Análisis
Todo patas arriba

“Hemos abierto una crisis de Estado”, dijo alguien desde la Puerta del Sol y, aunque no conviene llevar la contraria a un movimiento que, en efecto, está llevando el conflicto de clases a dimensiones no vistas en el último lustro, la verdad es que no. El Estado no se ha visto afectado por las acampadas. La policía sigue reprimiendo manifestaciones, los jueces pueden seguir ordenando desahucios, el ejército puede seguir haciendo lo que quiera en Ceuta, nada de eso ha cambiado. 

Salvo ese detalle, el movimiento de vivienda ha tenido la capacidad de poner el tablero político patas arriba. Primero, porque lo que se ha visto afectado por el desafío de las plazas es el sistema económico, al menos la cuota del sistema que habla castellano e invierte en vivienda en España. Al plantear la cuestión de la desposesión que acarrea la subida desaforada de las rentas de alquiler y la condena a la pobreza que suponen los desahucios como una expresión de pura lucha de clases, el movimiento sí ha tenido capacidad de alterar, sacándolo a la luz, el devenir criminal y hasta hace dos semanas plácido de esos fondos, inversores y especuladores. 

Y, desde luego, sí, Sol ha abierto un boquete en el sistema de partidos. La vivienda ha abierto una crisis hasta el punto de que hoy, 5 de octubre, ha terminado la segunda experiencia de Gobierno de coalición.

La posibilidad de un último truco

Con la convocatoria de elecciones anticipadas se constata, en primer lugar, que el Ejecutivo ha fracasado a la hora de establecer medidas que puedan contrarrestar la, hasta hace dos semanas, silenciosa pérdida de condiciones materiales de vida de la mayoría social. El fracaso de los dos decretos, el más ambicioso y el más completo, abrió una brecha aún mayor entre el Congreso y lo que en este momento podemos seguir llamando “la calle”. 

Sin embargo, y en segundo lugar, el movimiento por el derecho a la vivienda, lo pretendan sus miles de integrantes o no, ha abierto otra compuerta, una en la que Pedro Sánchez ha visto la posibilidad de presentar su último truco. Al convocar las elecciones del 29 de noviembre, Sánchez pone a prueba la idea de que su figura icónica es capaz de absorber la potencia de un movimiento ajeno por completo a su programa, sus ideas y su acción política. Aunque conviene no subestimar la baraka —la fortuna o el carisma— de Sánchez, quien en efecto ya ha absorbido casi toda la energía de la política del cambio, es arriesgado pensar que podrá hacerlo con el impulso de los y las amotinados de las calles.

El presidente del Gobierno lo que plantea con su convocatoria en este momento es una revisión de la alerta antifascista

En cualquier caso, el contexto político que Sánchez ha querido precipitar va un paso más allá de la narrativa del “cordón sanitario antifascista”. Ese lema, que sirvió a Sánchez en las elecciones de 2023, pero que ningún otro partido ha podido aprovechar en España, ha quedado obsoleto en Europa y, como se ha visto esta misma madrugada, también en Brasil. De este modo, el presidente del Gobierno lo que plantea con su convocatoria en este momento es una revisión de la alerta antifascista: la promesa de mejorar las condiciones de acceso a la vivienda acompaña a la habitual oferta baja en calorías de la socialdemocracia europea. Puede no resultar del todo creíble, pero la compuerta vivienda es mucho más propicia que la compuerta Ceuta o que llegar a las elecciones con catorce causas judiciales abiertas. 

El movimiento ha podido trastocar algo la agenda de la derecha y la extrema derecha, pero estas opciones siguen contando con una ventaja sustantiva en las encuestas y en el terreno de la comunicación. Casi una década de “a por ellos”, incluyendo cada vez más “ellos” en la nómina de enemigos de España, no se evaporan en una semana o diez días. Además, el Partido Popular y, sobre todo, Vox, están en condiciones de acumular el voto del racismo y la xenofobia edificado en eso que llamamos Occidente como solución de emergencia por parte del capital a su crisis. El marco “derecho a la vivienda o racismo” es atractivo para Sánchez solo en la medida que cualquier otro marco es peor, también, porque las elecciones pueden llegar después del esperado batacazo del líder mundial de la extrema derecha en las elecciones de medio mandato de EEUU.

La izquierda alternativa como la gran perjudicada

Si la derecha y la extrema derecha española no tardarán en volver a capitalizar los debates —para eso controlan los dos grandes grupos mediáticos del país—, la sacudida que pretende Sánchez con su todo o nada electoral deja, eso sí, un gran perjudicado, que es una izquierda alternativa a la que ningún marco del debate le iba a resultar realmente propicio.

El riesgo es evidente y, en cierta medida, ya no es un riesgo sino un hecho: el espacio puede acabar siendo fagocitado por un PSOE que, aun perdiendo el Gobierno, saldrá de las próximas elecciones con un resultado mucho, pero mucho mejor, que el que obtuvo cuando aterrizó como secretario general de los socialistas. Salvo que se alineen los astros, el 30 de noviembre, el icono Sánchez o, simplemente, “el Perro” habrá conseguido uno de los objetivos marcados por cualquier líder socialista: que a su izquierda no crezca la hierba en el Congreso.

El movimiento de vivienda ha cambiado también la atmósfera en la que, muy probablemente, se produzca la llegada de la derecha a La Moncloa

Pese a todo, como también reflejan aquellas batallitas de 2011, no todo ocurre en el Parlamento. El movimiento de vivienda ha cambiado también la atmósfera en la que, muy probablemente, se produzca la llegada de la derecha a La Moncloa. El plomizo final del Gobierno de coalición ha dado paso a un clima distinto, en el que no cabe descartar una movilización constante que haga colapsar o al menos dificulte la agenda de desposesión que promete un Gobierno del PP y Vox. Por desgracia, como en aquella época, el repertorio para criminalizar, zancadillear y menoscabar esa movilización sigue vigente. Se llama Código Penal y Ley de Seguridad Ciudadana, aunque toma muchas otras formas, y ni la acampada de vivienda ha podido meterlo en crisis en diez días, ni el Gobierno ha podido o ha querido atajarlo en estos tres años.