Petronor
Denuncian que la nueva torre de propileno de Petronor no respeta las distancias de seguridad

Mientras el conflicto laboral en Petronor sigue dejando heridas abiertas y la huelga indefinida ha sido desconvocada entre protestas sindicales, otro foco de tensión crece entre los muros industriales de Muskiz.

La refinería ha iniciado la instalación de una nueva torre de propileno de grado polímero, una estructura de gran envergadura asociada a una inversión de 58 millones de euros cuya puesta en marcha está prevista para el primer trimestre de 2026. Presentada como un salto tecnológico y ambiental, la operación ha reactivado las alarmas de colectivos vecinales, sindicatos críticos y organizaciones ecologistas.

La compañía describe el proyecto como una modernización de la actual planta de propileno de grado químico, destinada a producir un material de mayor pureza y mayor valor en el mercado, ampliamente utilizado como materia prima en la fabricación de polímeros.

La nueva torre contará con 170 platos frente a los 135 de la unidad existente y alcanzará los 74,5 metros de altura, lo que la convertirá en la estructura más alta de la refinería. Según Petronor, el nuevo equipo realizará la misma función que el anterior, pero con mayor eficiencia, incorporando los últimos estándares de diseño y seguridad.

Según estas fuentes, la nueva torre podría no respetar el umbral de 60 metros desde el vallado o zona exterior exigido para este tipo de instalaciones

Sin embargo, la controversia no se centra tanto en la función del equipo como en su emplazamiento. La plataforma vecinal Anticoke y otras fuentes consultadas por este medio cuestionan que la torre se esté levantando a escasa distancia de la carretera BI-3794, principal acceso a la playa de La Arena, y cerca de zonas habitadas y de tránsito constante.

La duda que plantean es si esa proximidad cumple con las distancias mínimas de seguridad exigidas por la normativa estatal para instalaciones que manejan productos altamente inflamables y explosivos como el propileno.

El marco legal en materia de seguridad industrial establece distancias horizontales mínimas entre equipos de proceso de mayor peligrosidad —clasificados como de Clase A— y el exterior del recinto industrial, precisamente para proteger a la población y a los trabajadores en caso de fuga, incendio o explosión.

Según estas fuentes, la nueva torre podría no respetar el umbral de 60 metros desde el vallado o zona exterior exigido para este tipo de instalaciones, un extremo que, de confirmarse, tendría implicaciones relevantes en términos de seguridad preventiva.

La preocupación no se limita a un cálculo técnico. Colectivos vecinales recuerdan que el propio Plan de Emergencia Exterior de la refinería contempla escenarios de accidente con alcances de varios centenares de metros.

En ese contexto, ubicar equipos de alto riesgo cerca de vías de comunicación o espacios frecuentados introduce una complejidad añadida a cualquier plan de autoprotección o evacuación. No se trata solo de qué ocurre dentro de la planta, sino de cómo se gestionaría un incidente en un entorno densamente transitado.

A ello se suma la forma en que se están desarrollando los trabajos. Vecinos de Muskiz han señalado movimientos nocturnos, transporte especial de grandes piezas y actividad fuera del horario habitual, una operativa que, aun siendo legal, alimenta la percepción de falta de transparencia y de un intento de reducir la visibilidad pública de unas obras que, por su escala y naturaleza, afectan directamente a la convivencia entre la refinería y su entorno.

Este nuevo episodio conecta de forma directa con las denuncias que atravesaron la huelga y continúan después de ella. No es solo el deterioro de instalaciones antiguas o la falta de mantenimiento lo que genera inquietud, sino una expansión de la refinería que, a ojos de colectivos sociales y parte de la plantilla, no parece ir acompañada de garantías claras sobre distancias de seguridad, evaluación de riesgos externos y control público de decisiones que tienen un claro impacto en el ámbito de la seguridad y la salud públicas. 

En noviembre de 2003, un escape de propileno en la torre T-19 de la planta de olefinas de la refinería de Repsol en Puertollano (Ciudad Real) activó una alarma parcial y obligó a movilizar a todo el personal contra incendios para refrigerar la fuga con agua. El incidente se produjo durante una operación de puesta en marcha, cuando se desobstruyó una válvula en la que el gas se había condensado formando un tapón.

No hubo víctimas ni daños materiales, pero el episodio generó una fuerte alarma entre la plantilla. Según relataron entonces los propios trabajadores, el propileno es un gas extremadamente volátil y, de haber entrado en contacto con un punto caliente, podría haber provocado una explosión de grandes dimensiones. Ese temor tenía un origen muy concreto y reciente en el mismo complejo industrial.

Apenas tres meses antes, el 14 de agosto de 2003, una explosión en otra unidad de la refinería de Puertollano causó la muerte de nueve trabajadores que realizaban labores de mantenimiento en una instalación de destilación. Aquel accidente, uno de los más graves de la historia de la industria petroquímica en el Estado español, marcó de forma profunda a la plantilla y puso en evidencia los riesgos asociados a operaciones rutinarias en instalaciones de alta complejidad.