Sevilla
Un informe expone que los vertidos al Guadalquivir ponen en peligro el ecosistema y la salud humana

Los 130.000 millones de litros de aguas tóxicas procedentes de la minería que la Junta de Andalucía ha aprobado que se viertan al Estuario del Guadalquivir siguen en el punto de mira mediático y social por el impacto que podrá suponer al emblemático río andaluz, así como a la salud de la población. Los vertidos autorizados se ejecutarán por parte de la mina Las Cruces, que lleva años realizando vertidos, pero que en este nuevo proyecto expone que verterá en los próximos 14 años 32.760 millones de litros de aguas tóxicas, y los vertidos de la reapertura de la mina de Aznalcóllar, 68.000 millones de litros en 17 años.

Un nuevo estudio elaborado por científicas y científicos de las universidades de Sevilla, Granada y Cádiz ha puesto el foco sobre las consecuencias de estos vertidos en un estuario que ya se encuentra comprometido por altas cargas de metales ecotóxicos”. El espacio, sostienen, “ya se encuentra contaminado” y han encontrado en el sedimento altas concentraciones de hierro, zinc, cobre, plomo, níquel, arsénico y cadmio. Una contaminación que el grupo de expertos insisten en que aumentó tras el inicio de vertidos de la mina Las Cruces en 2009.

El estudio también pone el foco sobre las autorizaciones ambientales que han recibido los proyectos; consideran que “no tienen fundamento científico” y que “están mal hechas”.

Esta zona hídrica en la que se mezcla el agua dulce del río con el agua salada recorre alrededor de decenas de localidades en un entorno que conecta distintos ecosistemas de la Red Natura 2000, como el enclave de Doñana. Su especial orografía, como expone la comunidad científica, favorece que los metales tóxicos se acumulen en los sedimentos y que permanezcan durante décadas, pudiendo volver al agua de forma continua “Existe una necesidad urgente de estudiar los impactos acumulativos y sinérgicos de los tres vertidos mineros”, expone el informe.

El estudio también pone el foco sobre las autorizaciones ambientales que han recibido los proyectos; consideran que “no tienen fundamento científico” y que “están mal hechas”, ya que “los modelos empleados son demasiado simplistas y no tienen en cuenta las complejas condiciones del estuario”.
Ecologistas en Acción han denunciado, durante la presentación de informe, que el vertido de aguas procedentes de la nueva explotación minera de Aznalcóllar, gestionada por la empresa Grupo México, también llega al contraembalse del Agrio. Un hecho que, según la organización, supone un incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas por la administración para la reapertura del proyecto minero.

La organización señala que los vertidos se están produciendo “incluso antes” del inicio de las operaciones previas de vaciado de las cortas mineras del recinto de Aznalcóllar, es decir, “la empresa estaría incumpliendo sus obligaciones legales desde las fases previas del proyecto y provocando contaminación en la cuenca del río Guadiamar” , un ecosistema protegido. El portavoz de Ecologistas, José Carlos González, ha señalado que “los órganos responsables de vigilar el cumplimiento de las condiciones ambientales y mineras son las autoridades competentes de la Junta de Andalucía, mientras que el organismo encargado de iniciar los expedientes sancionadores por vertidos al Dominio Público Hidráulico es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España”.

Según la Estadística Minera publicada por el Miteco, en Andalucía se encuentran la mitad de las minas de España que extraen las materias primas prioritarias para la UE.

Las expertas y expertos exponen la necesidad de poner en marcha una moratoria de esos vertidos, una petición que elevan a todas las instituciones. El pasado miércoles el Gobierno insistía en que la responsabilidad de estas aprobaciones es de la Junta de Andalucía, y que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Ejecutivo central, ya rechazó las autorizaciones, según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Denuncias ante Fiscalía

Dos de los ayuntamientos de las localidades que se verían afectadas por estos vertidos han denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente la autorización de los mismos. Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, ambos municipios en la provincia de Cádiz, han sido los primeros en dar el paso, pero no descartan que se les unan algunas de las decenas de poblaciones que podrían verse afectadas, como Coria del Río. El alcalde de Chipiona, Luis María Aparcero, ha sostenido que “se escuche a los expertos independientes” y ha expuesto que la denuncia se basa en los datos remitidos en el informe. A la denuncia de los dos consistorios también se ha unido Facua.

El pasado julio las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/Birdlife y Ecologistas en Acción presentaban un recurso de alzada contra la Autorización Ambiental Unificada emitida por la Junta que da luz verde a los vertidos.

La Junta de Andalucía sigue defendiendo los proyectos de vertidos y su seguridad e insisten en su “especial” vigilancia ambiental. El enfoque del Gobierno andaluz se ha centrado en el impulso de la minería, a pesar de las denuncias de expertos y expertas de sus consecuencias en el territorio. Según la Estadística Minera publicada por el Miteco, en Andalucía se encuentran la mitad de las minas de España que extraen las materias primas prioritarias para la UE.