Trabajo sexual
Cada cambio legislativo ha precarizado a las trabajadoras sexuales: “Antes vivía sola; ahora comparto piso”

“Mis compañeras creen que la Casa de Campo era mágica, pero era la despenalización”. Habla Ninfa, una trabajadora sexual que llegó a ejercer en el parque madrileño en la breve etapa despenalizadora de la prostitución que vivió España entre 1995 y 1999. En ese momento que la prostitución no era ni legal ni ilegal, relata que la policía las respetaba y, mientras su situación administrativa estuviera regularizada, no las perseguía. Mucho ha cambiado desde entonces. Las acciones legislativas en materia de prostitución han precarizado a las trabajadoras sexuales, empezando por Ninfa: “Perdí calidad de vida. Antes podía permitirme un seguro a todo riesgo anual para el coche, ahora es a terceros y prorrateado. Vivía sola; ahora comparto piso”.

“Aunque sobre el papel quieren terminar con la explotación sexual, [las normas] se pervierten en la práctica porque no hay forma humana de ir a por el mercado del sexo sin perjudicar a las mujeres”, comenta Paula Sánches autora de Crítica de la razón puta

La prostitución es un tema candente. Varios partidos han legislado sobre el tema, todos con el mismo resultado, según Paula Sánchez Perera, autora de Crítica de la razón puta (La Oveja Roja, 2023) y doctora en Filosofía especializada en trabajo sexual. “Aunque sobre el papel quieren terminar con la explotación sexual, [las normas] se pervierten en la práctica porque no hay forma humana de ir a por el mercado del sexo sin perjudicar a las mujeres”, declara, rotunda.

En efecto, las trabajadoras sexuales con las que ha hablado El Salto reportan un empeoramiento en sus condiciones de vida con cada golpe de BOE. “Cuando empecé, salías y en una semana tenías para pagar tus gastos. Ahora estoy buscando otro trabajo para compaginar”, cuenta Beyoncé. “Se han reducido a la mitad mis ingresos, además del estrés o el efecto que tiene en mi salud mental la amenaza de las políticas punitivas”, relata Kenia.

“La principal violencia que atravesamos las trabajadoras sexuales es la institucional”

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Georgina Orellano “La principal violencia que atravesamos las trabajadoras sexuales es la institucional”

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La activista aprovecha su paso por el Estado español para crear redes con trabajadoras sexuales y aliadas y recuerda que la lucha de las putas es “una lucha de clase y una lucha feminista”.

Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales: derechos humanos, ley abolicionista y migraciones

Acaba la despenalización, llegan las ordenanzas

1995 vio el fin de la Ley de Peligrosidad Social. En lo que respecta al trabajo sexual, este quedaba despenalizado. El Código Penal a mediados de los 90 diferenciaba de manera implícita entre prostitución forzada y prostitución escogida; perseguía la primera, toleraba la segunda. Bajo este marco legal, Ninfa llegó a España. Desampara, las prostitutas de Casa de Campo la recibieron entre ellas. “Teníamos unos precios establecidos. Había demanda y era garantizado que venías y te hacías cualquier servicio”, dice la trabajadora.

Esa etapa que recuerdan las prostitutas como era dorada —Ley de Extranjería aparte— duró poco: en 1999 el Código Penal tomó la senda del abolicionismo al hacer irrelevante el consentimiento de la mujer para aplicar el tipo penal de proxenetismo. Es ahí cuando Ninfa recuerda que la policía “se volvió más agresiva”, con controles “rutinarios” a trabajadoras y clientes. La mujer aguantó el aumento del acoso policial hasta que el Ayuntamiento de Madrid cerró la Casa de Campo. Pasó del parque a la carretera de Torrejón de Ardoz, en las afueras de la capital, donde sufrió su primer asalto.

Ninfa entiende que el robo sucedió con impunidad al estar sola, así que tomó una decisión: prestaría sus servicios en un lugar con más trabajadoras. Tuvo la mala suerte de encontrar ese sitio en un polígono de Alcalá de Henares, uno de tantos municipios que en la década de los 2000 creó un marco legal propio para la prostitución. Ninguna de las ordenanzas que florecieron en ese decenio favorecía a las trabajadoras sexuales. Zonificaban el ejercicio estableciendo en qué lugares se podía trabajar y cuáles no, demostrando una “mentalidad higienista y de control del espacio público”, según Sánchez Perera.

