Prostitución
Un grupo de académicas cuestiona la validez metodológica de la encuesta sobre prostitución de Igualdad

Problemas de definición conceptual, sesgos en el diseño del cuestionario y una fuerte carga ideológica que condiciona la interpretación de los resultados. Son los problemas que Voces Feministas por los Derechos, una red que integran académicas y trabajadoras sexuales activistas de diferentes colectivos, señalan sobre el informe Análisis de los datos de la Encuesta sobre percepción social de la prostitución elaborado por el Ministerio de Igualdad a partir de una encuesta realizada en colaboración con el CIS a más de diez mil personas y cuyos resultados se presentaron la semana pasada.

Voces por los Derechos ha analizado la metodología del estudio para examinar, explican, hasta qué punto este cumple con los estándares metodológicos de la investigación social. La conclusión es que presenta varios problemas metodológicos “que afectan tanto a la neutralidad del cuestionario como a la interpretación de los resultados”. Este colectivo asegura que, si se observa desde estándares estrictos de metodología sociológica, el diseño de la encuesta presenta “problemas relevantes de validez de constructo, sesgo de encuadre y carga normativa en la formulación de preguntas” y valora que la encuesta sirve al fin específico de “fundamentar políticas públicas concretas” y no de conocer de forma neutra la opinión de la sociedad sobre el asunto.

Voces por los Derechos señala que el cuestionario agrupa bajo un mismo bloque fenómenos como prostitución, pornografía, acceso a contenido sexual online, sanción a consumidores o educación afectivo-sexual

El primer problema del estudio, señalan, es la falta de definición de alguna categorías clave. Y es que la encuesta no ha explicitado el significado de los conceptos que utiliza en las preguntas. Se trata de categorías como “prostitución”, “mujeres prostituidas”, “trabajo sexual”, “violencia contra las mujeres”, “explotación sexual”, “dignidad” o “libertad sexual”. “En sociología, esto supone un problema relevante, ya que conceptos como prostitución, trata o trabajo sexual autónomo no son equivalentes. Del mismo modo, nociones como “violencia estructural” y “violencia física” no son intercambiables, y términos como “dignidad” pertenecen al ámbito moral más que al empírico”. En este mismo sentido, señalan que el cuestionario agrupa bajo un mismo bloque fenómenos como prostitución, pornografía, acceso a contenido sexual online, sanción a consumidores o educación afectivo-sexual.

Además, añaden, la encuesta se presenta dentro del marco institucional de la violencia de género. Esto, lamentan “introduce un encuadre previo que condiciona cognitivamente la interpretación de las preguntas”, lo que se conoce como framing effect. “En el cuestionario analizado, la prostitución aparece reiteradamente vinculada a violencia, explotación y pornografía como fenómenos problemáticos”, señalan, por lo que “el estudio no se plantea como una encuesta neutral sobre actitudes hacia la prostitución, sino como un instrumento situado dentro de un marco normativo concreto”.

Voces por los Derechos considera que las preguntas están basadas en prejuicio morales y que activan el conocido sesgo de deseabilidad social

Voces por los Derechos considera que las preguntas están basadas en prejuicio morales y que activan el conocido sesgo de deseabilidad social. Por ejemplo, explican a El Salto, si se pide a una persona encuestada que valore si “la pornografía transmite que violar a una mujer puede ser excitante” y a continuación se le pregunta con qué frecuencia acude a la pornografía, no puede esperarse una respuesta no condicionada. Otras afirmaciones que se pide valorar a los encuestados es “la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres” o “la mayoría de las mujeres prostituidas son víctimas de explotación sexual”. “Un diseño riguroso habría incorporado técnicas indirectas, reformulaciones neutrales o preguntas conductuales previas”, dicen. Además, “el cuestionario no incluye formulaciones espejo equilibradas que permitan medir posiciones distintas sin carga moral”. El informe interpreta algunos resultados como prueba de un “amplio consenso social”, tal y como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, subrayaron en la presentación de la encuesta.

