Opinión
Mucha policía, poca educación

Las largas colas de personas que se presentan a oposiciones policiales son, en un contexto de precarización creciente, un fenómeno comprensible. Incómodo de reconocer desde una ética antiautoritaria, pero perfectamente inteligible desde una racionalidad instrumental. Jornadas interminables, entornos laborales hostiles y una amenaza constante de automatización y deslocalización han convertido la función pública, especialmente la uniformada, en una de las pocas apuestas laborales que todavía ofrecen una cierta seguridad del puesto de trabajo. Es la respuesta adaptativa de generaciones que han interiorizado, con razón, que el mercado laboral no perdona la ingenuidad ni el 'tiempo perdido'.

Este fenómeno no es exclusivo de la realidad vasca, ni tampoco propio de este momento histórico. En economías golpeadas por ciclos de austeridad, el ingreso de jóvenes en los cuerpos de seguridad del Estado ha funcionado como válvula de escape para generaciones con formación superior y escasas salidas laborales. La paradoja es conocida en la academia, pero rara vez se enuncia en términos políticos claros: una sociedad produce titulados universitarios que luego ingresan en instituciones cuya función es, en parte, gestionar el descontento que esa misma sociedad genera y que esa generación, precisamente por su formación, encarna. Es una forma de cierre del círculo capitalista que debería determinar la manera en que organizamos las resistencias.

Entre 2021 y 2025, hubo casi 24.000 aspirantes para 2.415 plazas en la Ertzaintza. En ese mismo período, varias plazas de profesor en la EHU quedaron desiertas por falta de candidatos

Entre 2021 y 2025, las convocatorias conjuntas de la Ertzaintza registraron 23.776 aspirantes para 2.415 plazas (≈ 9,8 aspirantes por plaza), con picos como 2023, cuando hubo 3.985 aspirantes para 212 plazas (≈ 18,8 por plaza). Mientras tanto, en paralelo, y pese a que la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) no ha sacado a concurso un volumen especialmente alto de plazas de interinidad (Ayudante Doctor) y consolidación (Profesor Agregado), muchas de ellas quedan desiertas por ausencia de aspirantes. Algunas han quedado vacantes, o han podido cubrirse solo tras segundas y terceras convocatorias.

La comparación refleja crudamente en qué han convertido las políticas neoliberales y de austeridad la carrera investigadora. Preparar oposiciones de policía ofrece un horizonte relativamente claro, un sueldo digno al final del proceso y una estabilidad que la universidad pública no siempre garantiza. Doctorarse, en cambio, implica entre cinco y diez años de precariedad encadenada (becas, contratos posdoctorales, movilidad forzosa) sin ninguna certeza de estabilización. Que sobren plazas académicas y falten aspirantes no habla necesariamente de falta de vocación intelectual; habla de que cada vez menos personas pueden permitirse el largo ascenso hacia la torre de marfil de la academia ilustrada.

Lo que convierte este fenómeno en sintomático es su asimetría cuantitativa. Quienes opositan a los cuerpos policiales vascos multiplican con creces a quienes intentan incorporarse a la universidad pública, mientras varias facultades de la EHU operan bajo mínimos. El sistema universitario vasco vive una contradicción obscena para cualquier observador crítico: es simultáneamente venerado en el discurso público y abandonado en la práctica presupuestaria. La EHU conserva un capital simbólico considerable y figura entre las instituciones mejor valoradas de Euskadi, pero ese prestigio se sostiene cada vez más sobre inercia histórica acumulada y cada vez menos sobre financiación real.

La asfixia de la universidad pública

El gasto público en educación superior lleva más de una década sin recuperar los niveles previos a los recortes del periodo 2010–2013. Y, según ELA, LAB, Steilas y CGT, la capacidad adquisitiva del profesorado se ha reducido en un 25% en los últimos veinte años. Pero el problema no afecta solo al profesorado. También alcanza al personal que sostiene la gestión cotidiana de la institución. La EHU presenta una ratio de 1,86 docentes-investigadores por cada administrativo, frente al 1,44 del conjunto de universidades públicas españolas. Es decir, alrededor de un 22,6% menos de personal de administración y servicios por docente que la media. La universidad vasca no solo pierde fuerza investigadora, pierde también la infraestructura humana que la hace posible.

