Sevilla
Expertas y expertos piden la acción del Gobierno ante la inminente reactivación de la mina de Aznalcóllar

Personas expertas, ecologistas y gran parte de la sociedad andaluza ven escandalizado el avance hacia la reactivación de la mina de Aznalcóllar. Un momento que cada vez se encuentra más cerca a pesar de la advertencia científica que denuncia el impacto ambiental de los más de 17 mil millones de litros de aguas tóxicas que la actividad verterá sobre el río Guadalquivir.

El movimiento en repulsa a este proyecto minero pretende agotar todas las vías para paralizar que la mina retome la actividad y por ello ha pedido la acción del Gobierno para que actúe sobre la situación. A través de una carta enviada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, pretenden advertir sobre “la gran amenaza para la salud pública y ambiental” que supone el proyecto.

Un informe realizado en zonas cercanas a minas del Grupo México, encargada del proyecto sevillano, expone un aumento del 366% el riesgo de malformaciones congénitas a causa de la exposición a la actividad minera.

En la misiva insisten en que el río emblema de Andalucía ya se encuentra en una situación delicada que los vertidos agravarían: “Diferentes estudios científicos llevados a cabo en los últimos años demuestran que el estuario del Guadalquivir está gravemente contaminado con metales que provocan efectos ecotóxicos justo en la zona donde vertería la mina de Aznalcóllar; en dicha zona se han registrado altos niveles de contaminación metálica en peces que se consumen tradicionalmente en el territorio”. A lo que añaden que otro estudio ha demostrado que “la Mina de Cobre las Cruces ha contaminado ya gravemente los sedimentos del Guadalquivir tras verter, desde 2008, depurando con el mismo sistema que pretende hacerse en la Mina de Aznalcóllar”.

Una situación que la Unesco ya denunció el pasado verano, por segunda vez. El organismo exponía a través de un comunicado que “la información presentada sigue siendo insuficiente para evaluar su posible impacto en el VUE (Valor Universal Excepcional) del bien”; además, el organismo solicitaba que el Gobierno “presente la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) completa, incluyendo una evaluación específica de los posibles impactos del proyecto en el VUE del bien, de conformidad con la Guía y el Manual para las Evaluaciones de Impacto en el Contexto del Patrimonio Mundial, al Centro del Patrimonio Mundial para su revisión por la UICN, antes de que se adopte cualquier decisión definitiva o irreversible”.

Peligro para la salud

La compañía que se encuentra detrás de la nueva vida de la mina de Aznalcóllar, Grupo México, ya está puesta en el punto de mira internacional por el impacto que sus producciones infringen al medio natural y a las personas. Un reciente estudio realizado por la organización Cartocrítica, Riesgos perinatales asociados a la minería de cobre en México, expone que en las localidades cercanas a explotaciones mineras, en su mayoría propiedad del Grupo México, se ha observado un aumento del 56% en el riesgo de parto prematuro extremo y 366% en el riesgo de malformaciones del sistema circulatorio entre mujeres embarazadas. La compañía además es conocida por el derrame de 40,000 metros cúbicos de solución de sulfato de cobre procedentes de la mina Buena Vista del Cobre en el río de Sonora en México en 2014, afectando a más de 20,000 personas.  En 2019 vertió 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.

El julio pasado, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife y Greenpeace presentaron un recurso de alzada para parar la mina hasta que se garantice un procedimiento completo con garantías que asegure que se desarrolle “conforme a la legalidad y en defensa del interés público y la protección del medio ambiente”. Un señalamiento burocrático basado en una Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto “que incurre en nulidad de pleno derecho por irregularidades en el procedimiento y en la participación pública”.

Para que se efectúen los vertidos, la empresa deberá construir una tubería de 30 km que recorre distintas localidades andaluzas, por lo que ha tenido que expropiar distintas propiedades. Ecologistas en Acción y Greenpeace han denunciado irregularidades en este proceso alegando que la expropiación forzosa, amparada por dos leyes franquistas aún vigentes, se ha iniciado “sin que la empresa cuente con la autorización preceptiva de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para disponer y vaciar las aguas contaminadas almacenadas en las cortas mineras”.

Por todo ello, la correspondencia al Gobierno insiste en que tomen acción y establezcan una moratoria al proyecto y nombren un comité de expertos independiente para analizar la situación. “Estamos hablando del sacrificio del gran río de Andalucía a la minería”, sentencian.