Coronavirus
¿Es la caza una actividad esencial?

El pasado mes de marzo, apenas tres días después de la declaración del estado de alarma, la Junta de Castilla y León envió una instrucción en la que aclaraba que, durante el estado de alarma, por causa de control poblacional y la protección de las explotaciones agrarias se permitía la caza mayor de forma individual y la de conejos en grupos de cuatro personas. Referirse a la caza con el eufemismo de “control de poblaciones” y justificarla como necesaria para mitigar supuestos daños a la agricultura no se sostiene por ningún lado. Agricultores y ganaderos no han tenido ningún tipo de limitación, ni horaria ni de movimiento, lo que ha permitido que, desde el principio, hayan podido ejercer su trabajo en plenas condiciones. Ni en su momento, ni a día de hoy existen informes ni datos que justifiquen la necesidad de ese “control de poblacional”; pero las administraciones pretendían que la ciudadanía hiciera un acto de fe aceptando que personas armadas pudieran salir a pegar tiros por “necesidad” mientras que el resto nos quedábamos en casa.

A esto hay que sumar que estos “controladores de poblaciones” estarían sin vigilancia, pues  los agentes de la autoridad en materia cinegética (Agentes Medioambientales y Agentes de Seprona-Guardia Civil) estaban dedicados a tareas relacionadas con el estado de alarma. Entonces, ¿quién controla al “controlador”? 

El segundo de los argumentos de la Junta para permitir la caza se refiere a los posibles accidentes de tráfico. En un contexto de limitación de movimientos por carretera, les parecía imprescindible hacer control de poblaciones para mitigar unos supuestos accidentes de tráfico, de nuevo sin justificar ni aportar datos. Respecto a esto, solo mencionar que quienes vivimos o trabajamos en el medio rural sabemos que en los días de caza, se producen accidentes porque “los animales están revueltos”, se altera a la fauna silvestre, que se mueve más y sale huyendo hacia cualquier lugar y es entonces cuando se pueden producir más accidentes. 

Mientras la COVID-19 continuaba causando estragos y se confinaba a la población en sus casas la Junta de Castilla y León pretendía permitir la caza. Fue tan fuerte la indignación en redes sociales, con críticas venidas de todos los sectores, que la administración regional de Castilla y León tuvo que recular y anuló la instrucción..

Apenas mes y medio después, aún en cuarentena social, la testosterona y el plomo llamaban de nuevo a las puertas de la naturaleza y los cazadores volvían a reclamar su deporte, exigiendo de nuevo poder salir al campo a disparar. Volvieron a ejercer presión y esta vez a nivel estatal y en varias comunidades autónomas comenzaron a aparecer como setas instrucciones y autorizaciones para salir a cazar por “necesidad”, de nuevo, sin justificación técnica ni científica conocida. Salieron notas de prensa, escritos de petición, denuncias ante Subdelegaciones del Gobierno y Procuradores del Común, solicitudes de paralización a los gobiernos regionales, recogidas de firmas, etc y se produjo una fuerte reacción en redes sociales dirigida al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para exigir que desautorizara la caza. Si la gente no podía salir a practicar deporte o a pasear, ni siquiera de manera individual ¿cómo era posible que un grupo de cazadores pudiera reunirse para disparar?  Hubo en definitiva, una gran presión ciudadana y de varias ONGs ecologistas, lo que fue un acierto (y un éxito). Era muy difícil explicar esta permisividad con la caza, así que no tuvieron más remedio que echarse atrás y ni los gobiernos regionales ni el central fueron capaces de autorizar ningún control de poblaciones en fase cero. Pero finalmente, la caza y la pesca deportivas se colaron en el listado de actividades permitidas a partir de la siguiente fase.

La caza no es necesaria

En los medios no se suele explicar que la fauna silvestre no necesita control y, menos, mediante la caza; tiene sus propios mecanismos de regulación, tanto intra como entre especies. Además existen métodos para proteger los cultivos y el ganado, y el mejor de todos es dejar actuar a los predadores naturales (zorro, lobo) que se encargan de regular las potenciales posibles plagas dañinas que son sus presas (conejos, jabalíes, corzos,…). Dejar que los predadores, con un buen estado de sus poblaciones, hagan “su trabajo” regulando las poblaciones de presas es una gestión inteligente.

Pero sobre todo, las administraciones deberían empezar, si tanto les preocupa todo esto,  por prohibir la cría, alimentación suplementaria e importación de animales cinegéticos. Seguir manteniendo las granjas cinegéticas es contradictorio y perjudicial, además de que no existe una información transparente de las mismas.

¿Es la caza un sector privilegiado por los gestores públicos? Se caza seis meses al año, a lo que hay que sumar el control de poblaciones que se hace sin restricciones temporales, las emergencias cinegéticas y todas las autorizaciones excepcionales que se dan para numerosas especies. Se fomenta mediante campañas dirigidas a menores, financiadas con dinero público, en colegios e institutos, se relajan las denuncias, no se persigue el furtivismo por parte de federaciones de caza ni de administraciones y un largo etcétera. Es solo una muestra de los privilegios que mantiene la caza, a pesar de contar con una oposición social cada vez más fuerte. Altos cargos políticos, aristócratas, políticos y empresarios, siguen cerrando acuerdos en cacerías a puerta cerrada en las grandes fincas cinegéticas o disparando sobre algún macho montés de potentes cuernas o un gran lobo alfa.

En definitiva, en estos meses de estado de alarma hemos podido comprobar el poder que tiene la caza, a pesar de estar de capa caída. Sus supuestos beneficios ni se acercan a ser tales, mientras que los daños que causan son incluso mayores de lo que pensamos.