Análisis
La relevancia del quién y el cómo para una transición energética justa

El convulso contexto internacional, marcado por el estancamiento económico (aún relativo y asimétrico), el caos geopolítico (provocado fundamentalmente por el imperialismo estadounidense y sus aliados), así como la tendencia de progresiva superación de los límites biofísicos del planeta, entre otras cuestiones, evidencia el carácter central de los debates sobre la energía. 

Estos llevan protagonizando las agendas oficiales al menos desde principios de la presente década, cuando conceptos como economía verde o tecnologías limpias coparon el relato de un hegemónico capitalismo verde y digital. En la actualidad, la guerra en Ucrania y las agresiones sobre Venezuela e Irán, además de desnudar la verdadera naturaleza militarista de las prioridades oficiales —más verde oliva que verde sostenible—, han catapultado aún más la cuestión energética, recuperando los combustibles fósiles el rol mediático que en la práctica nunca habían perdido. 

El panorama internacional actual, en síntesis, acrecienta la consideración de la energía como uno de los principales ejes de conflicto internacional

El panorama internacional actual, en síntesis, acrecienta la consideración de la energía como uno de los principales ejes de conflicto internacional: como EEUU ya no es el hegemón económico, condición que de facto atesora China, la potencia norteamericana lanza una ofensiva comercial, diplomática y militar que, además de tratar de recuperar zonas de influencia —como la apuesta explícita por convertir a América Latina de nuevo en su patio trasero—, fortalece una disputa descarnada a gran escala que, entre otros elementos, incluye también el acceso y control de suministros clave como la energía.

Esta disputa integral se centra, en primer lugar, en sectores económicos de avanzada como la inteligencia artificial generativa y los semiconductores. En segundo término, se concreta en rutas comerciales clave como el Ártico —hipotética vía marítima que vincularía Asia con el resto de continentes de manera más barata y eficiente, y en la que Groenlandia juega un papel clave— u Oriente Medio, territorio estratégico para el transporte dentro del gran continente euroasiático. Por último, como ya hemos adelantado, la disputa económica y militar se despliega también y de manera especial sobre los suministros, base física que alimenta las cadenas de valor de los diferentes poderes corporativos en extrema competencia. Específicamente, se constata el creciente protagonismo tanto del extractivismo minero-metálico (tierras raras, litio, cobalto, cobre, níquel, oro, etc., necesarios como depósitos fiables de valor y para el impulso de los principales rubros económicos verdes, militares y digitales), como de la proliferación de conflictos ecosociales y geopolíticos derivados de la energía, como por ejemplo el provocado tras el cierre del Estrecho de Ormuz.

De este modo, conceptos como invasión, pillaje y despojo están a la orden del día. Pero también avanzan, aun tímidamente, apuestas populares como soberanía energética, justicia global, descarbonización, decrecimiento asimétrico, transformaciones metabólicas y, en definitiva, una transición energética justa (TEJ). 

Precisamente en un artículo anterior abogábamos por relanzar el debate en torno a este último término, superando el tono bronco que lo caracteriza al interior de las izquierdas, así como su excesivo enconamiento en torno a los proyectos renovables de cierta escala y volumen de inversión; cuestión fundamental y necesaria, pero no suficiente. Planteábamos en este sentido la necesidad de complejizar y acelerar el diálogo entre quienes rechazamos de plano el capitalismo verde oliva y digital como referencia, pero asumimos que aún tenemos asuntos que resolver sobre el qué, quién, cómo, cuánto y para qué de la transición energética justa. 

En las últimas semanas hemos tenido la ocasión de participar activamente en diferentes iniciativas en las que este asunto ha tenido su peso específico, como los Encuentros Ecosocialistas de Euskal Herria y Bruselas pero, muy especialmente, la jornada “¿Cómo impulsar estrategias en favor de una transición energética justa en Euskal Herria?”, que organizamos entre OMAL y el Gune Ekosozialista en Bilbo.

En todas ellas hemos tratado de aportar nuestro granito de arena, situando el eje del debate en dos elementos que en nuestra opinión son fundamentales. Por un lado, quiénes deben ser los sujetos y agentes prioritarios de la transición energética. Por el otro, cómo definir estrategias que nos ayuden a avanzar hacia un escenario de superación del orden institucionalizado en torno al capitalismo, impulsando a tal efecto lógicas de transición que permitan acumular fuerzas populares, así como sentar bases económicas y políticas más propicias. 