El efecto de la ordenanza se notó rápidamente en la vida de Ninfa. Hasta ese momento, la mujer migrante vivía de la prostitución y le “rentaba” hacerse los 38 kilómetros de ida y vuelta a Alcalá —un depósito cada cuatro días, según recuerda—. La nueva normativa supuso “una persecución tremenda”, en palabras de Ninfa. Este acoso iba más allá de lo estipulado en la norma: se prohibía el ejercicio a menos de 200 metros de locales comerciales, como era el caso de algunas naves del polígono, pero la mujer asegura que la policía las perseguía “hasta en el monte, en un recoveco al que íbamos para ocultarnos”. Tras varios años sufriendo esta persecución, Ninfa abandonó el municipio complutense para acudir al polígono de Villaverde, al sur de Madrid.

La Ley Mordaza

Casa de Campo, carretera de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, polígono de Villaverde. Ese es el periplo de Ninfa en busca de un lugar donde ejercer la prostitución de la forma más segura posible y sin acoso policial. Que el viaje termine en Villaverde no se debe a que encontró allí ese lugar seguro; es que dejaron de existir opciones mejores. En 2015 se aprueba la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Entre otros supuestos, sanciona la demanda de prostitución en vía pública. “Fue un punto de inflexión”, resume Ninfa. Tras la aprobación de esta ley, su vida no volvió a ser la misma.

“Me vi acumulando facturas de la luz, del gas, comencé a atrasarme en el alquiler. Tuve que dejar aparcado mi coche porque, o pagaba el seguro, o el alquiler", afirma Ninfa, trabajadora sexual

Multar la demanda supuso que esta se resintió y los clientes pedían precios más bajos aduciendo el riesgo que tomaban. A la bajada de ingresos se le sumó la gran cantidad de sanciones que fueron acumulando las trabajadoras. “Por fin una ley que me va a permitir echaros de aquí”, recuerda Ninfa, que dijo el policía al que llamaban ‘el comisario’ el día que entró en vigor la Ley Mordaza. En efecto, las trabajadoras empezaron a recibir multas, la mayoría por desobediencia. “La policía te dice que ahí no puedes estar y, aunque no puedan darte esa orden, te multan si cuando vuelven a pasar, ven que no te has movido porque les has desobedecido”, explica Ninfa, que califica de “brutal” y “tremenda” la actuación policial.

La suma de las multas más la falta de demanda y bajada de precios se sintió pronto en el bolsillo de Ninfa: “Me vi acumulando facturas de la luz, del gas, comencé a atrasarme en el alquiler. Tuve que dejar aparcado mi coche porque, o pagaba el seguro, o el alquiler”, afirma. Dos años después de la aprobación de la norma, la trabajadora empezó a compaginar la prostitución con otros empleos, cosa que no habría visto necesaria antes de la ley. Ni con eso suma lo que antes. Cobra 450 euros mensuales por hacer 18 horas en una empresa de limpieza, que llegan a 650 si encadena sustituciones hasta llegar a la jornada de 40 horas —más de la permitida por el convenio, señala—. Lo compatibiliza con el trabajo sexual, pero hay días que no aparece por el polígono “porque acabo muerta”, denuncia.

Beyoncé es compañera de Ninfa, tanto del polígono de Villaverde como de Afemtras (Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales). Su forma de paliar la bajada de ingresos que trajo la Ley Mordaza fue salir a trabajar a Alemania. Aun así, duró poco: tras un año volvió, pues tenía que repartir al 50 % los ingresos con quien la llevaba y trabajaba mucho —“dormía con los tacones puestos”, en sus palabras—. Al volver, el polígono se había transformado. Se encontró con que ganaba la mitad que antes porque los clientes se negaban a pagar los precios previos a la ley y sus compañeras, que antes vivían de forma independiente, se organizaban para compartir habitación.

El “sí es sí” y el cierre de las webs de anuncios

Llegó septiembre de 2022 y, con el otoño, el cierre de las páginas web donde las trabajadoras sexuales que ejercían en pisos captaban clientes. “Se considerará ilícita la publicidad […] que supongan promoción de la prostitución”, reza la entonces recién aprobada Ley de Garantía de la Integridad Sexual, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, bajo el nombre de Ley del ‘solo sí es sí’.

Puede que, si no se hubiera aprobado la Ley Mordaza, Beyoncé habría podido esquivar esta nueva restricción. Antes de la ley ‘popular’, esta mujer solo hacia la calle, pero pasó a usar webs de contactos para suplir la poca demanda callejera. La Ley del ‘solo sí es sí’ supuso un nuevo varapalo económico para ella. “Hace años trabajaba de miércoles a viernes y podía tomarme una caña, ir de viaje, o simplemente quedarme en casa si no me apetecía ir al polígono. Ahora hay que hacer muchas horas y salir todos los días”, denuncia. Y ni con esas, pues ahora busca otro trabajo para suplir lo que ya no gana.

