Racismo
La Ertzaintza recluta confidentes para vigilar a migrantes tutelados en los centros de menores

Criminalizados durante décadas por los distintos gobiernos conservadores del PP, a quienes han vinculado incesamente con la inseguridad ciudadana, el Estado español acoge actualmente a 13.654 jóvenes conocidos como Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), a saber, quienes han sufrido algún tipo de violencia o exclusión durante su vida. De ellos, 795 viven en Euskadi, que debía haber acogido a 17 más en 2023. No obstante, junto a otras once comunidades, nunca recibió a estos jóvenes, aunque existiera una línea de financiación para ello.

Ahora en el punto de mira de la formación de ultraderecha Vox debido a la “amenaza del islamismo” que provoca el “evidente proceso de radicalización de menores musulmanes”, este colectivo ha sido durante décadas el blanco de titulares sensacionalistas, algaradas racistas ciudadanas y acoso policial, llegando incluso a ser el banco de pruebas para la privatización de los servicios públicos y convirtiendo a un puñado de ellos en carne de cañón para la cárcel de menores ubicada en Zumarraga. Recientemente, la Ertzaintza se ha sumado a esta campaña de acoso a los jóvenes.

La Ertzaintza ha realizado tareas de investigación en centros institucionales para los jóvenes tutelados con el “objeto de realizar una identificación temprana de menores que puedan estar incursos en procesos de radicalización y poder trabajar en la respuesta ”

Según datos recabados por Hordago-El Salto, la policía vasca ha estado llevando a cabo tareas de investigación en centros institucionales para los jóvenes tutelados con el “objeto de realizar una identificación temprana de menores que puedan estar incursos en procesos de radicalización y poder trabajar en la necesaria respuesta frente a los mismos”.

Así se desprende del informe del Jefe de la Inteligencia Criminal de la Ertzaintza, fechado el 27 de diciembre de 2018, que ha entregado un ciudadano con nacionalidad marroquí a la Audiencia Nacional. En este documento se recoge su participación “en el grupo de trabajo con menores y las actas de manifestaciones de diversos miembros del equipo educativo del centro” ocurridas desde junio de 2018 bajo la dirección de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza.

Los problemas de los colaboradores de la Ertzaintza 

Ahora bien, aunque entre bambalinas, este caso ha abierto algunas problemáticas más amplias sobre los servicios de inteligencia de la policía vasco. En primer lugar, el papel del colaborador marroquí de la Ertzaintza se complicó cuando la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía emitió otro informe donde se advertía que dicha persona había sido “investigado por realizar labores de proselitismo islámico en un centro de menores inmigrantes”.

La Policía española aseguraba que en sus encuentros “equiparaba y justificaba delante de los menores ciertas acciones terroristas del DAESH con lo que él consideraba otras acciones violentas tales como que Israel también somete al pueblo palestino o que Francia bombardea Siria y que Occidente y Estados Unidos también oprimen a los musulmanes”.

La Policía española aseguraba que el confidente de la Ertzaintza “equiparaba y justificaba delante de los menores ciertas acciones terroristas del DAESH y las comparaba con el sometimiento de Israel al pueblo palestino”

Ello debe entenderse en el contexto de un problema más profundo. La Audiencia Nacional ordenó en abril la expulsión del Estado español y la prohibición de entrada al territorio durante diez años del expresidente de una asociación de argelinos, residente en Gasteiz y a su vez confidente de la Oficina Central de Inteligencia (OCI) de la Ertzaintza, debido a que estaba considerado por la Policía Nacional como un colaborador del DAESH. Aunque había sido condenado a cinco años por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo lo absolvió de todos los cargos en 2021, tras un juicio en el que una responsable de la OCI de la Ertzaintza declaró en su favor y dio cuenta de algunas de sus misiones.

La citada responsable de la OCI, comisaria de la Ertzaintza, relató que la relación “se circunscribió a la labor desplegada para evitar el radicalismo yihadista en el Pais Vasco y en la citada misión dos agentes se encargaron de hablar con los responsables de las mezquitas para prestar su apoyo en esta labor”. Esta relación comenzó en 2017, tras una charla impartida por dos agentes en una mezquita, donde “le entregaron una tarjeta de visita de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, en cuyo envés llevaba escrito un correo electrónico”.

Contexto de securitización

La actuación policial de infiltrar a un confidente no se puede entender sin la última década de políticas de criminalización a los menores no acompañados. En 2015, el Gobierno Vasco elaboró un Plan Estratégico Contra el Islamismo Radical (PECIR) con el fin de tener controlados “aquellos individuos que pueden estar sufriendo un proceso de radicalización”. La estrategia fue anunciada como una herramienta para el “diagnóstico certero y ajustado a la realidad de la comunidad musulmana asentada”, aunque no mencionaba ninguna actuación sobre centros de menores.

Sin embargo, meses después, durante una reunión con alcaldes de Araba, miembros de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzainza describieron al colectivo de “Menores Extranjeros No Acompañados (MENA)” como “un claro grupo de riesgo”, al dar por “contrastado” que “corren peligro de captación, porque algunos no se adaptan a nuestra sociedad y buscan victimizarse”. 

Miembros de la Oficina de Inteligencia de la Ertzainza describieron al colectivo de menores no acompañados como “un claro grupo de riesgo”, al dar por “contrastado” que “corren peligro de captación, porque algunos no se adaptan a nuestra sociedad y buscan victimizarse”.

Posteriormente, dentro del marco de seguridad pública europea, la Ertzaintza comenzó a colaborar en el programa PREPARE, desarrollado para vigilar a los hijos e hijas de familias islamistas. Así, en 2017, la Ertzaintza ya había puesto en marcha un plan para la identificación temprana de procesos de radicalización de menores y jóvenes que se encuentran tutelados por las instituciones. En la actualidad, este plan cuenta con un “aula permanente contra la radicalidad, que imparte formación en centros de menores”.

