Redadas racistas
Perfiles raciales: allá donde la retórica de la seguridad colisiona con los derechos humanos

Pongamos que un día cualquiera usted está atravesando la ciudad, algún barrio, o recién sale de una boca de metro, y se encuentra con la siguiente estampa: la de un grupo de policías pidiendo la identificación a algunos jóvenes. En este ejercicio de imaginación, ¿hay algo que diferencie a estas personas de quienes como usted, circulan sin ser molestadas por las aceras o se dirigen a sus trabajos o reuniones sociales con normalidad? Quizás que estas personas retenidas e interpeladas por la policía, a la vista de todos, no sean blancas. Probablemente la escena le impacte poco, y es que después de todo está acostumbrado: de manera cotidiana encuentra policías en uniforme o de paisano interactuando con jóvenes de piel oscura, como si esa —la de interceptar personas migrantes en la vía pública— fuera casi una tarea más que integrara sus obligaciones profesionales.

“Nosotros entendemos la perfilación racial como una vulneración de derechos porque no la pensamos a nivel individual: como una identificación, y luego otra, y luego otra, por separado, sino que interpretamos que todas estas identificaciones suponen un problema porque se están haciendo de forma masiva y sistemática”, afirma Kaire Ba, de Sos Racisme. Desde la organización apuestan por una mirada más amplia de la perfilación racial y apunta a una decisión institucional: “entendemos que la policía, en términos de conducta colectiva como organismo, está sobreidentificando unas comunidades concretas que son las comunidades que no son blancas”.

Desde ese punto de partida, Ba apunta cómo al hablar de perfiles raciales se vislumbra otro objetivo, no explícito pero bien tangible en sus consecuencias: el encarcelamiento masivo para determinados individuos, una restricción clara de la libertad de movimientos en las ciudades, y la amenaza de CIE y expulsión sin haber cometido ningún delito.

Ainhoa Ruiz, investigadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau enmarca las perfilaciones en el ámbito de la retórica de la seguridad, una narrativa “que sirve para construir enemigos de los que se supone que hay que protegerse”. No es solo una cuestión de los medios o de la ultraderecha, las personas migrantes son catalogadas como problema en las diferentes estrategias para la seguridad europea, comenta Ruiz: “son contempladas, tratadas, entendidas y abordadas como una amenaza a nuestra seguridad”. Esto tiene consecuencias en la práctica: la criminalización.

“Nosotros entendemos la perfilación racial como una vulneración de derechos porque no la entendemos a nivel individual, por separado, sino que pensamos que todas estas identificaciones suponen un problema porque se están haciendo de forma masiva y sistemática”

A caballo de la criminalización, manteniendo bien vigoroso el relato que une migración y delincuencia, las redadas se repiten en algunos barrios con una importante población racializada. Explica Ba que lo que pasa en el Raval es un buen ejemplo de ello: “son redadas masivas en las que vemos cuerpos de policía diferentes que pueden ser la guardia urbana, o los mossos d' esquadra acompañados por la policía nacional”. Aunque el objetivo explícito es luchar contra el hurto, el tráfico de drogas, o los narcopisos, “nos encontramos con que de repente hay mogollón de personas detenidas por estar en situación administrativa  irregular, e inicios de procesos de expulsión que no tienen que ver con la delincuencia, el hurto o las drogas, lo que nos preguntamos es cuál es el objetivo real de estas redadas”.

Teoría y práctica

El principio de no discriminación es transveral a los derechos humanos. Por ello, la perfilación racial constituye una clara vulneración de derechos. En los últimos años se ha afinado la manera de abordar esta cuestión con documentos como  “la Recomendación General n. 36 relativa a la prevención y la lucha contra a elaboración de perfiles raciales por las fuerzas del orden, en la que además de reiterar la ilegalidad, y el ser contrario a derechos humanos del perfilamiento racial, da una serie de ideas sobre qué se debería hacer específicamente desde los estados”, explica Karlos Castilla, del Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). Capacitación y formación, pero también sanciones, son las propuestas de esta recomendación general: “El hecho de que no se les sancione y se genere impunidad es lo que también nutre que existan estos perfilamientos”, apunta este doctor en derecho.

Desde la Ley de seguridad ciudadana, que ya dice que las identificaciones han de hacerse sin discriminación, a la circular del 2017 del Ministerio de Interior que insta a no hacer identifiaciones en base a las características personales, el marco existe, pero no establece sanciones

Porque regulación hay, defiende Castilla, aunque no alcanza, y apunta que desde la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya dice que las identificaciones han de hacerse sin criterios discriminatorias, a la circular del 2017 del Ministerio de Interior que insta a no hacer paradas en base a las características personales, el marco existe, pero no establece sanciones. Y los cuerpos de seguridad, apunta, no parecen entender que el perfilamiento racial se trate de un acto discriminatorio. “Lo más cercano a la prohibición está ahora en la Ley Catalana de Igualdad de Trato y no discriminacion donde expresamente dice que queda prohibido para los agentes de los cuerpos de seguridad utilizar las características personales, como puede ser raza, género u origen étnico, para llevar a cabo identificaciones y detenciones. No sé si va a funcionar, pero es por lo menos el primer intento de prohibición expresa”.

