Renta básica
Renta básica universal: un debate que se abre camino hacia Europa

Un millón de firmas, un millón de apoyos de un millón de personas que tengan la certeza de que es hora de debatir a nivel europeo la necesidad de una renta básica universal e incondicional, individual y de cuantía suficiente. Eso es lo que persigue la Iniciativa ciudadana europea para la renta básica incondicional que el 25 de septiembre arrancará con una campaña a nivel comunitario para que lo que es una discusión presente en los medios, la academia, las calles, o los movimientos sociales, aterrice finalmente en las instituciones europeas y sea abordado y traducido en políticas.

“Esta iniciativa ha partido de activistas de la Renta Básica Incondicional procedentes de diferentes países europeos como Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria, España, Francia, Italia, Finlandia, Portugal, formando el Comité Ciudadano Europeo por una Renta Básica Incondicional”, explica Mayte Quintanilla, integrante de Humanistas por la Renta Básica, un colectivo muy activo en esta ámbito, también en el contexto europeo. Quintanilla estima que el actual es un buen momento para escalar este debate a Bruselas: “El concepto se conoce más. De hecho en los últimos años se ha hablado más de Renta Básica Incondicional que en todo el resto de la Historia de la Humanidad. Hay mucho más activismo y más colectivos que ponen su esfuerzo en la difusión y conocimiento de esta medida económica”.

La Red Renta Básica tiene una larga trayectoria en la lucha por esta herramienta redistributiva en España. El economista y miembro de la red Julen Bollain considera que la introducción de una renta básica a escala europea sería buena para la población, buena para los Estados y buena para la institución europea: supondría una redistribución de la riqueza a escala comunitaria que “más allá de garantizar la existencia material de la ciudadanía, permitiría que todas las personas que aquí vivimos nos beneficiemos por igual de la riqueza generada gracias a la integración europea”.

Para Bollain, sería una forma de abordar la desigualdad desde un enfoque amplio, algo que permitiría “reducir de manera significativa algunos de los factores para la migración dentro de la Unión Europea, evitando así el efecto negativo de la ‘fuga de cerebros’ en determinados países”. Además, podría implicar una “inyección de legitimidad en una institución puesta en entredicho por sus pulsiones austeritarias”.

No es la primera vez que se intenta llevar el debate a la arena europea. En 2013 hubo otra iniciativa similar. Carlos Arias, un defensor de la renta básica no adscrito a ningún grupo pero dispuesto a caminar con cualquiera que impulse la medida, estaba allá entonces. Cuenta cómo en aquella ocasión se consiguieron 300.000 firmas. Después, siguiendo la ola, se presentó la ILP en España, registrándose 185.000 apoyos, cuando eran necesarios medio millón.

Más allá de que ambas intentonas no alcanzaron su objetivo cuantitativo, Arias no considera estos precedentes como un fracaso: la renta básica era poco conocida entonces y, además, se formó la red europea que, tras años de difusión y otras actividades en segundo plano, ha emergido de nuevo para volver a dar la batalla europea.

Hace un par de años, relata, se volvieron a activar las ganas ante la intensificación del debate y las noticias sobre nuevos experimentos que iban saltando a la agenda pública. Fue ahí cuando se empezó a fraguar la posibilidad de una segunda campaña que, considera, llega en un momento propicio: a la precariedad generalizada, se le suman otros factores como —en el caso español— los problemas en la gestión del IMV que han puesto sobre la mesa para muchas y muchos los límites de la condicionalidad, y la emergencia sanitaria. Además, apunta, ahora es mucho más fácil, en términos técnicos, recoger firmas.

