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Salud mental
Psicólogos aspirantes a plazas públicas se movilizan por una mejor atención de la salud mental
En el último año, el colectivo de médicos internos residentes (MIR) —personas que han estudiado Medicina y que continúan su proceso de formación en centros durante cuatro o cinco años hasta obtener plaza— ha logrado una elevada visibilidad a raíz de repetidas movilizaciones durante la pandemia, en diferentes partes del Estado, para mejorar sus condiciones. Sin embargo, el de médicos no es el único grupo que aspira a una plaza pública: “Los medios se olvidaron frecuentemente de que muchos más sanitarios [internos residentes] también estaban ahí en la sombra: psicólogos, biólogos, químicos, radiofísicos y farmacéuticos, y también otros a los que ni siquiera se les reconoce como tal, como los fisioterapeutas, cuyo trabajo es esencial en la recuperación de pacientes tras los largos ingresos”, valora Ivana Delgado Ferré, aspirante a psicóloga interna residente (PIR).
Más allá de la invisibilidad de algunos grupos, las pruebas de este año —celebradas el pasado 27 de marzo— han hecho estallar a los aspirantes a una plaza de psicología en la sanidad pública y se ha traducido en la movilización y organización de una parte de los más de 4.300 opositores inscritos. A través del hashtag #PIRvolución, denuncian falta de medidas de seguridad y mala organización del examen, materiales establecidos a última hora, el modelo biomédico imperante en las pruebas y la escasez de plazas convocadas. Aunque el padecimiento psíquico haya saltado al Congreso y sea un tema cada vez más recurrente, y de cuya importancia ya se ha alertado desde diferentes sectores, no parece motivo suficiente para que la atención pública de la salud mental sea abordada seriamente.
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Ausencia de plazas
Ivana Delgado, una de las impulsoras de #PIRvolución, valora como “ridículo” el número de plazas PIR y como “insuficiente” el aumento de las mismas de un año a otro. La joven cuenta que en la convocatoria de 2019 —para el examen 2020— se convocaron 189 plazas. El exministro de Sanidad, Salvador Illa, fue preguntado por el número de plazas que se publicaría en 2020 para el examen de este año: “Respondió que lo estaban valorando, pero cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que el número de plazas convocadas fue de 198 para un total de más de 4.000 solicitudes de psicólogos al PIR, tan solo nueve plazas más que en el año anterior”, lamenta la opositora. La cuestión de las plazas es la principal reclama del colectivo Revolución PIR, pero no la única.
El número de plazas de psicólogos internos residentes (PIR) convocadas fue de 198 para un total de más de 4.000 solicitudes, tan solo nueve plazas más que en el año anterior
Modelo biomédico imperante
Desde la iniciativa #PIRvolución, que en pocos días ha ganado centenares de adeptos descontentos con la organización y ejecución del examen, critican el paradigma biomédico imperante en las pruebas. “La labor del psicólogo clínico es trabajar sobre la conducta de las personas usuarias del Sistema Nacional de Salud, y si bien como psicólogos debemos tener unos conocimientos determinados de neuropsicología y farmacología, estos no deben ser tan específicos porque no son de nuestra competencia”, sentencian desde Revolución PIR. Lo ilustran con preguntas concretas de la prueba: “Una hacía referencia a una técnica de intervención en la disfunción eréctil centrada en la inyección de sustancias en el pene, algo claramente alejado de nuestra profesión, que es el tratamiento psicológico”.
El examen recoge preguntas con las que “se sigue patologizando a los usuarios de salud mental, restando el peso que tiene el contexto socioeconómico en los problemas psicológicos y atribuyendo a todos una causa meramente biológica que se 'cura' con una pastillita”, valora Delgado
También fueron interrogados sobre la teoría de las alteraciones bioquímicas como causa de la depresión, que ya ha sido desestimada por multitud de profesionales y por la propia literatura científica, recuerda Delgado. “Con preguntas como esa se sigue patologizando a los usuarios de salud mental, se les sigue tratando como enfermos, se sigue restando el peso que tiene el contexto socioeconómico en los problemas psicológicos y se atribuye a todos una causa meramente biológica que se 'cura' con una pastillita”, añade la opositora.
