exterior, grandes extensiones de tierra y buena parte de las infraestructuras básicas contiene una contradicción difícil de ocultar.

Las zonas industriales promovidas durante la etapa de Oslo son un ejemplo especialmente revelador. La zona industrial de Jenin fue presentada como un proyecto capaz de generar empleo, atraer inversiones y conectar la futura economía palestina con mercados internacionales. Sin embargo, las condiciones que rodeaban estos proyectos mantenían la producción palestina profundamente condicionada por la economía israelí y por las decisiones de la ocupación. El problema tampoco era aquí la existencia de industrias o inversiones. La cuestión era qué tipo de economía se estaba construyendo.

Oslo introdujo además un elemento decisivo: una autoridad palestina cuya supervivencia institucional quedó vinculada al orden político y económico surgido de los acuerdos

Las tierras destinadas a estos proyectos no eran espacios vacíos. En el caso de Jenin se trataba de tierras agrícolas de Marj Ibn Amer, vinculadas a la producción local y a la capacidad de las comunidades palestinas de mantener cierta autosuficiencia. Transformar esas tierras en plataformas industriales dependientes de los cruces controlados por Israel, de sus mercados y de su infraestructura económica significaba sustituir una forma de producción arraigada en la tierra por otra profundamente dependiente del ocupante. Así, el “desarrollo” podía producir empleo y movimiento económico al mismo tiempo que debilitaba las posibilidades de construir una economía palestina autónoma.

La resistencia a estos proyectos adoptó otras formas: agricultores defendiendo sus tierras, investigadores exponiendo las condiciones de las concesiones, juristas cuestionando los acuerdos y organizaciones palestinas denunciando la normalización económica. Oslo, no obstante, introdujo además un elemento decisivo: una autoridad palestina cuya supervivencia institucional quedó vinculada al orden político y económico surgido de los acuerdos. De esta forma, parte de la resistencia dejó de enfrentarse únicamente a la ocupación y comenzó a encontrarse también con una estructura palestina encargada de administrar ese modelo. El resultado fue una inversión profunda del principio de liberación: en lugar de construir una economía que redujera la dependencia del ocupante, se presentó la integración económica con él como camino hacia un futuro Estado.

Gaza: destruir primero, “reconstruir” después

La guerra de exterminio contra Gaza ha llevado esta lógica hasta su expresión más brutal. La destrucción no se ha limitado a viviendas o instalaciones militares. Desde octubre de 2023 ha sido devastadas tierras agrícolas, sistemas de abastecimiento de agua, carreteras, hospitales, escuelas, universidades, mercados, panaderías, centros comunitarios, infraestructuras municipales y prácticamente todas las estructuras que permiten a una sociedad organizar su vida cotidiana.

Esta destrucción tiene consecuencias que van mucho más allá del momento de la guerra. Cuanto menos puede producir una sociedad por sí misma, más depende de la ayuda exterior. Cuanto más se destruyen sus infraestructuras, mayor es la capacidad de quien controla los suministros para decidir quién recibe alimentos, combustible, medicinas o materiales de construcción. La ayuda deja entonces de ser únicamente ayuda. Puede convertirse en un instrumento político.

Quienes participaron, sostuvieron o permitieron la destrucción de las condiciones materiales de la vida palestina pretenden ahora presentarse como administradores de su reconstrucción

La experiencia de la denominada Fundación Humanitaria de Gaza mostró hasta qué punto esta lógica podía llegar. En un territorio sometido deliberadamente al hambre y a la destrucción, el acceso a alimentos básicos fue concentrado en mecanismos controlados externamente. La supervivencia de la población podía ser administrada, restringida y utilizada como mecanismo de presión.

