Sanidad pública
Una nueva ley para “limitar” la participación de las empresas en la sanidad pública

“Desde el Ministerio estamos firmemente comprometidos en defender nuestra sanidad y que nuestra sanidad no se venda al peor postor”. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba así este lunes 13 de mayo que el ministerio ha sacado a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuyo primer objetivo es la “limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro”.

En palabras de García, “se cierra así la Ley 15/1997”, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que abría la puerta a modalidades de gestión “que han deteriorado la sanidad”, según ha considerado García durante el ‘I Foro de Salud Pública: una Sanidad a Futuro,’ organizado por la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA).

Aumenta el gasto en conciertos sanitarios mientras el Ministerio crea un observatorio de la corrupción

Sara Plaza Casares

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Sanidad pública

Sanidad Pública Aumenta el gasto en conciertos sanitarios mientras el Ministerio crea un observatorio de la corrupción

Sara Plaza Casares

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Organizaciones como Mareas Blancas piden la derogación de la ley 15/97, al tiempo que esperan el borrador de una nueva ley de gestión pública que el Ministerio de Sanidad estaría ultimando con los diferentes grupos parlamentarios.

Entre los problemas a solucionar con la nueva norma, se destacan desde la pérdida de la capacidad de control en la gestión por parte de las administraciones públicas, el blindaje diferencial de los contratos con el sector privado o la creación de sistemas paralelos de derivación entre centros sanitarios en aquellas regiones en las que una empresa ha copado una parte significativa del mercado de la gestión privada de centros sanitarios públicos.

Sigue la “participación contractual” de empresas

No obstante la norma no contempla un blindaje de nuevos contratos con entes privados. Entre las necesidades se indica “establecer de forma clara la prioridad absoluta de la gestión pública en la prestación de servicios sanitarios” pero se pretende fijar “el alcance, los procedimientos, la transparencia, la rendición de cuentas y el tipo de entidades que podrían optar a la participación contractual con las administraciones públicas en este ámbito, y bajo qué condiciones”, con lo que se deja la puerta abierta a lo que se conoce como colaboraciones “público-privadas”.

La norma no contempla un blindaje de nuevos contratos con entes privados sino modular el alcance, la transparencia, la rendición de cuentas o el tipo de entidades que podrían optar a la participación contractual

Por ello se habla también de “garantías“, ”control“ y ”seguimiento“ en materia de contratación en el Sistema Nacional de Salud; en sintonía con la propuesta de la creación de un Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, anunciado el pasado lunes 6 de mayo. 

Entre sus objetivos, la propuesta de ley hace alusión a facilitar “la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes”, siguiendo el espíritu del proceso que llegó a emprender el gobierno del Botanic en la Generalitat Valenciana al desprivatizar el hospital de Alzira y de Torrevieja.

Deshacer el nudo de la privatización

Para deshacer el nudo de la privatización sanitaria hay que remontarse a finales de los años 80, cuando la ley General de Sanidad 14/1986 del PSOE estableció en sus artículos 66, 67 y 90 las bases para que los hospitales privados fueran vinculados al Sistema Nacional de Salud “cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen”. También que las administraciones públicas podrán establecer conciertos para suministrar servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. Luego llegaría la Ley 15/1997 que directamente establece nuevos modelos de gestión entre los que estarían las concesiones público-privadas.

Fue pasando el tiempo, la alternancia de gobiernos populares y socialistas, y la privatización de servicios sanitarios se iba atornillando a las estructuras de unas comunidades autónomas que pagan sobrecostes por los servicios que allí se prestan. Hasta que, durante el primer gobierno de coalición se intentó dar un paso en un cambio de sistema.

Así, el punto 2.2.9 del acuerdo decía específicamente: “Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema”. Propuesta que quedó en nada. Y es que, tal y como afirman fuentes de Podemos, la privatización sanitaria supuso otro de los choques entre PSOE y Unidas Podemos. Mientras los socialistas defendían la “excepcionalidad” en el uso de colaboraciones público-privadas, los morados pretendía negar cualquier puerta que permitiera seguir con el sistema de privatizaciones.

Hoy sobre la mesa hay un nuevo proyecto de ley centrado exclusivamente en el modelo de gestión de la sanidad -se presentará otro proyecto que incluye el retorno a la universalidad del sistema- y que pretende poner coto a las privatizaciones aunque sin eliminar esta posibilidad de manera explícita. Los ciudadanos, entidades y organizaciones tienen hasta el 28 de mayo para hacer llegar sus opiniones al correo consultapublicagestionpublica@sanidad.gob.es.