Sintetizamos en los próximos apartados algunas de las principales conclusiones, todavía esbozos, que hemos extraído. Comenzaremos explicitando cual podría ser el horizonte de referencia hacia el que avanzar en el medio plazo para, desde ahí, atisbar posteriormente algunas respuestas sobre el quién y el cómo de una transición energética justa, sin obviar en última instancia los complejos retos que enfrentan las apuestas que realizamos. 

Horizonte a medio plazo para la transición energética

La superación del capitalismo es el horizonte ineludible para enfrentar en condiciones los retos de una transición energética verdaderamente popular, democrática y justa. No obstante, dada la virulencia que está desatando el sistema, el peso específico de la reacción autoritaria, así como la constatación de que no atravesamos —ni parece prefigurarse— un momento revolucionario, nuestra agenda política debería tener la audacia de meterse en el barro presente para, desde ahí, avanzar estratégicamente hacia dicho horizonte. 

En ese complicado equilibrio, entendemos que los pragmatismos reformistas que no enfrentan al poder corporativo —ni la dinámica de acumulación que este abandera— no tienen capacidad transformadora alguna, incluso en ocasiones juegan un rol legitimador de las señas de identidad del capitalismo. Pero tampoco nos parece suficiente, en sentido contrario, impulsar agendas basadas exclusivamente en las resistencias locales y/o en la preparación ante hipotéticos colapsos sistémicos.

Nuestro compromiso, más bien, sin dejar de dar protagonismo y agencia a las comunidades que más sufren los embates del capitalismo verde oliva y digital, debería situarse en la definición complementaria de horizontes intermedios que, por un lado, permitan aumentar la movilización popular y acumulación de fuerzas de la clase trabajadora mientras, por el otro, se logran afianzar unas bases económicas y políticas relativamente más sólidas para enfrentar retos de mayor calado, siempre con la mirada puesta en el escenario anticapitalista de desmercantilización, descorporativización, emancipación y protagonismo de lo común. 

Diversos trabajos publicados concuerdan en la viabilidad de reducir la demanda energética para 2050 entre un 40% y un 50%, manteniendo niveles óptimos de bienestar para las mayorías populares

Diversos trabajos publicados (Clever, XSE, Greenpeace) y otros a punto de ver la luz apuntan de alguna manera en esa dirección. Estos estudios, elaborados para contextos y procesos muy diversos,  concuerdan en la viabilidad de reducir la demanda energética para 2050 entre un 40% y un 50%  —manteniendo niveles óptimos de bienestar para las mayorías populares—, a través de mejoras en eficiencia pero muy especialmente de transformaciones vinculantes y de calado de la matriz socioeconómica, sobre todo en sectores clave como la movilidad y el transporte, la industria, el modelo agroindustrial y el sistema de cuidados. 

Al mismo tiempo, combinan estas apuestas con el ineludible y progresivo avance hacia la electrificación completa de una matriz energética descarbonizada —acompañada de cantidades limitadas de hidrógeno y otras fuentes de energía para casos muy específicos—, lo que supondría un incremento de entre el 80% y el 200% de la electricidad demandada, multiplicando por ejemplo por 10 la potencia renovable actual de territorios de hegemonía fósil como Euskal Herria. Estos procesos precisarían, en términos generales, de en torno al 2% del territorio. 

Este marco, completado con la prioridad que posteriormente otorgaremos a la propiedad colectiva como protagonista de la matriz energética —estableciendo, por ejemplo, la meta del 70% de la nueva infraestructura creada bajo lógica público-social-comunitaria— y al impulso de una serie de claves estratégicas, nos prefigura un escenario de avance significativo y transformador, pero también realista y viable, si hubiera músculo social y voluntad política. 

Hacemos nuestro por tanto este horizonte intermedio, en el que se conjugan decrecimiento asimétrico con cambios metabólicos profundos que deberían afectar directa y positivamente a la materialidad de las condiciones de vida de las y los trabajadores, así como crear palancas colectivas para enfrentar los retos derivados de una TEJ. Pero también incorporamos la prioridad en favor de la electrificación renovable como premisa de abandono de los combustibles fósiles, resituando el necesario debate sobre los proyectos renovables en marcos más amplios y complejos.

Un escenario, en definitiva, que trata de unir presente y futuro en lógica de transición, que vincula reformas no reformistas con cambios estructurales, donde el qué amplía su radio de acción, mientras el quién y el cómo cobran especial protagonismo. 