En la universidad del siglo XXI, además, investigar ya no significa solo investigar. La producción constante de evidencias, formularios, reportes y justificaciones consume hasta un 42% del tiempo asociado a proyectos de investigación. Casi la mitad del trabajo se dedica a burocracia y no a producir conocimiento. Dicho de otro modo, el personal docente e investigador destina una parte enorme de su trabajo cognitivo a justificar por escrito que está realizando trabajo cognitivo. Un absurdo. Y esto ocurre sobre una jornada que, en teoría, es la habitual del sector público: 37,5 horas semanales. En la práctica, el profesorado universitario en España trabaja una media de 49 horas semanales, con 11,5 horas extra que nadie paga y nadie computa.

El profesorado universitario trabaja en España una media de 49 horas semanales, con 11,5 horas extra que nadie paga y nadie computa. Y casi la mitad del tiempo de investigación se dedica a justificar por escrito que se está realizando ese trabajo cognitivo.

Quien oposita a la Ertzaintza entra en una carrera laboral con condiciones, tiempos y expectativas mucho más previsibles. Quien se queda en la universidad, con frecuencia, trabaja más, cobra menos durante años y debe justificarlo todo por escrito. El resultado es un desajuste que ya no afecta solo a la calidad o a la llamada excelencia de la investigación, sino al funcionamiento mínimo de una institución que, en ocasiones, ni siquiera logra cumplir los plazos legales que ella misma establece.

La demanda de personal existe (plazas abiertas, facultades bajo mínimos, gestión al límite), pero la oferta de candidatos y candidatas dispuestos a asumir esas condiciones se está reduciendo a pasos agigantados. La explicación solo se entiende de manera estructural, no cultural, ni actitudinal, y mucho menos ética. Demasiadas personas capaces, curiosas y con vocación investigadora se ven desplazadas por un sistema burocrático poco eficaz a la hora de filtrar candidatos y producir incentivos laboorales.

Según un estudio de ELA de 2021, el proceso de consolidación en la EHU dura de media alrededor de diez años desde el inicio de la etapa predoctoral. Una década para acceder, en el mejor de los casos, a un contrato temporal y a un salario inferior al de otros empleos públicos con trayectorias de acceso más cortas y previsibles. El sistema empuja a perfiles altamente cualificados a competir por carreras largas e inciertas, mientras ofrece vías de empleo público más previsibles. Irónicamente, una parte del empleo público más accesible termina dedicada a gestionar el conflicto social producido por esa misma estructura de expectativas frustradas.

Y quienes menos pueden permitirse competir salvajemente por una plaza universitaria con condiciones dignas suelen ser, una vez más, las mujeres. Los estudios disponibles señalan brechas salariales de entre el 12% y el 25% en la universidad, con sesgos documentados en el acceso a proyectos y complementos retributivos que penalizan de forma sistemática a quienes son madres. La universidad no solo expulsa talento: lo hace también mediante desigualdades de género. El resultado son instituciones públicas repletas de voces masculinas con metodologías conservadoras posicionamientos ortodoxos en sus campos. También el bloqueo sistemático de espacios para el conocimiento diversos asentados sobre la igualdad.

¿Es mejor la privada?

Mientras tanto, el mercado laboral premia de forma creciente títulos procedentes de universidades privadas. No porque su currículo sea superior, algo que la evidencia empírica disponible no sostiene de manera general, sino porque estas instituciones activan circuitos de reclutamiento específicos y sus credenciales operan como 'señales de clase' en mercados laborales donde la reproducción de élites sigue lógicas que poco tienen que ver con el mérito. De hecho, en España el filtro de entrada a una plaza estable en la universidad pública es más exigente porque combina la acreditación estatal (ANECA) y concurso público.

En la privada, la ley controla sobre todo el porcentaje agregado de doctores y de doctores evaluados, pero no impone el mismo itinerario individual. El resultado lo certifica el propio Ministerio: el 74,1% del profesorado de la universidad pública tiene doctorado, frente al 59,4% de la privada.

Sin embargo, la 'prima' salarial atribuida a estudiar en una privada existe sobre todo en bruto. Un análisis reciente difundido por Funcas cifra que los titulados de públicas aparecen con unos 2.200 € anuales menos que los de privadas. La cuestión es que esa diferencia desaparece en gran medida, o incluso puede invertirse, al introducir variables como origen familiar, características previas del alumnado y contexto. Es decir, una parte sustancial del supuesto 'efecto universidad privada' está determinada por factores ajenos al proceso de aprendizaje.

