Pobreza energética
La infancia de la Cañada Real pide a los Reyes Magos la luz que la política les niega

“Este año no quiero regalos, quiero que nos den la luz. Ya que vosotros sois los reyes magos, ¿podéis hacer magia e iluminarnos nuestro humilde barrio?”. Es el comienzo de una de las 80 cartas que las niñas y niños de la Cañada Real Galiana han escrito a los Reyes Magos. Son del sector V y VI del barrio situado al sureste de Madrid, que llevan más de 70 días sin suministro eléctrico. En total más de 4.500 personas, y de ellas, 1.812 menores de edad a quienes una decisión político empresarial está vulnerando todos sus derechos.

Cae la tarde en la capital y, entre el juego y la reivindicación, un centenar de peques acompañados de sus adultos responsables se apiñan en la vereda del Ayuntamiento de Madrid. Como en una metáfora de su realidad, las luces en la esquina de Cibeles no se encienden y solo el grito sobrevive a la penumbra perturbada de a ratos por el foco de una cámara de televisión. “Quiero una de esas para estudiar”, dice una de las adolescentes entre risas, acostumbrada en estos meses a hacer los deberes bajo la luz de una linterna, en ese quehacer cotidiano lleno de dificultades y prohibiciones.

Acaban de leer las cartas que han escrito, algunas con caligrafía de torpeza indescifrable, otras simplemente con dibujos o rayas multicolores. El pedido es unánime: la luz, esa que brilla con obscenidad en las calles de Madrid y sus millones de lámparas led con diseños de lujo, banderas rojigualdas, meninas refulgentes y 3,17 millones de gasto público.

“Tengo 16 años, soy una vecina de la Cañada Real del sector 6, mi mejor regalo sería, más que un regalo, un derecho: y pido luz, yo y todos los vecinos“, dice Basma.

“Tengo 16 años, soy una vecina de la Cañada Real del sector 6, mi mejor regalo sería, más que un regalo, un derecho: y pido luz, yo y todos los vecinos. Os escribo más que nada para recordaros que también somos humanos. Se me hace difícil el curso, no puedo acceder a las aulas virtuales, me juego el curso y mi futuro. Espero que se pueda resolver porque no pedimos luz gratis, pedimos pagar la luz como cualquier persona”, ha escrito Basma.

Los problemas del suministro energético son crónicos en la zona, pero “nunca se ha llegado a esta gravedad”, según un informe presentado días atrás por entidades del barrio al defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y al comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, José Tortosa de la Iglesia.

“Cuando empiezan los días fríos de finales de otoño aumenta la demanda de electricidad y la red (precaria e irregular como constataron las administraciones en el pacto regional) se sobrecarga y deja de prestar servicio”. Pero esta vez el sector VI lleva sin luz desde el 2 de octubre y una parte importante del sector V desde los primeros días de noviembre.

Según el informe, que lleva la firma de diferentes profesionales médicos que trabajan con la población del barrio, “la falta de suministro eléctrico está teniendo gravísimas consecuencias en los derechos de los niños a que su interés superior sea tenido en cuenta y a la vida, la supervivencia y el desarrollo, incluyendo en él la educación, la salud, la vivienda adecuada, el juego y el esparcimiento… La inacción de las administraciones públicas, central, autonómica y local, está haciendo que la situación sea ya insostenible, más aún con la inminente llegada del invierno y en la situación actual de pandemia covid-19”.

En mayo de 2017 el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana fue firmado por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid, y los grupos políticos que en ese momento tenían representación en la Asamblea de Madrid. El mismo incluía un plan de choque para mejorar las infraestructuras básicas, entre otras “un plan de rehabilitación de la red eléctrica en distintas fases”. Nunca se hizo. 

En tiempos en que la palabra Constitución se cae de los bolsillos de la clase política, pocas cuestiones están tan legisladas como el amparo de estas niñas y niños en virtud de su vulnerabilidad social. La Declaración Universal de los Derechos del Niño, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Directiva de la Electricidad de la UE y, por supuesto, nuestra Carta Magna.