“El covid ha catalizado con fuerza toda la incoherencia de un sistema inhumano que pone el valor material por encima de las personas, y que permite la apropiación indebida de los bienes que son de todos”

“El covid ha catalizado con fuerza toda la incoherencia de un sistema inhumano que pone el valor material por encima de las personas, y que permite la apropiación indebida de los bienes que son de todos”, apunta en este sentido Quintanilla. Si tras esta constatación consiguen movilizar el millón de firmas que, explica, deben proceder al menos de siete países europeos diferentes superando un mínimo por país, “la Comisión y el Parlamento Europeos habrán de conceder audiencia a los representantes promotores de la ICE, y después tendrán que pronunciarse sobre la propuesta y en caso positivo concretar qué medidas van a adoptar al respecto”.

Conscientes de las limitaciones de Bruselas para guiar o empujar a los estados en ese camino, la aspiración es, también, ampliar base, un aumento del debate, una extensión del activismo, con el fin, explica Quintanilla, de “que los pueblos comprendan que tienen derecho a vivir y a desarrollarse como personas, independientemente del hecho de que tengan o no un empleo. Que los pueblos reclamen su parte de la riqueza como legítimos propietarios de la misma. Y entendemos por ‘riqueza’, no sólo los bienes materiales que hay en el mundo, sino también el conocimiento, los avances tecnológicos, y el fruto de los mismos, que son legítima herencia del esfuerzo y la inteligencia de toda la especie humana a lo largo de su historia”.

Tener acceso a la riqueza común más allá del empleo, es para Bollain imprescindible, se trata de una “condición para la libertad de toda la ciudadanía”. Una transformación que desafíe la austeridad, “los postulados emergentes de 2008” que Bollain considera que ya se empiezan a cuestionar, pero no lo suficiente. Después de todo “aún no se ha dado pasos definitivos hacia la erradicación de la pobreza. Si Europa quiere un proyecto robusto y con legitimidad, deberá apostar por políticas solidarias que realmente protejan a su población”.

POBLACIÓN DESPROTEGIDA

Según el Eurostat, casi un 17 % de la población europea está en riesgo de exclusión y pobreza. En España, en el último informe AROPE; previo a la emergencia económica consecuencia del coronavirus, ese número se elevaba al 26% de la población. La población “desprotegida” es muy amplia: casi una de cada cinco personas a nivel europeo, y más de una de cada cuatro a nivel nacional. Ciudadanas y ciudadanos privados de sus derechos económicos. Una desprotección que opera a la hora de cubrir necesidades básicas, ante los imprevistos de la existencia o frente a empleadores que aprovechan la necesidad para ir estrechando los derechos laborales. Muchos de los colectivos que aglutinan las luchas a favor de la población desprotegida no han oido en profundidad hablar de la renta básica universal, y es difícil que se posicionen colectivamente. Sin embargo, la idea va calando en parte de sus activistas que ponderan las potencialidades de esta medida.

Pilar lleva toda la mañana para arriba y para abajo contestando a compañeras que lo están pasando mal y que como ella, trabajan —cuando pueden— como camareras de piso. En sus años de activista en las Kellys de Asturias está muy familiarizada con un triste fenómeno: El nulo poder para negociar con el que se cuenta, ante una patronal ávida, cuando lo único que se puede poner sobre la mesa es la imperiosa necesidad de trabajar. También conoce la inseguridad vital que genera el no saber si te contratarán o si tendrás recursos el mes que viene. Por eso, destaca que una renta básica universal “te da una tranquilidad de decir que tienes un dinero ahí para cualquier imprevisto que te pueda surgir. Para comer y sobrevivir”, si bien muestra recelo ante la posibilidad de que la gente al cobrar ese ingreso desista de trabajar, considera que “ahora mismo, como está el país, vendría muy bien, porque hay muchísima gente con muchas necesidades que no pueden abastecerse ni para llenar la nevera ni para pagar la luz”.

Tranquilidad y seguridad ante un mercado laboral incierto y un poco más de poder, eso supondría para su sector la renta básica universal pues “el empresario te aprieta cuando sabe que tú estás con unas necesidades económicas, pero con un ingreso incondicional, si tienes una entrevista inicial, vas con más seguridad diciendo: bueno vamos a ver qué condiciones y ya puedes escoger, ya no te tiras a lo que te pide el empresario sino que ya puedes negociar”.

