Perú
Tiempos oscuros para la libertad de prensa en Perú

El vídeo original data del 7 de abril de 1992 y fue republicado por IDL-Reporteros en un artículo titulado “Crónica de mi secuestro”, firmado por el periodista de investigación peruano Gustavo Gorriti. En una sala, sentado en un sofá y rodeado de una decena de colegas, Gorriti habla de las más de 24 horas que pasó secuestrado en el Cuartel General del Ejército, apenas cuatro días después del autogolpe de Alberto Fujimori. Tiene rizos oscuros y barba frondosa, viste una camiseta negra, vaqueros y unas zapatillas blancas sin cordeles: “Me están debiendo todavía mis pasadores, además de mi computadora, el disco duro y mis tarjeteros”. 

Hay otro vídeo, de la primera conferencia de prensa de Fujimori desde el autogolpe, celebrada el 8 de abril de 1992. “Quisiera preguntar, ingeniero, con qué derecho se asalta la casa y se secuestra a un periodista, (…) se arrebata y secuestra su computadora (…) y los archivos de años de trabajo. ¿Es esa la forma en que se va a tratar a la prensa en general o solamente a los periodistas que se juzguen críticos e inconvenientes para el régimen?”, pregunta Gorriti. Alberto Fujimori responde: “En cuanto a la libertad de prensa, ha habido este paréntesis en este derecho elemental. Se va a respetar totalmente: plena libertad. (…) Es parte precisamente de lo que nosotros buscamos dentro de la democracia”. 

Hay muchos otros vídeos de ese abril de 1992: muestran militares tomando las redacciones fusil en mano, periodistas impedidos de acceder a sus medios o increpados en la calle por las fuerzas armadas. Un audio de Radio Antena 1, del 5 de abril, registra en directo el cierre forzado de la emisora. El periodista Henry Aragón entrevista en su programa a una serie de personas: Felipe Osterling, presidente del Senado, que denuncia encontrarse en arresto domiciliario; Pedro Huilca, secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú, que sería asesinado unos meses después por el grupo Colina, un escuadrón del Servicio de Inteligencia del Ejército; y Gustavo Mohme, senador y accionista del diario La República, intervenido por las Fuerzas Armadas.

La llegada de los militares a Radio Antena 1 interrumpe bruscamente la entrevista. La directora del medio, Cecilia Laca Sánchez, lo explica: “A 20 minutos para la una de la mañana, representantes del Comando Conjunto se han hecho presentes en nuestra casa periodística Antena 1 y tenemos que cerrar nuestras transmisiones por orden de los efectivos del ejército”. La democracia, mencionada por Fujimori en rueda de prensa, ese 5 de abril ya no existía en Perú. Los periodistas lograron documentarlo.  

La criminalización del periodismo de investigación

Treinta y cuatro años después, tras una década de grave inestabilidad política —con ocho presidentes entre 2016 y 2026—, Perú celebra elecciones. La presidenta electa es Keiko Fujimori, cuatro veces candidata a la presidencia por el partido Fuerza Popular, hija del dictador Alberto Fujimori y primera dama durante parte de su Gobierno. El 28 de julio de 2026 se celebra la toma de posesión. 

Pocas semanas más tarde, Gustavo Gorriti acepta ser entrevistado. Él es uno de los periodistas de investigación más influyentes de Perú. Director y fundador de IDL-Reporteros, ha recibido reiterados reconocimientos: fue nombrado Héroe Mundial de la Libertad de Prensa por el International Press Institute en 2025, Knight Press Freedom Fellow por la City University of New York en 2025 y recibió el Premio Legado 2026 de Connectas, entre muchos otros. 

El motivo de tanto éxito son sus investigaciones, que revelaron verdades ocultas de los sistemas político, empresarial y judicial peruanos: el caso Odebrecht en Perú, de sobornos en la adjudicación de grandes obras públicas; la operación Lava Jato en Perú, una extensa red de corrupción y lavado de dinero; el caso Cócteles, de lavado de activos y financiación ilegal de campañas; y Los Cuellos Blancos del Puerto (también Lava Juez o CNM Audios), de tráfico de influencias en el sistema judicial. Por esos casos fueron procesados los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y la actual presidenta Keiko Fujimori.

