Policía
“Más allá de una moratoria de las balas de foam, hace falta debate más profundo sobre el modelo de seguridad”

¿Es posible evitar actuaciones desproporcionadas por parte de la policía? ¿Y casos de lesiones graves como la sufrida por la joven de 19 años que perdió un ojo por el impacto de una bala de foam en la manifestación del 16 de febrero? ¿O que elementos policiales sean utilizados de forma partidista como pasó con ‘la policía patriótica’ del exministro Jorge Fernández Díaz? Las negociaciones para formar gobierno en Catalunya, en las que la CUP ha puesto sobre la mesa serias reformas sobre el modelo policial autonómico, abren la puerta a repensar qué tipo de policía queremos y qué cambios hay que hacer para ello en los diferentes cuerpos policiales.

Por lo pronto, desde el partido anticapitalista han propuesto una serie de medidas urgentes tanto a Junts per Catalunya, En Comú Podem y ERC, y este último partido, que aspira a presidir el próximo gobierno catalán, ya ha afirmado que trabajará sobre ellas. Estas son una moratoria sobre el uso de las balas de foam, que la Brigada Móvil (Brimo) —la unidad de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra— y Arro no participen en la ejecución de desahucios y que la Generalitat se retire como acusación de todas las causas judiciales por altercados y desórdenes públicos en el ámbito de movilizaciones sociales. 

“Planteamos que en los desahucios no puede haber policía de orden público; por ponderación de derechos, como mucho tendría que ir un binomio policial, siguiendo la sentencia de Trapero en cuanto a que la paz social no se vea alterada; se tiene que aplicar la misma perspectiva jurídica”, señala Xavier Pellicer, diputado electo de las CUP, en referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional de octubre de 2020 en la que absolvía al jefe de los Mossos d’Esquadra de los delitos de sedición y desobediencia de los que le acusaba la Fiscalía por no haber haber ordenado una actuación policial más violenta para impedir el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Pero el cambio que ven necesario desde la CUP sobre el modelo policial en Catalunya es mucho más profundo. “Tenemos una propuesta que es más teórica, de una transformación más general. A grandes rasgos, partimos de que el principio que debe regir la seguridad es la defensa de los derechos y libertades civiles de ciudadanas y ciudadanos, y, a diferencia de eso, actualmente tenemos un sistema corporativista y de defensa de la extracción de riqueza a la gente pobre”, explica Pellicer.

Para empezar, según explica, habría que redefinir los parámetros con los que se mide la inseguridad, realizando reformas legislativas sobre las “estructuras que conforman el trinomio policía-jueces-prisión”, crear herramientas de participación social, no exclusivamente policial, dejando a los agentes como la última ratio de intervención. En definitiva, “sustraer la gestión del conflicto social del sistema de justicia, policial y criminal”, subraya el diputado de las CUP.

Las medidas puestas ya sobre la mesa apuntan hacia un cambio, pero no son suficientes, ni para la CUP ni para organismos en defensa de los derechos humanos como Iridia. “Más allá de que se acuerden moratorias del uso de balas de foam, que nos parece bien, tiene que haber un debate con más profundidad sobre el modelo de seguridad”, señala la abogada Anaïs Franquesa, miembro de Iridia. 

“Al final de la legislatura hubo un acuerdo en el Parlament para crear grupo de trabajo en la Comisión de Interior sobre modelos policiales y mecanismos de rendición de cuentas”, explica Franquesa. “Pedimos que este debate se haga de forma pausada y reflexiva en el Parlamento, que vengan expertos de aquí e internacionales, y poder decidir así qué modelo de orden público y qué mecanismos se instauran en los cuerpos de seguridad”, continúa la abogada.

“Lo que estamos retomando es esa idea de segunda transición en la policía para que la policía no se vea como protectora de un determinado sector de la sociedad sino de todo el mundo”, declara Luis Miguel Lorente, del sindicato policial ARP

A nivel estatal, incluso dentro de la propia Policía Nacional hay voces que reclaman una reforma en profundidad del sistema policial. La Agrupación Reformista de Policías (ARP) nació en 2016 ya reclamando un nuevo modelo. “Lo que pedíamos entonces, y no ha cambiado, es que se creara una comisión parlamentaria que impulsara una nueva Ley de seguridad estatal”, explica Luis Miguel Lorente Moreno, fundador de la organización policial, licenciado en criminología y, actualmente, agente de la Policía Nacional en el Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante.

“En el 86 se creó la actual Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que nacía para poner un punto y aparte con la policía del régimen franquista; era una herramienta democrática de primer orden, con principios que están muy bien, pero hay que cumplirlos”, explica Lorente. “Lo que estamos retomando es esa idea de segunda transición en la policía para que la policía no se vea como protectora de un determinado sector de la sociedad sino de todo el mundo”, añade.

Un sistema de fiscalización y control policial independiente

Como cambios profundos, pero concretos, desde la CUP reclaman que se ponga en marcha un mecanismo público independiente que dependa del Parlamento autonómico y no del Departament d’Interior, para que fiscalice y, si es necesario, sancione la actuación de los agentes. 

Es una reclamación que también hacen organismos en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional e Iridia. “No hay modelo policial que valga si los mecanismos de fiscalización y control no funcionan, y esto es lo que siempre falla”, afirma Franquesa.

También es uno de los puntos más importantes en la reclamación de nuevo modelo que hacen desde la ARP. “Actualmente hay mucho corporativismo y esto hace que muchas veces no se llegue al fondo de determinados asuntos, que se acallan”, denuncia Lorente.

