Rusia
La guerra del Kremlin contra la sociedad civil

El delito del que se acusa a Memorial es el incumplimiento sistemático de la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en 2012 y que obliga a aquellas organizaciones que reciben ayuda financiera desde fuera de Rusia a anunciar, en todas y cada una de sus comunicaciones, que actúan como “Agentes extranjeros”. La expresión no es inocente y evoca las utilizadas en tiempos de Stalin para definir a espías o quintacolumnistas que trabajaban para “el enemigo”.

Desde 2017, esta categoría puede ser (y ha sido) aplicada a medios de comunicación y, en 2020, se extendió también a grupos de activistas de cualquier tipo (registrados como tales o no) o individuos. La norma se orienta, fundamentalmente, a aquellas organizaciones o personas físicas que lleven a cabo “actividades políticas”, sin que se especifique con demasiada concreción, en el texto de la ley, el alcance de dicha expresión.

La legislación del país hace muy complicado el trabajo de organizaciones o medios de comunicación que no comulguen con las políticas gubernamentales

Si bien es lógico que levante todo tipo de suspicacias, la idea tras esta ley no es nueva, ni tampoco Rusia el primer país en aplicar normas de este tipo; es decir, orientadas a identificar los canales a través de los cuales países u organizaciones extranjeras intentan influir en la política de un determinado estado. El problema suele ser que, en manos de estados autoritarios, estas leyes se prestan con facilidad al abuso y a su uso indiscriminado contra organizaciones y personas que sostienen opiniones contrarias al gobierno de turno. Este parece ser, según Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, Reporteros Sin Fronteras, el Consejo de Europa, Federación Internacional de los Derechos Humanos, Human Rights Watch y un largo etcétera de organizaciones rusas e internacionales, el caso de la Federación Rusa.

La legislación del país hace muy complicado el trabajo de organizaciones o medios de comunicación que no comulguen con las políticas gubernamentales. Aquellas que, por ejemplo, denuncian la corrupción endémica del estado, difícilmente van a recibir generosas subvenciones de éste; por otro lado, si consiguen recursos provenientes de fuera del país, gracias a proyectos de investigación, becas o financiación de otro tipo, serán con toda probabilidad tachadas de agentes extranjeros y sus cuentas, actividades y comunicaciones estrictamente vigiladas.

El gobierno de Vladímir Putin ha usado sistemáticamente esta ley, junto a otras como la Ley contra la actividad extremista o la Ley contra las organizaciones indeseables para dificultar, cuando no prohibir, la actividad de organizaciones que suelen tener en común la denuncia de la corrupción endémica de las élites político-financieras en Rusia, la oscura fortuna milmillonaria acumulada por el propio Vladímir Putin o las diferentes formas de censura que campan a sus anchas en el sistema de medios de la Federación Rusa. Si a esto añadimos, en el caso de Memorial, la denuncia permanente de las violaciones de los derechos humanos en la Rusia de hoy, así como la memoria de las que se llevaron a cabo en el pasado, especialmente durante el estalinismo, entenderemos la saña con la que las autoridades rusas han tratado a la organización.

La “verdad histórica” suele ser dictada desde diferentes ministerios y organizaciones como la oficial Sociedad Histórico-Militar Rusa, brazo derecho de la política histórica del Kremlin

Memorial es, probablemente, la mayor organización memorialista y de derechos humanos del país, al menos de entre aquellas que no cumplen con la única función de difundir el patrioterismo oficial caracterizado por una mirada acrítica a un pasado mítico, heroico y militarizado del que los ciudadanos rusos puedan (y deban) “sentirse orgullosos”. De hecho, no sentirse orgulloso del pasado “glorioso”, especialmente a lo que a los años de la Segunda Guerra Mundial se refiere, está casi prohibido por la propia constitución, que después de ser enmendada en 2020 incluye en su articulado que “la Federación Rusa honra la memoria de los defensores de la Patria y garantiza la protección de la verdad histórica. El menoscabo de la gesta del pueblo durante la defensa de la Patria es inadmisible” (Art. 67.3). La “verdad histórica” suele ser dictada desde diferentes ministerios y organizaciones como la oficial Sociedad Histórico-Militar Rusa, brazo derecho de la política histórica del Kremlin.