La fachada de la sede del Instituto de Defensa Legal (IDL) en Lima es opaca. Resulta difícil adivinar qué pueda haber al otro lado de este muro. Lo que hay, esta tarde, son hombres moviendo cajas, un par de mujeres amables y un periodista que sonríe, da la bienvenida y avanza hacia un pequeño despacho. Ya no viste informal como en el vídeo de 1992: hoy lleva una camisa azul oscuro y un chaleco negro que asegura que es bien práctico, pero que parece más bien una costumbre de años o una seña de identidad. 

“Uno de los valores de la democracia es que gracias a la libertad puede informar, investigar y diseccionar su propia decadencia”, reflexiona Gorriti, recordando la época de cambio de siglo en Perú, tras la fuga de Fujimori: “Se empezó a hacer un periodismo de investigación crecientemente vigoroso”. Se creó una red de periodistas comprometidos, se destaparon grandes escándalos de corrupción y hubo consecuencias judiciales para los corruptos. Luego llegó la segunda parte, cuando estos “se cansan de correr y se dan la vuelta, se empiezan a organizar y empieza el contraataque”, continúa el viejo periodista que, de algún modo, no parece tan viejo. 

“Se fundaron y se compraron medios y se sacó a la luz aquella paranoia organizada de la ultraderecha”, explica Gorriti. Se difundieron mitos y contranarrativas para desacreditar todo lo que se había demostrado cierto

Cuenta que el contraataque tuvo la suerte de coincidir con la pandemia del covid-19, que fue letal en Perú y dejó una sociedad cansada y aséptica ante la desinformación. “Se fundaron y se compraron medios y se sacó a la luz aquella paranoia organizada de la ultraderecha”, explica. Se difundieron mitos y contranarrativas para desacreditar todo lo que se había demostrado cierto. “Empezó el mecanismo de la desinformación masiva”, con sus “grandes mentiras disfrazadas a través de pequeñas verdades”. Y así, “la democracia fue perdiendo fuerza y el Fujimorismo (y nuevas figuras a su derecha) fue avanzando”, recuerda. 

Desde el llamado comúnmente como “pacto”, una alianza de partidos y figuras conservadoras que controló el Congreso durante los últimos años, "gobernaron el país teniendo a un monigote como presidente”. Modificaron la Constitución y crearon nuevas leyes según intereses sesgados. Hoy, “tienen el control de la Junta Nacional de Justicia, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo… Los corruptos han logrado el control de la fiscalía y se ha terminado con los casos Cuellos Blancos, Lava Jato y los de lavado de activos”, lamenta Gorriti. 

Los corruptos, libres y de nuevo en las instituciones. Y los investigadores, encausados judicialmente y convertidos, mediante narrativas ofensivas difundidas por ciertos medios de comunicación y políticos, en una caricatura. Especialmente, Gustavo Gorriti. De hecho, 11 de los 458 ataques a periodistas registrados en 2025 por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú iban dirigidos a Gorriti. Entre ellos, hay una amenaza de muerte del ultraderechista líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga: “Hay que cargárselo de una vez al caballero”, dijo en un mitin. 

La última gran lucha de Gustavo Gorriti

En marzo de 2024, se abrió una causa a Gustavo Gorriti y los fiscales Rafael Vela y José Domingo por cohecho (soborno) en el marco del trabajo del Equipo Especial Lava Jato. Según la acusación, el periodista habría dado soporte mediático, entre otros apoyos, a los fiscales, y ellos le habrían proporcionado información reservada del caso Cócteles, por el cual Keiko Fujimori ingresó a la cárcel en 2018. En diciembre de 2025, el fiscal supremo Edward Casaverde dispuso la no formalización de la investigación, alegando que no existían elementos que corroborasen el cohecho. La fiscal suprema adjunta Karla Zencenarro determinó el 16 de abril de 2026 que esa disposición era nula. 

