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Tratado de la Carta de la Energía
Un “toxic tour” para entender cómo te afecta el Tratado de la Carta de la Energía
Puede que llegue el momento en que los Estados se vean obligados a limitar el precio de la energía y los beneficios de las empresas. Es probable que esa transición energética necesite nuevas regulaciones que cambien o anulen la forma de obtener beneficios por parte de estos sectores. Los compromisos climáticos de reducción de las emisiones y de limitar el aumento de la temperatura de la tierra necesitarán de muchas legislaciones valientes en los próximos años si se pretende afrontar la crisis climática de una forma efectiva. Pero todas estas necesarias acciones se pueden topar con un muro que lleva décadas sin moverse ni un centímetro: el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
Este tratado fue firmado por España y otros 52 países de Europa y Asia, además de la Unión Europea en su conjunto, en la década de los 90. Desde entonces, el texto inicial no ha cambiado ni una sola coma. Dicho tratado permite que multinacionales e inversores puedan demandar a una nación si consideran que se ha legislado en contra de sus intereses económicos. Bajo esta premisa, España acumula 48 demandas por parte de fondos de inversión y empresas extranjeras que demandaron al país por el recorte a las renovables. Actualmente, ya se han perdido 18 de esas demandas, lo que ha obligado al Estado español a pagar a varias multinacionales unas indemnizaciones por valor de 1.074 millones de euros.
Ante la amenaza por parte de algunos países por abandonar el TCE y tras ser clasificado como obsoleto por muchos de los países firmantes, el texto está siendo negociado
Ante la amenaza por parte de algunos países por abandonar el TCE y tras ser clasificado como obsoleto por muchos de los países firmantes, el texto está siendo negociado. En los próximos tres meses se celebrarán dos rondas de negociación más con la intención de alcanzar un texto final sobre la modernización del TCE en junio de 2022. Un proceso de negociación que ha sido denunciado por su falta de transparencia y que, viendo el estancamiento y reticencias que ha tenido el proceso en los dos últimos años, parece abocado al fracaso.
Con la intención de visibilizar los efectos del TCE y sus actores clave, la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, donde se integran organizaciones como Ecologistas en Acción (EeA) o el Transnational Institute (TNI), han organizado un “toxic tour” por el centro de Madrid. Desde las mismas puertas de los edificios donde se alojan los principales actores implicados en el TCE, para señalar sus impactos en las políticas públicas, el papel que desempeña en el contexto de guerra y la agudización de la crisis energética.
Acuerdos comerciales
Una cascada de demandas contra el Estado español
Si España permanece en el Tratado sobre la Carta de la Energía podría enfrentar nuevas demandas millonarias en el futuro, sobre todo por medidas climáticas relacionadas con los planes de transición energética.
“Los objetivos del Acuerdo de París, los compromisos adoptados en Glasgow y las políticas climáticas de España y la Unión Europea estarán en peligro si no se abandona el TCE”, ha afirmado Marta García Pallarés, portavoz de EeA, a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, primera parada de este tour. Según han explicado, este tratado protege las inversiones en el sector energético, pero sobre todo aquellas relacionadas con el carbón, el petróleo y el gas. Solo en Europa la infraestructura fósil protegida por el tratado asciende a 344.600 millones de euros. En el caso de España, esta cifra alcanza los 8.300 millones de euros.
El tratado podría ser utilizado por la empresa de gas ruso para reclamar compensaciones millonarias a Alemania y a la propia Unión Europea
Además, la activista ha remarcado que, debido a la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, podrían agudizar la crisis energética y provocar una nueva oleada de demandas a países usando el TCE. Uno de los casos más llamativos es el gasoducto Nord Stream 2, que une Alemania y Rusia. Poco después de que empezaran los ataques, el Gobierno alemán anunció la decisión de cancelar la certificación del gasoducto, imprescindible para que comience la actividad. En este nuevo escenario, el TCE podría ser utilizado para reclamar compensaciones millonarias a Alemania y a la propia Unión Europea, tal y como ha ocurrido con otras políticas de clima, energía y seguridad.
La segunda parada ha sido una oficina comercial de Endesa, para denunciar la escalada de precios de la electricidad mientras el oligopolio incrementa sus beneficios, y los riesgos de pobreza energética. Concretamente, Endesa ganó un 3% más de beneficios en el 2021.
Los fondos detrás de las demandas
La tercera parada ha sido frente a la oficina del fondo de inversiones Azora. En febrero de 2019 y basándose en el TCE, el grupo español Azora Renovables presentó una demanda contra España a través de sus dos filiales con sede en Luxemburgo. “El caso de Azora es un claro ejemplo de cómo los fondos de inversión que tenían un interés especulativo en el despliegue de las renovables en España ahora pueden utilizar el TCE para obtener más beneficios”, afirma Sara Bourehiyi, portavoz de EeA.