Si de desprotección se trata, hay un sector que puede dar cátedra sobre el asunto. El único gremio que no se ve amparado por el estatuto general de los trabajadores. Organizadas por todo el territorio, las empleadas domésticas llevan años dando la batalla para tener los mismos derechos que los demás trabajadores, conscientes de que si no se unen, están perdidas. “Para nosotras una renta básica universal sería muy positiva, dado que en nuestro sector se juega mucho con la necesidad de la gente. No tendríamos que estar aceptando trabajos con unas jornadas interminables por el simple hecho de tener un mínimo ingreso, porque muchas veces son mínimos y miserables, acabas trabajando como interna seis días a la semana por 500€”, considera Dolores Jacinto, integrante de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados.

Una renta básica compensaría en cierto modo la ausencia de red, de respaldo económico familiar que enfrentan muchas trabajadoras domésticas migrantes. Una situación particularmente grave cuando se habla de madres solteras

Una renta básica compensaría en cierto modo la ausencia de red, de respaldo económico familiar que enfrentan muchas trabajadoras domésticas migrantes. Una situación particularmente grave cuando se habla de madres solteras. En este caso, “sería muy bueno porque no tendrían que estar yendo a instituciones a mendigar caridad, que no es otra cosa, y que muchas veces se los hacen ver desde ese punto y de muy malas formas”. Para Jacinto, en relación con estas familias monomarentales, una renta básica universal también sería fundamental contra la pobreza infantil. Una renta básica que no se lea “como mendicidad, sino que sea un derecho”.

Según Save the Children uno de cada tres niños estaría en riesgo de pobreza. El informe AROPE ha advertido en diversas ocasiones de que tener hijos en España es un factor de riesgo para caer en la pobreza, y en el caso de las familias monomarentales este riesgo se pone más claramente de manifiesto: son tres de cada diez las familias monomarentales en riesgo. “Cuando el 82 % de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres, en medio de esta crisis de la covid19, muchas se estén viendo obligadas a retirarse del mercado laboral, a perder oportunidades de promoción profesional o a no poder salir a buscar un trabajo digno”, advertían a finales de agosto, desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) en una nota en la que denunciaban los problemas de conciliación que se vislumbran y la ausencia de medidas por parte del estado.

“Entre las que peor están, muchas no han podido cobrar el Ingreso Mínimo Vital aunque pensábamos y se dijo que serían prioritarias, otras no lo cobrarán nunca porque no tienen papeles”. Carmen Flores es presidenta de la FAMS, una organización que alerta siempre de las dificultades que pasan las familias monomarentales, pero que en los últimos meses ha intensificado esfuerzos para denunciar lo que la pandemia y el confinamiento está suponiendo para muchas de estas madres que ya no pueden más, y para las que la renta básica universal, sostiene, sería un cambio profundo. Madres sin recursos que viven con mucho estrés e impotencia la vuelta al cole, pues no cuentan con dinero para los materiales y otros gastos, y a quienes la seguridad material de una renta básica daría tranquilidad. Pues, más allá de las que peor están, “muchas se quedan fuera del Ingreso Mínima Vital porque los umbrales son muy bajos. Pero sus ingresos siguen siendo insuficientes para mantener una familia”.