“La Constitución española reconoce los derechos a la educación, a la salud y a la vivienda, como principios rectores de la política social y económica, y como tales vinculan la actividad de los poderes públicos e informan la legislación positiva. El suministro eléctrico es esencial para una vida digna y condición imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Por ejemplo, es necesario para la conservación y preparación de los alimentos, de manera que la falta de electricidad pone en peligro el derecho a una alimentación adecuada, como ha reconocido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, como un derecho que dimana directamente del artículo 11 del PIDESC”, ha reconocido el propio defensor del Pueblo.

Entre los principios rectores sobre pobreza extrema y derechos humanos, un perfil en el que diferentes estudios incluyen a la población de la Cañada, se establece la obligación de las autoridades públicas de “otorgar prioridad a la mejora de la infraestructura y los servicios en las zonas habitadas por personas que viven en la pobreza con inclusión de caminos transitables todo el año, agua potable, evacuación de desechos y de aguas servidas e instalaciones de saneamiento, servicios de atención de salud y de educación, y electricidad”.

El propio Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en su redacción dada por Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio de 2020, prohíbe en su art. 29 el corte de suministro eléctrico a las personas físicas en su domicilio habitual por razones distintas a las de la seguridad del suministro.

“La energía eléctrica, en cuanto suministro esencial, cobra aún una mayor importancia en la situación actual. Por ello, esta institución quiere llamar la atención sobre la necesidad de que las administraciones movilicen los recursos necesarios para asegurar la continuidad y calidad del suministro eléctrico a las personas físicas en su domicilio habitual”, ratifica Fernández Marugán.

Por ahora la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es criminalizar y responsabilizar de lo que están sufriendo a las propias familias. Desde el comienzo de las protestas, ha vinculado el corte generalizado a la existencia de cultivos de marihuana en la Cañada.

“La primera justificación fue que quieren terminar con actividades ilícitas, eso ya se está saliendo totalmente de contexto, si hay personas capaces de analizar un poco qué son los cultivos, quién tiene que intervenir y cómo, que intervengan, no sé a qué están esperando para intervenir. La solución de ninguna manera puede ser dejar sin luz a 4.500 personas. Es tan absurda la excusa que a cualquier que la escucha le parece mediocre”, declaró en una manifestación anterior, Cristina Pozas, vecina del sector V e integrante de Comisión por la Luz de la Cañada.

“No me parece justo lo que dijo Ayuso. No es que no queremos pagar facturas, es que esas facturas no existen porque no nos ponen contadores de luz”, dice Najat

La carta que Najat escribió a los Reyes sirve también para derrumbar teorías sibilinas. “Tengo 16 años, estoy en la ESO y vivo en la Cañada Real, no puedo seguir en esta situación ni yo ni los demás niños/as, no podemos hacer los deberes ni estudiar. No me parece justo lo que dijo Ayuso, ella siendo presidenta de Madrid y no se entera de la verdadera situación de la Cañada, no queremos luz ilegal, como ella dice, no es que no queremos pagar facturas, es que esas facturas no existen porque no nos ponen contadores de luz”, cuenta.

Nunca lo han tenido tan fácil los Reyes Magos y jamás tan difícil las familias para dar respuesta al pedido desesperado de sus hijas e hijos. Por ahora ni el Gobierno municipal ni la Comunidad de Madrid que gobierna el PP parecen dispuestos a ofrecer soluciones. Tampoco la empresa responsable del suministro en la zona, Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), a pesar que figuras reconocidas del partido socialista han sido consejeros de la compañía. Tal es el caso de Felipe González, Cristina Garmendia, Narcís Serra o el fallecido Manuel Marín.

Precisamente, otra voz ausente es la de Naturgy, que en su carta de compromisos con los Derechos Humanos destaca “evitar prácticas discriminatorias o que menoscaben la dignidad de las personas”, “erradicar la explotación laboral infantil” y “asegurar la libertad de asociación y negociación colectiva”.

Todo está en manos de los Reyes, los de Oriente, que ya tienen sus cartas, para solucionar un problema del que por ahora solo se están ocupando las entidades sociales y grupos de familias (AFA) de los colegios a los que asisten las niñas y niños afectados. En tiempos de meritocracia, después de hacer todos los esfuerzos para estudiar durante la primera etapa de la pandemia, se les está condenando al apagado de sus vidas.