El 89% de los beneficiarios de las reclamaciones del TCE no son empresas de energías renovables, sino corporaciones financieras y fondos de inversión
La campaña contra el TCE ha analizado 50 demandas impuestas en el marco del tratado. “Observamos que el TCE beneficia únicamente a los inversores financieros y especulativos”, ha explicado Bourehiyi frente a la oficina del fondo. A día de hoy, el 89% de los beneficiarios de las reclamaciones del TCE no son empresas de energías renovables, sino corporaciones financieras y fondos de inversión de todo tipo que poco o nada tienen que ver con la transición energética sostenible. Muchos invirtieron en el sector español de renovables por los rendimientos superiores a los del mercado, mientras que simultáneamente vertían dinero en proyectos de combustibles fósiles en otros lugares.
Abogados y puertas giratorias
Los bufetes de abogados son una pieza clave en las demandas contra el Estado español usando el tratado. Y entre todos ellos, el despacho Cuatrecasas es el más activo. “Todos los casos que ha llevado Cuatrecasas son contra España y siempre del lado del inversor, incluido el mayor laudo dictado hasta ahora: 290 millones de euros para NextEra, una de las mayores eléctricas de Estados Unidos”, ha explicado Lucía Bárcena, integrante del TNI.
No solo se encargan de abrir las puertas a los clientes que acuden a ellos. Cuando una legislación pone en peligro el lucro futuro de una empresa, “a menudo los propios bufetes de abogados buscan activamente a sus clientes para ofrecerles el producto y así demandar a los Estados”, ha afirmado Bárcena en la puerta del edificio que el bufete tiene en Madrid. El bufete ha llegado a organizar conferencias en las que sus abogados aconsejan y facilitan los argumentos y estrategias legales para demandar a los países por sus legislaciones medioambientales. Tras el anuncio en septiembre de un primer Real Decreto del Gobierno (17/2021) con medidas para reducir el coste de la electricidad, Cuatrecasas organizó una conferencia el 21 de octubre para deslegitimar esas medidas y para que las empresas contrataran directamente sus demandas con el despacho.
Durante la pandemia, algunos despachos de abogados alentaron a sus clientes a demandar a los Estados por las medidas de emergencia adoptadas para luchar contra la pobreza energética
Y no solo contra las medidas medioambientales. En la misma línea, durante el comienzo de la pandemia del covid 19, algunos despachos de abogados alentaron a sus clientes a demandar a los Estados por las medidas de emergencia adoptadas para luchar contra la pobreza energética, como la ampliación del bono social o la moratoria en el pago de suministros básicos.
La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el exabogado del Estado Luís Pérez Ayala son algunos de los casos de puertas giratorias en Cuatrecasas. En el caso de Ayala, además de participar en la reciente conferencia para animar a demandar al Estado por las medidas contra la subida de la luz, representó al demandante en la condena más elevada contra España hasta la fecha: 290 millones de Euros, en favor de Nextera.
Desde la campaña que ha organizado el tour desconfían que las próximas negociaciones para modificar, “flexibilizar” y actualizar el TCE puedan tener un resultado acorde a los objetivos medioambientales y al reto energético al que nos enfrentamos. Por lo que, las distintas organizaciones que forman parte de la campaña han exigido al Gobierno la salida del TCE, tal y como ya hizo Italia. “Queremos recordar que somos más de un millón de personas en toda Europa, más de 400 organizaciones en todo el mundo y más de 500 integrantes de la comunidad científica pidiendo la salida”, ha afirmado Clàudia Custodio de EeA.
Por eso, la última parada ha sido frente a la oficina de la la Comisión Europea en España, en la Castellana, órgano que tiene el mandato de negociación en el proceso de modernización en curso del tratado. A la vista del estancamiento de las negociaciones, han pedido a la Comisión la salida inmediata del tratado. “Hasta la fecha se han celebrado once rondas de negociación pero el debate ha sido completamente estéril y no se han alcanzado resultados en los puntos más problemáticos del Tratado”, recuerda Custodio.
“Cada año que tardemos en salir se traduce en cientos de millones de euros que tendremos que pagar a inversores extranjeros“, denuncia la campaña contra el TCE
Hace unos días, representantes de distintos grupos políticos del Parlamento Europeo se posicionaron en contra del Tratado de la Carta de la Energía, en un debate público, y se mostraron a favor de la salida. No solo la Izquierda o los Verdes, sino también el Grupo Liberal o el Grupo Conservador. Danuta Hübner, de este último, afirmó que “las partes clave del Tratado no han cambiado desde los 90 y no están a la altura de los estándares de las inversiones actuales. [...] Si la modernización no es concluyente, insto a la Comisión a considerar la salida”.
Los próximos meses presenciaremos una escalada en la crisis energética y, posiblemente, una escalada en la guerra entre multinacionales y fondos contra los Estados por asegurar los beneficios de los primeros por encima de los presupuestos generales y votantes de los segundos. Mientras tanto, la cuenta atrás de los objetivos del Acuerdo de París sigue avanzando y las soluciones políticas para su cumplimiento se complican bajo el yugo de este tratado y la reticencia de algunos países y lobbies energéticos a modificarlo, por lo que la salida de España del TCE parece la única salida. “Cada año que tardemos en salir se traduce en cientos de millones de euros que tendremos que pagar a inversores extranjeros. La emergencia climática no espera. Hay que salir”, ha exigido Custodio a las puertas de la CE.