La Junta de Paz de Gaza aparece ahora sobre esas ruinas. Y aquí se encuentra el núcleo del problema: quienes participaron, sostuvieron o permitieron la destrucción de las condiciones materiales de la vida palestina pretenden ahora presentarse como administradores de su reconstrucción. La población que ha sobrevivido al genocidio se enfrenta así a una propuesta en la que la reconstrucción puede quedar vinculada a nuevas estructuras de tutela, mecanismos de seguridad, condiciones económicas y exigencias políticas, entre ellas el desarme de la resistencia y la reorganización del gobierno de Gaza.

La cuestión, por tanto, no es si Gaza debe ser reconstruida. Gaza tiene que ser reconstruida. La pregunta es quién decide cómo, para quién y bajo qué condiciones. Reconstruir Gaza mientras se confisca la voluntad política de su población no es liberarla. Sustituir la ocupación militar directa por una administración internacional sometida a los intereses de las mismas potencias que sostuvieron el genocidio tampoco significa devolver la soberanía al pueblo palestino. La reconstrucción puede convertirse en otro campo de batalla.

Después de destruir hogares, campos, universidades y hospitales, ofrecer materiales, inversiones y proyectos inmobiliarios a cambio de aceptar un determinado orden político es transformar la necesidad creada por la guerra en instrumento de negociación. Es el mismo mecanismo que hemos visto bajo distintas formas durante un siglo: convertir la vida material palestina en algo condicionado a la aceptación del poder colonial.

Reconstruir sin entregar el futuro

Pero la otra parte de esta historia también se repite. Los palestinos han resistido. Lo hicieron frente a las concesiones de Rutenberg, frente a las confiscaciones posteriores a la Nakba, frente a los proyectos de judaización de Galilea y frente a la dependencia económica promovida durante Oslo. Y lo siguen haciendo hoy en Gaza.

La resistencia no adopta siempre la misma forma. Ha sido boicot, huelga, protesta popular, organización comunitaria, defensa jurídica, rechazo político, resistencia armada y, en las condiciones extremas de Gaza, también la obstinación cotidiana por reconstruir la vida.

Familias que levantan refugios con restos de edificios porque Israel impide la entrada de materiales de construcción; comunidades que recuperan espacios colectivos entre los escombros; agricultores que intentan volver a trabajar una tierra devastada; médicos, profesores y trabajadores que reconstruyen instituciones básicas con medios mínimos. Todo ello forma parte también del sumud palestino.

La principal lección de esta historia no consiste en rechazar el desarrollo. Palestina necesita reconstrucción, infraestructuras, hospitales, universidades, agricultura, industria y una economía capaz de garantizar una vida digna. Pero el desarrollo sin soberanía puede convertirse en otra forma de dependencia.

No puede hablarse de reconstrucción mientras quienes destruyeron deciden qué puede reconstruirse. No puede hablarse de prosperidad mientras la tierra continúa siendo confiscada. No puede hablarse de desarrollo mientras fronteras, recursos, agua, comercio y movilidad permanecen bajo control de la potencia colonial. Y no puede pedirse al pueblo palestino que entregue sus herramientas de resistencia como precio para recuperar una parte de aquello que le ha sido destruido.

La experiencia de más de un siglo demuestra que ningún desarrollo puede sustituir a la liberación

Desde los postes de Rutenberg hasta la Junta de Paz de Gaza, cambian los nombres, las instituciones y el lenguaje. Antes se hablaba de electrificación y modernización; después, de desarrollo regional; más tarde, de zonas industriales y paz económica; hoy se habla de reconstrucción, inversión y administración internacional.

Pero la pregunta fundamental continúa siendo la misma: ¿quién controla la tierra, los recursos y las decisiones sobre el futuro palestino? La experiencia de más de un siglo demuestra que ningún desarrollo puede sustituir a la liberación. La prosperidad no puede sustituir a la soberanía, ni el desarrollo puede convertirse en el precio de renunciar a la liberación. La liberación es precisamente la condición necesaria para que pueda existir un desarrollo palestino verdadero.bajo el lenguaje de la reconstrucción, la ad