Quién: propiedad público-comunitaria frente al retardismo corporativo

Hoy en día las empresas son sin duda alguna el principal agente energético. Décadas de privatizaciones en la mayoría de las fases de la cadena, desde la generación hasta el transporte y distribución, han posibilitado un marco prácticamente corporativizado. Además, a lo largo de los últimos años se han posicionado las alianzas público-privadas (APP) como herramienta clave del capitalismo verde oliva y digital, reforzando el rol empresarial mediante toda una pléyade de medidas en su favor: blindajes normativos, acompañamientos diplomáticos y, muy especialmente, ingentes inyecciones de inversión pública sin condicionalidad laboral o ecosocial alguna. El resultado es un poder corporativo hegemónico, apuntalado por unas instituciones que asumen los riesgos y sostienen sus proyectos, sin ninguna contraprestación colectiva. 

Este modelo, no obstante, se ha mostrado completamente fallido. No solo, y en primer lugar, por situar en el centro de un tema tan político y complejo como la TEJ a un agente cuyo objetivo fundamental, si no único, es maximizar la ganancia. Existe de este modo una evidente incompatibilidad entre la búsqueda de rentabilidad y la obtención de fines sociales colectivos, máxime ante un poder corporativo sobredimensionado e impune en términos políticos. 

El poder corporativo se ha convertido en un agente retardista de la transición energética justa y la descarbonización, incluso con las enormes ayudas públicas recibidas

También, y en segundo término, porque dicha búsqueda de rentabilidad se enfrenta a un contexto económico global atenazado por el estancamiento económico, la sobrecapacidad productiva y la financiarización. En otras palabras: la tarta del crecimiento no crece, la disputa por la misma se convierte en un juego de suma cero en la que pocos ganan y muchos pierden, y la coyuntura general de incertidumbre y posibles estallidos financieros retrae la inversión. Tal es así que las expectativas verdes estadounidenses y europeas, concretadas en las Bidenomics y el Pacto Verde Europeo respectivamente, han fracasado debido a la inigualable competitividad china en renglones tan significativos como el automóvil eléctrico, los paneles solares o las bombas de calor, entre otros.

En conclusión, el poder corporativo se ha convertido en un agente retardista de la TEJ y la descarbonización, incluso con las enormes ayudas públicas recibidas. Situar un supuesto “retardismo” en las resistencias locales y comunitarias no solo es injusto, sino un evidente error. Lo común, esto es, lo público y lo comunitario, se convierten en nuestra opinión en la única opción que pudiera tanto coadyuvar en la consecución de objetivos colectivos, abundar en lógicas de desmercantilización y descorporativización, así como enfrentar en mejores condiciones el contexto económico global vigente. 

Por supuesto, entendemos lo público-comunitario como condición necesaria, aunque no suficiente. Somos conscientes del carácter público de múltiples corporaciones petroleras o fondos soberanos que no actúan en lógica de justicia. No vale, por tanto, con garantizar la propiedad, sino que precisamos convertir a lo público en palanca de planificación, regulación, financiación, inversión y avance en el horizonte intermedio esbozado en el apartado anterior. Hay experiencias diversas a escala internacional que abundan en este sentido.

De este modo, un mayor protagonismo de lo público en la TEJ podría apuntalar las transformaciones metabólicas antes señaladas en sectores clave, imposibles de garantizar en un marco privatizado; consolidar el necesario avance de la electrificación renovable dentro de parámetros colectivos consensuados; favorecer la alianza entre iniciativas públicas, sociales y comunitarias; adaptar la marcha de la TEJ a las necesidades materiales de la clase trabajadora; y, en definitiva, dirigir el proceso de una manera planificada y emancipadora. 

Todo ello, por supuesto, depende de una amplia movilización, presión y participación popular, que debería activarse desde estrategias que, como veremos en el siguiente apartado, evidencien el vínculo entre los intereses de los y las trabajadoras y la TEJ. No es un reto sencillo, pero prácticamente imposible de abordar en un marco de abordaje de la transición como una cuestión técnica hegemonizada por las grandes empresas. A su vez, entendemos que sostener un alto porcentaje de propiedad pública y comunitaria dentro del horizonte intermedio antes expuesto es una apuesta viable económica y políticamente, si hubiera la voluntad política para ello, como expondremos en un próximo trabajo en el que estamos colaborando. 

Cómo: conflicto, planificación, participación, justicia global

Concluimos el artículo abordando algunas claves estratégicas que nos podrían acercar al horizonte marcado, asumiendo siempre la complejidad del reto que enfrentamos.