Las grandes organizaciones reclutan por redes, señalización y capital social, no por una equivalencia automática entre universidad privada y mejor formación

Ese mecanismo de estratificación social, que gobiernos liberales y conservadores han contribuido a reforzar, encaja con la lectura de Marqués-Perales y Gil-Hernández, quienes muestran que el origen social condiciona el encaje ocupacional y la probabilidad de acceso a posiciones de mayor prestigio e ingreso. Además, en los procesos de reclutamiento de nuevos profesionales hay evidencia de circuitos de selección preferentes. En despachos de élite, por ejemplo, aparecen como canteras dominantes la Universidad Carlos III de Madrid (pública), junto con Esade e Icade (privadas). Esto muestra que las grandes organizaciones reclutan por redes, señalización y capital social, no por una equivalencia automática entre universidad privada y mejor formación.

Desprovista de financiación suficiente y de narrativas que la hagan atractiva frente a alternativas más inmediatas, la universidad pública pierde terreno en ambos frentes: como opción laboral para sus propios egresados y como institución de referencia para acceder a puestos de dirección y mejor remunerados. El resultado es un reforzamiento del sector privado y la transferencia de trabajo cognitivo hacia las empresas, pero financiado con dinero de los presupuestos colectivos.

Educación o barbarie

A esto se añade una tendencia paralela que refuerza el mismo proceso desde otro ángulo: la creciente dificultad para sostener la atención lectora y el debate público. La reflexión pausada, condición necesaria tanto para producir conocimiento crítico y original como para sostener debates reales y constructivos, se ha ido retirando del espacio común para quedar confinada en nichos académicos cada vez más herméticos. El debate público, entretanto, se fragmenta en la repetición de mantras ajenos, reproducidos con una mezcla de altivez y pereza que a veces vuelve difícil distinguir convicción y desconocimiento. Es el resultado de décadas de reorganización de los incentivos cognitivos y económicos que determinan cómo, en qué y para qué gastamos el tiempo.

Los datos del ciclo pospandemia lo confirman a ambos lados del Atlántico. En la UE, se estima que solo el 52,8% de la población mayor de 16 años leyó algún libro en los últimos doce meses. En EE. UU., la caída es aún más pronunciada: según el American Time Use Survey (2003–2023), en 2023 solo el 16% leía por placer en un día promedio, frente al 28% en 2004, un descenso cercano al 40%. No se trata de una cuestión técnica que podamos solucionar con indicaros, sino de creación de política pública transformadora.

Cuando la vida se gobierna como 'capital humano' y toda actividad debe justificar un retorno cuantificable, e incluso monetizable, el pensamiento lento que no rinde métricas inmediatas se devalúa

Como argumenta Wendy Brown, cuando la vida se gobierna como 'capital humano' y toda actividad debe justificar un retorno cuantificable, e incluso monetizable, el pensamiento lento que no rinde métricas inmediatas se devalúa de forma sistemática y es sustituido por una cultura de consumo rápido y superficial. La crisis de la lectura emerge así como una expresión visible de una instrumentalidad cortoplacista que no entiende ni la amplitud ni la complejidad de la realidad, ni tampoco la de la vida cotidiana.

La pregunta que todo esto plantea no es nueva. Una democracia que no garantiza las condiciones materiales del pensamiento crítico (salarios dignos para investigadores, financiación estable para instituciones, tiempo social para la lectura y el debate) no está siendo simplemente ineficiente: está eligiendo, aunque sea por omisión y sin nombrarlo, el tipo de ciudadanía que le resulta más manejable y menos crítico.

Si no se invierte en democratizar los instrumentos de análisis, cada vez menos personas dispondrán de herramientas para cuestionar lo que otros impongan con sofismas y relatos prefabricados. Diferentes estudios de la OCDE lo sugieren con claridad: niveles educativos más bajos se asocian de forma sistemática con menor cohesión social y menor implicación cívica.

Si Euskal Herria quiere ser algo más que una economía gestionada para el corto plazo, la respuesta no puede encontrarse en discursos vacíos sobre la excelencia universitaria. Está en los presupuestos y en la voluntad política de tratarlos como lo que son: una declaración de prioridades para transformar un sistema que subdesarrolla nuestras capacidades humanas en uno que lo altera radicalmente para hacer florecer lo mejor de cada persona. No hay alternativa. Educación o barbarie.