Medio rural
Ayuntamientos y comunidades autónomas obvian sus competencias en materia de caminos públicos

En el área rural los caminos públicos municipales y vecinales junto a las vías pecuarias han tenido una importancia fundamental para conectar a personas y pueblos durante siglos. Entre las vías más destacadas que vertebran la Península Ibérica sobresale la Vía de la Plata, calzada romana y gran corredor de las mercancías en el eje Norte-Sur peninsular, que todavía transitan los peregrinos siguiendo el Camino de Santiago desde Sevilla a Santiago de Compostela. Paradójicamente en tramos de esta popular arteria como el de Castilblanco a Almadén los caminantes se ven forzados a transitar por el asfalto de una carretera debido a que esta histórica vía se encuentra parcialmente usurpada en su trazado original.

La despoblación del campo en las últimas décadas ha traído consigo el abandono y la usurpación de estos caminos públicos por parte de propiedades aledañas, que han tomado también las fuentes y abrevaderos de naturaleza pública, y las zonas de descansadero de ganado, unas infraestructuras auxiliares a estos caminos. Recursos que han sido básicos para el pastoreo y la trashumancia, pero también para la asistencia a los viajeros en otras épocas, y que hoy por la práctica desaparición de esta actividad ganadera y sus nodos de comunicación específicos han quedado como un exponente residual de la identidad de esos lugares.

El artículo 132 de la Constitución Española, sin embargo, obliga a las administraciones públicas a garantizar la protección de este patrimonio con los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad propios del Dominio Público, así como su desafectación.

La titularidad del patrimonio caminero determina las competencias que las administraciones tienen delegadas. Así, las vías pecuarias (cordeles, veredas de carne, cañadas) son competencia de las Comunidades Autónomas, y los caminos municipales y vecinales son competencia de los ayuntamientos.

ALAMBRADAS, PÓRTICOS Y CANDADOS IMPIDEN EL LIBRE TRÁNSITO

Un paseo por este vasto viario público en la actualidad permite tomar conciencia de su riqueza como corredores para la biodiversidad. Atesoran vestigios arqueológicos y otros de gran valor etnológico que evidencian los usos y oficios que florecieron al calor de su trasiego cotidiano, como pueden ser pequeños poblados, antiguas ventas, hospederías, mesones y caseríos que dispensaban atenciones tanto al viajero como a las familias que hacían vida diseminadas en el campo en torno a sus labores como atestiguan las antiguas cercas de colmenas de corcho que los apicultores usaban para proteger a las abejas de alimañas y otras especies predadoras que pueblan la serranía, los corralones de cabrerizas, apriscos para ovejas, o zahúrdas y cebaderos para el ganado porcino.

Las alambradas, cerramientos, pórticos y candados impiden el tránsito por estas arterias y espacios auxiliares (abrevaderos, fuentes, zonas de descansadero) del medio rural ante la omisión o la connivencia de las administraciones que legalmente tienen la responsabilidad de protegerlos.

La custodia y mantenimiento de las vías pecuarias dependen de las comunidades autónomas mientras los caminos municipales y vecinales son competencia de los ayuntamientos

La Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, de 23 de marzo, enfatiza el carácter de bienes de dominio público que tienen las vías pecuarias y obliga a las comunidades autónomas a desarrollarla reglamentariamente, “defendiendo su integridad, su protección y conservación, al mismo tiempo que garantiza el uso público de las mismas”.

La Junta de Andalucía desarrolló el Reglamento Autonómico de Vías Pecuarias, aprobado por el Decreto 155/1998, de 21 de julio, y aprobó en 2001 un Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias, con vigencia hasta 2020. Pero de esta planificación andaluza entre los años 2001 y 2018 “no se ha cumplido ni el 10% en firme, y no se han recuperado ni el 1% de las vías pecuarias usurpadas por propietarios privados”, lamentan desde Ecologistas en Acción, que se quejan de la “clara dejación de funciones, pasividad y consentimiento de la Junta de Andalucía, que ni siquiera abre expediente sancionador a pesar de las múltiples denuncias y de tener pleno conocimiento de la usurpación de las mismas”.

Los caminos públicos municipales y vecinales dependen de los ayuntamientos, que tienen potestad en el ejercicio de sus competencias para intervenir, garantizando su integridad y mantenimiento, como parte de los bienes de dominio público de su término municipal, y en este sentido apuntan al Inventario de Caminos Públicos municipales y vecinales para activar los procedimientos administrativos de recuperación.

