Reproducción asistida
El Servicio Madrileño de Salud se niega a devolver dinero a mujeres que han pagado por inseminarse

Gemma Herraiz se sometió a un proceso de reproducción asistida en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz entre julio de 2020 y noviembre de 2021. Un centro gestionado por la empresa Quirónsalud pero que presta asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud en virtud de diferentes conciertos con el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Herráiz llegó a la Jiménez Díaz derivada por la sanidad pública, y experimentó dos inseminaciones artificiales y tres fecundaciones in vitro, todas ellas con semen de donante que tuvo que abonar. Un total de 1.850 euros, casi 400 euros por muestra, que Herraiz asumía que debía de pagar de su bolsillo al laboratorio Tambre. Pero no era así “y nadie me dijo nada”. Tiempo después, ya en 2023, se enteró de que dichas muestras entraban dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Es entonces cuando realizó una reclamación por el importe pagado y obtuvo un rotundo “no” por parte del SERMAS: “ha transcurrido el año que establece la normativa vigente para presentar la reclamación”, se lee en la resolución a la que ha tenido acceso El Salto.

En la misma situación se encuentra Sandra Soler. En 2018 solicitó a su médico de familia que se la derivase a la unidad de reproducción asistida. Acudió a su hospital de referencia, el de la Fundación Jiménez Díaz, donde le sometieron a cuatro inseminaciones y dos in vitro, la última en febrero de 2021. En el primer tratamiento utilizó el banco de semen de la empresa Tambre y pagó 400 euros, en los cinco restantes utilizó el banco de la empresa Celfer, al que pagó 355 euros por cada una de las muestras. Un total de 2.175 euros invirtió en la tarea. “Se me informó de que estaba subvencionado por la seguridad social todo el tratamiento, salvo las muestras de semen”, explica. En mayo de 2022, y tras ponerse en contacto con la Asociación de Madres Solteras por Elección, se enteró de que podía solicitar la devolución del dinero y así lo hizo. “Me dijeron que la mejor vía era presentando una queja por responsabilidad patrimonial al SERMAS. Que estaban devolviendo el dinero porque era clara la discriminación ya que otros hospitales no lo hacen. Me dieron el texto base para realizar mi reclamación y así lo hice”, explica Soler. Pero, igual que a Herraiz, y bajo la misma argumentación, se la denegaron.

“Yo sabía que el semen se cobraba pero pensaba que se hacía en todos los hospitales, nunca supe que no era así”

Mar Ramos empezó su tratamiento en 2016. La primera inseminación en la Jiménez Díaz fue en 2017. “Yo sabía que el semen se cobraba pero pensaba que se hacía en todos los hospitales, nunca supe que no era así”, explica Ramos. Se quedó embarazada en 2018 y su hijo nació en 2019. Utilizó cuatro muestras de esperma a 395 por muestra: 1.580 euros en total. En 2021, y después de que el debate surgiera en un foro de la Asociación Madres Solteras por Elección, emitió su reclamación. “Tardaron en responderme menos de un mes y me dijeron que no porque se me había agotado el plazo”, describe. Su hijo tiene ya cuatro años y asegura que conoce casos que, en las mismas circunstancias, sí han recibido la devolución del dinero, aún pasado el año para reclamar.

Agravio comparativo

Ramos habla de un agravio comparativo: a algunas mujeres se lo están devolviendo y a otras no. Soler refuerza esa idea: “Yo conozco dos casos en que sí han conseguido el dinero y se inseminaron hace más de un año de poner la reclamación”. Sobrevuela una hipótesis: las primeras reclamaciones sí fueron satisfechas pero cuando el boca a boca fue haciendo que se propagara este trámite, hubo que cerrar el grifo.

La abogada Paula Ibáñez Díez confirma que estas tres mujeres no son las únicas atrapadas en la no devolución. Hasta ella han llegado más casos, todas facturadas en la Jiménez Díaz. “Supongo, pero obviamente es una hipótesis, que en un inicio, serían pocas las personas que reclamaran la devolución del importe y, a medida que se ha ido difundiendo la información, el número de personas que están ejerciendo su derecho es mayor y desde la Administración están tratando de fijar la fecha del cómputo de la prescripción del plazo de manera que sea extemporánea la reclamación y no les corresponda el derecho y consecuentemente el abono de la cantidad abonada por el semen”, manifiesta Ibáñez.

“La cuestión aquí es cuándo se inicia el cómputo del plazo de prescripción, pues la fecha a tomar en cuenta más favorable para la interesada sería el momento en el que es conocedora del derecho a reclamar el reembolso de ese pago”

Explica esta abogada que la reclamación para la devolución del importe se realiza a través del procedimiento de responsabilidad patrimonial y, según el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo”. “La cuestión aquí es cuándo se inicia el cómputo del plazo de prescripción, pues la fecha a tomar en cuenta más favorable para la interesada sería el momento en el que es conocedora del derecho a reclamar el reembolso de ese pago”, explica Ibáñez, quien anima a que las personas facturadas reclamen  a la mayor brevedad mediante un sencillo escrito de Solicitud de Reclamación Responsabilidad Patrimonial que la Comunidad de Madrid tiene a su disposición en su web.

“Es un momento difícil, complicado emocionalmente. Habrá mujeres que se habrán echado para atrás por el precio, en mi caso son casi 1.600 euros”

Desde el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, con quien El Salto ha intentado contactar sin éxito, insisten en que el reintegro de los gastos solicitados le corresponde al SERMAS, “ya que el desembolso es anterior a las instrucciones otorgadas por este con fecha 27 de mayo de 2022 en relación a las directrices que deben seguir los centros de gestión indirecta para el caso que nos ocupa”, tal y como se lee en la notificación enviada a las madres afectadas.

Ante la negativa, algunas están dispuestas a recurrir la decisión. Sandra Soler solicitó asistencia jurídica gratuita para emitir una reclamación por lo contencioso administrativo ante el jurado. Asegura que la clave es lo que apunta Ibáñez: la fecha desde la que se manifiesta el hecho lesivo. “Yo me enteré de esta discriminación tarde y es desde esa fecha desde la que deben de contabilizar el tiempo transcurrido para reclamar”, asegura. Ya ha presentado el recurso y su abogada le ha dicho que espere un par de años hasta la resolución.

Gemma Herraiz se siente indignada. “A mí nadie me informó en la Jiménez Díaz de que podría reclamar lo abonado. Nunca conté con esa información”, recalca quien se encuentra también buscando una vía legal para reclamar. Por su parte, Mar Ramos valora que estas medidas han podido suponer una barrera económica para las mujeres que planearan someterse a una inseminación artificial. “Es un momento difícil, complicado emocionalmente. Habrá mujeres que se habrán echado para atrás por el precio, en mi caso son casi 1.600 euros”, enfatiza. Y a esa barrera económica se une ahora la barrera burocrática. “Si es un año, es un año para todo el mundo, no cuando de repente deciden que lo estamos solicitando muchas mujeres. A las que reclamaron primero se lo devolvieron y al resto nos cortaron el grifo y no están aplicando igual la normativa para todas. Pido igualdad de trato”, zanja Soler.