Sin embargo, “cuando las afirmaciones incluyen una fuerte carga moral, los niveles de acuerdo suelen ser elevados debido al sesgo de deseabilidad social”. Para Voces por los Derechos, “este tipo de resultados no implica necesariamente apoyo a un modelo legislativo, pero el informe tiende a traducir actitudes morales en mandato político”. “En la sociología del trabajo sexual coexisten diversos paradigmas analíticos, entre ellos el abolicionista, regulacionista, laboralista, de derechos humanos o de reducción de daños. Según el análisis realizado, la encuesta recoge únicamente uno de estos marcos como referencia dominante”, lamentan.

Las autoras del informe, dos investigadoras de la Universidad Jaume I, pertenecen al departamento de matemáticas de esta universidad y se han encargado del análisis de los datos, pero no del diseño de la encuesta. El Ministerio de Igualdad, preguntado por la metodología de este estudio y por la autoría del cuestionario, no ha respondido a este medio.

Voces por los Derechos es un grupo de académicas y académicos de más de veinte universidades del Estado español que estudian desde hace décadas el fenómenos de la prostitución y el trabajo sexual desde una óptica proderechos. Una de las integrantes de este grupo es Begoña Aramayona, del departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, que explica que lo que intenta este grupo es “dar visibilidad a una perspectiva que suele tener menos altavoz mediático e institucional y reflejar la pluralidad de voces que hay para mirar este fenómeno”.

Begoya Aramayona, investigadora de la UNED, cree que el informe no se sostiene desde la “rigurosidad científica”, por lo que “cualquier política pública que se quiera sacar a partir de este estudio es rechazable desde un discurso científico”

Para Aramayona, el ministerio incurre en una “instrumentalización del discurso científico con fines partidistas”. “Este ministerio tiene la prostitución como una de sus banderas desde una perspectiva abolicionista desde la que no entra en diálogo ni con las académicas ni con la literatura internacional que está mirando la prostitución desde otras ópticas y tampoco con las organizaciones formadas directamente por trabajadoras sexuales”, valora. El informe, sigue, no se sostiene desde la “rigurosidad científica”, por lo que “cualquier política pública que se quiera sacar a partir de este estudio es rechazable desde un discurso científico”. Las investigadoras Fani Seratus, Raquel Osborne o Carmen Meneses, son otras de las integrantes de este grupo, además de la activista Celia Montagut o CATS - Comité de Apoyo a personas Trabajadoras del Sexo.

Este grupo ya cargó en septiembre de 2024 contra otro informe del ministerio. Se trataba entonces del Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres. Este estudio concluía que en España hay 114.576 mujeres en situación de prostitución, de las que 92.496 podrían estar en riesgo de trata y nueve mil en riesgo muy alto, decía, con una estimación de una media en España de 56 mujeres en situación de prostitución por cada diez mil mujeres mayores de edad. Voces por los derechos señaló entonces que la información se había extraído de 654.000 anuncios en webs y otros soportes, cribados con inteligencia artificial y Big Data. Voces por los derechos alertó de la falta de rigurosidad del informe: el ministerio no había hecho pública la autoría del informe y de que la fuente utilizada —anuncios en intenet— no podía ser considerada como una fuente objetiva.

Fue precisamente CATS la organización que alertó hace unas semanas de que el Ministerio de Igualdad trataba de imponer sus tesis abolicionistas. En un escrito de alegaciones firmado por 35 entidades, denunció que el ministerio había abierto un proceso para cambiar dos órdenes ministeriales relativas a diferentes líneas de subvenciones. La intención de Igualdad es cambiar los requisitos para que las entidades incluyan el reconocimiento de la prostitución como una forma de violencia de género de forma explícita en sus estatutos. El plazo de consulta pública finalizó el pasado 9 de febrero.

La Comisión 8M del movimiento feminista autónomo de Madrid también se ha posicionado contra lo que denomina un “veto ideológico” por parte del Ministerio de Igualdad hacia la pluralidad del movimiento feminista por la imposición, como requisito para acceder a las subvenciones públicas, de que las entidades recojan expresamente en sus Estatutos la prostitución como forma de violencia contra las mujeres. Las convocantes de la manifestación del domingo 8 de marzo en Madrid han resaltado la diversidad de posturas sobre este asunto, así como la falta de amparo normativo, tanto estatal como internacional, para acometer esta modificación.