La Asociación Sevillana en Defensa de los Caminos Públicos (Asedeca), integrada en la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), ha dado forma a una relación de potestades y competencias que tienen los ayuntamientos para la defensa y recuperación de los caminos vecinales y municipales. El inventariado de estas vías es de obligado cumplimiento para los ayuntamientos conforme al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986 que dispone en su artículo 17 y siguientes “que todo Ayuntamiento está obligado a crear Inventario de sus bienes y derechos, incluyendo las vías públicas donde se incluyen tanto las calles como los caminos municipales y vecinales”.

Ecologistas, asociaciones camineras y colectivos sociales lamentan la omisión o connivencia de las administraciones ante la usurpación del viario público por parte de grandes terratenientes

Un caso evidenció el proceder connivente de dos administraciones con la usurpación de estos bienes, y fue germen para la creación de Asedeca en la Sierra Morena de Sevilla. El ex consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, modificó parcialmente la vía pecuaria Vereda Salto de la Trocha entre Castilblanco de los Arroyos y Almadén de la Plata a instancias del ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos, Segundo Benítez, para llevarla junto a una carretera.

En este tramo que siguen los peregrinos del Camino de Santiago en la provincia de Sevilla la intención última de la Junta y el Ayuntamiento de Castilblanco fue favorecer —según los agentes sociales— a las dos grandes fincas que la usurpaban: Cortijo de Campo, propiedad de Bencar Empresa General de Servicios S.A. representada por Carlos Benjumea Morenés, Blanca Benjumea de Soto, Carlos Luis Benjumea de Soto y Francisco de Borjas Benjumea de Soto, y dehesa Yerbabuena, que fuera del popular matador de toros José Ortega Cano, y actualmente es propiedad de Los Raudales P&I S.L. bajo la administración única de Rocío Leonor Torres Carcasi. Más de 40 colectivos diversos protagonizaron en abril de 2018 una marcha reivindicativa en defensa del trazado original de la vereda del Salto de la Trocha en la que exigieron que se revirtiera esta modificación y se rehabilitase y abriese el camino histórico. La nueva propiedad de la finca Yerbabuena llevó esta modificación a los tribunales, al no reconocer el acuerdo que suscribió el ayuntamiento con las dos fincas.

Dos fincas, Cortijo de Campo y La Yerbabuena, que han sido denunciadas ante la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla nuevamente al cierre de este 2019 por Ecologistas en Acción por la usurpación de otra vía pecuaria. Ya lo hicieron en marzo de 1992, y en 2008. Los denunciantes resuelven que los propietarios de las fincas “son perfectos conocedores de la ocupación, corte transversal, colocación de cierres, e impedir el tránsito en la vía pecuaria”, cita la denuncia. Se trata de un tramo de la 'Vereda de los Contrabandistas',  cuyo itinerario fue deslindado administrativamente en 1933 y volvió a ser ocupado ilegalmente por estas propiedades aledañas que en la actualidad, lamentan los ecologistas, impiden el tránsito en este tramo del trazado en la provincia de Sevilla.

Armando Cáceres, responsable de Vías Pecuarias en Ecologistas en Acción Sevilla, lamenta la actitud pasiva y en ocasiones connivente tanto de los ayuntamientos como de las comunidades autónomas ante la usurpación de estos bienes. Subraya el interés de las autoridades en priorizar el uso, tanto de este viario como del monte público, de manera exclusiva para la actividad cinegética, en detrimento de otras actividades. Argumento refrendado este 29 de diciembre, cuando la Junta de Andalucía informó del cierre “de senderos y rutas durante el período hábil de caza” en el Parque de los Alcornocales, en la provincia de Cádiz. Situación que se repite en otras provincias andaluzas.

La legislación ampara la recuperación de oficio de los caminos municipales y vecinales

Ecologistas, asociaciones camineras y colectivos sociales insisten en la legislación que ampara a los ayuntamientos para proceder a la recuperación por vía de oficio de los caminos vecinales y municipales usurpados por propietarios privados, así como aquellos que se encuentren en estado de abandono o afectados por otras circunstancias ajenas al interés público. “Concejales y alcaldes deben conocer las competencias municipales relativas al patrimonio caminero municipal y vecinal que tienen los ayuntamientos”, incide Manuel Rodríguez, presidente de la asociación Asedeca, y mantener actualizado el Inventario como parte de sus obligaciones.

