Política
El Gobierno anuncia la reforma de la ley de extranjería y la creación de una nueva de asilo

El Gobierno de coalición ha arrancado este martes el curso político con su primer Consejo de Ministros en el que ha hado luz verde a dos anteproyectos de ley con la que aspiran a adecuar, dicen, el sistema jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), en vigor desde el 12 de junio de 2026: un nueva ley de asilo y una modificación sustancial de la Ley de extranjería (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). 

Así lo ha detallado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el anuncio de la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, que ya había trascendido a lo largo de la mañana: “La declaración, por primera vez en la historia, de la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta”. Además, ha mencionado la creación de un mando único que trabajará en la gestión humanitaria e institucional de los próximos días en la ciudad autónoma de Ceuta. Será el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el máximo responsable del mando, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, trabajadores del CNI y el delegado del Gobierno en la ciudad.

El Gobierno prepara, así, una reforma del sistema de protección internacional y del “procedimiento de retorno” que introducirá cambios significativos en la gestión de las personas que “llegan de forma irregular” al Estado español.

El PEMA, aprobado en mayo de 2024, es un paquete de propuestas legislativas y recomendaciones que consta de nueve reglamentos, como el Reglamento de cribado o triaje, que introduce un control “previo a la entrada” y por el cual se “selecciona a las personas”; el Reglamento de Procedimientos de Asilo, que establece un protocolo común para la protección internacional en la UE; el Reglamento sobre el Procedimiento de Retorno en Frontera, por el cual se llevará a cabo un proceso acelerado de retorno para aquellas persona a quienes se les deniegue la protección internacional en la frontera; el Reglamento sobre Gestión del Asilo y la Migración, que sustituye el actual Reglamento de Dublín —adoptado en 2003—; el Reglamento de Crisis, que establece excepciones concretas a las normas de asilo en situaciones de “crisis”; y el Reglamento Eurodac, que crea una base de datos biométricos de las personas en movimiento, entre otros.

Entre las principales novedades que ha anunciado Marlaska, figura el mencionado triaje, una fase que la normativa europea obliga a incorporar y que permite determinar el procedimiento que corresponde aplicar en cada caso. Aunque Bruselas contempla que esta primera evaluación pueda prolongarse hasta siete días, España mantendrá el plazo en 72 horas. Cualquier ampliación tendrá que contar con autorización judicial, con el objetivo de evitar que las personas permanezcan más tiempo del necesario en las dependencias policiales habilitadas para este proceso.

El ministro del Interior ha explicado que la nueva regulación pretende, además, agilizar el estudio de las peticiones de protección internacional. Para ello, se establecerán dos vías: una ordinaria y otra de carácter acelerado, esta última con un periodo máximo de resolución de tres meses. Cuando una solicitud sea desestimada, el afectado será informado de que debe abandonar España.

La reforma también adapta la legislación española al nuevo marco europeo en materia migratoria. En concreto, establece un procedimiento específico para aquellas personas que entren irregularmente en el país y no puedan acogerse al derecho de protección internacional. La resolución de estos casos deberá producirse en un máximo de 12 semanas.

El Ejecutivo sostiene que las modificaciones se han diseñado “con garantías para los derechos de las personas afectadas y dentro del respeto a los derechos humanos”. Al mismo tiempo, Marlaska considera que las nuevas herramientas permitirán a España gestionar de manera más eficaz sus fronteras y “reforzar la seguridad”.