“Una renta básica universal serviría para que muchas mujeres no se vieran forzadas a ejercer la prostitución, para que muchas mujeres dejaran la prostitución y para que muchas mujeres que nos quedamos ejerciendo la prostitución no tengamos que admitir ciertas imposiciones porque no tenemos alternativa”

“Una renta básica vendría muy bien para que las mujeres pobres no se viesen abocadas a la prostitución. Muchas mujeres después de la crisis, mientras estaban cobrando ayuda familiar que eran 400 o 450 euros, aguantaban sin meterse en la prostitución, la avalancha de mujeres vino cuando ya no había nada donde ellas se podían agarrar”. Quien así habla es Maria José Barrera, integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. Considera que el Ingreso Mínimo Vital, como otras rentas condicionadas es una mala herramienta, sobre todo porque no llega a las ‘compañeras migrantes’ por no tener papeles, algo que cree que la RBU sí que haría pues es ‘para toda la gente que vive en un país’”. En todo caso, serviría, retoma, “para que muchas mujeres no se vieran forzadas a ejercer la prostitución, para que muchas mujeres dejaran la prostitución y para que muchas mujeres que nos quedamos ejerciendo la prostitución no tengamos que admitir ciertas imposiciones por parte de los dueños de los club porque no tenemos alternativa”. Considera Barrera que si no se instarua la RBU, una medida que eliminaría la pobreza, es porque al gobierno no le interesa, porque la gestión de los pobres da dinero.

Y la gestión de los pobres también estigmatiza. Esto es lo que piensa el activista gitano Iñaki Vázquez. “Las rentas que ponen condicionantes al final se transforman en la práctica en un sistema de control político y biológico en algunos grupos. Eso está ocurriendo con estas rentas mínimas en las comunidades autónomas, que si no te portas bien, no te conceden la renta, o te la quitan. Acaba siendo un sistema de control por parte de los servicios sociales”. Un control que afectaría especialmente al pueblo gitano, defiende, por lo que en este sentido “si la renta es universal me parece positivo porque se va a desactivar esa manera de control, lo vemos con esperanza”.

Vázquez es director de la Plataforma Khetané, pero habla a título individual, aún se está formando una opinión en torno al debate sobre renta básica, aunque de momento una cosa ve clara: la situación de emergencia total en la que se encuentra gran parte de la población gitana, gente que se gana la vida con la venta ambulante y que en la mayor parte de los casos no han podido acceder a ayuda alguna. “Muchos de ellos no han tenido ni siquiera la oportunidad de tramitar el ingreso mínimo vital, hay ahora mismo una situación de desespero, una situación tremenda que está llegando a situaciones de crisis humanitaria, si tuviésemos renta universal eso quedaría paliado”.

Otros colectivos racializados, en particular los migrantes y sus descendientes, podrían verse beneficiados por una renta básica, opina el activista antirracista Yeison García: “Hay algo que oyes mucho entre las comunidades migrantes, puntualiza, ‘es porque toca’. Se acepta cualquier trabajo ‘porque toca’, porque se tiene que enviar dinero a las familias, toca pagar la habitación, porque muchas veces no se da la posibilidad de ascender a otro puesto”. Para García, “una renta básica permitiría rechazar aquellos empleos que no garantizaran unos derechos laborales mínimos, la gente acepta horarios interminables, vulneración de derechos laborales, porque no hay otra opción”. Es más, considera García, con una renta básica se podrían organizar fuera del trabajo asalariado, emprender en el país donde residen, o incluso armar pequeños negocios en el país de origen que generasen recursos allá, liberando a las personas de la presión del envío continuo de remesas.

ALGUNAS ALERTAS

Cuando los diversos colectivos hablan de las personas más desprotegidas que los forman y la necesidad de que las mismas accedieran a esta renta básica universal, señalan a las personas migrantes sin papeles. Sin embargo, cuando se habla de universalidad, se habla de residentes, grupo que incluye a las personas migrantes, pero no necesariamente aquellas en situación irregular, colectivo que generalmente se queda fuera de las ayudas. “Desde los colectivos antirracistas y proderechos de las personas migrantes siempre se lanza la pregunta de si una medida de este tipo va a llegar a las personas migrantes en situacion administrativa irregular, sobre todo aquellas que no pueden dar un domicilio fijo, o están en situación de calle, siempre surge la pregunta de si ellos también entrarían y cómo se garantizaría que entrasen”, resume García. El suyo es un interrogante importante para el debate.

