Racismo
Un sindicato policial amenaza con denunciar a Serigne Mbaye por difundir el vídeo de la detención en Lavapiés

“Cuando no hay enemigo interno, no hay enemigo externo que pueda causarte daño. Aquí no hay miedo“. El exdiputado en la Asamblea de Madrid por Podemos y miembro de la candidatura a las europeas, Serigne Mbaye, ha respondido así frente a la amenaza del sindicato Alternativa Sindical de Policía de denunciarle por difundir el vídeo en el que dos agentes detienen de manera violenta a dos hombres negros en la mañana del pasado viernes en un tuit en el que Mbaye asegura: “Saben dónde y cómo pegar para matar y dónde pegar para reducir. Los discursos y justificaciones sobran”.

Un vídeo que se ha hecho viral y que aglutinó la indignación vecinal el domingo por la tarde en una masiva concentración en la Plaza de Lavapiés, aledaña a donde sucedieron las detenciones. “No es la primera ni será la última vez que intentarán callarnos. Antirracista como siempre”, expresa Mbaye en su cuenta de X después de que el sindicato policial emitiera un comunicado de prensa acusándole de un posible delito de injurias y calumnias.

El vídeo, que muestra cómo uno de los policías reduce a una persona negra y mantiene todo su peso encima de su cuerpo mientras con el brazo rodea su cuello, mientras otro agente responde con un porrazo en el cuello y un intento de derribo a otra persona negra que se acerca, fue filmado en la mañana del viernes desde un coche.

Este sindicato, cuya cara habitual en los medios es el que ha sido candidato de Vox Alfredo Perdiguero, presume en su web de tener ideología moderna y progresista

El sindicato policial exige al Ministerio del Interior que den las “órdenes oportunas” para que se inste a la Fiscalía a que se inicien “acciones penales” de oficio, si bien comienzan el comunicado avisando que sus servicios jurídicos están estudiando una demanda desde el sindicato. 

¿Quiénes son Alternativa Sindical?

Este sindicato, cuya cara habitual en los medios es Alfredo Perdiguero, presume en su web de estar compuesto “de forma mayoritaria por personas jóvenes de policía de ideología moderna y progresista, que no están dispuestos a aceptar lo inaceptable: la injusticia”.

Sus supuestos fines progresistas chocan tanto con el discurso de Perdiguero, defensor de empresas como Desokupa, como con sus aspiraciones políticas. Y es que el policía nacional fue candidato por Vox en varias elecciones madrileñas. 

El pasado 21 de agosto la Justicia confirmaba una sanción de 15 días de suspensión impuesta a este subinspector de Policía por hostigar y amenazar a un vecino del barrio madrileño de Lavapiés mientras participaba en un directo del canal de extrema derecha de YouTube Estado de Alarma.

En dicho directo, Perdiguero recorría el barrio donde el pasado sábado se produjo la brutal detención, para “demostrar” una supuesta decadencia de la zona que achaca, sobre todo, a la presencia de inmigrantes, hasta que un vecino les lanza un reproche. Alfredo Perdiguero ya saltó a la palestra en 2017, tras participar para hablar sobre inseguridad ciudadana en un acto organizado por el partido neonazi Democracia Nacional.

Explicaciones al Congreso

Mientras, la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos del Ministerio de Interior, órgano que no puede imponer sanciones vinculantes, analizará si el golpe en el cuello, los porrazos y la manera de reducir a la dos personas el pasado día 29 fue proporcionada. De otro lado, la Dirección General de la Policía ha abierto una información reservada para determinar si hay indicios de infracción disciplinaria, tal y como ha adelantado elDiario.es.

Por su parte Sumar, partido en el gobierno, prepara una pregunta parlamentaria para pedir explicaciones al ministerio liderado por Marlaska, tal y como avanzó su portavoz Íñigo Errejón. Podemos, por su parte además de una pregunta y una interpelación urgente, ha pedido la comparecencia de Marlaska. Por otro lado ha presentado una Proposición No de Ley para luchar contra la violencia policial hacia las personas racializadas. En ella, insta al Gobierno a “la depuración de todas las responsabilidades, disciplinarias o de cualquier tipo, y a que garantice que no se realicen identificaciones vinculadas al perfil racial”.