El 12 de junio, una comisión parlamentaria presidida por el entonces congresista de Renovación Popular Álvaro Muñante atribuyó a Gorriti los delitos de cohecho activo genérico, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. El 10 de julio, el fiscal Casaverde envió al fiscal de la nación Tomás Aladino Gálvez —destituido en 2021 por su vinculación con el caso Cuellos Blancos y reincorporado más tarde— un nuevo informe que sostenía la existencia de “indicios reveladores que acreditan la comisión de delitos”. Este segundo informe decía, de la cobertura mediática de Gorriti: “Carece de neutralidad y, por lo tanto, no resulta amparable a los fines socio-comunicativos que constriñen el derecho a la libertad de expresión e información”. 

Once de los 458 ataques a periodistas registrados en 2025 por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú iban dirigidos a Gustavo Gorriti

En septiembre de este año, la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, dirigida por Gilmer Jara Vergara, incorporó el informe de la comisión parlamentaria y dispuso el inicio de una investigación a Gorriti, los fiscales Vela y Pérez, la jueza que homologó el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y los exprocuradores del caso Lava Jato. Para ello, Jara requiere “el levantamiento del secreto bancario, comunicaciones, reserva tributaria y bursátil” de los funcionarios investigados y también del periodista.

“En América Latina y en ciertas circunstancias en el mundo, el periodismo de investigación no es solamente el reportaje, la investigación, el estudio, la redacción y la publicación. Hay una etapa más, que es la defensa de tu investigación”, reconoce un Gorriti que está dispuesto a enfrentar esa fase. Y no está solo: Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y un total de 230 periodistas y organizaciones de 18 países condenan su persecución judicial. “En mi carrera he tenido varios momentos de crisis en los cuales la movilización internacional ha sido fundamental”. Sucedió, por ejemplo, cuando Alberto Fujimori lo secuestró en 1992. 

Gustavo Gorriti sufre un cáncer avanzado, un linfoma del manto, que gracias a terapias agresivas se logró que retrocediera hasta mantenerse, en general, estable. Tener que defenderse, también, en terreno judicial es lo último que le interesa. Pero reitera: “Estamos preparados y lo afrontaremos”. No solo está mentalizado para litigar en los tribunales, sino también para enfrentar lo que pueda llegar a pasar: la cárcel, un atentado, incluso la muerte. Recuerda colegas que ya no están: sabe bien que él no sería el primero.

“Posiblemente, esta sea la última gran lucha de mi vida y lo último que desearía es que ella desmerezca en algo lo hecho a lo largo de los años”, reflexiona el histórico periodista de investigación Gustavo Gorriti

“Algunas de las cosas que yo estoy dispuesto a hacer no se las recomendaría a mis colegas. Hay una diferencia: yo soy mucho más viejo, tengo mucha más experiencia. Tengo toda una trayectoria y, además, una trayectoria que concluir. Posiblemente, esta sea la última gran lucha de mi vida y lo último que desearía es que ella desmerezca en algo lo hecho a lo largo de los años”, reflexiona el periodista en una conversación que cada vez se vuelve más personal, más oscura. La luz de la tarde cae poco a poco: “Realmente pensé que luego de haber hecho los últimos grandes esfuerzos de periodismo de investigación ya podría dedicarme a aquellas otras cosas a las que mi vocación me empuja ardientemente: la literatura, escribir libros. Pero si este es mi destino, entonces puedo aceptarlo con entereza”.

Una cuestión de actualidad

En solo un año, Perú ha caído hasta el puesto 144 de 180 en la Clasificación 2026 de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, de ámbito mundial, entrando así en la categoría de “situación muy grave”, en la que solo se encuentran otros cuatro países en Latinoamérica: El Salvador, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Solo cinco años antes, en 2021, el país se encontraba en el puesto 91 del ranking. En los últimos años, los ataques a los periodistas han sido cada vez más frecuentes y letales, incluyendo en 2025 cuatro asesinatos: Gastón Medina, en Ica; Raúl Celis, en Iquitos; Fernando Núñez, en Trujillo; y Mitzar Castillejos, en Ucayali. 

Durante los primeros meses de legislatura de Keiko Fuijmori, la libertad de prensa atraviesa uno de sus momentos más críticos. El 19 de septiembre fue asesinada en Caraz (Áncash) Susy Isabel Aponte, conocida como ‘La China’ Polo, periodista que había destapado casos de corrupción en la región y candidata al Gobierno Regional por Socios por Áncash. Dos días antes, el director del periódico digital La Lupa, Kenny Yucra, recibió amenazas de muerte en las que se mencionaba la dirección de su domicilio y el nombre de su hijo pequeño. Yucra había sido querellado por Juan Mendoza, candidato al Gobierno Regional por Somos Perú, por haber publicado sobre la denuncia a Mendoza por presunto abuso sexual a una menor. 