“Tenemos dos bandos: o vamos en el bando de destruir el planeta porque la economía es lo que manda o tiramos del freno y creamos un nuevo camino. Para mi la renta básica es imprescindible para crear este nuevo camino”

A Vázquez le preocupa hasta qué punto se tienen que gastar recursos estatales en ayudar a quien no lo necesita, y manifiesta su temor por que una medida así no vaya acompañada de “un plan para fortalecer los servicios públicos, la sanidad, la educación, la vivienda. Tengo el temor de que esa ayuda que se pudiera establecer, si no hay un control sobre los precios y la calidad de los servicios básicos, sea subsumida por los mismos que generan este contexto de desigualdad y precariedad”.

En este sentido, las intenciones de quienes promueven la campaña son claras, otra cuestión es cómo se materialice su premisa: “Un renta básica universal no sustituye al Estado del bienestar, sino que lo completa y transforma, haciéndolo pasar de un Estado del bienestar compensatorio a un Estado del bienestar emancipatorio”, defienden en el documento que explica la iniciativa.

MÁS ALLÁ DE LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

Pero la renta básica es entendida como mucho más que una medida contra la pobreza: para García, en el caso de los migrantes y racializados permitiría avanzar en la lucha política y por el reconocimiento. “El hecho de que los migrantes y racializados tuviéramos mayor capacidad económica nos daría mayor peso en la sociedad y posibilidades de tener poder político, de presionar para que se avanzara en nuestros derechos”. Además, considera, la universalidad desactivaría el argumento de las derechas que señala a las personas migrantes como beneficiarias de “paguitas”. “Se rebajaría la tensión social que habría en los barrios precarizados, empobrecidos y daría alas a una mejor convivencia y a la posibilidad de hacer alianzas”. Y, en definitiva, esta universalidad ayudaría a entender a las personas migrantes como sujeto de derecho, cambiando así, quizás, la relación con el estado y la propia sociedad, y posibilitando que hijos e hijas de personas migrantes no heredasen el empobrecimiento de sus padres.

Para Carlos Arias, la renta básica persigue un cambio de sistema, del que la pobreza es solo un síntoma. “El sistema en sí tiene unas dinámicas estructurales que son de abuso de los recursos, acumulación del capital y por tanto una exclusión de la gente. Yo entiendo que la Renta Básica es un acceso universal a un mínimo de recursos que garantiza libertad, libertad de acción, garantiza que todas las personas tengan un mínimo de movilidad a la hora de hacer lo que quieran”.

Y lo que quiere este ingeniero informático no es dedicar toda su vida a trabajar para otros, a producir para consumir, mientras afuera el mundo se acerca al colapso. “Tenemos dos bandos: o vamos en el bando de destruir el planeta porque la economía es lo que manda o paramos y tiramos del freno y creamos un nuevo camino. Para mi la renta básica es imprescindible para crear este nuevo camino, y sin ella pensar cómo nos reorganizamos va a ser prácticamente imposible porque la gente no puede poner sus principios por encima de sus necesidades. Lo más importante de la renta básica es garantizar esa libertad a todas las personas, a todos los jóvenes que están parados porque tiene que encontrar un empleo con el que ganarse la vida y podrían estar dedicando su cabeza e inteligencia en solucionar problemas importantes para la humanidad”.

Los promotores de la iniciativa tienen un año para sumar fuerzas y llegar al millón de firmas. Después de eso, continuará el desafío para cambiar el modo de entender el acceso a los recursos económicos. Para Quintanilla “es un buen momento para reclamar nuevas formas de reparto de la riqueza diferentes del empleo. El covid es un gran susto. Los sustos son crueles, y este además es muy triste porque ha matado a muchas personas y empeorado la vida de la gran mayoría, pero los sustos también mueven lo inamovible, y son ocasiones para cambiar de rumbo”.