Nacida durante la Perestroika y de la mano de “disidentes” como Andrei Sájarov, Irina Scherbakova o Arseny Roginsky, Memorial se ha dedicado desde entonces, entre otras cosas, a recuperar la memoria del Gulag y de la represión política en la Unión Soviética. En los años noventa, la organización tuvo un importante papel en la formulación de las nuevas políticas de memoria de la Federación Rusa, como la Ley para la rehabilitación de las víctimas de la represión política, mientras enviaba a su personal a documentar las violaciones de derechos humanos en el Cáucaso, especialmente a partir de 1994, cuando comenzase la guerra en Chechenia. Con Memorial colaboraron, de hecho, periodistas asesinadas por su trabajo como Anna Politkovskaya o Natalia Estemírova, ambas corresponsales del periódico Novaya Gazeta, que recientemente recibiese el Nobel de la Paz.

La organización mantiene un valioso archivo de la represión política, así como un museo virtual del Gulag

La organización mantiene un archivo propio de valor incalculable con secciones dedicadas a la historia del Gulag, la disidencia en la URSS o el trabajo esclavo en la Alemania nazi, por poner sólo algunos ejemplos, acompañado de un fondo de entrevistas insustituible para la producción de una historia social del siglo XX que cuente con fuentes orales. Además de un museo virtual y las mejores bases de datos de represaliados por el estalinismo que existen en Rusia, la sede de Memorial en la capital rusa mantiene una constante actividad investigadora, además de celebrar seminarios, presentaciones de libros, exposiciones, etc.

Con la llegada de Vladímir Putin al poder, y sobre todo desde las multitudinarias movilizaciones populares en contra del gobierno que se llevaron a cabo entre finales de 2011 y el año 2012, Memorial se ha visto sometida a todo tipo de ataques, así como permanentes registros policiales a sus sedes. No ha sido la única; entre las organizaciones incluidas en el listado de agentes extranjeros encontramos La Fundación Anticorrupción de Alekséi Navalny (ilegalizada por “extremista”), El Fondo en defensa de los derechos de los presos, El Centro Yuri Levada de opinión pública, medios de comunicación como Meduza  o el canal de TV online Dozhd, así como una larga lista de periodistas y defensores de derechos humanos, que crece a diario.

El programa Cinco Continentes de RNE entrevistó a una de estas periodistas, Irina Dolinina, que trabaja para la publicación Vazhnye istorii (Historias importantes, también declarada “agente extranjero”) . En ella, Dolinina describe cómo ha cambiado su vida personal y laboral desde que entró a formar parte de la lista de “agentes extranjeros”. De entrada, cada artículo que publica o post en sus redes sociales debe ir precedido del siguiente mensaje (obligatorio para todos los “agentes extranjeros”):

“Este mensaje fue creado y/o difundido por un medio de comunicación extranjero que desempeña las funciones de un agente extranjero, y/o una entidad legal rusa que desempeña las funciones de un agente extranjero”.

Sólo por olvidar una palabra del texto podría recibir una cuantiosa multa y, si el olvido se repite en tres ocasiones, enfrentar penas de cárcel. El “olvido” sistemático de incluir este texto en todas las comunicaciones de la organización está, al parecer, entre los argumentos de la Fiscalía para la eliminación de Memorial. Además, los “agentes extranjeros” han de informar trimestralmente de todos sus gastos, hasta los más insignificantes:

“Cada tres meses, tengo que entregar un informe detallado de todos mis movimientos de dinero […] y cuando digo todos, son absolutamente todos: si me voy a tomar una cerveza o un vino, lo tengo que registrar. Si compro papel higiénico, lo tengo que registrar.”

En los últimos años es raro el día en el que un opositor no es multado, forzado a emigrar o encarcelado

En definitiva, la inclusión en el listado de agentes extranjeros supone una humillación que complica el trabajo y la vida de las personas y organizaciones que en él figuran, además de dificultarles la obtención de fondos para sus actividades. Memorial, desde que fuese incluida en el listado ha mostrado, una y otra vez, su rechazo a asumirse como “agente extranjero” y denunciado la inconstitucionalidad de la propia Ley. No es la primera vez que amenazan con cerrar Memorial, y ya se han puesto en marcha iniciativas para intentar que esto no ocurra. Mientras en las redes no paran de producirse muestras de solidaridad con la organización, la maquinaria judicial sigue su curso. La audiencia, según la propia organización anuncia en su web, tendrá lugar el 25 de noviembre.

La amenaza de eliminar a Memorial es un episodio más de la batalla que el gobierno de Vladímir Putin está librando contra la sociedad civil organizada de la Federación Rusa. En los últimos años es raro el día en el que un opositor no es multado, forzado a emigrar o encarcelado, y los motivos para las detenciones son cada vez más arbitrarios. Memorial es un peso pesado dentro de esa sociedad civil y un referente ético de primer orden para la misma. Su cierre sería la peor de las noticias y una nueva prueba de que al gobierno de Putin ya sólo le queda la fuerza policial y el uso torticero del sistema judicial para mantenerse en el poder.