En solo un año, Perú ha caído hasta el puesto 144 de 180 en la Clasificación 2026 de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, de ámbito mundial, entrando así en la categoría de “situación muy grave”

En Lambayeque, el 10 de septiembre, sujetos no identificados abrieron fuego contra la redacción de La Noticia Clave, con trabajadores dentro. El mismo día, se retomó el juicio oral a los periodistas iquiteños (Loreto) Ángel Gabriel Rosendo Chanamé, director de Iquitos Informa; Abraham Rodríguez, director de Alfa Romeo Noticias Iquitos; Delcar Roger Rosales, de Iquitos al Rojo Vivo; Nelson Ricardo Flores, director de Lo que está pasando en Iquitos; y Fernando Rafael Tapia, director de Semana Regional La Verdad de Loreto. La fiscal Celina Ysabel Otero les había denunciado por difamación después de que revelaran operaciones financieras irregulares de la fiscal. Tres días antes, la periodista Ale Silva, de Noticias Al Día Zarumilla, fue agredida por familiares del alcalde distrital de Papayal (Tumbes), Elmer Saavedra, mientras cubría una denuncia de un grupo de vecinos. 

A su vez, César Hildebrandt y Eloy Marchán, respectivamente director y reportero de Hildebrandt en sus Trece, fueron querellados por difamación agravada por el empresario argentino Damián Alejandro Valenzuela, tras publicar investigaciones sobre sus antecedentes y sus vínculos con Keiko Fujimori. El 22 de septiembre, un periodista y un fotógrafo del mismo semanario fueron intimidados con disparos por seguridad privada de la agroexportadora ProAgro en Nazca mientras realizaban una investigación. Pocos días después, Willax TV publicó reportajes en los que se acusaba a Hildebrand en sus Trece de haber cometido delitos tributarios. Varias décadas antes, a finales de los 90, César Hildebrand fue perseguido por el régimen de Alberto Fujimori en su Plan Bermuda, que pretendía silenciar la prensa crítica por todos los medios necesarios.

El principal agresor: el Estado

Desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) conocen de primera mano las vulneraciones al ejercicio del periodismo en el país: esta institución tuvo un tanque en la puerta ese 5 de abril de 1992. Desde hace cerca de treinta años, la ANP elabora un informe anual que recoge todos los ataques a periodistas en el país. En 2025, la cifra ascendió a 458, siendo la más alta registrada y reveló una cuestión preocupante: en Perú, el principal agresor para los periodistas es el Estado. Ese año, el 70% de los ataques a periodistas tuvo como autores a representantes públicos: funcionarios, en 217 casos, y agentes de seguridad, en 121.

La presidenta de la ANP afirma que, durante los cinco años de la última legislatura, el periodismo estuvo bajo asedio. “Cada 60 días, el Congreso presentó un proyecto de ley que tenía impacto en las libertades informativas. El objetivo fue poner en jaque a la prensa”, expone Zuliana Lainez. “Hoy estamos en un escenario completamente adverso porque toda esta gente que estaba incluida en el caso de corrupción más grande del sistema de justicia han vuelto a él”, comenta, refiriéndose al caso Cuellos Blancos, revelado por Gustavo Gorriti con IDL-Reporteros. “Es una época de venganza política contra el periodismo y toda esa gente que hizo bien su trabajo”, concluye. 

En los últimos años, los ataques a los periodistas han sido cada vez más frecuentes y letales, incluyendo en 2025 cuatro asesinatos: Gastón Medina, en Ica; Raúl Celis, en Iquitos; Fernando Núñez, en Trujillo; y Mitzar Castillejos, en Ucayali

Tras las últimas elecciones, en julio de 2026 se constituyó el nuevo Congreso de la República con algunas caras nuevas. Es el caso de Carlos Zegarra, de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, quien podría estar implicado en el asesinato del periodista Gastón Medina en 2025. Medina investigaba la corrupción en el gobierno regional de Ica, presidido por Jorge Carlos “Rocky” Hurtado, cuyo asesor legal era Zegarra. Desde 2023, Medina recibió amenazas y ataques y, en marzo de ese año, atendió en su programa una llamada de Víctor ‘El Chino’ Mere, un expresidiario vinculado a la gestión regional de Ica. Este aseguró que Zegarra había pedido que se asesinara al periodista y advirtió: “Si algún día te pasa algo, solamente es él”. Medina fue asesinado el 20 de enero de 2025. Semanas más tarde, un sicario mató a Mere.

