Trabajo sexual
Más perseguidas y precarias: así impactaría la propuesta abolicionista del PSOE en las trabajadoras sexuales

“Prohibir el proxenetismo en todas sus formas”. Ese es el objetivo declarado de la proposición de ley que el grupo parlamentario del PSOE presentó el martes 19 de marzo, sin el apoyo de su socio de Gobierno, que este viernes aún no había hecho pública una postura consensuada sobre el texto. El PSOE recupera así la propuesta que ya presentó en la legislatura pasada, cuya toma en consideración fue aprobada con el apoyo del PP, y que no llegó a tramitarse.

“El proxenetismo en todas sus formas es una actuación incompatible con una concepción de los derechos humanos”, argumenta la propuesta, pero “aún no cuenta con suficiente reproche penal en nuestro ordenamiento jurídico”, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, que ya han procedido a regular su persecución.

La propuesta pasa por reformar el artículo 187 del Código Penal, que actualmente solo castiga la obtención de lucro de la prostitución si ha habido “explotación”, que pasaría a castigarse con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses para quien “promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”.

La proposición borra la distinción entre proxenetismo coactivo y no coactivo, incluye la tercería locativa en el Código Penal y contempla multas para quienes consuman servicios sexuales

El PSOE recupera, además, su batalla por introducir la tercería locativa en el Código Penal, una batalla que ya dio mediante la Ley de Garantía de la Libertad Sexual. Esta figura castiga a quienes tienen en propiedad algún lugar en el que se ejerza la prostitución, algo que el PSOE quiere convertir en una modalidad específica de proxenetismo. Así, contempla penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 18 a 24 meses a quien “con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento”.

El tercer pilar de la propuesta es el castigo a quienes consumen prostitución, porque “las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos”, dice el texto. Por eso se impondrían multas de 12 a 24 meses a quien “convenga la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico”. Si la persona que presta el acto fuese menor, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses. El texto especifica que la persona que este en situación de prostitución no sería multada. El último apartado de la propuesta indica que la persona prostituida sería considerada víctima de un delito.

Acabar con la prostitución en tres artículos

Para María José Barrera, activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, hay un problema de partida que es que “se confunde la prostitución con la trata”. Barrera llama a diferenciar entre trata, proxenetismo coactivo y trabajo sexual, cosa que, explica a El Salto, no ocurre en el texto del PSOE. “La ley se basa en esa confusión para negarnos derechos, les da igual que seas una víctima o una trabajadora sexual”.

“El PSOE tiene un concepto tan amplio del proxenetismo que puede convertir en proxeneta a cualquier persona del entorno de una trabajadora sexual”, añade Miquel Bibiloni, secretario de relaciones internacionales del sindicato de trabajadoras sexuales Otras. Según Bibiloni, una interpretación libre de esta propuesta permitiría considerar proxeneta al hijo de una trabajadora sexual que pague, por ejemplo, los estudios a su hijo.

“El proxenetismo ya está penado y la propuesta que está haciendo el PSOE es un regalo a los proxenetas”, sigue Bibiloni, que explica cómo la propuesta del PSOE castiga a las trabajadoras independientes forzándolas a trabajar para terceros, en condiciones donde pueden ser más vulnerables.

Según María José Barrera, activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, lo que se va a perseguir con la figura de la tercería locativa no es a los empresarios sino a las trabajadoras sexuales que trabajan en sus casas, propias o alquiladas

Una herramienta para ello sería la figura de la tercería locativa. Maria José Barrera señala que los dueños de los locales suelen tener licencias de hospedaje y que, en la práctica, lo que se va a perseguir con la figura de la tercería locativa no es a los empresarios sino a las trabajadoras sexuales que trabajan en sus casas, propias o alquiladas. Barrera muestra su hartazgo ante lo que considera un nuevo intento de criminalización de las trabajadoras sexuales y apunta no solo al actual Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, sino también al de Irene Montero: “La inclusión del proxenetismo no coactivo y tercería locativa estuvo en la ley del sí es sí, y fue descartado por la lucha de las trabajadoras organizadas y sus aliadas”, dice. De esa ley quedó un resquicio abolicionista: la prohibición de anuncios de prostitución, una medida que en la práctica ha servido para dificultar el trabajo de las independientes, tal y como ocurriría de aprobarse la inclusión de la tercera locativa, advierte.

