Palestina
Desplazamiento forzoso y exterminio de la población palestina: el plan de Israel para anexionarse Cisjordania

“Los colonos iban armados y no dejaban de atacarnos. Teníamos miedo, auténtico terror”, recuerda Adel al Till, uno de los muchos habitantes que tuvieron que marcharse de Zanuta, pequeña localidad beduina del sur de Hebrón, en el área C de Cisjordania. Hoy, toda la zona está prácticamente destruida y casi despoblada por completo, y la causa no es únicamente la violencia, sino una estrategia a largo plazo perpetrada por Israel que combina la construcción y expansión de asentamientos ilegales, la apropiación de tierras, la demolición de viviendas y negocios palestinos, y la limpieza étnica de la población local, principalmente de las comunidades beduinas.

Esto es lo que denuncia Amnistía Internacional en un estudio publicado este miércoles, y donde denuncia que Israel está acelerando la anexión del área C de Cisjordania, que representa más del 60% del territorio. En el documento, Amnistía muestra cómo el proceso se ha intensificado desde la formación del actual gobierno ultra de Israel a finales de 2022, y que la violencia de los colonos, lejos de ser “una anomalía de unos pocos extremistas”, funciona como una pieza central de ese plan. Toda esta arquitectura administrativa y territorial vuelve inhabitables para la población palestina amplias zonas del área, a pesar de que llevan varias generaciones viviendo allí.

Asentamientos: la frontera del terror de Israel

Por su extensión, sus recursos y su peso estratégico, Israel considera el área C de Cisjordania como un emplazamiento clave. Es por esto, insiste el informe, por lo que Israel está intentando alterar de forma permanente su composición demográfica, obligando a los palestinos a marcharse, destruyendo sus hogares o asesinándolos como en la Franja de Gaza. “Durante los últimos tres años y medio, las autoridades israelíes han acelerado en Cisjordania una campaña de limpieza étnica en la que se ha sometido a desarraigo, desposesión y traslado forzoso a comunidades palestinas”, manifiesta la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

Entre enero de 2023 y abril de 2026, las autoridades israelíes demolieron 3.407 viviendas y estructuras palestinas en el área C, lo que provocó el desplazamiento de 2.026 personas, según el informe y los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). La organización enmarca esas demoliciones dentro de un sistema más amplio de restricción del desarrollo palestino, en el que la concesión de permisos de construcción es prácticamente inexistente mientras se aceleran los planes para los asentamientos israelíes.

A finales de abril de este año, el número total de nuevos asentamientos declarados por el gobierno ascendía a 102, la mayor cantidad autorizada por un ejecutivo israelí en toda su historia

El documento señala que en los últimos años el gobierno de Netanyahu ha promovido la construcción de 50.785 viviendas en asentamientos, y que solo en 2025 el Consejo Superior de Urbanismo aprobó 27.941 unidades, la cifra anual más alta registrada. A finales de abril de este año, el número total de nuevos asentamientos declarados por el gobierno ascendía a 102, la mayor cantidad autorizada por un ejecutivo israelí en toda su historia. Paralelamente, el presupuesto anual del Ministerio de Asentamientos y Misiones Nacionales aumentó un 122% en los tres primeros años del mandato del actual ejecutivo.

El informe también describe una política de apropiación de tierra orientada a esa expansión. En febrero las autoridades israelíes habían confiscado ya casi la mitad de las tierras del área C que no estaban registradas, declarándolas de propiedad de Israel. Todo ello acompañado de la legalización retroactiva de puestos de avanzada, la simplificación de procedimientos para nuevas construcciones y el aumento del apoyo financiero y político a las infraestructuras de los colonos israelíes en Cisjordania.

Colonos israelíes armados y protegidos por el Estado

Los colonos israelíes han convertido la violencia en el instrumento estrella de la expulsión. Amnistía señala “un aumento sin precedentes” de ataques contra comunidades palestinas beduinas y dedicadas al pastoreo. Esa violencia no actúa al margen del Estado, sino que está respaldada política, legal y económicamente por el Gobierno sionista, y en muchos casos se desarrolla con apoyo directo del ejército o la policía.