Desde la iniciativa, recuerdan que es necesaria la autocrítica de estos planteamientos basados en “teorías biológicas arcaicas” que no hacen más que “atentar directamente contra nuestra profesión” y cuya solución pasa por escuchar a los usuarios. “Aquí no estamos para conseguir un puesto de trabajo, estamos para lograr una reforma integral del sistema de salud, y creemos que un aumento de plazas mejorará la asistencia”.
Se estiman unas 713 muertes supuestamente “accidentales” al por consumo de psicofármacos. ¿Cuándo se dejarán de recetar psicofármacos sin control para abaratar costes? #SaludMental #PIRvolucion #MasplazasPIR #pirjusto
— Revolución PIR (@PIRvolucion) April 2, 2021
En este sentido, #PIRVolución critica las elevadas cifras de dispensación de psicofármacos y llama la atención sobre el hecho de que el diagnóstico de trastornos mentales aumente conforme disminuye la renta básica: “Esto debería decirnos muchas cosas del fracaso del sistema de salud mental en España, la principal, la influencia de los factores socioculturales en el bienestar psicológico, y la segunda, el abuso de los psicofármacos cuando no puedes permitirte asistir a una terapia psicológica”, apunta Delgado. Y es que resulta más económico, lamenta la joven, “recetar miles de psicofármacos, hacer visitas de 15 minutos para ver que todo 'va bien' (de cara al sistema) y seguir con la cadena de producción, ya que ofrecer una intervención psicoterapéutica eficaz para cada usuario es un gasto abismal” en psicólogos especialistas en psicología clínica (PEPC).
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Falta de seguridad y de tiempo
Este año iba a ser la tercera vez que Ivana Delgado se presentara a las pruebas PIR, pero tuvo que descartar la idea: “Las medidas de seguridad eran un chiste y en mi casa somos población de riesgo”. La celebración de las pruebas se atrasó dos meses para plantear cómo realizarlo de forma segura. “La medida que se les ocurrió para 'evitar aglomeraciones' fue formar dos turnos de llamada de 20 minutos de diferencia; obviamente un fracaso. En algunas aulas se permitió comer y beber e ir al aseo, en otras no...”, asegura indignada Delgado.
A las cuestiones formales se añaden críticas como la falta de tiempo que han tenido los opositores PIR para estudiar materiales objeto de estudio para la prueba: aseguran que en este año se han publicado varios manuales de gran extensión pocas semanas antes del examen, alguno con casi 1.000 páginas de extensión, de los que han puesto varias preguntas en el examen.
También ahí hacen alusión al factor económico: “Los opositores debemos gastarnos casi 100 euros en cada manual que se publica a escasos meses del examen para poder ir 'bien preparado' de cara a lo que se nos pueda preguntar en el examen. El gasto que implica esto es brutal y los hay que se benefician de ello”, exponen desde Revolución PIR, que recuerdan que la otra vía para poder ejercer es el Máster en Psicología General Sanitaria, “un máster prácticamente privatizado” y cuyo precio, de momento, sigue siendo inaccesible para muchos. Pero mientras, lamentan, “algunos cursos y formaciones en pseudoterapias están avalados por los propios organismos oficiales que deberían regular adecuadamente nuestra profesión, y se imparten en nuestras universidades”.
“Lo que está claro es que se está haciendo un negocio de nuestra profesión y que eso tiene un impacto directo en los usuarios que, ya sea por voluntad propia, o ya sea de forma obligada, deben acudir a los servicios de salud mental”
En los próximos días, adelanta la portavoz de Revolución PIR, van a trabajar para abordar las cuestiones detectadas en la convocatoria de este año que han llevado a la indignación del colectivo y van a seguir empujando por un planteamiento más adecuado de las pruebas, tanto a nivel de contenidos como de procedimiento, además de seguir reclamando más plazas.
Quieren que la profesión que han estudiado y que ejercerán esté mejor valorada, y eso pasa por un cambio de paradigma donde los intereses económicos pasen a un segundo plano, antes y después de la realización del examen, a favor de una atención de la salud mental que responda a la realidad: “Lo que está claro es que, de una u otra forma, se está haciendo un negocio de nuestra profesión y que eso tiene un impacto directo en los usuarios que, ya sea por voluntad propia, o ya sea de forma obligada, deben acudir a los servicios de salud mental”, concluye Delgado.
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