El pasado 4 de octubre, Perú celebró elecciones regionales y municipales. En el contexto de la campaña, no solo aparecieron figuras nuevas figuras, sino que regresaron a la esfera pública personajes que habían sido apartados de ella, como el exministro Daniel Urresti, candidato en Lima por Podemos Perú. En 2023, Urresti fue condenado a 12 años de cárcel por el asesinato al periodista Hugo Bustíos en 1988. En febrero de 2026, el Tribunal Constitucional revisó el caso teniendo en cuenta una ley de 2024 que establece que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra solo son aplicables a hechos ocurridos a partir del 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor en Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se consideró que los crímenes habían prescrito y Daniel Urresti fue puesto en libertad.

“El primer Fujimorismo fue letal para el periodismo”, asevera Lainez. Recuerda el asesinato a manos del grupo Colina de Pedro Yauri, cuyo cuerpo sigue hasta día de hoy siendo buscado por su familia

“Entre el 80 y el 2000, asesinaron a más de 50 periodistas. Teníamos un solo caso de justicia plena, el de Hugo Bustíos: después de 30 años, se habría logrado apresar a uno de los coautores del crimen, el señor Urresti. Y ese mismo Tribunal fue el que le abrió la puerta al asesino de un periodista”, denuncia Zuliana Lainez, sentada en una butaca de piel de su despacho, un espacio amplio, de grandes ventanales y decoración clásica, con muebles de madera oscura. Detrás suyo, hay premios, estatuillas, reconocimientos y otros objetos que honran el trabajo de la ANP, una institución que dentro de dos años cumplirá 100 años: un gremio que ha conocido todas las caras del Perú.  

“El primer Fujimorismo fue letal para el periodismo”, asevera Lainez. Recuerda el asesinato a manos del grupo Colina de Pedro Yauri, cuyo cuerpo sigue hasta día de hoy siendo buscado por su familia; el de Melisa Alfaro, que recibió un sobre bomba para el director de su medio, y la valoración nada insignificante que reconocía su sentencia, “que hubo una política de Estado para eliminar a opositores y a periodistas”; y lo más preocupante de ello: que el gobierno actual de la hija del dictador reivindica ese gobierno. En una entrevista en la cadena Exitosa, el 11 de septiembre, Keiko Fujimori comentó sobre su padre: “Lo tengo a él de ejemplo, creo que él estaría muy orgulloso”.

Los periodistas de regiones, los más vulnerables 

“Mucha gente tiene miedo a lo que puede pasar con el segundo Fujimorismo, pero creo que este encuentra una organización muy fuerte”, valora Lainez. La amplia presencia territorial de la ANP facilita la resistencia organizada en todo el país y permite constatar una tendencia relevante: los periodistas regionales enfrentan la mayor vulnerabilidad. En 2025, los cuatro asesinatos a periodistas tuvieron características comunes: “Primero, que todos eran periodistas de regiones; segundo, que fueron asesinados por sicarios; tercero, todos los casos están en impunidad; cuarto, a los periodistas se les atacó cuando iban a sus centros de trabajo o volvían de coberturas; y quinto, los periodistas estaban investigando a las autoridades locales”, explica la presidenta de la ANP. 

En un país tan centralizado como Perú, las dimensiones y densidad poblacional de Lima hacen más plausibles ciertas medidas de protección y anonimato. En las regiones, el escenario es totalmente diferente y hay zonas donde se generan “desiertos informativos”, donde nadie investiga. Lainez explica que “es difícil proteger la identidad de los colegas” en entornos donde la gente se conoce. Además, “el 80% de los periodistas regionales tienen sus plataformas digitales en redes sociales o concesionan sus espacios en radio y televisión”. Son independientes, se autogestionan y a menudo no cuentan con estructuras de apoyo o seguridad. 

