Sanidad pública
No, la policía municipal de Madrid no puede multar por repartir panfletos en favor de la sanidad pública

El pasado viernes dos activistas fueron multados por repartir información sobre la manifestación del 12 de febrero en Madrid. Según la ordenanza municipal el reparto de folletos por entidades sin ánimo de lucro no entra dentro de las prohibiciones que fija la normativa.
Sanidad metro fusilamiento - 8
Acción en la estación de Sol en el Metro de Madrid, previa a la manifestación de este 12 de febrero. Álvaro Minguito

El pasado viernes 10 de febrero, dos días antes de la gran movilización en favor de la sanidad pública y en contra de la política sanitaria del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, dos vecinos de Carabanchel que participaban en la organización de la protesta fueron multados por agentes de la Policía Municipal por repartir octavillas con información sobre la marcha. En la multa, a la que ha tenido acceso El Salto, los agentes aluden al incumplimiento del artículo 2.1.c de la Ordenanza Reguladora de Publicidad de Exterior de Madrid que prohíbe el “reparto o entrega en vía pública de folletos, anuncios, pegatinas o cualquier otra clase de producto publicitario”. Gerardo Romero Díaz, uno de los multados, que pertenece a la Asamblea Popular de Carabanchel, tenía claro “desde el minuto uno” que aquello tendría “poco recorrido”.

“Me estaban multando por repartir propaganda pero no estábamos repartiendo publicidad de ningún sitio con ánimo de lucro”, explica Romero a El Salto. Y, tal y como le marcaba su intuición, la normativa le da la razón. Según la citada ordenanza, y tal y como se indica en el artículo 1.3, están exentas de esta normativa las actividades de publicidad exterior realizada “por entidades sin ánimo de lucro, partidos políticos y otras entidades vecinales y asociativas para informar, difundir y promocionar sus actos propios de carácter social, político, cultural, de participación ciudadana, de fomento de valores cívicos y conductas humanitarias, de concienciación y sensibilización social y similares”. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid, en declaraciones de este lunes a eldiario.es asegura que las sanciones fueron “un error” y que “ni siquiera llegarán a tramitarse”.

Según la ordenanza municipal están exentas de esta normativa las actividades de publicidad exterior realizadas “por entidades sin ánimo de lucro, partidos políticos y otras entidades vecinales”

Romero, que asegura no haber intentado ni recurrir a una asesoría jurídica porque “no le veo sentido a la medida”, asegura que todo sucedió a mediodía, cuando su compañero y él repartían panfletos en una de las bocas de salida del metro de Oporto. Asegura que se acercaron hacia ellos cuatro agentes de la policía municipal, quienes les espetaron que, si no dejaban de repartir publicidad serían multados. “Nos negamos, nos pidieron el DNI, y nos hicieron firmar un papel. Yo me negué a firmar”, cuenta este vecino, quien se sentía con todo el derecho del mundo a informar sobre una manifestación “con la que queremos conseguir una vida que merezca ser vivida”.

Su queja sobre la actuación “represiva” del Ayuntamiento de José Luis Rodríguez Almeida de cara a la manifestación del 12 de febrero, se une a la expresada por la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV), quienes denunciaron el sábado que este Consistorio estaba impidiendo la acreditación y el acceso de fotoperiodistas con sus equipos a la azotea del mirador del Palacio de Cibeles, cuando en otras ocasiones no ha puesto impedimentos para que las cámaras puedan subir al mirador para cubrir manifestaciones, incluso en domingo.

Tras ser sancionados por informar sobre dicha manifestación, y después de hacer una foto a la sanción y de que esta comenzara a volar por las redes, Romero expresa su “alegría” porque, pese a los impedimentos, la manifestación se ha convertido en un “éxito”. Y avisa de que la marcha de ayer, en la que 250.000 personas según delegación de gobierno y un millón de participantes según las organizaciones convocantes, desbordaron las principales calles de Madrid, es sólo un hito más en la lucha. “Estamos muy contentos y más vamos a estar cuando celebremos la consulta popular ciudadana que se hará entre el 20 y 26 de marzo en todos los pueblos y barrio de la Comunidad de Madrid”, expresa mientras señala que el próximo día 15 de febrero será la asamblea preparatorio de esta consulta.

“Estamos muy contentos y más vamos a estar cuando celebremos la consulta popular ciudadana que se hará entre el 20 y 26 de marzo en todos los pueblos y barrio de la Comunidad de Madrid”

Una asamblea en la que participan más de 70 colectivos de toda la comunidad, aglutinados al calor de la defensa de la sanidad pública, y en la que la Asamblea Popular de Carabanchel, a la que pertenece este activista, es solo una más. Este colectivo al sur de la capital lleva dos años y medio saliendo todos los jueves a la calle, con algún parón estival, para reivindicar que se frene el desmantelamiento del Centro de Salud de Abrantes. “Faltaban la mitad de médicos y hemos conseguido que se contrate a alguno más. Todo producto de la lucha vecinal que continuaremos”, expresa Romero.

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