Renta básica
El 55% de los hogares que podrían recibir el IMV no lo han solicitado, según la AIReF

La complejidad administrativa, la brecha digital o la falta de modificaciones estructurales en el diseño de la prestación están entre los motivos que señala el organismo independiente.
9 jul 2025 13:15

Si hace tan solo unos días era el Tribunal de Cuentas el que apuntaba que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) adolece de importantes deficiencias en su diseño y que solo un 40% de los potenciales beneficiarios recibieron la prestación en 2023, en esta ocasión ha sido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la que ha publicado por cuarto año su análisis sobre la evolución de la prestación, que por primera vez estudia también su impacto sobre el empleo. 

Pese a que la AIReF constata avances en el despliegue y alcance, con un incremento del 14% en el número de beneficiarios y un crecimiento del 34% en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), sus conclusiones apuntan a que la prestación sigue sin experimentar reformas estructurales y que conserva un diseño con muchas limitaciones para conseguir los objetivos que se fijaron cuando se creó en 2020.

Uno de los indicadores clave que sigue sin corregirse es la enorme cantidad de hogares que podrían ser beneficiarios pero que no lo han solicitado. Un 55% de los hogares que podrían recibir el IMV no lo han pedido, bien sea por la yincana burocrática a la que se tienen que enfrentar, por brecha digital y otros factores. En las comunidades autónomas en las que los hogares pueden solicitar prestaciones autonómicas similares, como las rentas mínimas, se evidencia una falta de coordinación que lleva a que el porcentaje de hogares que no solicita el IMV supere el 65% en territorios como Illes Balears o Catalunya.

El número de hogares que podría recibir el Complemento de Ayuda para la Infancia pero no lo solicita se eleva hasta el 72%

Pero el informe pone la mira en un porcentaje mucho mayor: el número de hogares que podría recibir el CAPI pero no lo solicita se eleva hasta el 72%. Es por ello que una de las recomendaciones de la autoridad independiente es que se profundice en sistemas automatizados para que el CAPI llegue a los hogares potenciales desde el momento de inscripción del menor en el registro civil. “Todo ello permitiría una reducción de las elevadas tasas de non take-up, una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de pobreza sobrevenida y una reducción significativa de las solicitudes de reintegro por cobros indebidos”, explican desde el organismo.

Como novedad en su análisis, la AIReF ha incluido el análisis de los efectos estadísticamente significativos del IMV sobre la participación laboral de los beneficiarios. Según señala el organismo, sus cálculos señalan que recibir el IMV disminuye la probabilidad de trabajar en 3 puntos porcentuales (caída del 12%) y reduce el número de días trabajados en 0,6 días mensuales (un 11% respecto al promedio previo). “Estos efectos se mantienen en las cohortes que comenzaron a percibir el IMV tras la entrada en vigor del incentivo al empleo en enero de 2023, lo cual evidencia la persistencia del impacto desincentivador y la reducida eficacia de este mecanismo”, explica el documento publicado hoy.

Según el Tribunal de Cuentas, desde que arrancara prestación en 2020 hasta finales de 2023, 658.828 hogares han percibido el IMV con un total de 1.899.639 beneficiarios y 8.086 millones de euros entregados

Por su lado, desde el Tribunal de Cuentas fueron duros con el diseño de la prestación, que si bien la citan como “la medida más potente de lucha contra la pobreza existente en nuestro país”, señala que “adolece de importantes deficiencias en su diseño y carece de una vinculación real con las principales estrategias estatales que se orientan a lucha contra la pobreza y exclusión social”. 

Según el Tribunal, desde que arrancara prestación en 2020 hasta finales de 2023, 658.828 hogares han percibido el IMV con un total de 1.899.639 beneficiarios y 8.086 millones de euros entregados. Tan sólo en el año 2023, la percibieron 331.236 hogares por un importe total de 3.286 millones de euros.

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