Personas sin hogar
Casi 900 personas han muerto de frío este invierno: “El sinhogarismo tiene solución si hay voluntad”

La semana pasada se reportaron en medios cuatro muertes de personas en situación de calle. La tormenta perfecta causada por la conjunción de la borrasca Francis y la falta de recursos asistenciales provocó las muertes de Eusebio en Barcelona, Manuel López García en Cádiz y dos hombres sin identificar: un vecino de Badalona y otro habitante de la capital gaditana. Además de los decesos que han trascendido a los medios, la semana del 5 al 11 de enero fallecieron 384 personas por frío, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo, la misma herramienta que calcula las muertes por calor en verano). La herramienta del Instituto de Salud Carlos III atribuye a las bajas temperaturas 879 muertes desde el 1 de diciembre de 2025 y 10.718 decesos en los últimos cinco inviernos, sin contar la estación en curso.

Gema Castillo (Hogar Sí): “Las muertes reportadas son solo la punta del iceberg porque no existe un sistema 100% fiable que monitorice el sinhogarismo”

Para Gema Castillo, directora de comunicación de la ONG Hogar Sí, la diferencia abismal entre las muertes por frío reportadas y las estimadas está relacionada con la invisibilización de las personas sin hogar, la capa de población más vulnerable cuando los termómetros caen. “Las muertes reportadas son solo la punta del iceberg porque no existe un sistema 100% fiable que monitorice el sinhogarismo y por tanto no tenemos estadísticas fiables de mortalidad”, explica la dircom, que apremia a mejorar los mecanismos de medición sobre el sinhogarismo, pero, “sobre todo”, dar respuesta “con soluciones de vivienda digna”. “Este problema tiene solución si hay voluntad social y política”, concluye Castillo.

Según el Ministerio de Sanidad, las bajas temperaturas pueden llegar a causar cuadros de hipotermia y congelación, aunque esta es solo una parte de la panorámica: lo más frecuente es que la exposición al frío empeore enfermedades crónicas o produzca vulnerabilidad ante contagios. “Parte de la etiología [origen] del exceso de morbimortalidad asociada al frío es de naturaleza infecciosa, principalmente por agentes como el virus de la gripe o el neumococo”, añaden en la web de Sanidad. En lo que respecta a agravamiento de patologías existentes, lo más común es encontrarse problemas cardiacos y respiratorios.

Castillo recuerda que el 37% de las personas sin hogar sufre enfermedades graves y que cada seis días muere alguien en la calle en el Estado español. “La esperanza de vida de las personas sin hogar se reduce entre 20 y 30 años”, añade, siempre según datos de su organización.

Según el INE, en el Estado español hay 28.552 personas sin hogar, las más vulnerables ante el frío que mata por congelación o agrava patologías existentes

Dentro de las fronteras españolas hay por lo menos 28.552 personas sin hogar, según contabilizó el Instituto Nacional de Estadística en 2022, el último año para el que hay datos. De estas, 7.277 se encuentran en situación de calle, 11.498 viven en albergues y centros de acogida y 9.778 en pisos y pensiones. El organismo dependiente del Ministerio de Economía basó su encuesta en personas que acudieron a los recursos asistenciales.

A pesar de que estas cifras se consideren fidedignas por administraciones como el Ministerio de Derechos Sociales, competente en la materia, las organizaciones del tercer sector elevan la cifra. Hogar Sí habla de “al menos” 37.000 personas. Cáritas Española ha acompañado en 2023 a 42.336 personas sin hogar, 13.784 personas más que el recuento oficial (aunque con un año de descuadre entre el conteo del INE y el de la organización católica). Y es que los datos del INE dejan fuera las situaciones de exclusión residencial o a las personas que no hayan sido atendidas por los recursos asistenciales.

Para reducir las muertes por frío hay que reducir el sinhogarismo

Dado que, según el Ministerio de Sanidad, las personas más afectadas por las bajas temperaturas son aquellas que no tienen un hogar y/o sufren pobreza, reducir ambos indicadores es la manera más evidente de reducir las cifras de muertes cuando el mercurio no sube. La Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030 se plantea hacer descender un 95% el número de personas en situación de calle. Sus medidas clave son garantizar el acceso a la vivienda, prevenir el sinhogarismo mediante sistemas de detección temprana, promover la autonomía personal, adaptar las respuestas del sistema a las necesidades individuales y mejorar la coordinación entre administraciones y el tercer sector.