En enero de este año ya se habían concedido licencias de armas de fuego a más de 240.000 ciudadanos israelíes, una cifra 15 veces superior a la media anual anterior al cambio de política

Tras el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó el último de los conflictos contra la población de Gaza, las autoridades israelíes suavizaron los criterios para la concesión de licencias de armas y entregaron miles de fusiles y uniformes a colonos civiles para que a las comunidades palestinas les resultase imposible distinguirlos de los soldados. En enero de este año ya se habían concedido licencias de armas de fuego a más de 240.000 ciudadanos israelíes, una cifra 15 veces superior a la media anual anterior al cambio de política. En ese contexto, los ataques contra palestinos se volvieron más frecuentes, más visibles y más letales.

Amnistía documenta allanamientos, incendios provocados y vandalismo contra viviendas, escuelas, vehículos, paneles solares, reservas de alimentos y fuentes de agua. También recoge testimonios de palizas con palos y culatas de fusil, apedreamientos, apuñalamientos y otras agresiones físicas. En su informe, la ONG describe una lógica clara que consiste en privar a las comunidades de sus medios de vida mediante la restricción del acceso a las tierras de pastoreo y a las fuentes de agua, el robo o la matanza de ganado y la destrucción de cultivos y cosechas. Ese patrón no se limita a daños materiales. La violencia va acompañada de amenazas constantes, hostigamiento y un entorno de impunidad que empuja a las familias palestinas a marcharse.

El año pasado Yinon Levi, un colono israelí fue grabado matando de un disparo a Awda al Hathaleen, un maestro palestino desarmado en Umm al Jair. Las autoridades israelíes lo detuvieron como sospechoso de homicidio involuntario, pero lo dejaron en libertad al día siguiente para ponerlo bajo arresto domiciliario durante sólo tres días.

“Sin rendición de cuentas, las comunidades palestinas de toda Cisjordania desaparecerán ante nuestros ojos”, insiste Callamard, que hace un llamamiento a la comunidad internacional para que hagan “cuanto esté en su mano para poner fin a la campaña de limpieza étnica y anexión del área C de Cisjordania emprendida por Israel. Deben presionar a las autoridades israelíes para que desmantelen de inmediato todos los asentamientos y permitan a los desplazados regresar a sus hogares”, añade.

“Si nos echan moriremos como un pez al que sacan del agua”

La región donde se encuentra el pequeño pueblo de Zanuta es el ejemplo más claro de la política de Israel en Cisjordania. Pese a dos sentencias del Tribunal Supremo de Israel, que ordenaban facilitar el regreso de la población y protegerla de la violencia de los colonos, los desplazados jamás pudieron volver porque Zanuta ya prácticamente no existe.

Ein Samia es otro ejemplo de la estrategia de ocupación israelí. Situada en tierras de Kufr Malik, al noreste de Ramala, era un centro agrícola y de pastoreo utilizado durante generaciones por agricultores, ganaderos y por su comunidad beduina. Sin embargo, la expansión de asentamientos, junto con un régimen de planificación discriminatorio, fue reduciendo el margen de vida de la comunidad palestina hasta hacerla insostenible. Después de ataques diarios y de la destrucción de sistemas de agua, la demolición de la escuela y la persecución constante, los palestinos acabaron marchándose en 2023.

En el norte del valle del Jordán, casi el 90% de la tierra ya ha sido declarada propiedad de Israel como campo militar, reserva natural o yacimiento arqueológico, categorías que sirven para restringir el acceso palestino a las tierras de pastoreo y a las fuentes de agua. “Sufrimos el hostigamiento constante de los colonos, pero no nos vamos a rendir. Es una cuestión de amor a nuestra tierra y a nuestro trabajo. La tierra es nuestra identidad, y si nos echan de ella, moriremos. Igual que el pez si lo sacan del agua”, declara Najiyyah Bisharat desde Majoul, uno de los pueblos de la zona.

Detrás de este proceso hay una política sostenida de expulsión de palestinos. Desde 2023 casi 120 comunidades palestinas predominantemente beduinas y dedicadas al pastoreo sufrieron desplazamiento total o parcial, y al final de abril de 2026 al menos 6.000 personas habían sido víctimas de desplazamiento forzoso, según los datos de Amnistía. A esa cifra se suman las viviendas e infraestructuras palestinas demolidas en el área C durante ese período.