Racismo
Corporativismo racial penitenciario

Las personas migrantes en situación irregular, si se hallan en la cárcel no tienen ningún problema administrativo para trabajar, pero estando en libertad deben empezar el arduo camino de regularizar su situación administrativa.
Cárcel de Villena
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13 may 2024 07:30

No es casualidad que exista una opacidad cimentada en torno al mundo carcelario y un prejuicio social derivado, mayoritariamente, de los medios de comunicación y el mundo cinematográfico. La privatización de las instituciones penitenciarias es una realidad cada vez más tangible, que promueve trabajos en condiciones extremadamente precarias en muchos casos y, por tanto, silenciadas bajo el peso del capitalismo corporativo. Esta privatización responde a una serie de intereses económicos, políticos e ideológicos sustentados por empresas, grupos mediáticos y agendas legislativas y judiciales, que se amparan en el delito como beneficio.

Cuando se cumple condena o se está de forma preventiva en prisión, las mismas personas reclusas suelen sentir la necesidad de trabajar. Esta es una demanda real que responde a la necesidad de hacer algo con el paso de las horas y de los días que no tienen fin y, también, de cotizar. Esta demanda real ha generado que cerca de 120 empresas a nivel estatal (según la organización de investigación alemana Correctiv) metan sus garras en prisión. De cara a la imagen pública, cumplen una función “reeducadora o de reinserción sociolaboral”, ya que, no olvidemos que, el fin que supuestamente justifica los sistemas penitenciarios es ese precisamente. En muchos casos, estas empresas, haciendo alusión a la responsabilidad social corporativa, permiten que personas con condena trabajen en unas condiciones que son más propias de un estado de esclavitud que de un estado democrático.

Miles de personas trabajan en el sistema penitenciario español, excluidas del Estatuto de los Trabajadores, sin poder negociar sus horarios o jornadas laborales, vacaciones o descansos

Ya en el 2016, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) promovió una campaña para visibilizar las miles de personas que trabajan en el sistema penitenciario español, quedando estas excluidas del Estatuto de los Trabajadores, sin poder negociar sus horarios o jornadas laborales, vacaciones y/o descansos, cobrando menos del salario mínimo interprofesional y sin representación sindical, entre otras. No sólo el trabajo sin una base de derechos mínimos genera beneficios a estas empresas, sino que, además, son las mismas cárceles las que ponen a disposición las instalaciones y asumen los gastos corrientes como electricidad y agua. Es decir, los gastos los pagamos nosotras, ya que son gastos derivados de fondos públicos. Sin embargo, los convenios que se generan entre las empresas y la entidad pública que firma acuerdos de colaboración con las compañías (Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo: TPFE), no son de carácter público, ni hay transparencia al respecto.

Al observar el papel que juegan las personas racializadas en este sistema, todo parece mucho más redondo. Me refiero a las personas que llegan del Sur global y, concretamente, en situación administrativa irregular, que es lo más común. Estas personas necesitan un mínimo de dos a tres años para regularizar su situación y tener la posibilidad de trabajar; sin embargo, la ley penitenciaria establece que el auto de ingreso en prisión es habilitante para trabajar. Es decir, en situación de privación de libertad, no tienen ningún problema administrativo para trabajar, pero estando en libertad, deben empezar el arduo camino de regularizar su situación administrativa para poder hacerlo. ¿Por qué la ley promueve el trabajo bajo privación de libertad para personas racializadas?

Cárceles
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El cierre de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira incrementa aún más la falta de recursos para las mujeres presas que cumplen condena en espacios masculinizados sin perspectiva de género.

Según el último Informe General de Instituciones Penitenciarias publicado en 2022, el número de personas reclusas en el Estado español fue de 46.687, de las cuales 11.677 fueron extranjeras. Ese mismo año se destinaron 1.272 millones de euros a “potenciar el carácter de reeducación y reinserción social frente al aspecto represor de conductas socialmente aceptables”. ¿Hablamos de reeducación o de abaratamiento de costes para las empresas que fomentan un corporativismo racial penitenciario?

Angela Davis, reconocida activista a nivel internacional, fue atravesada en su propia piel por el racismo penitenciario. En su libro Democracia de la Abolición comenta: “La prisión reproduce formas de racismo basadas en los rastros de un esclavismo insertados dentro del sistema jurídico penal. Existe una relación entre el auge del complejo industrio-penitenciario en la era del capitalismo global y la persistencia de estructuras dentro de ese mismo sistema, que se originaron con la esclavitud”.

Aunque la creamos lejana, la esclavitud ha dejado profundas huellas en nuestra sociedad. Las personas víctimas de la esclavitud se entendían como posesiones, objetos despojados de derechos. Éstas suponían una inversión y, por tanto, había un interés en mantener esos “productos” operativos para el trabajo. Cuando estas personas fueron “liberadas”, aún continuaban estando en un sistema que oprimía y torturaba, sólo que de otra forma. En EEUU, por ejemplo, existía el Código Negro: por el simple hecho de beber, ser vagabunda, hablar de forma lasciva, etc., se podía acusar de delito y ser encarcelada. Obviamente esta ley sólo se aplicaba a personas racializadas y no por obra de Dios, sino por obra de unas leyes basadas en una supuesta democracia.

