Salud mental
Los trabajadores de salud mental advierten de los efectos en los usuarios de no subrogar entre compañías

En plena movilizaciones en el sector social madrileño denunciando salarios míseros, jornadas extenuantes y poco apoyo de las instituciones al trabajo que realizan los miles de profesionales, el sector de salud mental denuncia que la Comunidad de Madrid está mirando más por los beneficios de las empresas que se presentan a los pliegos que por los usuarios o trabajadores. Un ejemplo claro es la problemática que se vive en Manantial Gestión. 

La empresa, dependiente de la Fundación Manantial, lleva en una situación de crisis y conflicto laboral desde finales de 2025. Las deudas de la empresa en nóminas y la no mejora de las condiciones laborales de los más de 300 empleados dio pie a una movilización donde se veían afectados los 52 centros con los que tiene concesión, siendo gran parte de la red de salud mental de la Comunidad de Madrid. Esta situación, en lugar de mejorar solo ha empeorado: además de la salida de 53 trabajadoras, los Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC) corren peligro. 

Se trata de un trabajo fundamental para personas con problemas de salud mental que están aisladas en su casa y que, con la ayuda de estos profesionales, tratan de salir a la calle, hacer una vida autónoma y volver a relacionarse con la sociedad. “Este trabajo requiere mucha confianza, generar un vínculo entre el usuario y el trabajador”, explica uno de los trabajadores del EASC de Manantial Gestión, que comenta que en lo que va de año hay usuarios que han sido cambiados hasta en tres ocasiones de persona de referencia. “Esto significa contar a un extraño tu situación, abrir por completo tu vida a alguien”, confirma este empleado. 

Él y sus compañeras y compañeros que denuncian la situación en Manantial Gestión hacen referencia a la salida en diciembre de las 53 trabajadoras que dejó muchos servicios sociales “vacíos de golpe” y a que ocurrirá lo mismo en los EASC a partir del 30 de abril. Este día es el último del que se hace responsable la empresa dependiente de la Fundación Manantial, pues han renunciado a la renovación de contrato automática que hace la Comunidad de Madrid. La salida más sencilla sería cumplir con la normativa y obligar a la nueva empresa que se presente a los pliegos a subrogar a los empleados y a los usuarios. Pero tanto la empresa saliente, como la Comunidad de Madrid tienen otros planes. 

“Manantial deja así a la Comunidad de Madrid el camino libre para darle este pliego a otra empresa sin el peso de trabajadoras con años de experiencia, trienios, etc”, indican los profesionales

Según el comité de empresa, las leyes defienden que tres meses antes del fin del contrato público, la empresa saliente debe entregar los datos tanto de trabajadores como de los usuarios a la Comunidad de Madrid para que pueda entregarlos a la siguiente empresa y así no cambiar de nuevo a la persona responsable de los usuarios. “Manantial nos prometió una reunión para ver cómo se dará el paso de la subrogación y lo que nos llega es un mail diciendo que van a reubicar forzosamente a las trabajadoras en otros puestos”, indican desde el comité a El Salto, que indican que así “Manantial deja así a la Comunidad de Madrid el camino libre para darle este pliego a otra empresa sin el peso de trabajadoras con años de experiencia, trienios, pluses de formación o una posible indemnización por despido elevada”.  

Según los empleados, la empresa les ha denegado la posibilidad de la subrogación y les presiona diciendo que o aceptan la reubicación forzosa o puede que no tengan plaza más adelante. Sin intención de acepotyar esto, el comité de empresa se reunió con la Comunidad de Madrid a mediados de febrero. En concreto con varios altos cargos del Gobierno de Ayuso, entre ellos, con la directora general de Atención a Personas con Discapacidad, Alejandra Serrano. “Allí nos mienten y nos dicen que no va a haber subrogación, aunque esté por ley”, comenta uno de los representantes de la plantilla, que asegura que ya han visto ofertas de trabajo de otras empresas para sus puestos de trabajo. ERsto ha pasado sobre todo en los dos centros que realizan esta labora dentro de la ciudad de Madrid, en Barajas y San Blas. 

El PP de Torrejón ha apoyado una moción para instar a la Comunidad de Madrid para mantener estos servicios y que se cumplen las condiciones de los pliegos

“Esta jugada entre empresas y la Comunidad de Madrid hace que vayan a tener los mismos precios en pliegos pero menos carga de salarios”, indican desde el Comité a este medio, insistiendo en que así “ganan todos menos los usuarios y los trabajadores: Manantial suelta lastre, la Comunidad de Madrid gasta menos en los social y les sale rentable a las empresas que lleguen”. Se trata de una situación que además de los dos equipos en la ciudad de Madrid afecta a otros cinco: Torrejón de Ardoz, Rivas-Arganda, Leganés, Parla y Fuenlabrada. 

Partidos políticos como Más Madrid han presentado mociones en estos ayuntamientos para comprometer a mantener tanto a los usuarios como a los trabajadores de este servicio, al ver que la situación de incertidumbre ya ha afectado a muchas personas con problemas de salud mental que han renunciado a su plaza. Tanto es así que en Torrejón de Ardoz la moción para pedir que se mantengan ha sido apoyada por el Partido Popular, que presentó su propia enmienda a la totalidad en la que “instan” a la Consejería de Familia, juventud y Asuntos Sociales madrileña a que “incida en la mejora de la asistencia y atención a personas con enfermedad mental, así como el cumplimiento íntegro de los pliegos de condiciones y de los convenios colectivos vigentes”. 

“En salud mental hay mucho estigma y eso significa que los usuarios no suelen salir a la calle a reivindicar sus derechos, porque es quitarte la careta”, comenta un trabajador

Para los trabajadores esta es una excepción y entienden que la Salud Mental no tiene el mismo empuje electoral que otros asuntos de servicios sociales como el cuidado a mayores. “En salud mental hay mucho estigma y eso significa que los usuarios no suelen salir a la calle a reivindicar sus derechos, porque es quitarte la careta de tener un problema mental frente a tus vecinos, que puede que ni lo sepan”, indica un trabajador de este servicio. 

Frente a esta situación tienen muy presente la remunicipalización lograda en algunos servicios de Ayuda a Domicilio, aunque no tienen esperanzas: “Sabemos que la Comunidad de Madrid ha hecho la vista gorda con incumplimiento de contratos y que Manantial solo quiere ganar tiempo para lograr sobrevivir”, explican fuentes del comité, en referencia a la deuda que acumula esta empresa y que será mayor al tener muchos trabajadores una antigüedad de hasta 18 años. “Con las indemnizaciones que deben y están peleando en los juzgados, más los recargos, puede que pasen de los tres millones de deuda”, indican y aseguran que saben que ya hay directivos de la entidad con “negocios paralelos” antes un supuesto cierre. 

Para los empleados, “La Comunidad de Madrid es responsable de una externalización de un servicio que lleva más de 30 años en marcha”, algo que responde al “juego de la mercantilización de los servicios públicos y de la salud mental: abren muchos recursos, pero con poco presupuesto y así se hacen la foto”. Lo que tienen claro estos profesionales es que su trabajo debe alejarse del “modelo de asistencialismo” y de que “estas empresas sigan teniendo negocio con su red clientelar”. Así lo manifestarán en la próxima reunión que tiene el comité de empresa con la dirección de Manantial gestión el próximo 13 de diciembre. “No esperamos gran cosa, porque ellos están en su supervivencia y no nos pasan ni los datos básicos como el calendario laboral de las residencias que también gestionan, por ejemplo”, indican.