Durante ese año, también se fijaron las bases para la criminalización mediática de los menores extranjeros no acompañados con titulares sensacionalistas como “La Ertzaintza investiga la entrada masiva de menores no acompañados en Bizkaia” (Noticias de Gipuzkoa), “Las mafias saturan los centros vascos de menores extranjeros” (El Mundo) o la infinidad de notas de prensa policiales publicadas desde entonces en las páginas de El Correo.

Los argumentos falsos para el control policial

El “perfil dominante” elaborado por la Ertzaintza para definir a los detenidos por autoadoctrinamiento y el enaltecimiento yihadista entre 2012 y 2017 se refería a “jóvenes que han pasado por centros de menores, con una vida desordenada y sin trabajos estables”.

Según la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco, dentro de este perfil se encontraban aquellos a los que “la falta de inserción social les vuelve vulnerables a los llamamientos de los terroristas, que fomentan su identidad islámica enfrentándola a los valores occidentales, de los cuales estos jóvenes musulmanes solo perciben rechazo”.

Los datos de SOS Racismo señalan que el 30% de los menores no acomopañados relataron haber recibido insultos por parte de la Ertzaintza y el 24% afirmó haber sufrido “alguna agresión” policial

Ahora bien, dos informes publicados al respecto ponen en entredicho las afirmaciones policiales. Por un lado, el “acoso policial” a jóvenes inmigrantes fue analizado en 2021 en un informe elaborado por SOS Racismo Gipuzkoa. Los datos señalaban que el 30% de ellos relataron haber recibido insultos por parte de la Ertzaintza, y el 24% afirmó haber sufrido “alguna agresión” por parte de las fuerzas policiales.

Una vez más quedaba en evidencia la omisión a una resolución del Ararteko, fechada el 10 de diciembre de 2014, recomendando al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco la adopción de medidas para prevenir y controlar la elaboración de perfiles raciales en la Ertzaintza. 

Los menores de origen marroquí no acompañados en Bizkaia “se encuentra en una situación que podríamos definir como de cuarentena social, caracterizada por la restricción del acceso a la mayoría de los espacios de socialización normalizados”, señala la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política

Por otro lado, según un trabajo publicado en 2019 por la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política, el colectivo de menores extranjeros no acompañados de origen marroquí en Bizkaia “se encuentra en una situación que podríamos definir como de cuarentena social, que se caracteriza por la restricción del acceso a la mayoría de los espacios de socialización normalizados”. La investigación advierte de “las continuas identificaciones y cacheos a los que se ven sometidos los jóvenes marroquíes” por parte de la Ertzaintza. Otro estudio, esta vez de la UPV/EHU, apunta que uno de cada cuatro menores en centros de acogida de Euskadi y Navarra ha intentado suicidarse.

Un año antes, en 2018, miembros de Ongi Etorri Errefuxiatuak Araba recordaban que los trabajadores del centro alavés de Bideberria habían denunciado “las malas condiciones de hacinamiento y falta de atención que sufren los menores extranjeros en este centro”.

Meses después, la Fiscalía del País Vasco llegó a afirmar que la saturación de los centros “provoca que Menores Extranjeros No Acompañados se conviertan en infractores”.

Desde Ongi Etorri Errefuxiatuak también señalaron que “las redadas de la Ertzaintza para desmantelar los campamentos entre Zierbena y Santurtzi (en los que también malvivían menores no acompañados) dejaron mucho que desear en el respeto a los derechos humanos”.

Caldo de cultivo que cala en la opinión pública

El caldo de cultivo para la criminalización mediática y policial ha logrado calar en parte de la opinión pública. El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, informó el año pasado que hasta un 40,3% de los encuestados prefiere fijar un cupo sobre los menores extranjeros no acompañados que deberían atender las instituciones en Euskadi, y otro 23% estima que habría que devolverlos a su país de origen.

Las algaradas racistas ciudadanas contra estos menores han sido noticia recientemente en Ortuella, pero el asunto viene de lejos. En 2001, el colectivo de menores extranjeros acogidos en un centro ubicado en Loiu fue objetivo de titulares sensacionalistas que los vincularon con la delincuencia, sumando declaraciones de políticos locales acusando al colectivo de generar problemas de convivencia, hasta que finalmente un encapuchado lanzó un cóctel molotov contra las instalaciones que habían sido definidas como “saturadas”.

Aunque los datos oficiales del Gobierno Vasco señalan que hasta el 71% de los menores infractores son nacidos en Euskadi o en alguna comunidad del Estado español, el foco mediático y político sobre la “conflictividad” y “saturación” en los centros de acogida para menores trataba de dejar fuera de luces y taquígrafos la privatización de este servicio público, un proceder clientelista que dejaba la gestión de estos cuidados en manos de empresas dirigidas por excargos públicos del PNV.

En este contexto de señalamiento e injusticia social, algunos menores extranjeros no acompañados han terminado recluidos en la cárcel de menores ubicada en Zumarraga, inaugurada en 2001. El Gobierno Vasco había adjudicado la obra de construcción a la firma Auxini, vinculada a la familia de un exministro de Interior vasco, Jaime Mayor Oreja. Además, la gestión de la cárcel fue adjudicada por a la Fundación Diagrama, señalada ahora por el Defensor del Pueblo por “trato degradante” en centros de Valencia y también beneficiado por las externalizaciones en comunidades como Andalucía o Madrid. Todo es un negocio, también la criminalización de jóvenes en grave riesgo social.