Al igual que las CUP e Iridia en Catalunya, desde la ARP reclaman a nivel estatal un organismo procesal administrativo que sea independiente. “Deben ser órganos con gente preparada pero que no estén bajo el control de determinados mandos que, a lo mejor, no permiten que se cumplan los objetivos”.

Violencia policial

Desde Iridia apuntan también cómo la falta de mecanismos de fiscalización y control hace imposible que se investiguen actuaciones policiales desproporcionadas que causan lesiones muy graves. Es el caso de muchas de las lesiones producidas por el impacto de balas de goma, y actualmente también de foam, como la sufrida en la manifestación del día 17 de febrero por una joven de 19 años a la que el disparo de una bala de foam realizado por un agente de los Mossos d’Esquadra causó la pérdida de un ojo. 

“En los distintos procedimientos que hemos ido viendo, cuando preguntamos qué agente ha disparado nos dicen que no se puede saber”, denuncia Franquesa

“No hay trazabilidad”, sentencia Franquesa. “Dicen que sí, pero en los distintos procedimientos que hemos ido viendo, cuando preguntamos qué agente ha disparado nos dicen que no se puede saber, que solo se puede saber el total de proyectiles que han tirado, pero no cuándo”, explica la abogada. 

Las movilizaciones que tuvieron lugar en todo el Estado por el encarcelamiento de Pablo Hasel acabaron con más de 200 personas heridas, a las que se suman las decenas que denunciaron haber sufrido malos tratos y torturas durante la detención o estancia en comisaría. De estos más 200 heridos en las manifestaciones, 91 fueron en Catalunya, según datos proporcionados a El Salto por el departamento de Comunicación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Catalunya.

Son datos alarmantes, pero no una novedad. En las manifestaciones que tuvieron lugar en toda España entre enero de 2012 y mayo de 2013, según reportaba entonces Periódico Diagonal, se registraron 777 partes de lesiones. Y solo el 1 de octubre de 2017, el departamento de Salud de la Generalitat cifra en 844 las intervenciones médicas a raíz de las cargas policiales para evitar que se celebrara el referéndum. Una violencia policial que fue poco después denunciada por Human Rights Watch, por Amnistía Internacional e incluso por la ONU.

Fuera de las movilizaciones sociales, durante los primeros meses de estado de alarma han sido habituales imágenes de violencia policial para hacer cumplir el confinamiento, y ya, más recientemente, la salvaje paliza propinada por un agente de policía en Linares a un padre y su hija ha provocado la ira de la población.

Balas de goma, de foam y armamento supuestamente no letal

El caso de la joven de 19 que ha perdido un ojo por el impacto de una bala de foam en la manifestación del 17 de febrero podría no ser el único caso grave en relación con este tipo de armamento policial. En 2012, la Ertzaintza abandonó el uso de las balas de goma en el País Vasco, sustituyéndolas por un proyectil que, en principio, es menos peligroso. Fue a raíz de la muerte de Iñigo Cabacas, joven de 28 años que falleció por el disparo de una bala de goma realizado por un agente del cuerpo policial vasco a la salida de un partido de fútbol. 

Catalunya también prohibió el uso de las balas de goma en 2014 y las sustituyó por las de foam, a raíz del caso Ester Quintana. Y en el resto del Estado español continuó su uso, a pesar de que, desde la Transición, han provocado  23 muertos y 44 heridos graves. 

Se van las pelotas de goma, llegan las balas de foam

Richard Crowbar

Hemeroteca Diagonal

Se van las pelotas de goma, llegan las balas de foam

Richard Crowbar

Pese a la retirada de las pelotas de goma la asociación "Stop Balas de Goma" sigue denunciando el carácter letal de los nuevos proyectiles. La abogada de Esther Quintana denuncia que el problema de raíz es la cultura policial.

Sin embargo, las balas de foam también han provocado lesiones graves, y es posible que no solo a la joven de 19 años herida en la manifestación celebrada el 17 de febrero por la entrada en prisión de Pablo Hasel. “Ya teníamos sospechas de lesiones graves por este tipo de proyectiles en las protestas que tuvieron lugar en 2019, porque en dos casos no se puede determinar si eran balas de goma o de foam”, explica Anaïs Franquesa.

Las protestas que tuvieron lugar en Catalunya en 2019 por la sentencia del Procés acabaron con 53 personas heridas por balas de goma, de las que cuatro perdieron un ojo. Entonces, aunque en Catalunya ya estaban prohibidas las balas de goma, los agentes de Policía Nacional llevaron este tipo de armamento y provocaron al menos dos de las cuatro graves lesiones oculares que se contaron en estas protestas. Las otras dos no se ha podido determinar si fueron provocadas por balas de goma o de foam. 

“Solo se puede entender que haya una herida en el ojo porque se haya apuntado a la cabeza, y en ese sentido se están utilizando mal y eso es muy grave”, señala Franquesa

“A diferencia de las balas de goma, las de foam son de precisión: no rebotan, donde se apunta se impacta; solo se puede entender que haya una herida en el ojo porque se haya apuntado a la cabeza, y en ese sentido se están utilizando mal y eso es muy grave”, señala Franquesa. 

Franquesa denuncia que, a pesar de que desde Amnistía Internacional e Iridia han pedido que se haga público el protocolo de uso de las balas de foam, la Dirección General de Policía sigue negándose a publicarlo. “No podemos fiscalizar si el protocolo se adecúa a la normativa internacional, porque vemos que se usa mucho para dispersar y se dispara de forma indiscriminada, lo que está prohibido por recomendaciones y regulaciones internacionales, que también dicen que no se pueden disparar este tipo de proyectiles contra la parte superior del cuerpo”, concluye.