La presidenta de la ANP recuerda casos de periodistas amenazados con fotografías de sus hijos, cuyos domicilios son atacados, que reciben llamadas e incluso armas a modo de advertimiento. “Hay gente que se plantea seriamente dejar esta actividad”

“Puedes ver a periodistas súper fuertes diciendo ‘conmigo no van a poder’ y después los tienes aquí en una crisis emocional brutal”, lamenta. La presidenta de la ANP recuerda casos de periodistas amenazados con fotografías de sus hijos, cuyos domicilios son atacados, que reciben llamadas e incluso armas a modo de advertimiento. “Hay gente que se plantea seriamente dejar esta actividad”. 

Pero algunos persisten. Sobreviven a las amenazas, a los ataques, toman decisiones difíciles, realizan ajustes necesarios y siguen investigando. Se van del territorio un tiempo, hasta que se calmen las aguas, o eligen permanecer ahí, pero solos: protegen a su familia. Esto hizo Manuel Calloquispe, periodista de Madre de Dios. Atiende la llamada desde Puerto Maldonado, capital de esta región amazónica del sudeste de Perú, limítrofe con Bolivia y Brasil. En Madre de Dios se encuentra la Pampa, un territorio ubicado entre los kilómetros 115 y 98 de la carretera Interoceánica, que está gravemente deforestado y contaminado por la minería ilegal. 

Pero cuando Calloqusipe era niño, en los años 70, la Pampa era un lugar diferente. Manuel la recuerda como “un enorme humedal de quebradas para bañarse y pescar, fauna silvestre, palmeras y abundantes aves”. En su infancia, Manuel conoció las virulentas tormentas nocturnas de la selva, los animales salvajes y el bosque virgen. Un día, su padre llevó a la familia de expedición por la zona del río Malinovsky. Metió la mano en el agua y sacó una pepita de oro. La mostró a sus hijos y dijo “este oro no es para nosotros”. Hoy, tanto el territorio vasto de Madre de Dios como la vida de Manuel Calloquispe están gravemente afectados por el negocio ilegal de la minería aluvial de oro. 

Sobrevivir a la ley de la selva

Inició su carrera en medios locales. En 2011, empezó a colaborar con Inforegión y en 2014 asumió el rol de corresponsal para El Comercio y Latina. El periodista sigue trabajando con estos tres medios y su cobertura se centra en la minería y el crimen en la Pampa. Esta empezó en 2007, con apenas 40 mineros, en el contexto de la construcción de la carretera que abrió el acceso a la región en un modo sin precedentes. Tras dos décadas de actividad, 20.000 hectáreas han sido deforestadas y más de 600 toneladas de mercurio, arrojadas. 

El Estado ha llevado a cabo varias operaciones militares para hacer frente a la minería, las cuales la frenaron temporalmente, pero no evitaron el regreso de mineros, cada vez, en mayor número. Con el tiempo, la minería ilegal se transformó en un entramado criminal complejo que modificó muchos aspectos de la vida en la región. “Empezó a haber viviendas de material noble, hoteles y discotecas de lujo. Hoy hay unos 2.000 prostibares, con unas 4.000 chicas”, comenta Calloquispe. Explica que cinco grupos criminales operan en la zona: Los Guardianes de la Trocha (la “seguridad”), el tráfico de combustible, el tráfico de oro, el tráfico de motores y los mineros ilegales. En operativos recientes, se intervino el tráfico de combustible y se capturó a miembros del grupo de seguridad. 

“Tocaron la puerta de mi casa y, cuando abrí, me golpearon delante de mis hijos. Eso fue un impacto fuerte para ellos”. Manuel y su mujer decidieron que era mejor que ella y los niños se fueran a Lima.

Manuel Calloquispe ha dedicado años de su actividad periodística a documentar todos estos sucesos: las intervenciones militares y policiales, los avances de la actividad minera, los delitos cometidos por los grupos criminales y los vínculos entre estos. Manuel incomodó a muchos y le hicieron pagar el precio. El primer atentado fue en 2012: “Tocaron la puerta de mi casa y, cuando abrí, me golpearon delante de mis hijos. Eso fue un impacto fuerte para ellos”. Manuel y su mujer decidieron que era mejor que ella y los niños se fueran a Lima. 

