Cárceles
Faltan las presas: mujeres en las cárceles y feminismo anticarcelario

El cierre de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira incrementa aún más la falta de recursos para las mujeres presas que cumplen condena en espacios masculinizados sin perspectiva de género.

A finales de mayo, el Estado español cerrará las puertas de una de las tres cárceles destinadas a mujeres presas existentes en el país. La única en Andalucía es la cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Las casi 100 presas que alberga este espacio especializado pasarán a un módulo dentro de la cárcel para hombres Sevilla 1. “Las envían a un módulo dentro de una cárcel de hombres, y aunque no se sabe cómo va a ser, el espacio es distinto y las instalaciones de las que van a disponer también, porque es un módulo dentro de un módulo, en vez de un centro entero para ellas”, comenta María Luisa Díaz Quintero, abogada que lleva años trabajando en Alcalá de Guadaíra.

La letrada incide en que la traslación de las presas a un módulo haría que mujeres encarceladas en “diferentes condiciones, edades y cumpliendo penas diversas” compartieran el mismo espacio. Este hecho, sostiene, incumpliría el art.16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el que se establece que las personas presas “deben estar separadas en diferentes módulos atendiendo no solo al género sino a otros criterios como la edad, el perfil delictivo, la situación procesal, el estado de salud mental o exigencias del tratamiento”.

El Gobierno pretende que las instalaciones pasen a ser un hospital psiquiátrico penitenciario en el año 2025 y han invertido un total de 5,8 millones de euros en el proyecto. Desde Instituciones Penitenciarias justifican la transformación alegando que el centro se encuentra “infrautilizado” y que supondrá “una mejora de los recursos”. Sin embargo, desde diversos colectivos de derechos humanos inciden que la decisión deja sin recursos específicos para las presas: “Cerrar una prisión supone menos plazas y más alejamiento”, comenta Marta Hornos, especialista en cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Se trata de un cierre que merma aún más la falta de recursos para las presas en el país, lo que supone, según explica Hornos, una “doble condena”, ya que además de estar privadas de libertad, las presas se encuentran en espacios “que están pensados y diseñados para hombres”.

Las mujeres suponen un 7% de la población penitenciaria dentro del Estado español. “Con la excusa de que son pocas en número, se va a justificar esta situación de marginalidad en la que se encuentran”, sostiene Horno. Según el último estudio de la Red de Atención a las Adicción de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género, el 30% de las presas sufre algún proceso de salud mental grave y una de cada seis no tiene una alternativa habitacional tras salir de prisión. Además, el informe de la OMS Abordar la carga de las enfermedades no transmisibles en las cárceles de la región europea, señala que el número de suicidios entre las mujeres encarceladas es nueve veces más alto que el de la población en general.

Estas situaciones también se ven agravadas por la falta de recursos específicos y sesgos de género. En cuanto a los programas de formación, según explica la experta de la APDHA, “van a estar mayoritariamente ocupada por hombres” y, además, “las mujeres van a acabar trabajando o accediendo a formación en talleres que están altamente feminizados” como costura, limpieza y lavandería. Según los datos de la APDHA las personas privadas de libertad cobran por sus trabajos una media de 3 euros la hora. Existen decenas de empresas privadas que a través de convenios con Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo se lucran del trabajo precarizado en las instalaciones penitenciarias, entre las que se encuentran gigantes económicos como Zara o Mercadona.

Cárceles
Cárceles Denuncian desigualdades y vulneración de derechos de las mujeres presas en la cárcel de Puerto III
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha denunciado ante el Defensor del Pueblo Español la situación 'totalmente injusta y discriminatoria” que están sufriendo las mujeres presas en la cárcel de Puerto III.

Ocho de cada diez reclusas en el Estado español son madres, en Andalucía solo existe una unidad de madres dentro de las instituciones penitenciarias para que las mujeres privadas de libertad puedan estar con sus hijes. Además, según el estudio Lactancia materna entre rejas: experiencias de las madres encarceladas en el sistema penitenciario español, realizado por la psicóloga Pilar Roig y la profesora de Filosofía Ester Massó, de la Universidad de Granada, las presas “refieren haber padecido violencia obstétrica durante toda la etapa perinatal por parte del personal sanitario, tanto del centro penitenciario como del hospitalario, ya fuera en forma de acción u omisión, y evidenciando graves consecuencias para su salud”.