Para Castillo, hay que pasar “del papel a la acción” y el asistencialismo no sirve: “No basta con repartir mantas o caldo calentito; hay que garantizar vivienda digna y estable”

“Da la clave al situar la vivienda como una prioridad, pero necesitamos pasar del papel a la acción”, valora Castillo. La línea que defiende la dircom de Hogar Sí (y el foco de trabajo de la organización) es que, para disminuir las cifras de personas sin hogar, hay que impulsar programas y recursos para que se pueda salir definitivamente del sinhogarismo, no solo garantizar una cama en un albergue. En palabras de Castillo, no basta con “repartir mantas o caldo calentito”; hay que “garantizar vivienda digna y estable”.

“Si orientamos el acompañamiento y los apoyos hacia esta meta [salir del sinhogarismo] podemos lograr que las personas salgan de nuestros programas sin necesitar apoyo de los recursos de atención al sinhogarismo y que desarrollen sus proyectos de vida en sus propios hogares dentro de la comunidad”, mantiene la directora de comunicación de la ONG, que añade que todas las administraciones deben mostrar un compromiso “mucho más ambicioso” que vaya desde una financiación “adecuada” a la colaboración entre distintos departamentos e instituciones.

La pobreza energética ha aumentado en los últimos cinco años

No es necesario vivir en la calle para pasar frío en invierno: una de cada cinco personas españolas es incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses más gélidos. Y es que entre 5 y 8 millones de personas (según el indicador) sufren la pobreza energética, dice un estudio de noviembre de 2025 de la Universidad Pontificia de Comillas. Los indicadores que utiliza la Cátedra de Energía y Pobreza del centro universitario son el gasto desproporcionado en climatización, inversión insuficiente, retrasos en el pago de las facturas y temperatura inadecuada.

Además de estos datos, habría que tener en cuenta la pobreza energética escondida, opina Javier Andaluz, coordinador del área de Energía de Ecologistas en Acción. Se refiere a gente no conectada al sistema eléctrico o que usa fuentes de energía no controladas, como la quema de leña. “Los indicadores funcionan muy bien en una gran parte de la población que tiene que ver con las grandes empresas, sectores eléctricos o grandes medios de distribución; pero existe otro sector que es mucho más invisible y tiene que ver con esos autoprovisionamientos, sobre todo en entornos rurales pequeños”, se explaya el ecologista.

“Es muy difícil no solamente reunir las condiciones [para recibir una ayuda], sino ser capaz de justificar ante las administraciones que se reúnen dichas condiciones”, explica Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción

Más allá de las imperfecciones en las mediciones de pobreza energética, los indicadores muestran una realidad desalentadora: todos los baremos han empeorado en los últimos cinco años. Según Andaluz, los culpables son el incremento de costes y la incertidumbre en los mercados energéticos. Tampoco se puede soslayar lo que denomina “trampa de la pobreza energética”: “Muchas veces es muy difícil no solamente reunir las condiciones [para recibir una ayuda], sino ser capaz de justificar ante las administraciones que se reúnen dichas condiciones, lo cual suele ser mucho más relevante en las poblaciones más vulnerables”, explica el coordinador de Energía de Ecologistas.

El bono social es una herramienta con potencial, pero insuficiente en la actualidad

Una de las medidas estrella del Gobierno para paliar la pobreza energética es el bono social, una herramienta con potencial que sin embargo solo ha llegado a dos de cada diez potenciales beneficiarios, según un informe de Oxfam Intermón y Esade.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, 1.654.273 hogares se beneficiaron del bono social en enero de 2025, la última fecha publicada. La cifra lleva un tiempo estancada por “falta de conocimiento”, según Soledad Montero, responsable de Energía de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). “La gente no sabe que puede pedir el bono y las compañías que tienen que ofrecerlo tampoco lo publicitan”, detalla la activista, que defiende que la solución para llegar a quien debe llegar es que el bono se otorgue automáticamente según la renta del hogar. “Que se crucen los datos [del Ministerio para la Transición Ecológica, que otorga el bono] con los de Hacienda porque hay muchas más personas en riesgo de exclusión social que beneficiarios del bono”, añade Montero.

Soledad Montero (CECU) pide que el bono social se otorgue automáticamente por renta como medida para alcanzar a todos los potenciales beneficiarios y excluir a las familias pudientes que hoy lo reciben.

La activista también defiende la medida de automatizar la aprobación del bono por renta para paliar uno de los mayores escándalos del bono social: su uso por parte de hogares pudientes. Según el estudio ya citado, uno de cada tres beneficiarios del bono era de renta media o alta. Esto es posible porque, aparte de los criterios de renta, pueden solicitar esta medida de justicia social las familias numerosas independientemente de sus ingresos. Los datos del Ministerio muestran que un 25,57% de los hogares agraciados con el bono social en enero de hace un año recibieron el bono por el criterio de familia numerosa.