Posicionamos en primer lugar la vigencia del conflicto como paradigma desde el que enfrentar la TEJ. El actual contexto internacional y el peso específico de las grandes empresas obligan a considerar la transición ecosocial en su conjunto como un asunto político de primer orden, en el que los intereses del poder corporativo y los de la clase trabajadora son contrapuestos. Por tanto, solo espirales de conflicto, movilización, victorias parciales y acumulación de fuerzas nos permitirán avanzar.

La audacia precisamente para priorizar los conflictos que consigan aunar las mejoras en la materialidad de las condiciones de vida de las personas trabajadoras, con la ineludible transformación de la matriz energética, económica, social y política hoy vigente, pueden convertirse en el catalizador que prefigure un horizonte positivo y alentador pese al panorama actual, que a su vez articule la miríada de conflictos ecosociales diversos necesarios para impulsar una transición justa. 

Dotar de sentido estratégico común así a las luchas sindicales en sectores clave para la descarbonización, las resistencias contra los megaproyectos corporativos, una movilidad pública, la defensa de un sistema público-comunitario de cuidados, la apuesta por la soberanía alimentaria, los servicios sociales, etc., se antoja como un marco idóneo para la TEJ, asumiendo la diversidad de luchas dentro de horizontes compartidos. 

En segundo término, la planificación democrática y vinculante a todas las escalas se evidencia como herramienta indispensable para evitar el caos corporativo. Una planificación que supere su habitual carácter indicativo, basada exclusivamente en el fomento e incentivos para una serie de agentes —fundamentalmente privados—, sin voluntad alguna de regulación, prohibición y sanción. 

Una planificación, por tanto, que adelante, impulse y regule las transformaciones metabólicas que precisamos; establezca sendas de desaparición de sectores especialmente contaminantes, así como de profunda reconversión de otros, siempre bajo la premisa de mitigar sus consecuencias sobre las mayorías sociales; ordene el territorio de manera efectiva para redistribuir el impacto de las estrategias priorizadas de manera equilibrada; abogue por diversificar herramientas para la TEJ más allá de los proyectos de cierta escala (comunidades energéticas, espacios industriales y urbanos, tejados, etc.); y que, en definitiva, utilice los resortes y palancas públicas generadas durante el proceso para dirigir el mismo de manera democrática y popular. 

Tercero, la planificación debería ir estrechamente vinculada a la participación popular. Como hemos venido señalando, la TEJ no es un asunto técnico, sino político, por lo que nos afecta a todos y todas, y conlleva decisiones de calado en las que debemos participar. Garantizar de este modo espacios colectivos, en instituciones y empresas, en los que la clase trabajadora pueda definir el sentido y escala de las inversiones, la prioridad por las transformaciones a realizar, o las medidas necesarias para garantizar la viabilidad económica de los procesos impulsados, se convierte en una premisa incuestionable. 

Por último, y en cuarto lugar, es preciso garantizar la justicia global ante la evidente interdependencia internacional de las diferentes estrategias de transición, máxime en un contexto imperial y neocolonial. Específicamente en lo que se refiere a la demanda de suministros —energía y metales— procedentes de otras latitudes.

De este modo, las apuestas en favor del reciclaje y la reutilización se tornan claves, así como establecer la garantía de cumplimiento del marco internacional de los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de valor, especialmente en las fases que se desarrollan en países periféricos o semiperiféricos. 

Abogamos estratégicamente por generar y acompañar secuencias de conflicto, movilización y acumulación de fuerzas desde la diversidad de agendas que comparten horizontes colectivos

En conclusión, nuestro aporte al debate sobre la transición energética pasa por la definición de un horizonte intermedio para 2050 que nos permita generar mejores condiciones para avanzar hacia un escenario de superación del sistema capitalista, en el que se combinan reducciones drásticas de la demanda energética, transformaciones metabólicas, avances progresivos en una matriz totalmente descarbonizada, y un peso protagónico de la propiedad pública en alianza con lo social y lo comunitario. Para ello, abogamos estratégicamente por generar y acompañar secuencias de conflicto, movilización y acumulación de fuerzas desde la diversidad de agendas que comparten horizontes colectivos, posicionando la planificación vinculante, la participación popular y la justicia global como herramientas fundamentales para la TEJ.

Asumimos, por supuesto, la complejidad del reto, lo difícil de favorecer la movilización popular en tiempos de miedo e individualismo; de conducir a lo público lejos de la sombra corporativa; de apuntalar la justicia global en tiempos de imperialismo. No aportamos caminos perfectamente desbrozados, pero sí al menos sendas alternativas por las que redirigir la transición energética justa desde una mirada popular, de clase, democrática, justa y emancipadora.