Ecofeminismo
Fraguas: a la cárcel por revivir un pueblo dinamitado

Cada vez somos más conscientes de lo preocupante de la situación ambiental en la que nos encontramos a nivel global, y de lo urgente de actuar para ponerle freno. Sin embargo, arrastramos una mentalidad, una burocracia y unos objetivos colectivos que son herederos de la época del “progreso a toda costa”, y que nos llevan a situaciones tan absurdas como esta: cuando surge una minoría de personas dispuestas a apostar su comodidad, su tiempo y su esfuerzo en iniciativas que avanzan en la dirección que necesitamos, en lugar de darles apoyo – o, por lo menos, dejarles en paz y ver adónde llegan – se les encierra, se les arruina y se les aplasta para que sirvan como ejemplo a los siguientes.

Fraguas era un pequeño pueblo como otros tantos, en la provincia de Guadalajara, cuyos habitantes fueron obligados a emigrar durante el franquismo: no fue uno de esos casos en los que la gente se iba marchando buscando otro tipo de vida en la ciudad, sino una expropiación forzosa con el propósito de convertir toda la zona en una plantación de pinos.

Plantar pinos podía parecer una prioridad nacional en los años sesenta, pero muy dudosamente puede seguir siéndolo con lo que se ha aprendido en estos años: en primer lugar, por lo que ahora sabemos sobre ecología y sobre el problema para la biodiversidad que supone el mantener monocultivos de este tipo; en segundo lugar, por los cambios que ha habido en nuestras circunstancias demográficas, que hacen que ahora la repoblación de nuestras zonas rurales suponga una necesidad mucho más acuciante que la de producir aún más madera barata para seguir alimentando un modelo de consumo que no puede ni debe continuar.

En cualquier caso, en los años noventa se le dio un nuevo uso a esta zona, la de destinarla a prácticas militares. Con estas prácticas se destruyeron todos los edificios que existían en el pueblo, que quedaron derruidos. Este uso es el que “explica” que, estando Fraguas dentro de un Parque Natural, se permita la utilización de explosivos en la zona pero no la reconstrucción.
Avanzamos entonces hasta el año 2013: un grupo de jóvenes presenta a la Junta de Castilla La Mancha, propietaria legal de los terrenos, un anteproyecto para repoblar el enclave de Fraguas. La Junta rechaza el proyecto y les emplaza a la vía “legal”, burocracia mediante y con un importante capital por adelantado. Ante la negativa de la Junta, estas personas decidieron igualmente trasladarse al pueblo y comenzar la reconstrucción, con el apoyo de sus antiguos habitantes y de colectivos del mundo de la educación, el ecologismo y la autogestión.

Detengámonos a considerar la vía que les ofrecían: es una alternativa que pretende mostrarse como neutral. Al fin y al cabo, es la ley. Si quisiesen, este grupo de jóvenes podría reunir el capital y acceder a este enclave, como lo hacen las empresas. Es el equivalente al “montad un partido y presentáos a las elecciones”. Sin embargo, estos requisitos tienen ya una serie de sesgos implícitos que favorecen unos usos y no otros para este territorio: ¿por qué es más importante la capacidad de aportar capital que la capacidad de demostrar un compromiso de vínculo con el territorio? Es el Estado el que tiene la capacidad de elegir favorecer un modelo u otro, y en este caso elige favorecer un tipo de acceso a la tierra que beneficia a una gran empresa que llega, extrae, agota y se va.

Un Estado diferente – o un modelo diferente capaz de establecer prioridades para la propiedad colectiva – podría plantear otros requisitos, otras prioridades. Unas prioridades que hiciesen, por ejemplo, que fuese impensable permitir a una empresa acceder a los recursos comunes si no puede garantizar el dejarlos mejor de lo que estaban, o si no está encabezada por personas que demuestren un vínculo con ese territorio, tengan el dinero que tengan.

Pero en fin, en este caso decidieron que lo que la Sierra Norte necesita son más pinos, y que recuperar un pueblo va contra la Ordenación del Territorio – los planes para ese territorio que supuestamente más nos benefician colectivamente - y que por tanto quienes reconstruían Fraguas estaban atentando contra lo público. Y los denunciaron y los condenaron.

La Junta, con una propiedad que era suya, los denunció por usurpación – en lugar de reconocer que estaban haciendo con esa propiedad algo mucho mejor que lo que podían hacer ellos, y facilitarles el acceso; con una planificación que resulta obsoleta para las necesidades colectivas que tenemos en el siglo XXI, los denunció por delitos contra la Ordenación del Territorio – cuando podría integrar en su planificación el que un proyecto de repoblación que cumpla ciertos criterios de sostenibilidad, compromiso y fijación de población resulta en realidad beneficioso incluso para un enclave protegido (especialmente para un enclave protegido); tuvo hasta la desfachatez de denunciarlos por delitos contra el medio ambiente, aunque posteriormente retirasen este cargo, cuando incluso sin reconstruir nada solo el hecho de sacar a un par de docenas de personas del sumidero de recursos que es Madrid ya supone una pequeña victoria ambiental.

No se puede permitir que cualquiera se establezca en cualquier sitio y haga lo que le dé la gana, obviamente: un asentamiento en un Parque Natural podría resultar dañino para el entorno, para las especies con las que convive, para las poblaciones vecinas. Pero tampoco se pueden grabar en piedra unos requisitos y prioridades que no reconozcan la singularidad de proyectos como este, y sus beneficios potenciales. Tampoco se pueden ahogar proyectos de este tipo porque sus promotores carezcan del capital necesario.

Los representantes de la Junta parecen estar diciendo “Es que, ¿y si otra gente hiciera lo mismo?”. Pues, devolviendo la pregunta, ¿y si otra gente hiciera lo mismo? ¿y si tuviéramos la oportunidad de promover y recuperar vidas dignas en zonas que ahora mismo son un desierto demográfico regalado a la especulación internacional?

Las seis personas denunciadas por repoblar Fraguas han sido condenadas a dos años y tres meses de cárcel – para castigarlas y para proteger a la sociedad de actividades como las suyas, se entiende – y a pagar un dinero que no tienen para ver destruir aquello que han construido con el esfuerzo de años. Una persona presa le cuesta al Estado 1950 euros al mes, con lo que vamos a gastar colectivamente más de 300.000 euros en destruir este proyecto y encerrar a sus artífices.
Estamos en 2019. Nuestro planeta arde. Nuestros pueblos se mueren. ¿Estas son nuestras prioridades?

El 23 de febrero, a las 12h, se ha convocado una concentración en la plaza Tirso de Molina (Madrid) en apoyo al proyecto de Fraguas. Acude y difunde.