República del Sudán
Sudán: enfrentamientos, crímenes de guerra, desastre humanitario, y España dificultando el refugio

Los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido en cada vez más ciudades empujan a la población a huir, cuando ya son más de 10 millones las personas desplazadas.
Hemedti y Abdel Fattah al-Burhan
Comandante paramilitar Hemedti y el Teniente General y jefe del Estado de Sudán Abdel Fattah al-Burhan
3 jul 2024 06:30

El pasado sábado 29 de junio las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) como se conoce a las milicias lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo (llamado Hemedti) que se rebelaron el 15 de abril de 2023 contra el ejército sudanés, ganaba posiciones en una guerra que lleva más de un año enquistada: según han anunciado en la red social X, se habrían hecho con Singa, la capital del estado Sennar y un punto clave en el Sudeste de la República del Sudán.

La afirmación de las FAR, no fue desmentida por su oponente, las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) con el general Abdel Fattah al-Burhan al frente. Desde el ejército, aseguran que aún quedan fuerzas regulares luchando en la región. Si finalmente las FAR de Hemedti se quedan con esta plaza, sumará una más a las numerosas poblaciones ocupadas desde que comenzara el conflicto, pues ya dominan prácticamente el Sur del país, junto al occidental estado de Darfur, región de la que proceden la gran mayoría de integrantes de estas milicias, y donde ganaron fama internacional por los abusos cometidos contra la población cuando se les conocía como Janjaweed y eran aliados de Omar Hasán Ahmad al Bashir​, el militar que gobernó el país por tres décadas hasta que fuera depuesto en abril de 2019 tras una histórica revolución popular.

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A espera de conocer si las FAR se harán finalmente con Singa, lo que sí se ha podido comprobar, confirmaba Al Jazeera, es que ante los enfrentamientos miles de habitantes han empezado a abandonar sus hogares, sumándose a los diez millones de desplazados con los que ya cuenta el país. Ayer, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios cifraba en 55.000 las personas que habrían salido ya la ciudad.

La brutalidad de los actores enfrentados, antiguos aliados, ha extendido el terror por todo el Estado, mientras las FAR son famosas por su vandalismo o la comisión de delitos de violencia sexual, la FAS no solo han llevado a cabo bombardeos aéreos sin importarles golpear objetivos civiles, el 27 de junio se revelaba cómo miembros del ejército, en los combates en el estado de Sennar, asesinaron a cuatro soldados oponentes, exhibiendo después sus cuerpos mutilados como trofeos, para acabar arrojándolos en un canal del Nilo Azul. Después, un miembro de las FAS calificaría a las víctimas de “comida para los cocodrilos”. Así lo documentaba el proyecto tal, que monitorea las violencias cometidas por ambos bandos.

Desde Sudan War Monitor, subrayan los malos tratos contra los soldados asesinados, a los que primero les quitaron los zapatos, una práctica considerada como humillante en Sudán, e insultaron llamándoles “etíopes” y “chadianos”, de manera racista. Las FAS acusan a sus oponentes de ser mercenarios extranjeros, ignorando que la mayoría provienen de Darfur. Los autores de la investigación apuntan a que la profanación de los cuerpos del enemigo puede ser considerado un crimen de guerra, tanto por la convención de la Haya, como por la convención de Génova y el Estatuto de Roma. También va en contra de la tradición jurídica islámica.

Esta no es la primera vez que las FAS se ven retratadas en estas prácticas, en febrero se denunciaba que las fuerzas armadas habría decapitado prisioneros, por ejemplo. El asesinato de civiles según su pertenencia étnica, las torturas y el hambre contra prisioneros, son otras de las acusaciones contra el ejército, pero también contra sus oponentes, las FAR, a los que no solo se le acusa de torturar y ejecutar prisioneros de guerra sino también de haber cometido limpieza étnica en Darfur.

La Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo han convocado al diálogo a las partes implicadas en el conflicto en una nueva cita en Addis Ababa, entre el 10 y el 15 de julio

Los Emiratos intenta lavar su imagen

Desde que iniciara la guerra, se ha acusado a los Emiratos Árabes Unidos, socios de Hemedti, de armar a las FAR. Los EAU firmaban la semana pasada un acuerdo con ACNUR para donar 20 millones de dólares a las víctimas de la guerra en Sudán, que debería traducirse en ayuda humanitaria a desplazados y refugiados en el país y los estados colindantes. Con esta donación, la ayuda humanitaria a Sudán proveniente de los Emiratos ascendería a 3.500 millones de euros en la última década.

Las FAS han acusado repetidamente a los Emiratos de armar a su oponente, una acusación que también ha surgido de diplomáticos estadounidenses, u otros actores, que señalan los intereses de este país del Golfo Pérsico en el comercio de oro, negocio que los ha unido a Hemedti durante años, junto al empleo de las FAR como mercenarios a las órdenes de los intereses emiratíes en la guerra de Yemen.

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Un informe de Amnistía Internacional documenta más de tres meses de vulneraciones y violencias contra la población civil sudanesa mientras las partes implicadas en el conflicto niegan toda responsabilidad.

Desde Abu Dabi niegan estas acusaciones: la disputa escaló cuando el pasado 19 de junio el representante de Sudán ante la ONU denunció una vez más el apoyo emiratí a las FAR. EAU contratacaba el pasado sábado afirmando que la narrativa del ejército es una coartada para justificar acciones como la obstrucción de la ayuda humanitaria o la negativa a participar en conversaciones de paz.

Por su parte, el German Institute for Global and Area Studies (GIGA), señala que el país está rodeado de varios ejes de tráfico de armas de los que se servirían las FAR para continuar suministrándose. “Combustible, munición, armas, y otras mercancías son objeto de contrabando a través de Libia, Chad, la República Centroafricana, y el Mar Rojo. Las armas también llegan de Uganda y Sudán del Sur. EAU y el grupo Wagner cooperan estrechamente para abastecer la guerra a través de estos países”, concluye este instituto en un informe, apoyando las acusaciones contra los Emiratos.

La semana que viene se espera una nueva cita convocada por la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo para retomar las negociaciones de paz a la que se invita a participar a todas las partes implicadas en el conflicto. Será en Addis Ababa, entre el 10 y el 15 de julio. No es la primera vez que se insta a las partes a dialogar, sin que hasta ahora haya habido algo cercano a un acuerdo. Mientras, los sudaneses y sudanesas no pueden soportar más una guerra que despierta los peores fantasmas.

Una crisis humanitaria olvidada

Y es que desde que estallara la guerra la población de Darfur está reviviendo las masacres cometidas contra ella durante el conflicto que empezara en 2003 y duró 17 años, dejando 300.000 personas muertas. Lo que pasó en la región, especialmente durante los primeros años de aquella guerra, fue calificado como el primer genocidio del siglo XXI. Desde que el 15 de abril del 2023 comenzara este nuevo conflicto, Darfur se ha convertido en un frente fundamental de la contienda. Actualmente, solo la capital del norte, Al Fasher, aún no ha sido dominada por las FAR, pero el asedio al que lleva sometida en los últimos meses está provocando un éxodo masivo, tanto de habitantes locales, como de quienes habían acudido allí huyendo de los combates en el resto de la región.

Y es que, como denuncia Médicos Sin Fronteras desde hace semanas, la situación en Al Fasher es terrible, con la población civil atrapada entre los enfrentamientos, y a la que no puede llegar ninguna ayuda. MSF, que es una de las pocas organizaciones humanitarias internacionales que resiste en la ciudad, denunciaba cómo las FAR atacan directamente las infraestructuras médicas, golpeando el pasado 21 de junio a la farmacia del hospital Saudí, uno de los que MSF apoya, matando a una trabajadora y dañando el edificio, otra amenaza a la continuidad de la ayuda en terreno.

