Análisis
Los movimientos sociales y la COP 30: alianzas transnacionales contra la ofensiva extractivista global

Hay movimiento en Belém. De un lado, en la cumbre oficial, que fue inaugurada ayer y en la que durante dos semanas las delegaciones de los países debatirán si es posible avanzar en términos de mitigación, financiación y mecanismos para la transición justa. Del otro, en los diversos foros y espacios de encuentro en los que organizaciones y colectivos sociales venidos de todo el mundo, especialmente de América Latina, tratan estos días de revitalizar las alianzas internacionalistas para enfrentar la ofensiva extractivista global.

De lo primero, en realidad, no cabe esperar gran cosa. Desde hace demasiado tiempo, las COP se han convertido en un ritual en el que desfilan los principales líderes del mundo —en esta ocasión, ni siquiera han participado los de los países con mayores emisiones: China, Estados Unidos, India, Rusia— para emitir solemnes declaraciones de intenciones y promover nuevos mecanismos que, cuando baja el telón de la cumbre, no tienen traducción efectiva en cronogramas y presupuestos. “No queremos que sea un mercadillo de productos ideológicos, queremos algo muy serio y que las decisiones pasen a ser implementadas”, ha dicho el presidente de Brasil, reconociendo la inoperancia de unas cumbres que cabalgan entre el lavado verde y el business as usual. 

En lo segundo, sin embargo, es posible encontrar esperanzas renovadas. En paralelo a la COP 30 —podríamos decir también que en contraposición a la cumbre oficial— una multitud de organizaciones y movimientos indígenas, ecologistas, sindicales, feministas y anticapitalistas se han dado cita en Belém para repensar estrategias y reactivar instancias internacionales para potenciar los procesos de lucha y resistencia. Pasada la experiencia del Foro Social Mundial y buscando superar las contradicciones de los gobiernos progresistas, el objetivo es promover procesos de autoorganización comunitaria que reconstruyan el tejido social y miren más allá de las permanentes exigencias al Estado.

Cumbres de los Pueblos

Las Cumbres de los Pueblos se vienen llevando a cabo desde hace treinta años en el marco de las cumbres climáticas impulsadas por Naciones Unidas. Este año, después de las tres ediciones de la COP realizadas en países caracterizados por la criminalización del derecho a la protesta y la persecución a activistas y organizaciones críticas con los gobiernos, ha habido un repunte del interés de los colectivos sociales por este foro. En la Cúpula dos Povos, en Belém,  habrá representantes de más de 1.200 organizaciones de todo el globo, que se agruparán en torno a un objetivo: “Fortalecer la movilización popular y converger en agendas unificadas: socioambientales, antipatriarcales, anticapitalistas, anticolonialistas, antirracistas y basadas en los derechos humanos”, se dice en el manifiesto.

La Cumbre de los Pueblos dará inicio mañana, 12 de noviembre, con una marcha fluvial de más de 200 embarcaciones en las que irán unas 5.000 personas. Con esta caravana náutica los movimientos que participan en esta cumbre alternativa “se unen para hacer resonar, a través de las aguas, el grito de denuncia contra las decisiones de la COP que perpetúan este modelo de explotación territorial”. Como ha dicho uno de los portavoces de la iniciativa, “las aguas del Amazonas traen las voces que el mundo necesita escuchar: las de quienes defienden la vida, los territorios y el clima”.

Las decenas de charlas, talleres y asambleas que se desarrollarán durante cuatro días en el marco de la Cumbre de los Pueblos culminarán el sábado 15 de noviembre con una gran manifestación, que irá acompañada de acciones descentralizadas en otros muchos países. El domingo 16 se presentarán las demandas de la Cumbre de los Pueblos en la sesión plenaria de la COP.

En este evento, el mayor de todos los que van a congregar a activistas y organizaciones sociales alrededor de la COP 30, uno de los temas que sin duda será motivo de debate es el de las relaciones de los movimientos con los gobiernos progresistas. Hace tres semanas, sin ir más lejos, la compañía estatal Petrobras recibió el plácet del gobierno Lula para explotar petróleo en aguas profundas a unos 500 km de la desembocadura del río Amazonas. En una ciudad decorada para la ocasión con miles de coloridos carteles publicitarios que resaltan la importancia del cuidado de la Amazonia, volverá a evidenciarse la distancia que va desde la retórica habitual del capitalismo verde hasta la urgencia siempre postergada de transformar la matriz primario-exportadora.

