Trabajo sexual
La Coordinadora Feminista de Cádiz califica de punitivista la ordenanza contra la prostitución de Jerez

Desde la Coordinadora Feminista de la Provincia de Cádiz conminan al Ayuntamiento de Jerez a recapacitar sobre su propuesta de unirse a la “Red de municipios libres de prostitución”. Según las feministas de los colectivos miembros, dicha propuesta acabaría reducida a una ordenanza municipal que, “con la excusa de perseguir los casos de trata y explotación sexual, suponen una vulneración más de los derechos de las personas que ejercen la prostitución y crean un clima de inseguridad y desconfianza hacia la policía.”

“Estas ordenanzas municipales que buscan perseguir la prostitución con la retórica de proteger a las mujeres y sus derechos, se han revelado en la práctica como inútiles: en ciudades que las tienen en vigor, ha quedado demostrado que solo sirven para empeorar la vida de quienes ejercen la prostitución y de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. No lo decimos nosotras, sino que así lo reflejan diferentes estudios como los del grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el año 2018 sobre las consecuencias de estas ordenanzas en la vida de quienes ejercen prostitución o las aportaciones de María Luisa Maqueda sobre cómo la criminalización profundiza en el estigma situándolas en el nivel más inferior de la jerarquía sexual”, dicen desde la Coordinadora.

“Al final acaba criminalizándose todo el contexto que rodea el ejercicio de la prostitución y esto tiene graves consecuencias. Al hacerse clandestino, las personas que ejercen las prostitución (en su mayoría mujeres) tienen que acudir a lugares más apartados y solitarios“

Desde los colectivos afirman que aunque se pretenda perseguir a los clientes o a dueños de clubes y pisos, “al final acaba criminalizándose todo el contexto que rodea el ejercicio de la prostitución y esto tiene graves consecuencias. Al hacerse clandestino, las personas que ejercen las prostitución (en su mayoría mujeres) tienen que acudir a lugares más apartados y solitarios, tienen más dificultades para pedir ayuda, y sufren mayor coacción de clientes con la excusa de exponerse al peligro de las multas y otras violencias. La criminalización lleva a estas mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad y precariedad, por lo que acaban denunciando menos las violencias vividas, incluida la sexual, por miedo al acoso o a perder su fuente de ingresos”.

Según un informe de la Asociación CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) de 2023 sobre las violencias sufridas, el 60% de las trabajadoras sexuales ha vivido abusos policiales tales como malos tratos verbales, detenciones, multas, órdenes de expulsión, etc. siendo esta proporción del 71% si nos centramos en quienes ejercen en la calle. Hay que recordar, dicen desde la Coordinadora, que “para muchas personas, especialmente mujeres empobrecidas, migrantes y mujeres trans, la prostitución es una fuente de ingresos ocasional o principal, a pesar del estigma social que conlleva”.

“En las ciudades con ordenanzas criminalizadoras de la prostitución, realmente esta no se elimina, solo se empobrecen y violentan más quienes trabajan en la calle o pisos, se empuja a muchas a ser explotadas en los clubes”

Basándose en el informe de la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) sobre la aplicación de las ordenanzas municipales para la convivencia en El Puerto de Santa María, afirman que “la acumulación de multas solo aumenta aun más la precariedad y pobreza de partida de las personas que se dedican al trabajo sexual, pero no significa que vayan a dejar de realizarlo dado que es lo que lleva el pan a sus casas. En las ciudades con ordenanzas criminalizadoras de la prostitución, realmente esta no se elimina, solo se empobrecen y violentan más quienes trabajan en la calle o pisos, se empuja a muchas a ser explotadas en los clubes, para enriquecer a aquellos empresarios a quienes se ha estado concediendo licencias de apertura desde los propios ayuntamientos.“

Por último, señalan desde la Coordinadora que este tipo de medidas ”ni siquiera favorecen la persecución de los delitos de trata y explotación sexual, ya que la persecución criminal que empuja a esconder el ejercicio, hace más difíciles aún de detectar los casos de trata y explotación sexual ya que aquellas instituciones y organismos que visitan clubes o pisos para ofrecer asesoramiento y ayudas, al ser lugares menos visibles o inaccesibles, no pueden entrar a ellos, siendo estos la principal punta de lanza para la posible detección de la trata, pero también para detectar cualquier tipo de violencia o abusos hacia quienes ejercen la prostitución”.

La Coordinadora Feminista de la Provincia de Cádiz insiste en que “este enfoque se centra en perseguir el delito en vez de atender y reparar a estas víctimas de trata como señala Amnistía Internacional en su informe Cadenas Invisibles de 2020. De este modo, los agentes de protección se convierten en una amenaza, especialmente en los casos de mujeres migrantes en situación irregular, que pueden exponerse a una orden de expulsión sin abordar su caso. Así lo refleja también el III Informe de evaluación GRETA sobre España, que evalúa cómo cada país establece medidas en la lucha contra la trata, detalla que el número de víctimas de trata con fines de explotación sexual que ha recibido indemnización en el marco del procedimiento judicial es bajo, y que tienen dificultades de acceso a ayudas públicas como víctimas de delitos violentos”.

Por ello, la Coordinadora insta al Ayuntamiento de Jerez y a todas las instituciones a adoptar “un enfoque que se centre en las víctimas y los derechos humanos” como instan diferentes organismos internacionales como ONU y ONUSIDA. “Tenemos que poner en el centro a las víctimas de trata y explotación sexual, y a las personas que ejercen la prostitución. Estos organismos internacionales señalan algunas medidas para evitar la vulneración de derechos de quienes realizan trabajo sexual, como asegurar el ejercicio seguro del mismo y paliar la violencia derivada de la criminalización; favorecer la denuncia de la violencia que puedan recibir para contrarrestar la indefensión y clandestinidad; asegurar el acceso a los servicios de salud física, sexual y mental; fomentar alternativas laborales a quien lo desee, o paliar la vulnerabilidad múltiple que se da en personas en situación de migración irregular o pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. Desde luego, ninguna de estas recomendaciones de la ONU y ONUSIDA se cumplen con las ordenanzas municipales criminalizadoras.”