Renta básica
El personal subcontratado para agilizar el IMV no puede validar las solicitudes

Los tramitadores contratados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no pueden tramitar un expediente favorable de ingreso mínimo vital. Solo pueden iniciarlos, realizar requerimientos o paralizarlos. Para dar la conformidad a una solicitud, una funcionaria debe repasar el expediente y aprobarlo. El Ministerio ha dispuesto 6.131.520,80 euros para subrogar mediante Tragsa a 500 tramitadores, 35 jefes de equipo, 8 titulados superiores y un consultor, en vez de dedicarlos a contratar a personal interino para el Instituto Nacional de Seguridad Social, es decir, ampliar una mermada plantilla que además se encuentra obligatoriamente de vacaciones durante el periodo estival.

Una de las tramitadoras contratadas, actualmente despedida —técnicamente, por no superar el periodo de pruebas—, se ha puesto en contacto con El Salto para alertar de que el trabajo telemático que se le había encargado constaba en captar documentación, subirla a una aplicación del escritorio digital del INSS y categorizar esos expedientes solo en base a tres posibilidades: iniciados, paralizados y requeridos. 

Una funcionaria del INSS en Barcelona, Eva Sánchez, afiliada a la CGT, así lo confirma: “Por ley, solo una empleada pública puede cruzar las bases de datos para comprobar la documentación y aprobar o denegar los expedientes”. El problema es que la plantilla del INSS ha perdido 2.100 trabajadores en los últimos diez años, desde la anterior crisis, y ahora solo la conforman 10.581 empleados a 1 de julio, detalla. De ellos, al menos una tercera parte se encuentra de vacaciones, tal y como se les alentó desde el ministerio que se opuso a alterar el calendario. Y el resto, solo tramita el ingreso mínimo vital fuera de jornada. Es decir, de forma voluntaria y en horas extra. 

¿A qué dedican su jornada laboral? A desatascar los expedientes por jubilación, maternidad, paternidad, bajas laborales, incapacidades, etc. que no pudieron tramitarse durante el confinamiento, cuando las oficinas permanecieron cerradas y “solo el 30% de la plantilla estuvo teletrabajando”, a falta de equipos técnicos en casa, indica Sánchez. 

Los que ahora atienden las citas presenciales, a las que solo se llega mediante una cita telefónica que debe pedirse online, acompañan a los usuarios a sacarse el certificado digital, para poder iniciar el proceso de solicitud del IMV luego en internet. Una prestación pensada para personas a las que no les alcanza para pagar el wifi que solo puede tramitarse online. “Nos parece brutal que trabajadores sociales y ONG estén cumplimentando la inscripción”, un PDF de once páginas entre formularios y farragosas explicaciones, “y que el INSS derive a la gente a los locutorios por un servicio que debería ser público”, recuerda la trabajadora.

Un funcionario experimentado tarda entre 40 y 45 minutos en realizar las comprobaciones para resolver un expediente, pero solo los tramitan de forma voluntaria, fuera de su jornada laboral y en horas extras

Un funcionario experimentado tarda entre 40 y 45 minutos en realizar las comprobaciones necesarias para resolver un expediente, según los propios cálculos del INSS facilitados a los tramitadores de Tragsa, a los que les formaron con el mismo vídeo que a los funcionarios. Como máximo, un funcionario podría tramitar al día 10 expedientes, pero no ha habido funcionarios dedicándose a ello. “Ahora se están formando grupos de trabajo por provincias con empleados que solo se dedicarán al IMV”, indica Eva Sánchez, “pero cuentan con muy muy poco personal”, advierte. En los cálculos más optimistas, que nada tiene que ver con los que maneja ella y son de corte especulativo, si hubiera equipos de diez funcionarios por provincia, trabajando a destajo durante cien días laborables, lograrían resolver medio millón de solicitudes. Es decir, se resolverían para Navidades unas ayudas de urgencia motivadas por la crisis sanitaria, y económica, arrancada en marzo. 

Esta desoladora situación burocrática podría solucionarse ampliando la plantilla mediante la contratación de personal interino. Es decir, en vez de contratar a tramitadores, contratar a empleados públicos abriendo una bolsa de trabajo, y que así los empleados puedan acceder a las bases necesarias para cruzar los datos aportados por los solicitantes y aprobar o denegar expedientes y dar salida a los al menos 500.000 expedientes que se acumulan en el INSS, si se descuentan los supuestamente 74.119 expedientes tramitados de oficio de prestación de hijo a cargo que deben reconvertirse en INMV. “Tenemos mesas y ordenadores de sobra para ampliar la plantilla”, recuerda Sánchez sobre la pérdida del 21% del personal del INSS desde 2010, y que cuenta con una media de edad de 56 años.

“Hace dos semanas, trascendió el dato de que no había más de 100 expedientes tramitados en todo el Estado”, recuerda Eva Sánchez.

“Hace dos semanas, trascendió el dato de que no había más de 100 expedientes tramitados en todo el Estado”, recuerda Eva Sánchez. El ministro José Luis Escrivá indicó el 26 de julio que se habían presentado alrededor de 600.000 solicitudes, de las cuales la mitad, “por experiencia”, acabarán siendo denegadas, afirmó el ministro.

Días antes, el periódico La Información publicaba que el Ministerio había solicitado el refuerzo de 1.000 trabajadores en plantilla para el INSS, e indicaba que dicha contratación debe aprobarla Hacienda, a través de la Comisión Interministerial de Retribuciones, encargada de resolver las relaciones de trabajo y retribuciones del personal de la Administración pública. María Jesús Montoro es la ministra de Hacienda.

6,1 millones para un sueldo de 800 euros

Tragsa confirma que los tramitadores “realizan tareas de captura de datos y reclamación de documentación” y que, en ningún caso, pueden aprobar o denegar la solicitud. “La labor encomendada es la de facilitar el trámite del expediente por parte de un funcionario, capturando y grabando datos, comprobando la información facilitada en la solicitud y reclamando, en su caso, la documentación necesaria”, indica la empresa pública. Para ello, ha recibido 6,1 millones. El sueldo neto mensual de la trabajadora despedida, que había sido contratada por cuatro meses ascendía, a unos 800 euros netos. Multiplicando el salario bruto por cuatro meses y 500 contratados, que aún se están incorporando, la cifra es de 2,2 millones. 

El pasado 15 de junio se abrió el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital, que se puede pedir a través de la web del INSS, bien sea con la información que recaban los tramitadores de Tragsa, bien sea a través del certificado digital. También puede solicitarse vía postal. El 15 de septiembre termina el plazo para que el abono del IMV sea retroactivo. Al paso actual, ni mil solicitudes estarán tramitadas ese día.