Es curioso que el mayor auge de infraestructuras penitenciarias comience con el auge del capitalismo. La necesidad de mano de obra cambió de esclavos a presos

Es curioso que el mayor auge de infraestructuras penitenciarias comience con el auge del capitalismo. La necesidad de mano de obra cambió de esclavos a presos. Ya estas personas dejaban de ser “bienes individuales” para pasar a ser “bienes grupales alquilables”. Es decir, las empresas empezaban a contratar el servicio de “masas de presos” para realizar trabajos aún más atroces que los realizados como “bienes individuales”. Si uno moría, tampoco pasaba nada, ya que la “masa” continuaba el trabajo, a diferencia del caso de la esclavitud, donde había un mínimo interés por mantener sus “propiedades” aptas para el trabajo. Cada esclavo tenía un precio y una muerte implicaba una pérdida económica. El trabajo forzado de presos supuso, en muchos casos, unas condiciones aún más atroces que las sufridas como esclavos.

Quizás debamos recordar que no hace tanto que el franquismo replicó estas formas de esclavitud en masa con presos políticos, personas con diversidad funcional, personas del colectivo LGTBIQ+, etc. Era “necesario reconstruir el país” y para ello no dudaron en utilizarlos. ¿Qué empresas utilizaron mano de obra gratuita durante la dictadura? No sólo la iglesia, el ejército y entidades públicas, sino también, muchas empresas privadas como Gas Natural Fenosa, Iberdrola, OHL, ACS,… Empresas que se capitalizaron gracias a la mano de obra de unos 400.000 reclusos y que, a día de hoy, siguen, en muchos casos, siendo referentes del IBEX 35. No sólo se enriquecieron gracias a su trabajo, sino también gracias a aquellas personas que, no aguantando la tortura, murieron.

Hoy en día, firmas reconocidas como Merak, una filial española de la firma alemana Knorr-Bremse, asegura que las compañías con las que compite en el mercado global han optado por la deslocalización a países con bajos salarios como China o India, pero que ellos han preferido mantener en España las labores “poco cualificadas y repetitivas, para las que los reclusos están formados”. De este modo, Knorr-Bremse y sus filiales han podido “mantener e incluso desarrollar en España una mano de obra más cualificada y flexible”. El Corte Inglés, es otro ejemplo claro de la atrocidad financiera, donde en Catalunya vende a las cárceles sábanas, mesas, camas, bandejas de comida, mantas y colchas, entre otras y, por otro lado, tiene a presos produciendo mantas y colchas.

Explotación laboral
Trabajando por cuatro euros a la hora en la cárcel
Las personas presas no tienen los mismos derechos en su actividad laboral. No se les aplica el Estatuto de los Trabajadores y esto lleva a vacíos legales e indefensión en algunos casos.

El sistema punitivista sigue sin ser cuestionado y se mantiene la idea arcaica de que el castigo puede reeducar a las personas. Este constructo social impregna muchas instituciones públicas y, al no ser cuestionado, permite que se sigan replicando acciones dentro de un marco jurídico que sostiene una violencia institucional carcelaria naturalizada y sistematizada. La economía penitenciaria mundial está dominada por EEUU, que tiene una influencia directa en el desarrollo del estilo de la privatización del castigo, a través de contratos de carácter privado para el desarrollo de competencias laborales bajo el lema de “reinserción”. La participación de los países en esta industria supone un cuestionamiento profundo para las sociedades democráticas. Las instituciones penitenciarias son el escondite perfecto del corporativismo penitenciario donde una media del 25 al 30 por ciento son personas racializadas. Las detenciones arbitrarias de cada vez más personas del colectivo migrante se han visto favorecidas por las estructuras ideológicas asociadas al corporativismo racial penitenciario. Tanto si la “materia humana” es utilizada como mano de obra barata o, simplemente, como meros consumidores de mercancías proporcionadas por los centros penitenciarios, la mercantilización de cada aspecto humano, genera grandes beneficios para la industria carcelaria.

No sólo se establece un marco jurídico democrático racial frente al trabajo, sino también hacia hechos que vulneran un sin fin de tratados internacionales, como cuando se mantienen niños en prisión. Algo justificado con frases que cada vez son más comunes y que empiezan a parecer un anuncio de Coca Cola: “yo no puedo hacer nada, no es mi competencia”. Con esta frase se pronunciaba la Embajada de Senegal, en una conferencia sobre los Derechos de los Niños el pasado martes 16 de abril de 2024 en la Universidad de La Laguna, Tenerife, frente a la cuestión de menores senegaleses en prisión. Narrativas similares a las emitidas por fiscales, muchos jueces, la Audiencia Provincial, la Dirección General de Protección a la Infancia y Familia de Canarias, el Defensor del Pueblo, UNICEF o, incluso a veces, las Naciones Unidas.

La esclavitud fue abolida, pero su rastro subyace en esta “democracia sesgada”. Y no sólo en el contexto del corporativismo racial penitenciario, sino a través del resto de instituciones hermanadas. Cerca de dos millones de personas de unos nueve mil millones totales a nivel mundial, están bajo condiciones de encarcelamiento, ya sean cárceles, CIES y/o campamentos de refugiados.

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