En 2019 el periodista volvió a sentir la violencia en su carne, en el contexto del Gran Operativo del Mercurio 2019, una intervención militar de gran inversión. “Se logró detener a algunos traficantes, pero de pronto aparecieron más: 20, 50, 150, al final. Empezaron a arrojar piedras, pero no a la policía, sino a mí”, denuncia Calloquispe. Al periodista, el hombre de la cámara, el que tenía la capacidad de mostrar lo que sucedía en la Pampa. Palos, piedras, machetes, cuchillos. “La policía que venía a capturarlos no era el enemigo, el enemigo era el periodista” y se le mandó al hospital. 

Los atacantes habían sido siempre mineros, pero desde 2023 empezó a ser el grupo de seguridad, Los Guardianes de la Trocha, con Edison Fernández Pérez, alias Chili, a la cabeza. Edison Fernández fue condenado a 15 años de cárcel por el asesinato del defensor ambiental Juan Julio Gómez Fernández, pero Calloquispe asegura que ha asesinado a hasta 50 personas. En 2025, “El criminal más grande del país” amenazó de muerte al periodista y llegó a ofrecer el equivalente a 10.000 euros por su cabeza.

El 8 de agosto de 2025, según el comunicado oficial, la policía capturó a 26 integrantes de Los Guardianes de la Trocha. Pero Calloquispe descubrió que los detenidos no formaban parte del grupo criminal: “Eran trabajadores mineros, vendedores de oro, chicas que hacen ‘jale’ en la venta, señoras que venden refrescos”. Manuel iba a publicar esta información, pero la noche del 28 de agosto, su teléfono sonó. Alver Carranza Fernández, un hombre vinculado a Chili, le dijo: “Te voy a arrancar la cabeza. Tú te escondes, te voy a matar a tu hijo, a tu hermano, están todos identificados”. Y Chili continuó: “No me estés publicando nada de la Pampa. Te vas a morir. Ya sabes por qué te estoy llamando. Acá va a morir mucha gente”.

Calloquispe grabó la llamada. Al colgar, lloró fuertemente. “Luego reaccioné”: pasó la grabación al jefe de la policía local, al gobernador y al representante del Congreso en Madre de Dios. Nadie respondía. Entonces llamó a la presidenta del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Adriana León, y a la gerente de noticias de Latina, Marta Rodríguez: “Ella me dijo que tenía que salir. Pero era tarde, los aviones ya se habían ido”. Voló el día siguiente a primera hora y pasó tres meses en Lima. Ese fin de semana, Calloquispe publicó su reportaje y contó en televisión lo que había sucedido, haciendo público el audio y por primera vez una fotografía del líder de Los Guardianes de la Trocha. 

Actualmente, Chili se encuentra en paradero desconocido. La banda fue desmantelada en dos operaciones policiales y militares en mayo y julio de 2026. En la segunda, se incautó material de guerra por el valor de cerca de 100.000 euros, 21 de sus integrantes fueron detenidos y dos resultaron muertos durante el enfrentamiento. Según Calloquispe, ocho miembros de la banda siguen prófugos. 

El último recurso para la verdad

Regresar a Puerto Maldonado habiendo sido amenazado fue complicado. “Mi vida ha cambiado totalmente”, reconoce. Varias organizaciones le apoyaron: instalaron cámaras de seguridad en su domicilio, le proporcionaron un chaleco antibalas, un casco blindado y, durante meses, dos policías le brindaron seguridad. Pero Manuel sabía que estaba siendo observado: “Notaba gente: parejas que se sentaban frente de mi casa y pasaban horas ahí, gente que venía a sentarse en su moto. Yo hacía captura de pantalla y le pasaba la voz a la policía: todas esas personas tenían una historia criminal”. 

En la Pampa le insultan o le amenazan. Pero de alguna manera, Calloquispe aguanta: “Ya no tengo miedo”. Quizá porque, al otro lado del odio, está también el agradecimiento a quienes le apoyaron: Adriana León, de IPYS – “Manuel, ¿Dónde estás? Mándame un mensajito y voy a estar pendiente” –; Zuliana Lainez, de la ANP, a quien Manuel suele avisar sobre sus salidas a campo; el Consejo de la Prensa Peruana, otras organizaciones internacionales y varios medios de comunicación. Pero el periodismo local no se comportó de la misma manera: “Ningún gremio local ha sacado un pronunciamiento o me ha apoyado”. Será que el silencio informativo existe, pero Manuel insiste en romperlo. 

