Temporeros
Pagar miles de euros para ser explotados: una promesa de futuro que se desvanece en los campos de Albacete

Unas 150 personas llegaron a España a principios de mayo desde Senegal y Marruecos para trabajar en los campos de fruta de Hellín (Albacete) a través de la orden de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO), un acuerdo bilateral de migración regulada. Poco se podían imaginar los trabajadores seleccionados el infierno que escondía esta promesa de futuro, por la que les habían estafado además miles de euros. La Guardia Civil ha detenido ya a 13 personas, e investiga a otras seis, relacionadas con esta trama de corrupción y explotación disfrazada de legal que han bautizado como “Bomvoyage”.

Una denuncia de la delegación de Comisiones Obreras (CCOO) en Albacete permitió a la Guardia Civil arrancar una investigación sobre la situación de cientos de migrantes que “habían sido abandonados a su suerte en un pueblo perdido de Albacete”, como ha explicado a El Salto Cheikhou Cisse, presidente de la asociación ACAIM de apoyo al inmigrante. Junto a CCOO, él es una de las personas que acompañó a los trabajadores y la Guardia Civil durante el proceso de denuncia, ejerciendo de mediador y traductor en el proceso, pero también de persona de confianza para los afectados.

“La organización aprovechaba la situación de vulnerabilidad de los migrantes para obligarles a extenuantes jornadas de trabajo y aplicarles múltiples deducciones ilícitas de su nómina”

La denuncia llegó porque, después de trabajar durante más de 15 días entre 10 y 12 horas diarias, la nómina se redujo a 200€. Una cifra muy lejana a lo que tenían que haber recibido. La Guardia Civil explica en la nota de prensa que “la organización aprovechaba la situación de vulnerabilidad de los migrantes para obligarles a extenuantes jornadas de trabajo y aplicarles múltiples deducciones ilícitas de su nómina”.

Incumplir la principal finalidad de este tipo de acuerdos, que era conseguir un contrato laboral español, con las condiciones que este garantiza, fue solo la punta del iceberg de un plan que dejaba cientos de futuros a su suerte. “Se fue tirando del hilo hasta descubrir de dónde venía esta trama”, cuenta Cisse.

Inicio de la estafa, el proceso de selección

Según se explica en la orden del 29 de diciembre en el BOE por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2024, la participación en el proceso de selección es completamente gratuita y pretende garantizar la igualdad de condiciones. Sin embargo, la Guardia Civil asegura en una nota de prensa que los contratadores amañaron el proceso y cobraron entre 4.000 y 6.000 euros a los trabajadores para ser seleccionados.

Muchos de los trabajadores, comenta Cheikhou Cisse, se habían endeudado para poder pagar esta cantidad de dinero: “Para algunos, sus padres habían vendido tierras, tenían la ayuda de sus hermanos… hay gente en Senegal que no consigue tener todo ese dinero en su vida. Ahora esas familias ¿con qué se quedan?”.

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El presidente de la asociación ACAIM describe cómo se llevaron a cabo las contrataciones en Senegal, según le manifestaron los propios trabajadores: “Entre las 200 personas que esperaban la entrevista, repartían anillos a los que habían pagado; así, el entrevistador sabía a quién tenía que priorizar”. Desde el primer momento el procedimiento se vio corrompido, denuncia, “sin ningún tipo de control”. Asegura, además, que él tiene constancia de que en esta trama había personas del anterior gobierno senegalés que tenían conocimiento de que se estaba llevando a cabo un fraude e incluso participaban en él: “aceleraron la salida de los primeros trabajadores antes de que les cortaran el rollo”.

Los trabajadores afectados no han querido hablar con este diario por miedo a las represalias que les pueda suponer. Este temor, recalca Juan Zamora, secretario provincial de Políticas sociales de CCOO Albacete y encargado del caso en el sindicato, es uno de los principales motores de estafas de este calibre: “Tienen miedo a declarar, a decir por lo que están pasando, porque no saben qué puede pasar, o por si les despiden, o les expulsan…”

La llegada a España: explotación y más estafa

En su llegada a España los trabajadores fueron trasladados a lo que sería su estancia durante las siguientes semanas. La misma orden del BOE por la que se aprueba la orden GECCO señala que el empleador tiene que proporcionar un alojamiento adecuado a los trabajadores. Tanto desde CCOO como desde ACAIM denuncian sin embargo que el grupo fue trasladado a una casa en la que “no había absolutamente nada alrededor, ni siquiera cobertura de teléfono”, según Cisse.

Sin saber dónde estaban, y sin establecimientos ni casas alrededor, tampoco sabían dónde podían comprar comida, ha explicado, “y estuvieron dos días sin nada hasta que salieron a parar a los pocos coches que pasaban por ahí para pedirles comida”.

Al cabo de varios días y después de que los trabajadores consiguieran hacer llegar su queja al intermediario, un autobús los llevó a un supermercado. Desde CCOO, Zamora insiste en que cada acción por parte de la empresa se convertía en estafa: “Cuando llegaron al supermercado, les hicieron firmar unos papeles que supuestamente eran para confirmar lo que iban a comprar; sin embargo, eran contratos de telefonía y del banco por la que el contratador se iba a llevar también una comisión”.

Otra de las características que favorecen este tipo de explotación es, precisamente, hacer firmar a los trabajadores papeles en los que no saben qué pone. La obligación de traducir todos los documentos en caso de que la persona interesada no tenga conocimiento suficiente del español está también recogida en la orden GECCO de 2024. Una vez más, esta garantía no se cumplió por parte de la empresa española que se estaba aprovechando de los trabajadores. “Buscaban gente que no sabía ni leer ni escribir para poder estafarles, buscaban esclavos”, denuncia Cisse.

“El Estado español tiene que denunciar lo que ha pasado y tiene que haber repercusiones en Senegal”

Regularizar de forma ilícita a cambio de hasta 12.000€

Una de las principales características de la orden GECCO es que los trabajadores se comprometen a regresar a su país de origen cuando terminan la temporada de trabajo ofertada. En este caso a quienes “no querían cumplir el contrato o no querían regresar a su país, la organización les ofertaba vivienda y trabajos agrícolas precarios e incluso la regularización administrativa” por lo que les cobraban entre 4.000 y 12.000€, y “se aprovechaban de la legalidad de la introducción de las personas para hacerlo de forma ilícita”, explica en la nota de prensa la Guardia Civil. Apunta además a que se han detectado más de 300 posibles casos en los últimos tres años.

Desde ACAIM, Cheikhou Cisse insiste en que este tipo de prácticas no pueden quedar impunes, necesitan más control y un seguimiento: “El Estado español tiene que denunciar lo que ha pasado y tiene que haber repercusiones en Senegal”.

Desde CCOO explican que es la primera vez que tienen constancia de una trama como esta a través de una orden GECCO en Albacete. Sin embargo, “por desgracia, conocemos más casos de explotación de las que podemos denunciar”, lamenta Zamora. En la zona en la que él trabaja muchas personas migrantes se enfrentan a situaciones de extrema precariedad y las denuncias se cuentan por cientos: “En una temporada de nueve meses podemos llegar a recibir 700 llamadas para denunciar situaciones de falta de higiene, asentamientos, precariedad… Yo tengo que apagar mi móvil personal a las 10 de la noche porque si no me llaman incluso de madrugada”.