De la necesidad de hacer algo para desnaturalizar esta práctica surgió ya hace más de un lustro, en 2016, la campaña de Sos Racisme Pareu de parar-me. La iniciativa arrancó, explica Ba, cuando cayeron en la cuenta de que de cada diez denuncias que les llegaban por brutalidad policial o incidentes con la policía, cuatro habían comenzado con una identificación o parada por perfil racial. Las mismas personas afectadas asumían que el perfilamiento racial no era el problema, no era anormal. Y es que esta forma de racismo, recuerda Ba, no solo no estaba en la agenda política sino que tampoco tenía mucha presencia en “la narrativa de la calle”. 

“Los objetivos que tuvimos en primer lugar fue visibilizar el problema, ponerlo en el centro como una cosa real que se da no solo aquí si no a nivel mundial, desnormalizarlo”: explica Ba, y es que ni las personas afectadas ni aquellas que presenciaban paradas en la vía pública, parecían ver los perfilamientos como un problema de derechos. La incidencia política era otro de sus objetivos. “Había que deconstruir todo el tema de qué es la seguridad, así, cuando hablamos de seguridad siempre hacemos la pregunta de la seguridad, ¿para quién?, ¿solo para algunas personas a costa de la inseguridad para otras?”

Tecnologías

El mundo de la seguridad alimenta todo un mercado innovador de tecnologías de la vigilancia. Es en este ámbito, alerta Castilla, donde están emergiendo novedades que generan alarma: “la utilización de dispositivos con inteligencia artificial, como cámaras que hacen identificación facial o biométrica, es la última gran preocupación. Se está bajo la apariencia de objetividad, las máquinas no van a hacer un perfilamiento racial, se argumenta”, una idea que no tiene en cuenta que los algoritmos detrás de estas tecnologías ya cargan discriminación. “Al final, lo único que hacen es trasladar la responsabilidad a una máquina pero el perfilamiento racial se sigue haciendo”. 

Pero desde la tecnología también surgen respuestas. El pasado 4 de noviembre Sos Racisme presentó la primera app que sirve para mapear y denunciar este tipo de prácticas en el estado español. “La creamos de manera paralela a la campaña y sirve para geolocalizar la perfilación racial en la ciudad”, explica Larissa Saud, integrante de la asociación. Desarrollada por un grupo de programadores afines, la herramienta está en código libre, para que otras organizaciones puedan usarla y adaptarla. También planean ampliarla a nivel estatal.

Una de las prioridades de la aplicación era respetar el anonimato de las personas, que pueden no solo notificar sino también denunciar. Aunque son pocos quienes dan ese segundo paso. “Uno de los objetivos de la app era mejorar el tema de la infradenuncia, que es justo lo que estamos observando de nuevo”. Pero más allá de los límites en la denuncia, la idea es poder ir recopilando datos sobre paradas y detenciones por perfil racial. “Vamos a contrastar con las cifras de los datos oficiales, porque al final son datos que recoge solo la policía, nadie tiene esos datos en la sociedad civil”.

¿Hacia un segregacionismo securitario?

¿Cómo se impugna un modelo de seguridad que permite el libre movimiento de una parte de la población, que actúa para que esta se sienta protegida, mientras persigue y detiene a otra parte de la sociedad, señalada previamente como peligrosa? “Parece que lo que se busca es generar o establecer este modelo que algunos llaman de castas. Son modelos de seguridad que buscan simplemente garantizar la aparente tranquilidad o bienestar de solo los sectores acomodados, mientras que los derechos de las personas en situación de pobreza o de exclusión parece que no son derechos relevantes para los cuerpos y fuerzas de seguridad”, sentencia Castilla.

“La ‘seguridad humana’, contempla que la inseguridad no procede solo de la violencia física sino también de diversos tipos de violencia cultural, una inequidad de acceso a los recursos, ser marginado a la hora de acceder a la sanidad, carecer de unos recursos básicos cubiertos”

Se trata de un debate, el de los perfiles raciales, pero también el de la seguridad como privilegio de algunos mientras se vulnera el principio de no discriminación, que ocupa a la sociedad civil, pero no acaba de penetrar en la agenda partidista, salvo algunas excepciones, apunta Ba. El poco interés que esto genera en las instituciones, y la resistencia que la policía plantea ante la revisión de sus prácticas, hacen que la integrante de Sos Racisme no se sienta muy optimista.

Para Ruiz, todo pasa por una revisión del paradigma de seguridad que entraría en el marco de lo que en el Centre Delàs llaman la “seguridad humana”: “contempla que la inseguridad no procede solo de la violencia física sino también de diversos tipos de violencia cultural, una inequidad de acceso a los recursos, ser marginado a la hora de acceder a la sanidad, carecer de unos recursos básicos cubiertos…”, este sería, defiende la activista, un concepto de seguridad mucho más inclusivo que recoge una diversidad de derechos. “¿Qué pasa cuando la seguridad se empieza a definir como algo más que eso que te protege físicamente? aquí estamos abordando muchos mas temas que políticamente muchos partidos y gobiernos no querrían abordar”.