Miquel Bibiloni pone como ejemplo el caso de Noruega, donde existe la tercería locativa, permite, por ejemplo, que una trabajadora sexual que sufre una agresión y pida ayuda a la Policía acabe desahuciada: “Lo que hemos visto en Noruega es que si un cliente se pone violento y la trabajadora avisa a la Policía, el propietario la acaba echando porque puede convertirse en proxeneta si no lo hace”.

Miquel Bibiloni, del sindicato OTRAS, advierte de que las multas no tienen efecto sobre la demanda de prostitución, algo que se conoce por estudios sobre países sonde existe leyes abolicionista

La precarización de las trabajadoras sexuales se agrava también, explican, con las multas a clientes. “Sabemos por las ordenanzas municipales que multan a los clientes que esto solo sirve para quitarnos de las calles y dejar la ciudad apta para el turismo, desplazando a las trabajadoras a casas y locales donde tienen que trabajar para terceros”, dice la integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.

“Las multas a los clientes no tienen efecto sobre la demanda de prostitución, lo sabemos por la aplicación que ha habido en otros países de leyes abolicionistas, como en Irlanda”, añade Miquel Bibiloni. “Solo hay una forma de bajar la demanda y es que haya una recesión económica”, dice.

Otro problema que detecta Barrera es que la proposición de ley sobre prostitución se va a aprobar en los mismo tiempos que la Ley de Trata anunciada recientemente por Igualdad. Esta ley, aunque puede ayudar a las mujeres que están siendo explotadas, una idea que comparten los colectivos entrevistados por El Salto, podría virar hacia una aplicación abolicionista en la práctica si se aprueba junto a la propuesta contra la prostitución, en opinión de Barrera.

“Las mujeres que necesiten ayuda deben poder tener acceso a ella, pero no todas son víctimas”, añade Miquel Bibiloni, que ironiza sobre el tan discutido consentimiento, que pierda todo su significado cuando se habla de mujeres que ejercen el trabajo sexual: “Ellas saben cuando están siendo violadas y cuándo no, y pensar otra cosa es despojarlas de su capacidad de agencia”.

Vieja proposición, nuevo contexto

Kenia García, trabajadora sexual integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y activista de Regularización Ya, cree que la propuesta del PSOE no puede desvincularse de sus políticas con las personas migrantes porque, dice, esta ley se va a cebar con las mujeres migrantes en situación irregular. “Para multar a un cliente, ese policía va a perseguir a la prostituta, que también puede acabar con una multa por su estatus migratorio, un expediente de expulsión, en un CIE o deportada”, reflexiona, señalando que el PSOE es el partido que se opuso junto al PP a la propuesta que hizo Regularización Ya.

También la tercería locativa, dice, va a jugar especialmente en contra de las mujeres migrantes en situación irregular. García señala cómo, sin haberse aprobado, la alarma generada ante la propuesta anterior del PSOE, a partir de mayo de 2022, ya puso en alerta a compañeras y a propietarios. 

La propuesta pilla a los colectivos de trabajadoras sexuales “desmoralizadas” después de varios años de persecución desde 2020, la menta la activista Kenia García

Esta trabajadora sexual subraya que, aunque la propuesta es la misma, la situación no lo es. En primer lugar, porque ya se ha extendido una narrativa hegemónica que las estigmatiza. En segundo lugar, porque esta propuesta pilla a los colectivos de trabajadoras sexuales “desmoralizadas” después de varios años de persecución: desde 2020 han tenido que responder al intento de introducir la tercería locativa en la ley del sí es sí y a la propuesta del PSOE y, además, se han visto ya afectadas por la prohibición de los anuncios. Oro factor es la confusión que ha generado la creación de una asociación liderada por empresarios de alterne y dueños de pisos: “Esta plataforma ha generado mucha confusión, se han apropiado de nuestros símbolos y nuestro trabajo y confunden tanto a la sociedad como a las propias trabajadoras”.

Sin embargo, García cree que en este momento los colectivos de trabajadoras sexuales autoorganizadas están recogiendo los frutos de estos años en incidencia política que les ha cosechado varios aliados en el Congreso entre los grupos de izquierdas “Nosotras vamos a seguir peleando y tenemos claro que un mundo en el que nadie puede comprar servicios sexuales es un mundo en el que nadie necesite ofrecerlos”, asegura.