Pero este foro no es ni mucho menos el único que se celebra en Belém al margen de las iniciativas auspiciadas por el gobierno brasileño. Del 8 al 11 de noviembre han tenido lugar los II Encuentros Ecosocialistas Latinoamericanos y Caribeños, en los que se han reunido dos centenares de militantes de base de muy diversos países para reflexionar, a partir de la experiencia de las luchas contra el expolio territorial, sobre las estrategias para fortalecer un frente común internacionalista que pueda hacer frente a la crisis socioecológica. Al mismo tiempo, del 7 al 12 de noviembre se ha desarrollado el IV Encuentro Internacional de Afectadas por las Represas, resultado de un proceso de coordinación internacional de las luchas comunitarias contra las grandes centrales y eléctricas que tiene ya tres décadas de existencia.

Pueblos contra el extractivismo

En un planeta sumido en la emergencia climática y la desigualdad extrema generada por el capitaloceno (y por políticas que maquillan de verde al capitalismo), voces de distintas resistencias frente al modelo extractivista se han sumado a la coalición Pueblos contra el Extractivismo. Este espacio se ha constituido en Belém este 9 de noviembre para unir y articular movimientos, comunidades y organizaciones que enfrentan el despojo y apuestan por una transformación profunda del sistema que amenaza la vida y los territorios.

En esta red internacional se han integrado experiencias fundamentalmente de América Latina y Europa, aunque con el compromiso de ampliar su presencia en el continente africano. La coalición está conformada por movimientos de base, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, así como diversas organizaciones sociales de masas. Todas ellas luchan, desde distintos frentes, contra un mismo enemigo: el modelo extractivista que perpetúa la continua sobreexplotación de los bienes comunes y la expansión de las fronteras productivas hacia territorios considerados “improductivos”. No se limita a la minería o el petróleo; incluye también monocultivos, agronegocios, biocombustibles y megaproyectos energéticos que consolidan un modelo dependiente y generan una reprimarización de las economías periféricas.

Para esta red, el extractivismo no es solo una práctica económica, sino una forma de organización del poder dentro de las democracias liberales y un mecanismo de dominación que condiciona la vida de las comunidades. En esta nueva fase de acumulación capitalista se impone el despojo sobre los pueblos y sus territorios —convertidos cínicamente en zonas de sacrificio—, justificado ahora en nombre de la transición energética. En el capitalismo verde militar, la Unión Europea, Estados Unidos y China compiten por el control de los minerales fundamentales para el sostenimiento del metabolismo económico del centro capitalista. En esta carrera acelerada por asegurar el acceso a las materias primas críticas, que no supone ningún avance real en la transición ecosocial, la minería se erige actualmente como la expresión más violenta del extractivismo: militarización, desplazamiento forzado, racismo, criminalización e incluso asesinatos de quienes defienden los bienes comunes.

La alianza Pueblos contra el Extractivismo defiende que proteger los hábitats y ecosistemas es inseparable de la lucha contra la ofensiva extractivista neocolonial. Ese internacionalismo se teje, para empezar, en la denuncia y el apoyo a los pueblos de Ecuador, Panamá y Perú, donde la represión estatal se ha intensificado los últimos meses con detenciones arbitrarias, militarización de comunidades y persecución judicial de líderes ambientales y sociales. Y a la vez, frente a la ampliación de la frontera extractiva, se basa en la construcción de alternativas desde abajo.

Las resistencias territoriales se organizan en defensa del agua, la tierra, los territorios y quienes los habitan, articulando distintas luchas y demandas. En Ecuador, las comunidades amazónicas han frenado proyectos petroleros; en Panamá, el movimiento popular logró detener una concesión minera tras semanas de movilización; en Perú, las rondas campesinas mantienen viva la defensa colectiva de los bienes comunes. Estos procesos resitúan el derecho a resistir como una práctica compartida contra el neocolonialismo extractivista.

El planeta y las comunidades no pueden seguir esperando la buena voluntad de los gobiernos que promueven la fiebre extractivista. Frente al despojo de los territorios, la militarización y la impunidad empresarial, esta red internacionalista se propone fortalecer la defensa del territorio como cuerpo vivo, porque el territorio no es un recurso: es la base material de la vida de las comunidades y la naturaleza que la habita y, en los casos de los pueblos originarios, la base espiritual de la vida. También el derecho a la resistencia, la autodefensa y a la autodeterminación de los pueblos, como pilares de la justicia ambiental y social. Y la construcción de alternativas comunitarias, como economías solidarias, autogobiernos, redes feministas y agroecológicas y otras muchas prácticas que promueven las organizaciones de base.

Fortalecer redes contrahegemónicas transnacionales es clave para enfrentar el poder corporativo y caminar hacia un horizonte de vida digna y justicia climática. Como repite Pueblos contra el Extractivismo en su argumentario: nuestros territorios no se negocian, se defienden.