O quizá Calloquispe resiste porque ha entendido que, en un contexto de crimen organizado, él es, muchas veces, el último recurso para la verdad. “Hay familias que me dicen ‘Señor Manuel, han matado a mi hermana, la policía no está haciendo nada, hemos puesto la denuncia, pero no hay operativo’. Y recurren a mí”, comparte Manuel, emocionado. “Empiezo a averiguar, me meto en el tema de lleno, hablo con el general, con la región policial, con el fiscal. Me cargo la responsabilidad porque lo que pasa es que nadie hace nada”, explica Calloquispe. Y reconoce: “Creo que los que están cayendo es porque los hice públicos, y la policía no tuvo que hacer otra cosa que usar una buena estrategia y capturarlos. Eso me llena de orgullo”.  

“A veces lloro, me pasan cosas y empiezo a llorar”: al otro lado del teléfono, Manuel llora. Mantener la actividad periodística en esas condiciones resulta agotador

El periodista mantiene un tono sereno en su discurso, con explicaciones claras y atención a las preguntas: lo hace mientras habla del crimen, de la violencia hacia su persona, de las amenazas, del miedo, de la separación familiar, de la superación del miedo. Pero se quiebra cuando llega la pregunta más complicada. Manuel paga dos seguros de vida para asegurar un respaldo económico a su familia en caso de que la situación se complicase, pero estar lejos es doloroso. “Una cosa es estar con una familia todos los días, verlos estudiar, y otra cosa es estar solo en tu casa protegida y con el temor que te pueda pasar algo”, reflexiona.

“A veces lloro, me pasan cosas y empiezo a llorar”: al otro lado del teléfono, Manuel llora. Mantener la actividad periodística en esas condiciones resulta agotador. “Creo que tres o cinco años más y yo debería dejar esto. He documentado todo lo que he vivido y hay cosas que no se han publicado, y quisiera escribir eso. Y un día salir, sí. De verdad, quiero descansar, quiero estar tranquilo”, comparte el periodista. Hay una frase que es la frase de Manuel. Su razón. La busca y la comparte por WhatsApp: “Haciendo buen periodismo, honesto y decente, no ganaras dinero. Pero sí puedes ganarte el corazón de un pueblo”. Con voz rota de orgullo y emoción, Manuel Calloquispe reconoce: “Yo eso lo he vivido”. 

Perú experimenta una profunda crisis en las libertades de expresión, de información y de prensa, con un periodismo de investigación cada vez más precarizado, vulnerado y perseguido y la paralela proliferación de medios de comunicación acríticos con quienes concentran los poderes. Este desequilibrio no solo genera la desconfianza de los peruanos en los medios de comunicación – solo el 40% confía en las noticias – sino que también alimenta discursos que tienen impactos directos en la política y, por ende, en las vidas de los peruanos.

Un claro ejemplo de ello es la cobertura mediática de las pasadas elecciones. Una investigación de El Foco reveló que, durante la campaña electoral, seis medios de comunicación llegaron a publicar 1045 piezas contra Roberto Sánchez, el candidato que compitió en segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Según la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la cobertura de la mayoría de los medios privados fue “sistemáticamente negativa contra Sánchez”, mientras que el 96% de la cobertura sobre Fujimori fue neutral o positiva. Fujimori ganó a Sánchez por 49.641 votos, solo el 0,27% del total.

“En una situación en que quienes concentran el poder avanzan con todo, el periodismo sigue siendo el único hálito de esperanza”, reflexiona Zuliana Lainez. ¿Qué sucede con la democracia cuando el periodismo es perseguido? Para Zuliana, la clave es entender la relación directa entre ambos: “Si se debilita el periodismo, la democracia se debilita”. Gustavo Gorriti va más allá: “Para mí, para todo pronóstico práctico, la democracia dejó de existir. Estamos en tiempos sumamente oscuros”.