Además, el desglose por categorías —vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social, por orden ascendente de gravedad de su situación— desvela que, de entre los beneficiarios del bono, los más pobres solo recibieron el 0,43% de las ayudas. La mayoría lo concentran los vulnerables severos (52,75%), seguidos por los vulnerables (46,82%).

Solo tres personas en riesgo de exclusión social reciben el bono en toda Castilla y León. En Catalunya, la cifra es de 11 personas; dos lo reciben en Navarra o 30 en Andalucía (sin contar Málaga)

También es llamativo que casi todas las personas en riesgo exclusión social perceptoras del bono social residan en Extremadura: lo hacen 5.746 del total de 7.211 beneficiarios en el ámbito estatal. Montero analiza los datos: para conseguir el reconocimiento de “en riesgo de exclusión social” hace falta mediación de Servicios Sociales, por lo que el número bajo de beneficiarios de esta categoría certifica el mal funcionamiento del servicio (en todas las comunidades, con la posible excepción de Extremadura). Por ejemplo, en Castilla y León se otorgó el bono social a tres personas en riesgo de exclusión social. En Catalunya fueron 12, dos en Navarra o 30 en Andalucía (sin contar Málaga, donde residen 333 beneficiarios del bono en riesgo de exclusión social).

Por si fuera poco, el bono ha estado envuelto en polémicas por la opacidad de su sistema de elección: es un algoritmo denominado Bosco el que otorga o deniega solicitudes sin que la persona solicitante sepa el motivo. Algo que puede cambiar pronto tras la victoria judicial de Civio que obliga al Gobierno a hacer transparente su funcionamiento.

Un marco estatal falto de ambición

Más allá del bono social, el marco normativo del Gobierno para llevar la justicia social a los termostatos es la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE), cuya actualización para el tramo 2025-2030 está aún tramitándose. La Red por el Derecho a la Energía, que agrupa a ecologistas, sindicatos u organizaciones de consumidores, lanzó una nota de prensa en septiembre del año pasado, cuando salió una propuesta a consulta pública, calificando la propuesta de poco ambiciosa por ignorar sus demandas. “Deberíamos abordar problemas sistémicos e integrales del sistema eléctrico que encarecen enormemente nuestra factura”, tercia Andaluz.

La Estrategia anterior, la de 2019-2024, tampoco fue laureada por las organizaciones del tercer sector que trabajan en temas relacionados con la pobreza energética. Un informe de Ecodes hizo balance y afirmó que era un “buen” marco normativo, pero que más del 40% de medidas habían quedado sin implementarse y que se incumplió el objetivo mínimo de reducir la pobreza energética en un 25% en todos los indicadores.

“La estrategia debería garantizar el derecho a la energía y no solamente una bonificación”, cuenta el coordinador de Energía de Ecologistas, preguntado por qué le falta a la ENPE. “Deberían unirse los tramos de renta con la tarificación para que aquellos que más consumen y que más impacto [ecológico] tienen sean los que más costes absorban, mientras que otros en situación vulnerable podrían tener facturas a coste cero”, añade Andaluz.

De no convalidarse en el Congreso el decreto del Gobierno para extender el escudo social, hasta uno de cada diez hogares podría sufrir cortes de suministros

La ENPE busca, entre otras cosas, consolidar algunas medidas implementadas por el escudo social para transitar “de un modelo de medidas coyunturales y excepcionales al despliegue y consolidación de medidas de tipo estructural”, según la página web del Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, en el documento está ausente una demanda que la Red por el Derecho a la Energía considera imprescindible: la prohibición de cortes de suministros a hogares vulnerables. “El Gobierno ha realizado (y presumido) del proceso participativo realizado para la elaboración de la Estrategia, pero ha ignorado la mayor parte de las medidas clave que venimos reclamando”, denuncian desde la alianza de organizaciones.

“Como el decreto 16/2025 [que extendía a 2026 el escudo social] no se convalide en el Congreso, no será válido y podrán empezar los cortes de suministro”, advierte Montero. Según el estudio de indicadores de pobreza energética ya citado de la Universidad Pontificia de Comillas, son un 10% los hogares que se retrasan en el pago de las facturas, lo que significa que una de cada diez familias podría ser objeto potencial de un corte de suministros de no convalidarse el decreto.