Pedro Varea

Una intensa movilización ciudadana ha sido protagonista este 2021 ante los intentos de obstaculizar la Ley Trans así como para evitar la derogación de la ley LGTBIQ+ promovido por Vox en la Asamblea de Madrid. Analizamos el estado de la cuestión antes de finalizar el año.

El síndrome del impostor afecta cada vez a más personas. Si bien es un tema que se ha tratado mucho desde la psicología, hay todo un contexto sociopolítico que aumenta las probabilidades de padecerlo, por lo que merece también una lectura de clase y social.

Las activistas trans migrantes señalan a la Ley de Extranjería como producto de una violencia estructural de la que el Estado español es responsable y que les priva de acceso al mercado laboral o de la vivienda, encontrando en el trabajo sexual una de las pocas posibilidades que les queda para sobrevivir.

“Hay cerca de diez muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes en el cuadro español, pero solo hay seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en el país”, expone el presidente del Consell de Joventut d’Alacant, Àlvar López de Medina.

Diversas entidades del colectivo LGTBI denuncian la falta de reformas legales para erradicar unas prácticas que atentan contra la integridad y la salud mental de sus víctimas.

El Rectorado de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha propuesto un nuevo modelo de docencia que supondría implantar, de forma permanente, el aumento de la enseñanza online una vez terminada la crisis epidemiológica actual. La propuesta no ha sido bien recibida por el alumnado y por parte del equipo docente, que denuncia falta de transparencia y critica la manera en la que se está llevando a cabo.

Contra la idea cada vez más interiorizada de que el aspecto físico presupone la buena o mala salud, los movimientos en contra de las dietas de adelgazamiento ponen en valor una alimentación intuitiva basada en las autorregulación y la salud mental, sin perder el foco también en la salud física.

Educar en la diversidad desde las edades más tempranas no solo redunda en generaciones más tolerantes, sino que es un derecho recogido en normativas tanto nacionales como internacionales. En los últimos años, varios centros han apostado por eliminar unas dinámicas que, desde el sistema educativo, alimentan el estigma que rodea a los colectivos minorizados.