“No sabemos si los hospitales son un objetivo deliberado, pero su protección es un imperativo que debe respetarse”

“Las partes beligerantes incumplen su responsabilidad de proteger a la población civil”, declaraba Michel-Olivier Lacharité, responsable de Emergencia de MSF, y explicaba cómo ambas partes están poniendo en peligro los hospitales, en un cruce de violencia que dura ya casi dos meses, y donde han muerto al menos 260 personas y más de 1.630 han resultado heridas “No sabemos si los hospitales son un objetivo deliberado, pero su protección es un imperativo que debe respetarse”, afirmaba, señalando que para finales de junio, ya habían sido atacados ocho veces los hospitales de la ciudad, ataques que por ejemplo han llevado al cierre del hospital Pediátrico, en esta ocasión bombardeado por las FAS. La organización instaba pues a ambos contendientes a permitir que se siga atendiendo a la población de la ciudad, y a la del campo de Zamzam, sobre el que reina una crisis enorme de desnutrición.

Sin refugio

La guerra que comenzó el pasado año, ha dejado un saldo de 304 personas sudanesas que solicitaron asilo en España, según informa el Comité Español de Ayuda al Refugiado (Cear). La tasa de reconocimiento fue alta, un 92%, lo que da evidencias de que estas personas son merecedoras de asilo, un asilo que sin embargo a duras penas consiguen solicitar, dada la inexistencia de vías legales y seguras. Además, desde la semana pasada, optar al asilo será aún más complicado, pues como denuncia Cear, indiferente a la situación que se vive en el país, España le ha puesto a las personas sudanesas todavía más difícil encontrar refugio.

Según comunicaba Cear, el pasado 27 de junio, el gobierno decidía imponer un visado de tránsito a las personas provenientes de Sudán y Chad, país vecino que, siendo uno de los países más pobres del mundo, da refugio a más de un millón de sudaneses, a los que España también quiere hacer más difícil optar al asilo. La medida implica que las personas que provengan de ambos países deberán de contar con un visado para pasar por aeropuertos españoles, aunque su destino sea otro. Una medida que desde Cear consideran “preventiva y punitiva”, y que empujará a las personas a no tener más salida que saltar vallas o ahogarse en el mar. Como recuerda la organización, la mayoría de quienes murieron el 24 de junio en Melilla procedían de Sudán y de Chad.

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Cear explica que la exigencia de visados de tránsito, a la que también recurre Francia “impide llegar de forma legal y segura a muchas personas de países en conflicto como Siria, Palestina, Yemen o ahora Sudán, entre otros”. Una medida que va de la mano de la política de externalización de fronteras: se toma ante la llegada de vuelos procedentes de Marruecos hasta aeropuertos españoles como Barajas, y tiene como consecuencia clausurar la única forma que tenían estas personas, que huyen de la guerra, de pedir protección internacional en territorio europeo.

En una nota de prensa emitida por la organización, su director, Mauricio Valiente, explicaba cómo este último movimiento en las políticas migratorias estatales forma parte del “eje principal del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, con el cual los países europeos tratan de impedir por todos los medios que las personas migrantes y refugiadas puedan llegar a sus fronteras”. Frente a la esperanza de que España pudiera hacer una aplicación más garante de derechos de este marco normativo comunitario que ha sido considerado como una amenaza al derecho de asilo en la UE; decisiones como la que impone los visados de tránsito, disipan cualquier expectativa positiva, lamentaba el director de Cear.

En efecto, indican en la organización, con la inclusión de Sudán y Chad en la lista de países a los que se requiere visados de tránsito —algo que ya se instauró para las personas provenientes de Siria, Palestina, Yemen, o a principios de este año con Kenia y Senegal, países todos ellos afectados por guerras o crisis de diversa índole— son ya 25 los estados a los que España exige este documento, lo que la ubica, junto a Francia, a la cabeza de los países de la UE que exigen esta documentación.

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