La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 2003, establece en su artículo 32 y siguientes la obligación de las autoridades de inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados. “Conforme a esta ley los ayuntamientos deben tener catalogados estos caminos y debidamente registrados, y están asimismo en la obligación de iniciar la tramitación para proceder al deslinde administrativo de este viario de dominio público, e investigar las afectaciones, estado, usos y vicisitudes de estos caminos”, precisan desde Asedeca. En una disposición transitoria del mismo texto legislativo de 2003 se fijaba un plazo de cinco años para que las entidades locales hagan efectiva la inscripción en registro de sus bienes patrimoniales, incluyendo los caminos públicos de naturaleza vecinal-municipal.

Al Pleno de las corporaciones municipales le corresponde también la competencia de crear una Ordenanza Municipal para la custodia y preservación de los caminos vecinales y municipales, recuerda Asedeca, donde se establezcan sanciones ante supuestos de usurpación, invasión o mal uso de este viario. “Los ayuntamientos pueden esbozar un Plan Especial de Protección de Caminos Rurales, en el marco de las competencias que asumen las delegaciones de urbanismo u ordenación del territorio, en aras de garantizar el libre tránsito por estas vías por parte del conjunto de la ciudadanía”, cita el responsable de Asedeca, Manuel Rodríguez. “Tienen la obligación de emprender las acciones judiciales que fueran pertinentes para defender estos bienes del patrimonio público”, especifican.

Las diputaciones provinciales asisten a los ayuntamientos a través de la Ley de Autonomía Local de Andalucía para la redacción de inventarios y demás iniciativas.

La falta de recursos, personal y medios que acusan algunas corporaciones locales no es excusa, señalan desde Asedeca, para cumplir estas obligaciones. Las diputaciones provinciales asisten a los ayuntamientos a través de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) para la redacción de inventarios y demás iniciativas. “Una serie de acciones que los consistorios pueden activar de la mano de los colectivos y asociaciones camineras con la garantía y seguridad jurídica que ofrece la legislación española para la protección y mantenimiento de los caminos municipales-vecinales”, concluyen desde la asociación caminera. 

En base a estas competencias municipales, las asociaciones camineras y ecologistas están tomando la iniciativa para activar los procesos de recuperación de oficio de estos caminos en ciudades y pueblos de Andalucía. El pasado miércoles 18 de diciembre la Asociación Sevillana en Defensa de los Caminos Públicos (Asedeca) registró una iniciativa en el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos en la Sierra Morena de Sevilla para activar e impulsar la devolución de estos bienes y su puesta a punto en beneficio de los usos y del disfrute de la ciudadanía.

PROTECCIÓN DE CAMINOS, UN PROPÓSITO FIADO AL GOBIERNO DE ESPAÑA

A nivel andaluz el adelanto electoral tumbó hace un año la tramitación de la Ley de Caminos Públicos Rurales, un instrumento en el que venían trabajando desde 2016 representantes del Gobierno andaluz, Podemos, Ecologistas en Acción y la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, a iniciativa del ex parlamentario David Moscoso, con la que se proponían poner freno con rango de ley a la usurpación de caminos públicos en su más amplia consideración: rurales, agrícolas, vecinales, vías pecuarias, senderos, o de los espacios naturales, clarificando la titularidad, registro y catalogación de los mismos, y su aceptable estado de conservación. Los objetivos de esta legislación que ahonde en la protección de este viario público y clarifique las obligaciones de las administraciones a la hora de garantizar su preservación y mantenimiento se fían ahora al Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos a nivel estatal, a iniciativas en la misma línea a nivel europeo, sugieren fuentes de Podemos a El Salto Andalucía.

Desde marzo la asociación caminera ha tratado de concretar una primera toma de contacto con las nuevas autoridades de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y con su titular, Carmen Crespo, para conocer la planificación del Gobierno andaluz respecto al patrimonio caminero. Encuentro que no se ha concretado, explican desde Asedeca, que instan a la consejera a “atender con mayor diligencia a los agentes sociales y a avanzar sin mayor dilación en la recuperación del viario público usurpado, abandonado o inaccesible en Andalucía”, concluyen.

La defensa de estos caminos, unida a la preservación del Medio Ambiente y el área rural, tiene también sus premios. Anualmente el Club Elbruz de Naturaleza y Montañismo, apoyado en un jurado donde toman partido otros agentes y colectivos sociales, reconoce a personas y asociaciones que sobresalen por sus valores para la preservación del entorno en una jornada de convivencia en el paraje del Cerro del Hierro, en la Sierra Morena sevillana. Se trata del Premio Jabalí Sierra Norte, y en su próxima edición, el 18 de enero, lo recibirá la activista María Luisa Laviana. “Personas como María Luisa nos alientan a seguir en la lucha responsable y concienciada por el libre tránsito y el disfrute del medio ambiente, derechos constitucionales irrenunciables”, destacan desde el Club Elbruz.