 “Hace años trabajaba de miércoles a viernes y podía tomarme una caña, ir de viaje, o simplemente quedarme en casa si no me apetecía ir al polígono. Ahora hay que hacer muchas horas y salir todos los días”, explica Beyoncé, trabajadora sexual

Kenia es integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. Al igual que Ninfa y Beyoncé, es trabajadora independiente, pero ejerce exclusivamente en pisos. Con la Ley del ‘solo sí es sí’, su teléfono —“mi forma de ingresos”, subraya— dejó de sonar. Antes gastaba 150 euros en una web, ahora invierte 250 en tres y gana la mitad que antes, reporta. En las nuevas páginas, las trabajadoras están forzadas a venderse como acompañantes para evitar la sanción a la web y su cierre. Al no dejar claras sus condiciones y qué servicios ofrecen y cuáles no, Kenia no puede hacer ningún tipo de filtrado. “Antes me contactaba mi tipo de clientes, ahora llama todo el mundo”, explica.

Este es solo uno de los quebraderos de cabeza que le ha traído a Kenia la prohibición de la publicidad. Otros son las webs fraudulentas que cobran por anuncios que luego no publican, tarifas siempre al alza “porque el riesgo de sanción lo cubre la trabajadora” o dispersión de la clientela. “Algunos clientes se han cansado, dicen que, si tanto cuesta encontrarnos, mejor ir a un club de carretera”, declara Kenia. Sobre este punto incide la autora de Crítica de la razón puta: todas las acciones legislativas en materia de prostitución hasta la fecha suponen un “regulacionismo encubierto” al dificultar el trabajo autónomo.

La ley nonata del PSOE

El mes pasado, el Congreso votaba en contra de una proposición de ley del PSOE que buscaba ampliar la persecución del proxenetismo. Concretamente, querían penar la tercería locativa, es decir, el alquiler de espacios donde se ejerce prostitución. Con esta modificación, los colectivos de trabajadoras sexuales avisaban de un gran riesgo: si una mujer ejerce la prostitución en su piso de alquiler, su casero podría ser considerado proxeneta. “Hemos visto peligrar nuestros espacios de vivienda. Tengo todas las de perder como migrante, trans y prostituta a la hora de acceder a un lugar donde vivir”, dice Ninfa.

“Las acciones legislativas que se han tomado en materia de trabajo sexual traen pobreza y problemas psicológicos. Si la vuelven a sacar [la proposición] nos verán", explica Ninfa portavoz de AFEMTRAS

Ni PSOE ni Podemos, asegura Ninfa, quisieron reunirse con los colectivos de prostitutas antes de la votación. “El estereotipo activa la escucha. Si la prostituta es del sector que no ha escogido ejercer y demanda una alternativa, la escucha se activa desde un espacio de condescendencia. Si prefieren seguir ejerciendo [como piden las asociaciones y sindicatos de prostitutas], pasan de víctimas a victimarios o ‘lobby proxeneta’”, explica la negativa a reunirse la filósofa Sánchez Perera.

“El estigma puta representa una batalla crucial para los feminismos”

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Paula Sánchez Perera “El estigma puta representa una batalla crucial para los feminismos”

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La filósofa e investigadora recoge en ‘Crítica de la razón puta’ cómo los debates en torno a la abolición o no de la prostitución dejan otras cuestiones en la oscuridad y desoyen las vulneraciones de derechos que se producen.

La portavoz de Igualdad del grupo parlamentario socialista, Andrea Fernández, en conversación con infoLibre, reconoció “difícil” retomar la vía parlamentaria, pero el PSOE no claudicará. Ninfa, como portavoz de Afemtras, lo tiene claro: “Las acciones legislativas que se han tomado en materia de trabajo sexual traen pobreza y problemas psicológicos. Si la vuelven a sacar [la proposición] nos verán”, sentencia.

Frente a la postura abolicionista de algunos partidos, los colectivos de prostitutas defienden el modelo proderechos. “No estamos a favor de la clientela, de la regulación o del mito de la libre elección. No nos oponemos a las alternativas reales para el abandono. El proderechos es un modelo de reducción del daño”, explica Sánchez Perera. Reconocer el trabajo sexual como trabajo, al igual que en el caso neozelandés, repercutiría en “la mejora de la calidad de vida de quienes ejercemos”, afirma Ninfa. Y enumera: “Podríamos actuar en igualdad con los clientes, evitaríamos los abusos de la patronal y disfrutaríamos los beneficios con los que ya cuenta la clase trabajadora, como el acceso sin estigma a la sanidad”.