Alicia Alonso Merino, Abogada experta en sistema penitenciario, género y Derechos Humanos, argumenta que “la lucha contra la droga es una guerra contra las mujeres pobres y racializadas”
Por si fuera poco, el contacto entre madre e hijes cuando las infancias se encuentran fuera es “bastante cruel para criaturas que quieren tocar a su madre”, según apunta Díaz Quintero, ya que los contactos físicos en vis a vis solo se facilitan hasta la edad de 10 años, momento en que el menor “es considerado como un adulto” y empieza a relacionarse mayoritariamente con la presa a través de mamparas.

Las expertas ponen el foco además en que la falta de centros específicos hace que las mujeres tengan que cumplir prisión alejadas de sus familias, es decir, son penas que “se cumplen en unas condiciones de mayor dureza porque van a estar más alejadas; van a recibir menos visitas”, expone Horno. Además, la entrada en prisión rompe con el papel vertebrador de las mujeres en sus entornos familiares y en muchas ocasiones el apoyo que reciben en su internamiento es menor: “Las mujeres siempre están pensando en fuera y el apoyo que reciben cuando están dentro es mucho menor que cuando entra un hombre”, sostiene la abogada María Luisa Díaz Quintero.

La mayoría de mujeres están encarceladas por delitos relacionados con la propiedad privada y la salud pública, especialmente por cuestiones de tráfico de drogas. Marta Horno sostiene que se tratan de delitos “destinados a conseguir dinero, porque en muchas situaciones son las que sostienen la familia y vienen de contextos de pobreza, de falta de recursos”. Alicia Alonso Merino, abogada experta en sistema penitenciario, género y derechos humanos, argumenta que “la lucha contra la droga es una guerra contra las mujeres pobres y racializadas”. Por todo ello, Horno cree que” los tribunales sentenciadores deberían tener todo esto en cuenta y que existen alternativas de cumplimiento de la pena a la cárcel”.

Desde la Red de Familias frente a la crueldad carcelaria subrayan además el papel que tienen las mujeres fuera de los muros en el sostén de las personas encarceladas. “Al final la cárcel la pagamos las mujeres, sea como presas o como familiar”, sostiene Ines Ballesters, de la Red. La activista señala que las mujeres familiares de los presos “suelen ser pobres y gastarse lo poco que tienen en ir a las visitas y en dar dinero al peculio de la persona recluida”. Desde Familias frente a la crueldad carcelaria buscan tejer una red de apoyo mutuo entre familiares de personas encarceladas: “Estamos intentando apoyarnos mutuamente, organizarnos y coordinarnos para afrontar, denunciar y, a ser posible, detener las situaciones crueles, inhumanas y degradantes que se producen en las cárceles”, sostienen desde el colectivo.

Cárceles
La cárcel: mujeres en un mundo de hombres
En las cárceles españolas cumplen condena 4.573 mujeres que se enfrentan a los problemas de formar parte de un sistema penitenciario que no las tiene en cuenta.

Diversas propuestas feministas dentro del Estado muestran su preocupación sobre la situación de las mujeres presas, además realizar activismo por la abolición de los centros penitenciarios. Es el caso del colectivo C.A.M.P.A., que cree que “la crítica desde la perspectiva de género alumbra un foco de discriminación poroso que atraviesa todos los ámbitos de la estructura sociopolítica, y queremos que esto se vea reflejado en la lucha dentro del campo penitenciario”.

Desde esta propuesta, además, abogan por la construcción de alternativas a la cárcel y apuestan “por otros modos de dar respuesta a los conflictos que no pasen por un sistema carcelario que convierte a las personas en enemigas y que nos hace asumir roles de control y castigo”. En su libro Feminismo anticarcelario, el cuerpo como resistencia, la abogada Alicia Alonso Merino defiende la tesis de que el objetivo de abolir las prisiones es intrínsecamente una cuestión feminista, ya que “recurrir a la cárcel es recurrir a una herramienta del patriarcado que lo reforzará”.

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