Energía
¿Es posible la salida del Tratado de la Carta de la Energía?

El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) es posiblemente el tratado de inversión menos conocido, pero seguramente el que más caro le haya salido a España hasta el momento. Y más caro saldrá si no se abandona. El TCE es un acuerdo internacional con casi 40 años de historia y que ha sido firmado por 53 países. Bajo este tratado, las multinacionales e inversores pueden demandar a un país si consideran que se ha legislado en contra de sus intereses económicos, incluso si esos intereses están en contra del Acuerdo de París sobre el clima y la contención de la temperatura del planeta.

¿Es posible la salida del TCE? Esa era la pregunta principal que intentaba contestar la jornada celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados, organizado por el grupo confederal Unidas Podemos, con la intención de “poner en la agenda política un tema que estaba escondido porque la industria no quiere que salga”, según ha dicho Juantxo López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde, en la presentación del acto.

De las 23 resoluciones de demandas bajo el Tratado, 19 le han dado la razón a los inversores y condenado a España a pagar más de 900 millones de euros

“El elefante en la habitación de la Cumbre de Glasgow”, como lo ha llamado Uralde lamentando que en la última COP no se haya tratado el TCE, ha sido el paraguas para 143 demandas de empresas contra países. 50 de ellas, más de un tercio, han sido contra el Estado español. De ese medio centenar, 23 ya han tenido una resolución: 19 a favor del inversor. La suma de indemnizaciones que ha tenido que pagar el Estado español a 17 de ellos asciende a 951 millones de euros “sin contar los gastos de pagar al arbitraje, a los árbitros o la defensa legal, que asciende por lo menos a otros 60 millones”, ha explicado Lucía Bárcena, investigadora del Transnational Institute e integrante de la campaña contra el TEC. Bárcena también ha señalado que en muchas ocasiones se tiene que pagar las costas de los abogados que defienden a la empresa, “siendo Cuatrecasas el bufete que está llevando un mayor número de demandas contra el Estado español”.

La última vez que el Gobierno cifró hasta dónde podrían llegar las indemnizaciones, en 2017, calculó que alcanzarían los 8.000 millones de euros. “Pero desde 2017 se han sumado nuevas demandas”, explica Bárcena, que apunta que “España se ha convertido en el centro de la industria jurídica”, en referencia a la cantidad de bufetes que, como el que contrató a Soraya Saez de Santamaría, se están especializando en este tipo de litigios y han visto en España un filón.

Contra las leyes climáticas

Más allá de las demandas que vienen por el recorte a las renovables, lo que les preocupa a las integrantes de la campaña que han hablado hoy en el Congreso es la limitación a la capacidad legislativa de un país, ya que en caso de que el Gobierno legisle en contra de los intereses de la industria de las energías fósiles para cumplir con los acuerdos climáticos, las empresas podrían demandar a los Estados. “Ninguna medida legislativa está a salvo, sobre todo las que tienen que ver con el oligopolio energético”, ha alertado Bárcena.

“Ninguna medida legislativa está a salvo, sobre todo las que tienen que ver con el oligopolio energético”, Lucía Bárcena de la campaña contra el Tratado de la Carta de la Energía

¿Se puede salir?

Rusia abandonó el TCE en 2009. El primer país Europeo que le siguió fue Italia en 2015. Y, en la actualidad, el TCE se expande por algunos países del sur global al mismo tiempo que muchos Estados del norte ponen en duda la utilidad de este acuerdo. Ante estos avisos, el TCE empezó un proceso de modernización, presentado como una forma de alinear el tratado con los objetivos estar con los objetivos climáticos. Pero para los integrantes de la campaña “el proceso de remodelación es un fracaso”. “Las negociaciones no van a excluir a las inversiones fósiles del TCE como se ha solicitado, ni dicen nada de eliminar los arbitrajes privados, los ISDS”, ha explicado Clàudia Custodio, integrante de la campaña contra el tratado y de Ecologistas en Acción.

Los cambios sustanciales en el acuerdo necesitan la unanimidad en el voto entre los 53 Estados, lo que lo convierte en una tarea difícil. “Hay países que son productores de crudo que nunca votarán nada en contra de la industria y otros como Japón que se oponen directamente a la eliminación de los ISDS”, ha lamentado Custodio.

Si no se puede modificar, la opción es abandonarlo. Existen tres maneras para abandonar el TCE, según han explicado en el Congreso. La primera opción sería la buscar una opción conjunta con un grupo de países. Podrían utilizar su número para neutralizar la cláusula que obliga a responder por las denuncias anteriores a la salida del Tratado durante 20 años. Una vez se elimine, ha explicado Custodio, estos países pueden abandonar de manera coordinada el TCE.

Otra opción sería la salida de la Unión Europea (UE) en conjunto, pero tendrían que estar de acuerdo los 27 Estados miembro. “España debería trabajar por ello, pero se perdería mucho tiempo”, ha afirmado Custodio.La salida unilateral, tal y como hizo Italia, es la tercera opción y la preferida por las integrantes de la campaña.

“Nos inclinamos a la salida unilateral porque los otros dos escenarios no se van moviendo y va a ser muy difícil que la UE se salga en bloque”, han explicado. “Antes se efectúe la salida, antes acaba el tiempo para denuncias del pasado, no podemos permitirnos dos años más de este tratado y cada día cuenta”, ha finalizado Custodio.